La plena aplicación de la revisión de la CFI, el OMGI y el CAO es imperativa si las insttituciones quieren logarr una rendición de cuentas persistente y cerrar las brechas.

La plena aplicación de la revisión de la CFI, el OMGI y el CAO es imperativa si las insttituciones quieren logarr una rendición de cuentas persistente y cerrar las brechas.
La CFI niega la responsabilidad por daños a la comunidad en el caso de la represa a pesar de las conclusiones de la investigación.
La auditoría del defensor del pueblo concluye que la CFI fracasó en la identificación de brechas en la evaluación social y medioambiental del proyecto, al tiempo que las comunidades afectadas por el proyecto enfrentan impactos sobre las fuentes de agua, los medios de subsistencia y los niveles de violencia.
La sociedad civil continúa presionando a la Corporación Financiera Internacional (CFI) para que divulgue información sobre los sub-proyectos de alto riesgo, al tiempo que la CFI responde a un informe crítico sobre las consecuencias de sus inversiones en materia de derechos humanos.
El gobierno de Guatemala convino en pagar alrededor de US$155 millones en reparaciones a las comunidades indígenas locales que sufrieron abusos de derechos humanos a consecuencia de la construcción de la represa de Chixoy financiada por el Banco Mundial.
Un nuevo informe de seguimiento por el Defensor del Pueblo (CAO - Compliance Advisor Ombudsman) concluye diciendo que hasta el momento la CFI todavía no tiene un mecanismo de seguimiento para determinar si las inversiones a través de sus intermediarios financieros tienen un impacto positivo en el desarrollo.
El nuevo borrador del marco para las salvaguardias sociales y ambientales del Banco Mundial es criticado por ser un retroceso que podría reducir los estándares para la comunidad internacional de desarrollo.