+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + BOLETÍN DEL PROYECTO BRETTON WOODS Diciembre de 2013 Actualización de noticias y acciones sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional Publicado por el Proyecto Bretton Woods Trabajamos con ONGs e investigadores para hacerle seguimiento al Banco Mundial y al FMI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ 1. Dilema del FIM en la reestructuración de la deuda (DEUDA / análisis) 2. Apoyo del Banco Mundial y del DFID a las escuelas privadas de bajo costo: ¿Menoscaba esto la equidad en la educación? (EDUCACIÓN / noticias) 3. Fondo de capital privado financiado por la CFI implicado en una represa controversial en Honduras (CUMPLIMIENTO / análisis) 4. Una mina de controversias: El Banco Mundial presiona por la inversión en las extractivas a gran escala (COMBUSTIBLES FÓSILES / análisis) 5. Dentro de las Instituciones: Política de transparencia del FMI (TRANSPARENCIA / gobernanza de las IFIs) 6. El Defensor del Pueblo completa informe sobre el papel de la CFI en Dinant, Honduras 7. El Ciadi y América Latina: críticas, denuncias y busca de alternativas (EL SECTOR PRIVADO/ Commentario ================================================================== (DEUDA / análisis) 1. Dilema del FIM en la reestructuración de la deuda --------------------------------------------------------------------- Sinopsis Los crecientes niveles de deuda y los problemas en Jordania y Filipinas indican que las crisis de la deuda todavía no han quedado atrás. Al tiempo que el FMI considera los cambios en la política, un influyente grupo de estudiosos ha propuesto la creación de un nuevo mecanismo del Fondo para la gestión de la reestructuración de la deuda soberana. Resumen La reestructuración impugnada de la deuda argentina y una solicitud de reestructuración en Granada, han puesto al FMI en una posición incómoda. - Los préstamos del Banco Mundial a Jordania y Filipinas enfurecieron a los activistas quienes exigen donaciones en vez de préstamos para hacer frente a las situaciones de emergencia. - Un influyente grupo de académicos y juristas ha propuesto la creación de un Mecanismo para el Ajuste de la Deuda Soberana a ser administrado por el FMI, pero exime a las IFIs (instituciones financieras internacionales) de contribuir a sufragar el costo de la reestructuración de la deuda. - Los debates internos del FMI sobre el enfoque de la reestructuración han llegado a un callejón sin salida en la política, mientras que el Papa ha instado a los líderes políticos a considerar las necesidades humanas sobre las normas de la gestión financiera. ----------------------------------------------- ARTÍCULO Durante las reuniones anuales del FMI en octubre de 2013, Oliver Joseph, el ministro de desarrollo económico de Granada, publicó una carta abierta en la que decía que su país estaba "abrumado por una deuda que no podía ser sostenible" y que "necesitaba urgentemente el alivio a la deuda de todos sus acreedores". Tras la presión de la sociedad civil nacional, especialmente por parte de la Conferencia de Iglesias, Joseph planea explorar "una evaluación independiente de la sostenibilidad de la deuda, la mediación externa y una conferencia de acreedores". Una de sus más importantes declaraciones fue: "Hemos estado hablando con los principales actores sobre una forma más justa y eficiente para hacer frente a las crisis de la deuda soberana. Estamos dispuestos a ser los pioneros de un nuevo modelo de reestructuración de la deuda que salvará a los países de enredos prolongados en la trampa de la deuda". Los problemas de la deuda también están afectando a los países del Oriente Medio. Hay inquietudes sobre el impacto de los refugiados sirios sobre los limitados servicios públicos en los países vecinos. En julio de 2013, el Banco Mundial aprobó un préstamo de US$150 millones para Jordania, pero esto fue rotundamente rechazado por las ONGs. Una declaración de 16 grupos de la sociedad civil regional a mediados de octubre de 2013 sostuvo: "Es injusto dar préstamos en vez de donaciones como respuesta a una crisis. Más aún, cuanto los fondos proporcionados por las Naciones Unidas y otros donantes internacionales apenas representan la mitad de lo que realmente se necesita. Lo que menos necesitan esos países son más deudas que empeoren aún más la crisis económica que están viviendo". La sociedad civil exige la suspensión de los préstamos y que "la comunidad internacional apoye a los refugiados en necesidad de ayuda, sin que esto impacte negativamente en las economías y el desarrollo locales". Los efectos del poderoso huracán que azotó a las Filipinas, a mediados de noviembre de 2013, también produjeron preocupaciones sobre los niveles de deuda en ese país. Una declaración de las ONG filipina IBON Internacional, publicada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Negociaciones del Cambio Climático, exigió que el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo "pararan esa locura" de emisión de préstamos para rehabilitación y reconstrucción. Igualmente, una declaración de fines de noviembre de Ricardo Reyes de la ONG filipina Libertad de Coalición dice: "la justicia para el pueblo filipino exige la cancelación de la deuda, especialmente de las deudas odiosas ilegítimas que son onerosas, evidentemente ilegales, violatorias de los derechos humanos, perjudiciales para las personas, el medio ambiente y el clima y carentes de procesos institucionales para obtener el consentimiento libre de las personas." Una petición en línea al Banco enviada por la ONG británica Campaña Deuda del Jubileo pide “una urgente cancelación de la deuda de las Filipinas”. El FMI se niega a apoyar a la Argentina con respecto a los fondos buitre --------------------------------------------------------------------- El caso más notorio de la deuda soberana ha sido la lucha de la Argentina con los acreedores de los fondos de inversión libre (hold outs) a partir de su reestructuración de la deuda en 2002. Esta controversia ha terminado en una corte del sistema legal estadounidense con los fondos que los activistas denominan "fondos buitre". A mediados de julio de 2013, el FMI había previsto presentar un amicus curiae con puntos de vista independientes sobre el tema, ante el tribunal de apelación estadounidense que está escuchando el caso. Se esperaba que el FMI iba a argumentar que una sentencia a favor de los fondos de inversión libre / fondos buitre, tendría "consecuencias sistémicas generales… para el proceso de reestructuración de la deuda en general". Sin embargo, en el último momento un vocero del FMI anunció: "La directora gerente del FMI ha retirado su recomendación" de presentar una información "tras la decisión de las autoridades estadounidenses de no apoyar la presentación en esta etapa." Los medios de comunicación informaron que la retirada del apoyo de Estados Unidos se debió a la fuerte presión política en Washington por los representantes de los fondos buitre. ¿Otra mareada de la deuda, o una nueva crisis? ---------------------------------------------------------------- Un informe de Eurodad, la red de ONGs belga, a mediados de noviembre de 2013, dice que: “en el nuevo panorama de la deuda en el sexto año de la crisis financiera mundial” aunque a nivel mundial "las vulnerabilidades de la deuda han cambiado, en general no se han reducido sustancialmente". El informe menciona diez razones debido a las cuales se ve que la crisis continúa, incluyendo: "el capital se está moviendo en forma descontrolada en el mundo", "la deuda privada va en aumento" y "no existen mecanismos eficaces para la renegociación de la deuda". El documento destaca que "once nuevos estados subsaharianos han empezado a utilizar los mercados de bonos internacionales por primera vez desde 2007… Las grandes emisiones de bonos llevan a una madurez concentrada y a un gran volumen de deuda que puede representar un gran porcentaje de los PIBs de los países interesados que deberán ser refinanciados al mismo tiempo." Los planes de la deuda soberana de Tanzanía fueron los más prominentes en 2013. Después de adquirir con una entidad privada de inversionistas extranjeros una deuda soberana de US$600 millones, el acuerdo de Tanzanía en julio de 2013 con un programa del FMI incluyó préstamos sin condiciones favorables de US$700 millones. Sin embargo, a fines de agosto Tanzanía le pidió al FMI que elevara este límite de deuda a US$1 mil millones. A principios de noviembre cuando los funcionarios del FMI estaban visitando el país, el FMI aún no había aprobado esta solicitud. Los informes de los noticieros a mediados de noviembre rebajaron el préstamo de US$1 mil millones a US$750 millones, los cuales son previstos para un gasoducto y una planta energética. El informe de Eurodad concluye diciendo que el mundo necesita de un régimen de insolvencia organizada para los países que lo necesiten. Añadiendo que, "un nuevo mecanismo de resolución de la deuda para los deudores soberanos debe ser: independiente de los acreedores, transparente en la toma de decisiones, tener en cuenta las necesidades de desarrollo de los estados endeudados y los derechos humanos de sus ciudadanos a la hora de tomar decisiones". Propuesta para un nuevo mecanismo del FMI -------------------------------------------------------------- Sin embargo, a principios de octubre de 2013, un informe elaborado por seis expertos en materia de deuda de instituciones académicas y jurídicas, pidió un nuevo mecanismo del FMI para la resolución de la deuda, pero no está interesado en cumplir con el criterio de Eurodad. El informe - elaborado bajo los auspicios de la Comisión de Política y Reforma Económica Internacional (un grupo de expertos no-partidista e independiente, integrado por académicos y ex funcionarios del gobierno y del banco central) señala que "el mundo actualmente está en menos capacidad de manejar los problemas de la deuda insostenible que en cualquier otro momento desde la década de 1930, pero al mismo tiempo, la magnitud del problema ha aumentado". Si bien el informe incluye recomendaciones específicas para dar soluciones a la deuda regional europea, en el plano mundial sostiene que la mayoría de "los incentivos son enfocados al reconocimiento oportuno y la reestructuración de las deudas insostenibles. Los últimos fallos de los tribunales alientan los fondos buitre, desalientan la participación de los acreedores en los canjes de la deuda y ponen en duda las prioridades del FMI, todo lo cual empeorará el problema." Los autores del informe ofrecen dos recomendaciones que compiten la una con la otra: coordinar la utilización de cláusulas de acción colectiva más fuertes en los contratos de bonos soberanos y "la creación de un Mecanismo de Ajuste de la Deuda Soberana (SDAF - Sovereign Debt Adjustment Facility) por el FMI, que combinaría los préstamos del FMI con la reestructuración de la deuda". Este propuesto mecanismo requeriría que el Fondo "estableciera los criterios en virtud de los cuales los países fueran elegibles para un SDAF en forma similar a la de los criterios establecidos para la calificación de la iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados", un programa de mediados de la década de 1990, para seleccionar a algunos países de bajos ingresos para el alivio de la deuda. Un requisito clave para que la nueva propuesta funcione es que: "Los países que se encuentran bajo los criterios establecidos en el presente régimen no tengan acceso a los préstamos de crisis del FMI excepto bajo el SDAF." Los autores argumentan que la principal característica del SDAF "sería la creación de un instrumento de compromiso que impediría al FMI financiar a los países con una dudosa sostenibilidad de la deuda". A pesar de reconocer que "el FMI es visto como susceptible a las presiones políticas y los conflictos de intereses a través de su propia función como uno de los principales acreedores", los autores no analizan cómo afrontar estos problemas en la SDAF. En vez de ello, afirman que a la hora de efectuar una evaluación de la sostenibilidad de la deuda "el FMI se guiaría por el principio de distribución equitativa de la carga entre todas las clases de acreedores, salvo excepciones reconocidas, tales como instituciones financieras multilaterales y cuando sea apropiado, acreedores comerciales o proveedores, propietarios de letras de tesorería a corto plazo y otras categorías similares." Jürgen Kaiser de la ONG alemana Erlassjahr aceptó que las propuestas del informe de los expertos tienen algunas ventajas, sin embargo, también encontró que "las propuestas concretas para una reforma del régimen son desalentadoramente débiles" y lamentó la falta de referencia a las propuestas de la sociedad civil. Kaiser se pregunta si los autores trataron de "promover una agenda oculta que pone al FMI en el centro de un marco para la reforma de la insolvencia soberana. Para el FMI este escenario sería perfecto. Algunos de los más renombrados académicos sugieren un relanzamiento inteligente del MRDS (Mecanismo de reestructuración de la Deuda Soberana), es decir, una reforma del proceso de reestructuración de la deuda, basada especialmente en la capacidad del FMI de definir y hacer cumplir las normas, sin que el personal del Fondo corra ningún riesgo." Un artículo en el New York Times a finales de noviembre de 2013 afirmó que el FMI "estaba presionando por un plan que impusiera pérdidas al inicio para los titulares de bonos, la próxima vez que un país de la Eurozona pidiera un rescate". El artículo se refirió a cuatro documentos de política del FMI a ser publicados antes de un año, como parte del seguimiento del debate de la Junta Directiva en mayo de 2013 sobre la deuda soberana (ver Boletín 86). El artículo alega que "la propuesta - que está siendo procesada detrás del telón por los mejores economistas y abogados del FMI - ha enfrentado una fuerte resistencia, no sólo de parte del poderoso lobby bancario mundial, sino también de los políticos europeos y más recientemente del gobierno de Estados Unidos." El artículo en el New York Times hace referencia a una reunión de expertos a finales de noviembre de 2013 en California, la cual incluyó a Anne Krueger, ex subdirectora gerente del FMI y la autora de la propuesta del MRDS en 2002 (ver Boletines 32 y 28). El resumen de la reunión concluyó diciendo que el FMI debería exigir un "examen" de la deuda soberana existente del cliente al comienzo de cualquier préstamo y debería lidiar con los problemas creados por el carácter "voluntario" de los actuales mecanismos de reestructuración. Sin embargo, no se avanzó o apoyó la propuesta SDAF a pesar de que dos de los autores de la propuesta estaban presentes en la reunión. Declaraciones del Papa ------------------------------- Al tiempo que los expertos y los conocedores debaten, los activistas que continúan rechazando la acumulación de la deuda en muchos países recibieron un nuevo impulso. A fines de noviembre de 2013, el Papa denunció el impacto de la deuda sobre la pobreza y la desigualdad. En la exhortación, el Papa Francisco diagnosticó "la nueva idolatría del dinero" como un problema que enfrenta el mundo y sostuvo que: "La deuda y la acumulación de los intereses también dificultan la utilización del potencial de la economía de los países y mantienen la incapacidad de sus ciudadanos de disfrutar un poder adquisitivo real… ¡El dinero no debe regir sino que debe servir!" =================================================================== EDUCACIÓN / noticias 2. Apoyo del Banco Mundial y del DFID a las escuelas privadas de bajo costo: ¿Está disminuyendo la equidad en la educación? --------------------------------------------------------------------- Sinopsis El sistema de educación de Pakistán ha sido motivo de gran atención en el mundo entero, sin embargo, el aumento de la inversión del Banco Mundial en las escuelas privadas de bajo costo amenaza con socavar los últimos pasos dados por el gobierno y la campaña para dar a todos los niños una educación gratuita y obligatoria. ------------------------------------------------------ ARTÍCULO Un crecimiento rápido y muy segmentado del mercado de las escuelas privadas se ha convertido en una realidad en la vida de Pakistán. Los partidarios de esta tendencia ven estas escuelas, especialmente las de bajo costo privadas (LCPs - low cost private schools), como un desarrollo prometedor. El número de LCPs ha tenido un incremento espectacular en las dos últimas décadas y con más del 40 por ciento de todas las matrículas en las escuelas privadas, este sector se ha convertido en algo demasiado grande para ser ignorado. Teniendo en cuenta este desarrollo, al comienzo de la década de 2000 el Banco Mundial financió un estudio comparativo longitudinal titulado inicialmente Logros de la Formación y la Educación en Las Escuelas Punjab (LEAPS por su sigla en inglés). El estudio informó que las escuelas privadas superaban las escuelas públicas en poblaciones estudiantiles comparables. El LEAPS también reclamó que los gastos de los estudiantes en las escuelas privadas eran mucho menores que en las escuelas públicas. En base a la evidencia generada por este estudio sobre los beneficios educacionales de LEAPS para las personas pobres en la provincia del Punjab, el Banco Mundial está financiando bonos de matrícula para que los niños de las familias pobres puedan inscribirse en LCPS (nueva versión de LEAPS). La Fundación Educación Punjab (PEF - Punjab Education Foundation), un organismo autónomo del gobierno de la provincia para promover las asociaciones público-privadas en el ámbito de la educación, está administrando los US$350 millones del programa de bonos financiados por el Banco desde 2012. Recientemente, la Corporación Financiera Internacional (CFI, el brazo del sector privado del Banco) ha continuado desarrollando esta labor con la realización de un estudio para identificar y responder a las necesidades de la financiación de las LCPS. Como parte de la continuación de sus actividades de apoyo al Programa Educativo de Punjab, que incluye amplias reformas en el sector tales como mejorar el acceso y la calidad de la educación, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID por su sigla en inglés) planea dar seguimiento asignando £10 millones (US$16,2 millones) para facilitar a los empresarios potenciales en el sector LCPS el acceso a la financiación. Además de estos fondos el DFID proporcionará hasta £72,5 millones a la Fundación Educación Punjab para financiar sus programas existentes en apoyo de las LCPS, de los cuales £43,4 millones se destinarán a ampliar la base del programa de la Fundación para los bonos de matrícula. El resultado probable de las intervenciones del Banco y del DFID será el incremento del número de niños que asisten a las escuelas privadas en Pakistán. La base de las pruebas para estas inversiones radica fundamentalmente en el estudio de LEAPS, al tiempo que se sigue ignorando la muy controvertida y poco convincente naturaleza de las reclamaciones de beneficios educacionales de las LCPS, según lo demuestran los estudios de otras procedencias. A pesar de los problemas con la base de pruebas para apoyo de las LCPS, ¿qué significa esto desde el punto de vista de los que luchan por el derecho a la educación en Pakistán? Consideramos que la reciente enmienda constitucional que promete educación gratuita y obligatoria para los niños hasta los 16 años de edad es un gran éxito en nuestra lucha para que todos los niños puedan asistir a una escuela obligatoria decente e independiente de su condición socioeconómica. Los objetivos de desarrollo del Banco Mundial y del DFID incluyen mejorar el acceso, la equidad y la pertinencia de la educación. El DFID ha intentado abordar la exclusión social y la inequidad en la educación a través de un apoyo concreto a las campañas de la sociedad civil. ¿Pueden los bonos de matrícula ser considerados como instrumentos para la equidad? El sistema de los bonos no está disponible para todos los niños y solo llega a una fracción muy pequeña de la población beneficiaria. Además, en el caso de Punjab, el sistema es totalmente dependiente de la financiación del Banco Mundial y del DFID y por lo tanto es insostenible. Además el apoyo a las escuelas que cobran matrículas en el punto de servicio es contradictorio con la promesa constitucional hecha por el estado, a menos que hubiera una universalización de los bonos, lo cual es casi imposible debido a los recursos limitados y al mercado altamente segmentado. Más importante aún, las LCPs son similares a las escuelas públicas ya que sus alumnos tienen las mismas probabilidades de permanecer en lo que Stephen Ball (profesor de sociología de la educación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres), llama “circuitos cerrados”. En un mercado altamente segmentado de la educación, los niños cuyos padres pueden pagar mejores escuelas tendrán mejores oportunidades en la vida. Desafortunadamente, en el caso de Pakistán el número de estos niños probablemente es muy reducido. Las desigualdades manifestadas a nivel de las escuelas probablemente se verán agravadas por el proceso de privatización de la educación secundaria. En las provincias afectadas por el conflicto armado, estas desigualdades ya se están convirtiendo en inestabilidades y violencia. Es poco probable que las LCPs disminuyan el sentimiento de privación social y económica prevalente en la población que sirven. ¿Acaso no están el Banco Mundial y el DFID corriendo el riesgo de socavar sus propios objetivos de desarrollo? ¿No deberían estos organismos más bien convencer al gobierno de Pakistán que cambie la tendencia actual del gasto público en la educación privada? El apoyo a las LCPs distrae al Banco y al DFID de su tarea de aprovechar mejor el gasto público y está contribuyendo a absolver al gobierno de su responsabilidad de realizar progresivamente el derecho a la educación. Escrito por Irfan Muzaffar, un investigador y activista de la educación y uno de los miembros fundadores de la Campaña para la Educación Equitativa en Pakistán - imuzaffar@gmail.com (Campaign for Quality Education in Pakistan) ================================================================== CUMPLIMIENTO / análisis 3. Fondo de capital privado financiado por la CFI implicado en una represa controversial en Honduras (CUMPLIMIENTO / análisis) --------------------------------------------------------------------- Sinopsis En medio de nuevas denuncias relativas a las inversiones de los clientes financieros de la Corporación Financiera Internacional (CFI – brazo del sector privado del Banco Mundial) por su falta de cumplimiento de las normas del desempeño de la CFI, incluyendo una controvertida represa en Honduras, las organizaciones de la sociedad civil han rechazado el propuesto Plan de Acción de la CFI diciendo que es inaceptable. Resumen - Nueva denuncia presentada sobre el apoyo de la CFI a la controvertida represa Agua Zarca en Honduras. - El Plan de Acción de la CFI para la gestión de los riesgos sociales y ambientales de las instituciones financieras fue aprobado por la Junta Directiva del Banco Mundial en septiembre de 2013. - El Plan de Acción incluye revisiones adicionales de escritorio y más visitas, pero no garantiza la transparencia o la verificación del cumplimiento de las terceras partes con las normas de desempeño. - 50 grupos de la sociedad civil declaran que el Plan de Acción es "inaceptable" y exigen una nueva estrategia para este préstamo. ARTÍCULO A principios de octubre de 2013, la Oficina del Defensor del Pueblo (CAO / Ombudsman - el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial para proyectos del sector privado), recibió una denuncia sobre Agua Zarca, el proyecto de energía hidroeléctrica en Honduras. El proyecto ha transcurrido en medio de la controversia por su rechazo y maltrato del pueblo Lenca, una tribu indígena en el sur de Honduras que afirma no haber dado su consentimiento para el proyecto (ver Boletín 85). La denuncia fue presentada en relación con la inversión de la DFI en el Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centro América (CAMIF por su sigla en inglés), un fondo de capital privado que recibió US$40 millones en 2007. CAMIF es gestionado desde Washington DC por un ex funcionario de la CFI que ahora trabaja para EMP Global, una empresa de gestión de capital privado fundada por antiguos gerentes senior del Banco Mundial. A principios de diciembre de 2013, el Defensor del Pueblo aún no había montado la denuncia sobre el proyecto Agua Zarca en su página web a pesar de haber tenido 15 días (hábiles según lo especificado en su guía operacional). La confirmación de elegibilidad de la denuncia por parte del Defensor del Pueblo enviada directamente a los demandantes, confirmó que la CFI estaba vinculada a la represa Agua Zarca (a través de CAMIF), a pesar de las negaciones emitidas por la CFI a principios del año (ver el Observador Otoño de 2013). La CFI negó las reclamaciones de que FICOSHA (un banco hondureño cliente de la CFI) estuviera financiando el proyecto y tampoco mencionó la consideración del proyecto por parte de CAMIF. A pesar de las quejas y de la muy pública controversia sobre la represa, los manifestantes indígenas fueron atacados a tiros por las fuerzas de seguridad en julio de 2013 cuando fue asesinado Tomás García, el líder indígena quien estaba manifestando pacíficamente con otros miembros de su tribu. La ONG Hondureña COPINH presentó la denuncia ante los tribunales en apoyo de los indígenas. A pesar de todo lo anterior, la CFI está considerando una segunda inversión en CAMIF y se espera la aprobación de a principios de diciembre de 2013. Fuertes críticas al Plan de acción de la CFI ---------------------------------------------------------- La CFI fue objeto de duras críticas por parte de los grupos de la sociedad civil y del Defensor del Pueblo debido a su ignorancia sobre los impactos ambientales y sociales de sus préstamos al sector financiero, que en la actualidad, representan más de la mitad de los compromisos anuales de la CFI (ver Boletines 86, 85 y 84). En respuesta a la investigación del Defensor del Pueblo, el personal de la CFI en agosto de 2013 envió un Plan de Acción a un comité de la Junta Directiva del Banco Mundial, con el fin de atender a la preocupación relacionada con los llamados intermediarios financieros (IFs). En una carta de la sociedad civil al comité de la Junta a finales de agosto de 2013, firmada por diez ONGs incluyendo a Oxfam Internacional, estas "recomiendan que la CFI haga menos, pero que lo haga mejor", incluyendo la "verificación que las terceras partes tengan sobre los impactos ambientales y sociales de sus inversiones en el sector financiero y que exista una mayor garantía de que los proyectos del sector financiero no sean dañinos, por medio de la "creación de sistemas de aviso de riesgo en la etapa previa a la aprobación, aumentando la supervisión de los sub-proyectos de alto riesgo y garantizando una mayor transparencia de los préstamos a intermediarios financieros en los sub-proyectos." Sin embargo, cuando el Plan de Acción fue finalmente publicado a principios de octubre de 2013 los grupos de la sociedad civil manifestaron su decepción. El plan incluye tres elementos: diálogo y trabajo de extensión de las partes interesadas, la ampliación de servicios de asesoramiento en materia de medio ambiente y gestión del riesgo social de los IFs y una "mejora continua del marco de trabajo" para la gestión del riesgo de los IFs. Los únicos cambios propuestos en el Plan de Acción al marco de trabajo fueron: el aumento de la frecuencia de las visitas a algunos clientes del sector financiero con mediano riesgo, un aumento de las revisiones de escritorio de los clientes del sector financiero de alto y mediano riesgo y el pedido voluntario para que los fondos de capital social privado con inversiones de la CFI revelen todas sus sub-inversiones. Se exige una estrategia debido al aumento de los IFs --------------------------------------------------------------------- A mediados de noviembre de 2013, una carta de la sociedad civil firmada por 50 organizaciones al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, se queja diciendo que la respuesta de la CFI era "insuficiente", refiriéndose a la afirmación del personal de la CFI de que "la CFI no era responsable de las inversiones de los clientes IFs en sub-proyectos… la carta afirmó que eso era inaceptable". Las organizaciones firmantes de la carta como la ONG hindú Programa de Acción Social y la ONG estadounidense Centro de Derecho Ambiental Internacional dicen que: "fundamentalmente rechazan un modelo en el que, de acuerdo con su diseño, la CFI no puede garantizar que sus inversiones contribuyan a la reducción de la pobreza o que no sean dañinas". Las organizaciones pidieron a Kim que se "comprometiera a desarrollar una nueva estrategia de inversiones en el sector financiero, haciendo un replanteamiento fundamental de la naturaleza, el propósito, las modalidades y los límites de estas inversiones. En el desarrollo de una nueva estrategia para la inversión en el sector financiero, la CFI debe formular un procedimiento independiente de entrada, incluyendo la consulta participativa con las comunidades afectadas y un mayor compromiso de las partes interesadas." Lakshmi Premkumar de la ONG hindú Programa de Acción Social dice: el Plan de Acción "ahora establece fuera de toda duda que el modelo de intermediario financiero fue precisamente diseñado así para evadir los mecanismos de reglamentación y de rendición de cuentas. Las respuestas recientes de la CFI a las conclusiones del Defensor del Pueblo, entre ellas la auditoría de los proyectos IFs, ha demostrado claramente que la CFI no toma seriamente al Defensor del Pueblo. Viendo cómo son las cosas, Dr. Kim, usted podría simplemente cerrar la oficina de su mecanismo interno de rendición de cuentas." El debate sobre los IFs es cada vez mayor, en la medida en que los organismos oficiales los ven como los canales deseables a través de los cuales pueden canalizar la financiación del desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo que está en medio de una reestructuración está considerando la posible creación de una entidad como la CFI dedicada al financiamiento del sector privado, que algunos han propuesto debería centrarse en los préstamos de los mercados financieros. Por otro lado, el mecanismo de financiación para el clima que se está estableciendo en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Fondo Verde Climático (GCF - Green Climate Fund), también está considerando canalizar los fondos para el cambio climático a través del sector financiero privado. Como respuesta a esta posible alternativa, a principios de octubre de 2013, 140 organizaciones de la sociedad civil de los países en desarrollo enviaron una carta a la Junta del GCF citando la experiencia negativa de la CFI con los IFs, como la razón por la cual "nos oponemos a la utilización de los IFs internacionales por el GCF". Siguiendo esta tendencia, durante los últimos seis meses, la CFI ha propuesto invertir en más de nueve fondos de inversión de capital privado, además de seis bancos comerciales que se consideran de alto riesgo (en el Brasil, la India, México, El Salvador, Chile y Rumania). ================================================================== COMBUSTIBLES FÓSILES / análisis 4. Una mina de controversias: El Banco Mundial presiona por la inversión en las extractivas a gran escala Sinopsis A pesar de su elevada retórica sobre cómo enfrentar el cambio climático, el Banco Mundial continúa la financiación de proyectos de carbón contenciosos en la India e Indonesia y además de esto rechaza las conclusiones del Defensor del Pueblo, su mecanismo de rendición de cuentas. Resumen - Nuevas preocupaciones sobre el proyecto Simandou en Guinea para la extracción de mineral de hierro financiado por el Banco Mundial, incluyen preguntas sobre los efectos en la biodiversidad y sobre las similitudes con el controvertido oleoducto Chad-Camerún. - Declaración de las ONGs critica la falta de progreso en temas sociales y ambientales en la mina Oyu Tolgoi de Mongolia. - La CFI acusada de crear "un potencial desastre ecológico" debido a su financiación del proyecto Neita de Unigold en la República Dominicana. - El Defensor del Pueblo acaba de registrar la quinta denuncia contra la mina Yanacocha en el Perú. - El Defensor del Pueblo cierra del caso de la mina Lonmin Marikana en Sudáfrica. - Nueva denuncia registrada sobre las inversiones de la CFI en la exploración minera en Badmaas, Sudáfrica, por la empresa Tsodilo. ------------------------------------------------ ARTÍCULO La sociedad civil ha manifestado nuevas preocupaciones sobre el proyecto Simandou de extracción de mineral de hierro en el sureste de Guinea, donde la CFI (brazo del sector privado del Banco Mundial) mantiene una participación del 5% (ver Boletín 82). Este proyecto, que está destinado a convertirse en el mayor proyecto minero de la historia de África y que ya tiene años de retraso en relación con el plan inicial, según informó el Financial Times a finales de octubre de 2013: Rio Tinto está retrasando la producción en la parte meridional de las montañas Simandou hasta el 2018, en vez del 2015. El proyecto también se ha visto afectado por un supuesto escándalo de corrupción relacionado con la adquisición en 2008 de derechos de explotación en la parte norte de Simandou por Recursos BSG, la rama minera de un conglomerado familiar multimillonario israelí. A pesar de todos estos problemas, de acuerdo con la nueva Estrategia Nacional de Guinea con el Banco Mundial para los próximos cinco años, aprobada a comienzos de octubre de 2013, el proyecto Simandou "potencialmente realizará una función de transformación" en el país. Al observar los desafíos, el plan sostuvo que el Banco "tiene un papel clave que desempeñar en la superación de estos". Antes de que se presentara un documento de información técnica sobre Simandou a los miembros de la Junta Directiva del Banco a mediados de noviembre de 2013, un informe preparado por expertos de Guinea, Estados Unidos y Alemania fue distribuido a los miembros de la Junta. El informe planteó cuestiones fundamentales sobre si este tipo de inversiones extractivas ayudará a reducir el nivel de la pobreza y beneficiará a la población pobre de Guinea, teniendo en cuenta "las condiciones prevalentes de corrupción y la mala gestión, incluyendo violaciones graves de los derechos humanos". El informe señaló que la inversión de la CFI había sido aprobada por la Junta a pesar de no haberse completado las evaluaciones de impacto ambiental y social y destacó los resultados de la Revisión de las Industrias Extractivas del Banco en 2003 (ver Boletín 38), recomendando que ciertas condiciones deberían estar en pie antes de la aprobación de futuras inversiones de las industrias extractivas, condiciones que incluyen el respeto por los derechos humanos. Por otro lado, el informe enfatiza que aunque el proyecto Simandou considera amortiguar los efectos en los hábitats de los chimpancés en peligro, "prometiendo que les buscará hábitats en otros lugares donde estarán protegidos", según los científicos expertos en la materia: "los chimpancés no pueden adaptarse fácilmente a otras áreas, y, de todas maneras, no hay una zona adecuada a la que los chimpancés se puedan pasar o ser trasladados." El informe también se refirió a otro informe de enero de 2013, sobre las compensaciones de biodiversidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Consejo Internacional de Minería y Metales que llegó a la conclusión de que "no todo se puede compensar, por ejemplo, la extinción de las especies". El coautor del informe, Diawadou Diallo, un científico político de Guinea, duda que el Banco Mundial haya aprendido las lecciones de su infame proyecto del oleoducto Chad-Camerún (ver Boletines 83, 69 y 49): "Se suponía que este mega proyecto también iba a producir una 'transformación', sin embargo, llevó a un aumento de la pobreza y al deterioro de las condiciones de gobernabilidad. La población en su conjunto está peor que antes y las comunidades afectadas se quedaron sin agua, sin tierra y sin libertad de movimiento". Minería de problemas en Mongolia, la República Dominicana y el Perú --------------------------------------------------------------------- El informe de mediados de noviembre de 2013 a la Junta Directiva del Banco Mundial también incluyó la polémica mina Oyu Tolgoi de Mongolia financiada por la CFI (ver Boletines 84, 83 y 82). Antes de la reunión, una declaración de siete ONGs incluyendo a la ONG de Mongolia Veeduría de Oyu Tolgoi y la ONG estadounidense Sierra Club, acogió con beneplácito que al fin estaba disponible la auditoría independiente social y ambiental del proyecto de la CFI de abril de 2013. Sin embargo, las ONGs expresaron la preocupación de que tanto la auditoría como los planes para la gestión operativa no abordaron muchas de las cuestiones planteadas anteriormente en una carta de febrero de 2013 firmada por 31 grupos, junto con una petición en la Internet con más de 500 signatarios. Se pidió a la Junta Directiva que no hiciera desembolsos hasta que las cuestiones críticas hubieran sido abordadas, entre ellas las quejas al Defensor del Pueblo (el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI) para "garantizar que los pastores tengan acceso al agua limpia, al aire limpio y a pastos adecuados". El proyecto Neita para la exploración minera de la canadiense Unigold, es otro proyecto que potencialmente puede tener graves impactos sociales y ambientales y está situado cerca de la frontera de Haití con la República Dominicana. La CFI financió este proyecto en mayo de 2013 con una inversión de hasta US$11,2 millones. Además de financiar el capital social, la CFI pretende proporcionar asesoramiento y un "sello de aprobación" en materia social y medioambiental para ayudar a la compañía a elevar más capital social. Sin embargo, en el mismo mes el senador dominicano Adriano Sánchez Roa dijo al diario de la República Dominicana La Información que el permiso de exploración estaba violando el decreto de un parque nacional donde nacen varios ríos que ahora "enfrentan un posible desastre ecológico" y pidió a las autoridades que "detuvieran urgentemente esa barbaridad". Domingo Abreu de la ONG Asamblea Nacional Ambiental de la República Dominicana dijo: "Cientos de protestas demuestran que nuestro pueblo no está interesado en la destrucción de nuestra agua, nuestros suelos y bosques para la explotación mineral. Tenemos la mayor diversidad biológica en este hemisferio pero ésta es muy frágil. No debemos perderla buscando un oro que no será para nosotros sino para las grandes empresas mineras transnacionales". Además de lo anterior, en junio de 2013 fue registrada una quinta denuncia con el Defensor del Pueblo relativa a la mina Yanacocha en el Perú financiada por la CFI (ver Boletines 82, 79 y 84) por una familia alegando falta de debida compensación relacionada con sus grandes extensiones de tierra. Después de una evaluación inicial, la denuncia fue trasladada en octubre de 2013 a un proceso de resolución de disputas voluntario facilitado por el Defensor del Pueblo. También en América del Sur - a finales de julio de 2013 se acordaron los términos de referencia para la investigación del Defensor del Pueblo respecto a Minerales Eco Oro en Colombia (ver Boletín 84). La evaluación anterior a finales de junio de 2013 concluyó diciendo que la investigación debería incluir un análisis "sobre si eran adecuados el enfoque, la definición del proyecto y su evaluación de los riesgos sociales y medioambientales" y también sobre si se estaba prestando suficiente atención a los posibles efectos de la inversión a largo plazo. Problemas en Sudáfrica --------------------------------- A finales de abril de 2013 el Defensor del Pueblo recibió una denuncia de Cuna de la Vida (Cradle of Life), una organización de conservación y ecoturismo, de los agricultores locales y de los propietarios de las tierras, sobre el 14 por ciento de participación de la CFI en Tsodilo, una empresa de exploración minera trabajando en Badplaas en Sudáfrica. De acuerdo con el Defensor del Pueblo, la reclamación menciona "una serie de problemas ambientales y sociales… incluyendo la pérdida de oportunidades de empleo, la pérdida de los medios de subsistencia, el potencial de la degradación y la contaminación de las tierras, la falta de capacidad para compensar a los propietarios de tierras adecuadamente, el impacto negativo sobre la condición de reserva de la zona y sobre los inversionistas potenciales." Después de que la empresa Tsodilo declaró que en su opinión las quejas eran prematuras y de que se negó a hablar con los autores de la queja, ésta fue transferida al Defensor del Pueblo en septiembre de 2013. A finales de agosto del mismo año, el Defensor del Pueblo cerró el caso relacionado con la violenta muerte de 40 huelguistas de la mina de platino Lonmin Marikana en Sudáfrica financiada por la CFI (ver Boletín 82). La evaluación del Defensor del Pueblo expresó preocupaciones sobre "la calidad de los estándares sociales y ambientales de la CFI relacionados con esta inversión" y sobre "otros asuntos potencialmente sistémicos" en términos de cómo las normas se aplican a "una inversión en el capital social de una empresa que cotiza en bolsa, sobre la cual la CFI tiene poderes limitados". Sin embargo, el Defensor del Pueblo concluyó que "si no hay una denuncia de los trabajadores afectados", "no se justifica una investigación" ya que la relación con "los trágicos resultados de agosto de 2012 no está suficientemente establecida". ================================================================== TRANSPARENCIA / gobernanza de las IFIs 5. Dentro de las Instituciones: Política de transparencia del FMI Sinopsis Insatisfacción de parte de los críticos, especialmente en los grupos de la sociedad civil ante el documento de decisión política del FMI sobre la transparencia, publicado en julio de 2013. Resumen - La Política de Transparencia tiene por objeto estimular tanto el debate público sobre las políticas económicas como facilitar un funcionamiento ordenado y eficaz de los mercados financieros. - La disponibilidad de informes y documentos del FMI tiene implicaciones para la preparación de los presupuestos nacionales, las corrientes de fondos de ayuda, la inversión extranjera, los niveles de deuda y los déficit fiscales. ------------------------------------------------- ARTÍCULO La Junta Directiva del FMI señaló en un comunicado de prensa que la transparencia era esencial para que el Fondo pudiera cumplir con su mandato, refiriéndose específicamente a la eficacia y la calidad de la política y más generalmente a la legitimidad y la rendición de cuentas de la institución. La Política de Transparencia del FMI fue revisada en junio de 2013 y un documento de decisión fue publicado en el mes de julio del mismo año. Este documento incluye las partes que la Junta Directiva aceptó del documento de política, el cual evalúa la transparencia y da recomendaciones. El marco jurídico del FMI tiene tres tipos distintos de documentos: (i) los documentos nacionales, (ii) los documentos de política y (iii) los documentos multinacionales. (i) Los documentos nacionales son aquellos relacionados con cada país. Estos incluyen los documentos relacionados con la vigilancia, el uso de los recursos del FMI y algunos informes derivados de la asistencia técnica del FMI. La publicación de los documentos nacionales está sujeta al consentimiento del estado miembro del que se trate. (ii) Los documentos sobre política del FMI se enfocan en cuestiones de política general. La publicación de estos documentos de política del FMI requiere de la aprobación de la Junta Directiva. (iii) La Política de Transparencia recientemente modificada define tres tipos de "documentos multinacionales" con diversos niveles de protección de su divulgación. La publicación de los documentos multinacionales exige el consentimiento de los miembros interesados o la aprobación de la Junta Directiva: 1) Los documentos de política multilateral tratan asuntos multilaterales sobre cuestiones económicas mundiales. 2) Los documentos de antecedentes nacionales se caracterizan por dar información y datos específicos sobre los países, pero no incluyen un análisis de los datos. Estos documentos continuarán dando una lista de todos los países que participan en ejercicios de análisis pertinentes y posiblemente no todas las páginas son publicadas. 3) Los documentos de agrupación incluyen análisis de las cuestiones que afectan a un grupo de países donde los análisis de cada país son integrados en el análisis general. Claridad y pronta publicación ---------------------------------------- En algunos casos se permite a los países decidir sobre la aprobación de la publicación y gestionar los pedidos de supresión en los documentos. Aparte de los Documento de Estrategia de Lucha Contra la Pobreza (DELP) (ver Boletín 36) o sea, los documentos de intención política, algunas partes de otros documentos nacionales pueden ser suprimidas. Se espera que las supresiones sean limitadas, en primer lugar del material muy sensible para el mercado y en segundo lugar, de material que no esté en el dominio público. De acuerdo con la Política de Transparencia, las correcciones a los documentos nacionales deben ser limitadas y se espera que sean solicitadas por lo menos dos días antes de la reunión de la Junta Directiva que va a examinar el documento. Las correcciones a ser realizadas después de la reunión de la Junta sólo pueden llevarse a cabo cuando: (i) se presenta la corrección a la atención de la Junta antes de la conclusión de su examen del documento, o (ii) cuando el valor global de la publicación se vería afectado en el caso de que no se realizara la corrección. En la última revisión de la Política de Transparencia se tomó la decisión de clarificar que sólo era necesario cumplir con una de estas condiciones para que las solicitudes de corrección fueran consideradas. Los archivos no están incluidos en la Política de Transparencia ya que están incluidos en la Política de Archivos. Los documentos de la Junta Directiva se ponen a disposición del público al cabo de tres años. El tiempo mínimo antes de permitir el acceso público a las actas de la Junta Directiva se mantendrá en los actuales cinco años, a pesar de la recomendación del documento de política de reducción a tres años, debido al riesgo a la franqueza de las deliberaciones de la Junta. La mayoría de los documentos y actas desde 1946 ha sido digitalizada y los documentos que están disponibles al público son accesibles en línea (Archivos del Fondo Monetario Internacional). Comunicados de prensa ----------------------------------- Generalmente el resumen del informe de las reuniones o notas de prensa de la Junta Directiva que reemplazan las Notas de Información al Público (PINs por su sigla en inglés), son publicados inmediatamente y contienen la misma información. Los comunicados de prensa también son publicados después de las deliberaciones de la Junta Directiva sobre cuestiones de política general, a menos que la Junta decida lo contrario en casos específicos. Declaraciones sobre los hechos --------------------------------------------- La nueva Política de Transparencia alienta a las autoridades nacionales y a los funcionarios del FMI a publicar los documentos nacionales dentro de un período no mayor de 14 días de su aprobación. Las "Declaraciones sobre los hechos", que informan al público sobre los resultados de las reuniones de la Junta Directiva y las intenciones de publicación de los miembros deben ser insertadas en la correspondiente página del país en la web externa del FMI y no en la sección "Qué hay de nuevo". Los retrasos de más de 90 días después de la aprobación se manejarán con las "publicaciones de bajo perfil" y ya no aparecerán, por ejemplo, en la sección "Qué hay de nuevo" del sitio web del FMI. Preocupaciones de la sociedad civil --------------------------------------------------- Aunque la Política de Transparencia acaba de ser actualizada, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) afirman que todavía debe ser reformada para ponerla al día con las normas internacionales vigentes. Las OSCs argumentan que la Política de Transparencia del FMI continúa siendo restrictiva y no da suficiente información sobre las reuniones de la Junta Directiva. Ellas piden que el FMI participe e interactúe más con las partes interesadas para con ello permitir un mayor papel de la sociedad civil donde ésta pueda contribuir a las políticas en vez de sólo responder a los debates. Las organizaciones de la sociedad civil también le han pedido al FMI que reduzca su jerga y además provea servicios de traducción de los documentos más allá de los cinco idiomas oficiales de las Naciones Unidas. ================================================================ DERECHOS / derechos humanos 6. El Defensor del Pueblo completa informe sobre el papel de la CFI en Dinant, Honduras Resumen Un informe del Defensor del Pueblo (CAO - Ombudsman) sobre el controvertido papel de la CFI en la compañía de aceite de palma en Dinat, Honduras, está estancado en la directiva del Banco Mundial, al tiempo que los grupos de la sociedad civil piden al Banco que tome medidas contra los abusos de los derechos humanos. ARTÍCULO Un informe de auditoría sobre el proyecto de aceite de palma en Honduras, manejado por la Corporación Dinant y cofinanciado por la Cooperación Financiera Internacional (CFI, el brazo del sector privado del Banco -ver Boletín 85), fue completado a fines de octubre de 2013 por el Defensor del Pueblo (su mecanismo de rendición de cuentas), pero en el momento está estancado en la directiva del Banco. Esta auditoría tuvo lugar debido a los reclamos de que Dinant había participado en el desalojo forzado de campesinos en la región de Bajo Aguan, donde están situadas las plantaciones del aceite de palma de Dinant. A principios de noviembre de 2013, una carta firmada por las 25 organizaciones de la sociedad civil hondureña que forman la Plataforma Agraria, pidieron al presidente del Banco, Jim Yong Kim, que prestara atención al informe del Defensor del Pueblo y que implementara las "medidas necesarias para terminar la financiación de las personas, empresas y proyectos que están violando los derechos humanos". En otra carta al presidente del Banco Mundial en el mismo mes, 27 organizaciones de la sociedad civil afirmaron que el informe de auditoría sobre la Corporación Dinant era una "prueba en marcha para determinar el verdadero compromiso del Banco en el desempeño de sus responsabilidades". La sociedad civil anteriormente había criticado al Banco por no haber seguido las recomendaciones del Defensor del Pueblo (ver la Actualización de diciembre de 2013). Un informe de noviembre de 2013 sobre el aceite de palma por la ONG británica, Programa Bosques de la Gente, declaró: "las comunidades expresan preocupaciones sobre asuntos procesales en la mediación, la falta de estructura, la falta de suficiente acceso a la información y la comunicación entre las partes y el equipo conjunto de mediación, todo lo cual lleva a las comunidades a percibir al Defensor del Pueblo como un ente más pasivo que activo". EL SECTOR PRIVADO/ multinacionales 7. El Ciadi y América Latina: críticas, denuncias y busca de Alternativas Resumen Los Estados de América Latina buscan activamente alternativas al mecanismo de arbitraje entre Estado e inversionista extranjero que establece el CIADI, cuestionando su parcialidad a favor del inversionista. Brasil no ha ratificado la Convención que establece el CIADI, mientras Bolivia, Venezuela y Ecuador la denunciaron. Argentina examina esta posibilidad. La oposición inicial de América Latina al CIADI ----------------------------------------------------------------- El Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (más conocido como "CIADI" por sus siglas en español) es un organismo adscrito al Banco Mundial, creado mediante la Convención de Washington de 1965, que instituye un mecanismo de arbitraje para resolver disputas entre un Estado y un inversionista extranjero. En los años 60 y 70, América Latina fue la única región del mundo que adversó la idea de crear esta instancia. En efecto, el primer borrador de convención CIADI elaborado en 1963 fue aprobado por la Junta de Gobernadores del Banco Mundial en la reunión anual en Tokio en 1964. No obstante, en esa oportunidad, 19 Estados de América Latina, incluyendo a Argentina, Brasil y México, votaron en contra (además de Irak y de Filipinas) en lo que se denomina en la literatura especializada como el "No de Tokio" (Nota 1): Críticas al CIADI: ---------------------------------------- El CIADI ha sido objeto de duras críticas por parte de varios países en desarrollo, de ONG y de líderes de la sociedad civil. De acuerdo con la profesora Fach Gómez de la Universidad de Zaragoza, las principales críticas al CIADI incluyen: • “la falta de una estructura financiera y de gestión para responder al creciente aumento de casos • la vinculación de tipo umbilical del CIADI con el Banco Mundial • la falta de transparencia de los paneles de árbitros • las preocupaciones de algunos Estados de América Latina apuntando a que la hostilidad hacia el CIADI puede limitarles el acceso a créditos del Banco Mundial • la presión de algunos países en vía de desarrollo para librarse de la asesoría jurídica de costosas firmas extranjeras de abogados • la falta de atención adecuada a intereses no comerciales, como la salud y la protección ambiental • la penumbra existente en relación a algunos árbitros que favorecen a los inversionistas, los cuales integran distintos tribunales ad hoc que estudian casos similares y que llegan a conclusiones diferentes • la ausencia de un mecanismo de apelación, y un procedimiento muy limitado para anular un fallo arbitral • una imposibilidad de tomar en consideración situaciones de crisis económicas graves • las debilidades del sistema de cumplimiento voluntario del fallo arbitral, con algunos inversionistas extranjeros que han perdido su confianza debido a la negativa de Argentina de cumplir a cabalidad con los fallos del CIADI” (Nota 2). La falta de participación de la sociedad civil en el mecanismo de arbitraje es un tema que se mantiene irresuelto. No fue sino hasta el año 2007 que, por vez primera, la sociedad civil pudo dar a conocer a los árbitros su parecer bajo la forma de un amicus curiae (Nota 3). La falta de sensibilidad demostrada por parte los integrantes de los tribunales del CIADI en sus decisiones en relación a la defensa de intereses colectivos (derechos humanos, ambiente, derechos de los pueblos indígenas, acceso al agua) también ha sido condenada. La imagen de la Iglesia Católica de El Salvador implorando la “piedad” de los árbitros del CIADI en el caso de la empresa minera canadiense Pacific Rim en el 2010 es aún muy fresca en Centroamérica (Nota 4). En abril del 2013 la empresa Pacific Rim presentó una demanda por 315 millones de US$ contra El Salvador alegando una violación a la ley salvadoreña de inversión debido a la negativa de otorgarle una concesión minera para el proyecto denominado El Dorado (Nota 5). Pierre Mayer, quién ha fungido como árbitro en varias ocasiones y como asesor legal ante el CIADI, es enfático: « el Gobierno es sometido a fuertes presiones para respetar los compromisos adquiridos al suscribir los TBI, ya que tiene la preocupación de atraer inversionistas extranjeros en su territorio » (Note 6). El informe publicado en el 2012 por la ONG europea Transnational Institute titulado “Cuando la injusticia es negocio: Como las firmas de abogados, arbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones” detalla la gran cantidad de firmas norteamericanas y europeas así como de árbitros provenientes de ambas regiones en los procedimientos del CIADI cuyas decisiones tienen “impactos sociales, ambientales y presupuestarios devastadores” para Estados y comunidades (Nota 7). Este informe y muchos otros reportes e artículos críticos están obligando a los decisores políticos a buscar la manera de reorientar el arbitraje de inversiones extranjeras. Dos casos particularmente ilustrativos demuestran la urgente necesidad de ello. En el mes de mayo del 2013, Costa Rica fue demandada ante el CIADI por un grupo de accionistas suizos de una empresa de distribución de gaz, antecedida por otra demanda , en febrero del 2012, de una empresa española a cargo de la revisión técnica vehicular (Nota 8). En años recientes, los árbitros del CIADI han sido incluso invitados por académicos a “reverdecer” (“green” en inglés) sus decisiones (Nota 9). Más recientemente, otros académicos han alertado sobre la imperiosa necesidad de “re-conceptualizar el derecho internacional de las inversiones (“reconceptualising international investment law“) desde la perspectiva del desarrollo sostenible (Nota 10). Estos y muchos otros planteamientos constituyen un verdadero desafío para este peculiar mecanismo ideado en los años 60, durante una era de nacionalizaciones y expropiaciones de empresas involucradas en actividades de explotación de minerales y de hidrocarburos: en aquella época, las consecuencias sociales y ambientales de estas actividades extractivas eran simple y llanamente ignoradas, en ausencia de reglas consolidadas en materia de derechos humanos y de protección ambiental. La Resistencia al ciadi de America Latina: No ratificacion y denuncia --------------------------------------------------------------------- Contrariamente a una idea generalmente difundida, el CIADI no cuenta con un nivel de aceptación general en América Latina y varios Estados se mantienen distantes. Cuba, México y República Dominicana no son parte a la Convención del CIADI. En el caso de México esta actitud fue calificada por parte de un especialista mexicano entre “prudente y rebelde” (Nota 11). Por su parte los siguientes Estados del Caribe anglófono se mantienen fuera del CIADI: Antigua y Barbuda, Belice, Dominica (Commonwealth of) y Surinam. Canadá anunció su adhesión tan solo el pasado 1ero de noviembre del 2013. Una de las economías más fuertes en la región, considerada hoy la 6ª potencia económica mundial, como Brasil, tampoco ha ratificado (ni tan siquiera firmado) la convención que crea el CIADI y tampoco ha ratificado una gran cantidad de TBI que sí ha firmado. Bolivia fue el primer Estado en denunciar la Convención que crea el CIADI en el 2007 (Nota 12). Ecuador lo hizo en el 2010, seguida por Venezuela en el 2012 (Nota 13). Argentina podría sumarse a esta lista próximamente. En enero del 2012, un oficial del Tesoro de Argentina sentenció que se trata de un “tribunal de carniceros” que solo dictamina a favor de empresas transnacionales (Nota 14). No obstante, en octubre del 2013, Argentina consintió a pagar 677 millones de US$ para resolver varios casos (Nota 15). Es de recordar que Argentina en la actualidad concentra más de 40 de los 175 casos pendientes ante el CIADI. Conforme los Estados acumulen una gran cantidad de demandas en su contra, como Argentina, o bien salgan sistemáticamente mal librados de sus contiendas ante los árbitros del CIADI, es posible que esta lista de "denunciantes" se extienda en el futuro mediano a otros países del hemisferio americano. En el caso de países en los cuales el Poder Ejecutivo, de manera poco transparente e inconsulta, firmó contratos leoninos de concesión con empresas trasnacionales (que incluyen cláusulas a todas luces abusivas a favor del concesionario) denunciar el CIADI permitiría minimizar el efecto de posibles demandas futuras y ganarse a la opinión pública. Historia del CIADI El proceso de descolonización que tuvo lugar en los años 50 y 60 dio lugar a tensiones en razón de decisiones que tomaron estos nuevos Estados en materia de nacionalización de empresas extranjeras, o adoptando legislación discriminatoria, o bien suspendiendo permisos de exploración o concesiones mineras o petroleras. Los tribunales nacionales evidenciaron no poder resolver de manera adecuada los reclamos por una compensación justa del inversionista extranjero contra el Estado. La Convención que crea el CIADI prevé que el tribunal arbitral será compuesto por 3 integrantes: uno designado por el inversionista, uno por el Estado, el tercero (su Presidente) siendo designado por el Banco Mundial. También prevé las reglas de procedimiento y demás reglas formales para su funcionamiento. Cuando se aprobó la Convención del CIADI, no existía ningún tratado internacional sobre derechos humanos en vigor. La Declaración Universal sobre Derechos Humanos de 1948 constituía el único referente de carácter general en las Naciones Unidas. Existían solamente algunos tratados vigentes relativos a categorías específicas de víctimas o de crímenes (refugiados, genocidio, crímenes de guerra por ejemplo). Temas como la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la protección del ambiente, o el estatuto del recurso hídrico eran temas totalmente ausentes de las discusiones en la comunidad internacional. El primer caso ante el CIADI fue presentado en 1972 por parte de la empresa Hollidayn Inn S.A. contra Marruecos. El año 1974 registra 4 casos, y luego siguen años sin ningún caso registrado: 1973, 1975,1979, 1980, 1985, 1988, 1990 et 1991 (Nota 16). Esta situación llevó a los académicos Michael Waibel y Yanhui Wu de la Universidad de Bonn a comentar que, “por un momento, parecía que el CIADI estaba destinado a convertirse en una institución durmiente y subutilizada” (Nota 17). El aumento exponencial de cantidad de casos por año desde 1996 (1997: 10 casos por año, contra 38 para el año 2011) se explica gracias al efecto de los numerosos tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones (más conocidos como "TBI") firmados a partir de los años 90, y que representan el 63% de la base del consentimiento a la jurisdicción del CIADI para el conjunto de casos registrados (Nota 18). Este porcentaje se eleva a un 78% para los casos registrados únicamente para el 2011. ¿Alternativas al CIADI ? ---------------------------------- Los países de América Latina estuvieron involucrados en 25 de los primeros 100 casos conocidos por el CIADI. Según datos oficiales del CIADI, al final de agosto del 2013, de 269 casos concluidos, 82 involucraban a Estados latinoamericanos (es decir un 30,5%). Este porcentaje se ha incrementado dramáticamente en los últimos años, ya que de 175 casos pendientes, 74 son contra Estados latinoamericanos (un 43,5%) (Nota 19). La importancia creciente de América Latina en los procedimientos del CIADI y la larga lista de decisiones desfavorables al Estado incriminado explican probablemente las recientes discusiones que se han dado para buscar una instancia regional que pueda resolver las disputas entre Estado e inversionista extranjero fuera del marco instituido por el CIADI (Nota 20). Estas discusiones han tendio lugar en el marco del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), UNASUR (Unión Suramericana de Naciones) y en la reciente creada CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe) establecida como una alternativa la OEA (Organización de Estados Americanos) en 2011. En enero del 2013 en una reunión entre la CELAC y la Unión Europea en Chile, la necesidad de un Nuevo mecanismo fue parte de las discusiones entre los Estados de la UNASUR. Argentina también está estudiando la posibilidad de terminar y denunciar formalmente varios TBI como otra medida para limitar el alcance del CIADI. Venezuela, Ecuador y Bolivia ya recurrieron a hacerlo: Venezuela denunció el TBI con los Países Bajos en el 2008 (Nota 21). El hecho que Brasil, Estado receptor del mayor volumen de inversión extranjera en la región, no haya ratificado la Convención CIADI ni ninguno de los BIT (que si ha firmado) explica, al menos parcialmente, que Argentina se sienta inclinada por esta opción. Las crecientes decisiones del CIADI desfavorables a los Estados de América constituyen sin lugar a dudas un verdadero aliciente para esta región del mundo en busca de una alternativa al CIADI que pueda hacerse realidad. El Ciadi y Costa Rica: la controversia alrededor del caso Santa Elena --------------------------------------------------------------------- El caso de la adhesión de Costa Rica a la Convención CIADI es más que ilustrativo. Costa Rica firmó la Convención en 1981, pero la ratificó tan solo 12 años después, en 1993. Este plazo se debe a la renuencia de Costa Rica a ratificarla mientras no se resolviera el caso de Santa Elena ante sus tribunales nacionales. El caso Santa Elena refiere a una expropiación realizada con motivo de la creación del Parque Nacional Santa Rosa en 1978. Esta decisión dio lugar a un reclamo a Costa Rica por parte de la Compañia de Desarrollos de Santa Elena SA, controlada por ciudadanos norteamericanos, por 6,400.000 US dólares. mientras que el Estado ofrecía un monto de 1,900.000 US dólares, considerando que la propiedad había sido adquirida en 1970 por dicha sociedad a un precio de 395.000 US dólares. Ante la falta de acuerdo, y posterior a la ratificación de Costa Rica en 1993 de la Convención CIADI, la compañía reclamó el 31 de mayo de 1995 a Costa Rica el pago de 41 millones de US dólares, y el CIADI decidió en su laudo del 17 de febrero del 2000 ordenar un pago indemnizatorio de 16 millones de US dólares a Costa Rica. Se lee en un memorandum de la GCAB (Global Committee of Argentina Bondholders) sobre la situación en Argentina que esta decisión de Costa Rica resultó de presiones directas de Estados Unidos en relación al caso Santa Elena (Nota 22): " En los años 90, después de un reclamo por una supuesta expropriación de un inversionista norteamericano, Costa Rica se rehusó a someter la controversia a un arbitraje del CIADI. El inversionista norteamericano invocó la enmienda Helms y se suspendió un préstamo de 175 milliones de US$ del Banco Interamericano de Desarrollo a Costa Rica. Costa Rica consintió someterse al procedimiento del CIADI, y el inversionista norteamericano recuperó 16 millones US$” (Tradución libre del autor) (Nota 23) El caso de Crucitas en Costa Rica ------------------------------------------------- En enero del 2013, el CIADI se pronunció a favor de Venezuela en el caso presentado por una minera canadiense Vanessa Ventures, lo cual viene a plantear serias interrogantes en Costa Rica (Nota 24). La misma empresa ahora ha anunciado que presentará una demanda contra Costa Rica invocando una violación al TBI entre Canadá y Costa Rica debido a una decisión de un tribunal administrativo del 2010 que anuló todos los permisos y las concesiones otorgadas en relación al proyecto minero de Crucitas. La empresa minera reclama 1 billón de US$ a Costa Rica por la pérdida de beneficios así como 92 millones de US$ por la inversión realizada (Nota 25). Es de notar que en su decisión de noviembre del 2010, el tribunal administrativo recomendó a la Fiscalía una investigación contra unos 15 funcionarios de Costa Rica, entre ellos el Presidente de Costa Rica Oscar Arias (2006-2010) y su Ministro del Ambiente, Roberto Dobles (Nota 26). El pasado 21 de noviembre, ONG de Canadá y de Costa Rica solicitaron a Infinito Gold renunciar a esta demanda contra Costa Rica durante la reunión anual de los accionistas de esta empresa minera realizado en Calgary (Nota 27). Nicolas Boeglin es Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR). Trabajó como Oficial de Proyecto en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y es miembro desde el 2007 de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN (WCEL, World Commission on Environmental Law). Traducción del inglés por Nicolas Boeglin. ------------------- NOTAS Nota 1: Véase ICSID, History of the ICSID Convention. Documents Concerning the Origin and the Formulation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, Washington DC, ICSID, vol. II-1, pp.606-608. Véase FACH GOMEZ K., “Latin America and ICSID: David versus Goliath”, p. 2, disponible en: http://aragosaurus.academia.edu/katiafachgomez/Papers/858321/Latin_Am erica_and_ICSID_David_versus_Goliath. Estudios en inglés usan la expression castellana de “No-de-Tokyo” como por ejemplo: VINCENTELLI I.A., “The uncertain future of ICSID in Latin America”, December 2009: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context= ignacio_vincentelli La lista completa de Estados de América Latina que votaron contra incluye a: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Nota 2: Véase FACH GOMEZ K, op.cit, pp. 2-3 Nota 3: Véase el caso Suez/Vivendi contra Argentina. “ICSID tribunal accepts civil society organizations as amici curiae”, 2007, CIEL. Disponible en: http://ciel.org/Trade_Sustainable_Dev/ICSID_AmicusCuriae_24Feb07.html Nota 4: Véase la nota de prensa: “ Arzobispo capitalino pide piedad a tribunal internacional en controversia minera”, Prensa Gráfica, 5 de Agosto del 2010. Disponible en: http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/135392-arzobispo- capitalino-pide-piedad-a-tribunal-internacional-tras-controversia- minera.html. Nota 5: Véase la nota de prensa: “Pacific Rim Mining files US$315m claim against El Salvador”, 2013: http://www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-political- economy?oid=184309&sn=Detail Nota 6: « Le gouvernement est soumis à de fortes pressions pour respecter les engagements qu´il a pris en concluant le TBI, car il a le souci d´attirer les investisseurs étrangers su son territoire ». Véase: MAYER P. “Les arbitrages CIRDI en matiere d´eau”, in SFDI, L´eau en droit international, Paris, Pedone, pp. 163-183, p. 176 Nota 7 : Véase el informe “Legalised profiteering? How corporate lawyers are fuelling an investment arbitration boom”, TNI, 2012: http://www.tni.org/briefing/legalised-profiteering, sitio en el que se puede encontrar una versión en español de dicho informe en: http://www.tni.org/es/briefing/cuando-la-injusticia-es-negocio Nota 8: Véase nora de prensa: “País debería cambiar normas para someterse a arbitrajes internacionales,” Semanario Universidad (Costa Rica). mayo del 2013. Disponible en: http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/pais/9944-pais- deberia-cambiar-normas-para-someterse-a-arbitrajes- internacionales-.html Nota 9: Véase: FACH GOMEZ K, “La protección del medio ambiente y el comercio internacional: ¿hay que “pensar en verde” el arbitraje de inversiones? ”, Paper, 2008, disponible en http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16288/1/KatiaFach.pdf Nota 10: Véase MANN H, “Reconceptualising international investment law: its role in sustainable development”, IISD Publication Center, 2013. Disponible en : http://www.iisd.org/pdf/2013/reconceptualizing_investment_law.pdf Nota 11: Véase GONZALEZ DE COSSIO F., “México ante el arbitraje CIADI:¿prudente o rebelde”, Universidad Autónoma de México (UNAM). Disponible en http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2815/7.pdf Nota 12 : Véase MALIK M., La dénonciation de la Convention de Washington du 18 mars 1965 par la Bolivie et l´Equateur. Investigación, 2010. Disponible en: http://www.lepetitjuriste.fr/Documents/M%C3%A9moire%20D%C3%A9nonciati on%20convention%20Cirdi. Nota 13: Véase nota de prensa de El Universal (Venezuela) 25 de enero del 2012, incluyendo el texto oficial de la denuncia hecha por Venezuela a la Convención del CIADI en : http://www.eluniversal.com/economia/120125/venezuela-comunico-al- banco-mundial-su-retiro-del-ciadi Nota 14: Véase la nota de prensa: “Argentina in the process of quitting from World Bank investment disputes centre”, 2013, disponible en : http://en.mercopress.com/2013/01/31/argentina-in-the-process-of- quitting-from-world-bank-investment-disputes-centre Nota 15: Véase nota de prensa: “Argentina Reaches $677M Investment Dispute Settlement – Government”:, 2014, disponible en : http://online.wsj.com/article/BT-CO-20131018-705467.html Nota 16: Véase Estadísticas oficiales del CIADI: ICSID Caseload- Statistics, Issue 2012-2, p. 7, disponible en : http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType= ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&CaseLoadStatistics=True&language= English31. Nota 17: Véase la cita textual que dice: “for a while it seemed as if ICSID was bound to become a dormant and an underutilised institution” en WAIBLE M & WU Y., “Are arbitrators political?”. Documento, Bonn University, disponible en: http://www.wipol.uni-bonn.de/lehrveranstaltungen-1/lawecon- workshop/archive/dateien/waibelwinter11-12 Nota 18: Véase Estadísticas oficiales del CIADI, ICSID Caseload- Statistics, op.cit,, p. 10. Ver particularmente la figura 1 en el estudio: ELKINS Z, GUZMAN A & SIMMONS B., “Competing for Capital: the diffusion of Bilateral Investment Treaties: 1960-2000”, Documento disponible en: http://escholarship.org/uc/item/1hg4f4dw#page-38 Nota 19: Véase FACH GOMEZ K., “Latin America and ICSID: David versus Goliath”, 2010, p. 1, disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1708325 Nota 20: Véase una reciente nota de prensa (Panorama, Venezuela),10 de enero del 2012: “UNASUR se perfila como sustituto del CIADI”, disponible en : http://www.panorama.com.ve/portal/app/vista/detalle_noticia.php?id= 3115. Ver también FACH GOMEZ K., op. cit., p. 39. Nota 21: FACH GOMEZ K. Op cit, p. 30 Nota 22: Texto de la decisió del 17 de julio del 2000 del CIADI disponible en: http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType= CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC539_En&caseId=C152 Nota 23: La cita textual en inglés dice: “ In the 1990s, following the alleged expropriation of property owned by an American investor, Costa Rica refused to submit to ICSID arbitration. The American investor invoked the Helms Amendment and delayed a US$ 175 million loan from the Inter-American Development Bank to Costa Rica. Costa Rica consented to the ICSID proceeding, and the American investor ultimately recovered US$ 16 million “. Véase GCAB (Global Committee of Argentina Bondholders), Memorandum of February 2005 “GCAB Releases Legal Memorandum Summarizing Recent Argentine Legislation and Bondholder Remedies”. Disponible en: http://www.prnewswire.com/news-releases/gcab-releases-legal- memorandum-summarizing-recent-argentine-legislation-and-bondholder- remedies-54081267.html Nota 24: Véase nuestro artículo: BOEGLIN N., “El oro, el CIADI, Venezuela y Costa Rica”, 2013, disponible en http://www.crhoy.com/opinion-el-oro-el-ciadi-venezuela-y-costa-rica/ Nota 25: Véase la nota de prensa del Tico Times (Costa Rica) “3 years after Costa Rica kicked out gold-mining company, legal battle continues”, 2013, disponible en : http://www.ticotimes.net/More-news/News-Briefs/3-years-after-Costa- Rica-kicked-out-gold-mining-company-legal-battle-continues_Friday- November-22-2013. Nota 26: El texto completo de la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del 24 de noviembre del 2010 está disponible en: http://es.wikisource.org/wiki/Sentencia_del_caso_por_la_mina_Crucitas Nota 27: Véase la nota publicada en Canadá en noviembre pasado: http://www.canadians.org/media/thousands-demand-canadas-infinito- gold-drop-suit-against-costa-rica Nicolas Boeglin es Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR). Trabajó como Oficial de Proyecto en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y es miembro desde el 2007 de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN (WCEL, World Commission on Environmental Law). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ Publicado por el Proyecto Bretton Woods Voces críticas sobre el Banco Mundial y el FMI Puede reproducir los artículos sin pedir permiso. Compártalos por favor con otras/otros colegas interesados en el Banco Mundial y el FMI, y avísenos sobre otros grupos interesados en recibir el Boletín. Esta Actualización está disponible en inglés, en la Web Internet y por correo electrónico. También está disponible en español. El Proyecto Bretton Woods se trasladó hace un tiempo. Ésta es nuestra nueva dirección junto con otros detalles importantes: 33-39 Bowling Green Lane London, EC1R 0BJ United Kingdom +44 (0)20 3122 0610 http://www.brettonwoodsproject.org Suscríbase en: O envíe un correo electrónico a: El Proyecto Bretton Woods tiene sus oficinas con ActionAid. Esta publicación es respaldada por una red de ONGs del Reino Unido, por la Fundación Charles Stewart Mott y por la Fundación de los Hermanos Rockefeller. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + + FIN Traducción del inglés por Maria Eugenia Arzayús. Gracias a Nicolas Boeglin para la traducción del artículo 7. mariu.arzayus@gmail.com