Este año, el 85% de la población mundial vive bajo medidas de austeridad, mientras que las empresas multinacionales y los ricos se han beneficiado de estructuras impositivas privilegiadas y regresividad, lo que ha permitido el aumento de la desigualdad.
Los instrumentos de préstamo del FMI no proporcionan financiamiento rápido y a gran escala para la transición climática. La Iniciativa Bridgetown propone un nuevo fideicomiso respaldado por USD 500.000 millones en DEG para el clima y el desarrollo.
Mientras el FMI y el Banco Mundial se mantienen al margen, 50 formuladores de políticas, diplomáticos y académicos de más de 26 países emiten una declaración de La Habana que pide una afirmación del poder del Sur y la construcción de un nuevo "bloque planetario".
El brazo de seguro comercial del Banco Mundial proporcionó casi USD 850 millones en garantías para proyectos de gas en Bangladesh y Mozambique en el año fiscal 2022.
La adición del indicador de emisiones acumuladas de carbono en la fórmula de cuotas del FMI daría a los países vulnerables al clima una mayor voz en el FMI.
A pesar de la continua retórica pública sobre la importancia de la participación de la sociedad civil, el Banco aún debe comprometerse a realizar un período de consulta pública sobre su enfoque de alineamiento con París.
Los vínculos entre las altas cargas de la deuda, la falta de financiamiento climático, la austeridad y el aumento de la inestabilidad y la fragilidad políticas, los conflictos y la violencia siguen siendo en gran parte ignorados mientras los accionistas del FMI consideran los llamamientos para una nueva asignación de DEG, tal como se propone en la Agenda de Bridgetown.
EarthRights International examina cómo el caso Jam v. la CFI ha ayudado a cambiar el panorama de la rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales al desafiar con éxito su reclamo de inmunidad "absoluta" en los tribunales de Estados Unidos.
A medida que aumentan las tensiones geopolíticas en medio del empeoramiento de las condiciones económicas mundiales, la sociedad civil exige la democratización de un orden económico mundial separado del Norte Global establecido y la hegemonía capitalista de élite.
Un nuevo préstamo de 456 millones de dólares del FMI a Mozambique corre el riesgo de aumentar la inseguridad y la crisis de la deuda, ya que los proyectos de GNL han alimentado el conflicto y es probable que se conviertan en activos varados.
En el 80° aniversario del Banco Mundial y el FMI, la sociedad civil mundial debe mantener la presión sobre las presidencias brasileña y sudafricana del G20 para garantizar que la cuarta Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo en 2025 resulte en la urgentemente necesaria reforma de la arquitectura financiera internacional.
Los bancos multilaterales de desarrollo pueden reducir su dependencia de los préstamos en moneda fuerte y hacer del financiamiento en moneda local un elemento central de su mandato de desarrollo.
