Rendición de cuentas

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El Banco socava la rendición de cuentas de los derechos humanos

1 julio 2008

Un informe de la ONU afirma que la Facilidad para el Arbitraje de Inversiones del Banco Mundial riñe con la protección de los derechos humanos. El Consejero de Cumplimiento Ombudsman de las IFC’s (CAO – FC’s Compliance Advisor/Ombudsman) encontró que la CIF violó sus propios estándares en Kazakhstán. En forma similar, también se presentó una nueva queja contra la compañía azucarera de Nicaragua.

En un informe de abril de 2008 después de tres años de consultas, John Ruggie, el Representante Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y las Corporaciones Transnacionales, dijo que las llamadas ‘cláusulas de estabilización’ en los contratos de inversión (ver Boletín 60), pueden tener el efecto de que sea difícil para los estados anfitriones «el fortalecer los estándares domésticos sociales y del medio ambiente, incluyendo aquellos relacionados con los derechos humanos, debido al temor de desagradar a los inversionistas extranjeros.»

Y lo que es peor, tales desafíos de los inversionistas ocurren bajo los procesos de arbitraje conducidos en estricta confidencialidad y por lo tanto no alertan al público del país que enfrenta la queja. Ruggie pide a «las instituciones que apoyan las inversiones» que desarrollen procedimientos de arbitraje que «equilibren los intereses de los inversionistas con las necesidades de los estados anfitriones de cumplir con sus obligaciones de proteger los derechos humanos.» Este es un desafío directo al Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversiones del Banco (ICSID – International Centre for the Settlement of Investment Disputes), un tribunal que dictamina en casos contra gobiernos presentados por inversionistas extranjeros (ver Boletín 56).

La CIF ha violado la legislación de Kazakstán, éstandares internacionales y sus propias regulaciones

El informe pide a las agencias de exportación de créditos que requieran de sus clientes el tener en cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos, aunque no hace las mismas recomendaciones a la CIF – Corporación Internacional Financiera (IFC – International Finance Corporation). Aunque la CIF elaboró unas guías para las compañías sobre cómo realizar las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos (ver Boletín 57),éstas tienen poco estatus, ya que no están integradas con los estándares de conducta de la CIF ver Boletín 50)a pesar de que se supone que sean requisitos contractuales para las compañías de préstamos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UN Human Rights Council) respondió positivamente al informe de Ruggie, y convino una renovación de tres años a su contrato. Sin embargo, lo que le pidieron los estados miembros de la ONU, es menos de lo que las ONGs han estado buscando, o sea más énfasis en el cierre de vacíos regulatorios, y en remover las barreras para el acceso a la justicia que enfrentan las victimas del abuso corporativo.

Una presentación a Ruggie por parte de un grupo de ONGs, incluyendo al Centro Internacional de Legislación Ambiental (CIEL – Center for International Environmental Law), condena los estándares de desempeño de los derechos humanos de la CIF. Utilizando la Metodología de Evaluación de los Derechos Humanos del Instituto Danés, las ONGs encontraron que estos estándares de la CIF: No dirigían muchos asuntos críticos de derechos humanos, o lo hacían en forma tal que no cumplían con las normas y estándares internacionales; no tenían en pie un marco de trabajo adecuado para el cumplimiento con la protección a los derechos humanos; y no especificaban un mecanismo adecuado de presentación de quejas. La submisión urge a Ruggie que siga fortaleciendo su mandato actual en la próxima fase, al evaluar formas para que la CIF integre los estándares de los derechos humanos, al igual que los procedimientos para el cumplimiento de los derechos y los mecanismos de rendición de cuentas junto con sus requisitos financieros.

Violaciones

El Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia encontró que la CIF no está cumpliendo con sus propios estándares para las emisiones tóxicas en el gigantesco campo de petróleo y gas en Karachaganak (ver Boletín 45). Los lugareños han sufrido enfermedades respiratorias, del sistema nervioso y de la piel, causadas por las elevadas emisiones de sulfato de hidrógeno. El CAO encontró que el programa de monitoreo y los datos de emisiones de humo eran «insuficientes para verificar el cumplimiento de los requisitos de la CIF.»

Igualmente preocupante fue el hallazgo de que en «el acuerdo de la producción compartida gobernando el proyecto no había ninguna referencia a los requisitos de la CIF» y que «hay solo señales muy limitadas de que las guías de la CIF estén influenciando los programas de monitoreo.» La CIF respondió diciendo que se había abstenido de «introducir sus guías formalmente como requisitos» aunque «hemos podido referirnos a ellas en la práctica.» El CAO reprendió a la CIF por no haber mencionado esto a la Junta del Banco o al público. Kate Watters, de la ONG Crude Accountability, dijo «la CIF violó la legislación de Kazakhstan, los estándares internacionales y sus propias regulaciones.»

Los residentes locales afectados por las operaciones de la Nicaragua Sugar Estates Ltd (NSEL), presentaron unas quejas al CAO. Los asuntos incluidos en las quejas son: Problemas de la salud, actividades contra el sindicato, contaminación del aire y del suelo, agotamiento del agua subterránea, y persecución de los delatadores internos. A finales de 2006, la CIF proveyó un préstamo de $55 millones para financiar la producción de la NSEL y el procesamiento de la caña de azúcar, incluyendo la construcción de una planta de etanol.