Los vínculos entre las altas cargas de la deuda, la falta de financiamiento climático, la austeridad y el aumento de la inestabilidad y la fragilidad políticas, los conflictos y la violencia siguen siendo en gran parte ignorados mientras los accionistas del FMI consideran los llamamientos para una nueva asignación de DEG, tal como se propone en la Agenda de Bridgetown.
A medida que empeoran las condiciones económicas y la legitimidad del Fondo se ve cada vez más presionada, los líderes del FMI que se reúnen para las Reuniones Anuales deben avanzar en la revisión en curso de las cuotas del FMI y acordar una fórmula y una distribución del poder de voto más equitativas.
El nuevo informe de Debt Justice destaca la necesidad urgente de mecanismos de renegociación de la deuda internacional, ya que los países se ven obligados a priorizar los pagos de la deuda.
La propuesta del Banco Mundial de establecer un fondo para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias plantea interrogantes sobre el apoyo del Banco a la atención médica del sector privado a expensas de la provisión pública.
Las políticas y programas del FMI y el Banco Mundial trabajan en conjunto para expandir y profundizar la financiarización, lo que exacerba la crisis de desigualdad y daña los derechos humanos, la estabilidad financiera y la gobernabilidad democrática
La sociedad civil rechaza el nuevo acuerdo argumentando que el préstamo del FMI se utilizará para pagar la deuda odiosa y dar lugar a reformas perjudiciales para los derechos humanos.
El examen del FMI de la visión institucional sobre los controles de capital decepciona, ya que mantiene en gran medida el marco de políticas de su predecesor.
A medida que los países reanudan las obligaciones de pago de la deuda en medio de una recuperación desigual de la pandemia, las OSC piden la cancelación de la deuda y un mecanismo multilateral de renegociación de la deuda.
Primer enfoque del sector privado intacto en la reposición de la AIF20 a pesar de las recomendaciones de las OSC.
El Marco Común del G20 quedó como el único mecanismo multilateral para la suspensión de la deuda, mientras que el sector privado aún se niega a participar.
La influencia de las instituciones financieras internacionales no reformadas y los intereses de los acreedores en las soluciones de la deuda en los países de ingreso bajo y medio plagados de retrasos e ineficaces cuando se emprenden.
Mientras el mundo celebra el 75.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es hora de que los accionistas del FMI aprovechen las oportunidades que brinda el aniversario y los crecientes llamados a reformar la arquitectura financiera internacional para rediseñar las estructuras de gobernanza y los programas del FMI a fin de garantizar que estén en consonancia con los compromisos esbozados en 1948 y con la legislación internacional en materia de derechos humanos.
