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Proyecto Bretton Woods

El Observador verano 2016

Un examen crítico trimestral de los acontecimientos relacionados con
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Trabajamos con ONGs e investigadores para hacerle seguimiento al
Banco Mundial y al FMI

Ver en linea www.brettonwoodsproject.org/es/observador/

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1.	¿Puede el leopardo FMI cambiar sus manchas?
 	(CONDICIONALIDAD / Análisis)
2.	Cuestionado el nuevo Plan de Acción Forestal del Banco
  	Mundial (MEDIO AMBIENTE / Noticias)
3.	Los mecanismos de rendición de cuentas del Banco Mundial
 	buscan mejorar la protección de los denunciantes
 	(GOBERNANZA / Noticias)
4.	La CFI forzó modelo de inversión para la educación privada lo
 	cual fue criticado por la ONU (SERVICIOS SOCIALES / Noticias)
5.	Lecciones de Kenia: Por qué el Banco Mundial debe aplicar la
 	Política de los Pueblos Indígenas consistentemente
 	(DERECHOS / Comentario)
 	Por Jackson Shaa, miembro del Grupo de Desarrollo de la
 	Comunidad Narasha en Kenia y Annabel Perreras, Proyecto
 	Rendición de Cuentas Internacionales
6.	Renovadas advertencias sobre el "debilitamiento” de las
 	salvaguardias del Banco Mundial (DERECHOS / Noticias)
7.	Asociaciones Público-Privadas: ¿El iceberg de la deuda
 	global? (FINANZAS / Análisis)
 	Análisis invitado de Tim Jones, de la Campaña Jubileo de la
 	Deuda
8.	Los resultados del Banco Mundial: “palomeado de casillas” en
 	el género, y débiles servicios de seguimiento y evaluación
 	(GOBERNANZA / Análisis)
9.	Congresista estadounidense critica las inversiones del Banco
 	Mundial en la privatización del agua
 	(SERVICIOS SOCIALES / Noticias)
10.	Las organizaciones de la sociedad civil piden al Banco
 	Mundial y al Fondo Monetario Internacional que transformen el
 	Marco de Sostenibilidad de la Deuda (FINANZAS / Noticias)
11.	El Banco Mundial está a punto de financiar el criticado mega
 	Gasoducto Corredor del Sur desde Azerbaiyán a Europa
 	(INFRAESTRUCTURA / Análisis)
 	Análisis de invitado de Xavier Sol, Contrapeso (Counter
 	Balance)
12. 	Llamadas al Banco Mundial para que suspenda la financiación a
 	Honduras en medio de las continuas preocupaciones sobre los
 	derechos humanos (DERECHOS / Noticias)

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CONDICIONALIDAD
Análisis

¿Puede el leopardo FMI cambiar sus manchas?

Resumen
Un artículo de la revista interna de FMI provocó una fuerte reacción
en todo el mundo, ya que cuestiona los supuestos de política del FMI
sobre la austeridad, los controles de capital y el "neoliberalismo"
en sí; pero el Fondo dio marcha atrás después de las críticas en los
medios de comunicación.

•	Artículo publicado en la revista interna del Fondo escrito
por sus funcionarios cuestiona el neoliberalismo y se muestra
escéptico de las políticas de austeridad y de la liberalización
financiera.
•	Las organizaciones de la sociedad civil cautelosamente dan la
bienvenida al reconocimiento de los daños que las políticas
neoliberales han causado sobre la igualdad y el desarrollo.
•	Siguiendo las críticas posteriores de los medios de
comunicación, el Fondo advirtió que los cambios en las políticas eran
“una evolución no una revolución".

Un artículo de junio de 2016, titulado provocativamente
Neoliberalismo ¿una Sobreventa? en la revista interna del FMI,
Finanzas y Desarrollo (F&D), parece cuestionar las políticas
macroeconómicas ortodoxas largamente asociadas con el FMI. Aunque los
autores, entre ellos Jonathan Ostry, un director adjunto del
Departamento de Investigación, argumentaron que “había mucho que
celebrar en la agenda neoliberal" destacando los beneficios para los
países en desarrollo, en particular la expansión del comercio
mundial, la inversión extranjera directa y la privatización de
empresas estatales, ellos también reconocieron que en "algunos"
aspectos, el neoliberalismo "no había producido todos los resultados
esperados". Las políticas puestas en duda fueron aquellas que
“eliminan las restricciones a la circulación de capitales" a través
de las fronteras y “la consolidación fiscal, a veces llamada
austeridad". Centrándose en estas dos áreas de la política
"neoliberal", los autores sostienen que (i) aún no se han comprobado
los beneficios de estas políticas en el aumento del crecimiento, (ii)
estas políticas tienen “elevados” costos relacionados con la
desigualdad y (iii) el aumento de la desigualdad, a su vez disminuye
el "nivel y la sostenibilidad del crecimiento económico".

El artículo "causó un revuelo considerable en todo el mundo". En
junio de 2016, según un blog de Max Lawson, de la ONG Oxfam
Internacional, dio la bienvenida a las conclusiones y señala que los
activistas han venido “identificando en forma consistente" que el
neoliberalismo es un "factor principal detrás de la creciente brecha
entre ricos y pobres en todo el mundo”, lo cual ha “abierto la puerta
a la corrupción y captura política de las élites".

Políticas problemáticas del neoliberalismo: la austeridad y la
liberalización de los flujos financieros
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En febrero de 2016, el FMI publicó un documento de política sobre la
reapertura de la discusión de los méritos potenciales de la
utilización de restricciones en el flujo de financiación, o los
controles de capital (ver Observador Primavera 2016). Ello, como
conclusión de un documento del FMI de 2012 “Perspectiva
institucional" donde se reconoció que en algunos casos se justificaba
el uso de los controles (ver Boletín 83). El artículo F&D fue todavía
más lejos, argumentando que los beneficios esperados de la
eliminación de las restricciones de capital no se habían
materializado, mientras que “eran más evidentes los costos en
términos del aumento de la volatilidad económica y la frecuencia de
las crisis". Estos argumentos ya habían sido presentados previamente
por la sociedad civil (ver Boletín 79). La reunión de los ministros
de Finanzas del G-20 celebrada en las reuniones de primavera del FMI
en abril de 2016, alentó al Fondo a volver a examinar sus "políticas
para hacer frente a los flujos de capital", añadiendo específicamente
que “daban la bienvenida a los planes de... trabajar en la gestión de
los flujos de capital".

Los autores del artículo encontraron que la eliminación de los
controles de capital “aumentaba las probabilidades de un accidente
financiero", concluyendo que el uso de los controles de capital debía
ser considerado como "viable” y a veces la "única" herramienta a
utilizar. Observaron, sin embargo, que los países sólo deben utilizar
los controles de capital cuando se enfrentan a "un auge insostenible
del crédito" generado por el préstamo directo desde el exterior.
Kevin Gallagher, de la Universidad de Boston comentó que esto
significa que “en lo relacionado con la cuenta de capital, el FMI ha
comenzado a poner la economía por encima de la ideología, lo cual es
un gran paso en la dirección correcta."

Los autores también examinaron la eficacia de animar a los países a
recortar los gastos para reducir la deuda, lo cual a menudo se
denomina austeridad, a través de políticas como la privatización de
las empresas estatales, la reducción del tamaño del Estado y la
reducción del gasto  público. Aunque estas reformas están encaminadas
a reducir los riesgos de un exceso de deuda pública, los autores
observaron que hay poca "orientación" de la teoría económica para
determinar el nivel "óptimo de la deuda pública". De hecho, los
autores encontraron que "las políticas de austeridad... disminuyen
substancialmente el bienestar... y, por lo tanto, disminuyen la
demanda" y con ello socavan el crecimiento global. Ellos pusieron en
duda la suposición de que abogar por los recortes de gastos durante
una crisis podría estimular el crecimiento económico y ser “una
medida expansiva", dada la evidencia de que estas medidas llevan a
"gotas en lugar de... torrentes en la producción. Los autores
reservan sus críticas a la austeridad sólo para los países
desarrollados.

¿Ningún cambio en el enfoque del FMI hacia los países en desarrollo?
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Los autores de un estudio académico titulado La condicionalidad del
FMI y el espacio del desarrollo político - 1985-2014, resumen sus
hallazgos en un artículo publicado en junio de 2016 en el Washington
Post. Ellos encontraron que desde el año 2008 “las condiciones
estructurales han sido un componente cada vez mayor de los programas
del FMI" y concluyeron que cuando se trata de las condiciones
asociadas a los préstamos del FMI, "existe una contradicción entre lo
que el FMI dice y lo que realmente hace". Esto es particularmente
evidente en la reforma laboral y de pensiones en países como Costa de
Marfil, Honduras y Moldavia, donde el FMI requiere "techos masivos en
los salarios del gobierno." Una carta de junio de 2016 de expertos en
salud en el Reino Unido y Malawi, publicada en la revista científica
The Lancet, condenó la imposición de parte del FMI de un tope
salarial en Malawi. Los expertos le exigieron al FMI que “revertiera
sus edictos sobre el tope salarial del sector público", para que el
gobierno pudiera “financiar los salarios de los médicos recién
egresados y de otros trabajadores de la salud” para así poder cumplir
con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la
salud".

La autocrítica de la ortodoxia política del FMI provocó una fuerte
reacción, incluyendo a finales de mayo, un editorial de parte del
Financial Times que condenó a los autores del artículo del F&D por
caer en "retórica infantil". El editorial admitió que estaba de
acuerdo con sus conclusiones con respecto a "la competencia, el libre
comercio global, la privatización, la inversión extranjera directa y
la solidez de las finanzas públicas", pero, aun así, consideró el
artículo como un "insulto... a nuestra inteligencia", ridiculizando
el uso del término neoliberalismo como una crítica hecha por
"radicales que no piensan y que carecen de la habilidad de la
argumentación empírica".

El profesor Robert Wade, de la Facultad de Economía de Londres,
desafió la conclusión del Financial Times en una carta de junio de
2016. Él respondió diciendo, "debemos celebrar la evidencia de que
miembros del FMI se están haciendo un replanteamiento sobre la mejor
forma de ayudar a los países que están enfrentando terribles
circunstancias", sin embargo, él admitió, "estos análisis o
documentos pueden tener poco efecto en las partes operativas de FMI."
Matthew Martin, del grupo de investigación sin ánimo de lucro,
Finanzas Internacionales del Desarrollo (Development Finance
Internacional), dijo que el FMI "tenía que asegurarse de que este
cambio de política fuera implementado a nivel de los países - sobre
todo porque afecta la lucha contra la desigualdad a través del gasto
social, los impuestos progresivos y el aumento de los derechos
laborales." En una entrevista de junio de 2016, de Finanzas y
Desarrollo del FMI (F&D), con el jefe del Departamento de
Investigación del FMI, Maurice Obstfeld, éste aclaró que el debate
del artículo original sobre la política representaba “una evolución
no una revolución", afirmando, "no hemos cambiado fundamentalmente el
núcleo de nuestro enfoque" y, que el artículo de crítica a las
políticas de austeridad "había sido ampliamente malinterpretado".

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MEDIO AMBIENTE
Noticias

Cuestionado el nuevo Plan de Acción Forestal del Banco Mundial

Resumen
El Banco Mundial ha publicado su Plan de Acción Forestal al tiempo
que las organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación
al respecto, incluyendo la falta de impacto, a la luz de los
resultados de la revisión de las salvaguardias, y los vínculos con el
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques.

•	El Banco Mundial lanza su Plan de Acción Forestal, en
respuesta a la revisión del Grupo de Evaluación Independiente de
2013.
•	Se plantean preocupaciones sobre la falta de impacto a la luz
de los resultados de la revisión de las salvaguardias y del nuevo
estándar de la biodiversidad.
•	Todavía tiene vínculos con el Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques, a pesar de las renovadas preocupaciones de la
sociedad civil.

Después de varios años de retraso y con pocas oportunidades para la
participación pública, el Banco Mundial dio a conocer su nuevo Plan
de Acción Forestal (FAP – Forest Action Plan) en abril de 2016 (ver
Observador Invierno 2016, Otoño 2015). El Plan para cinco años se
basa en la estrategia forestal del Banco de 2002 y, fue propuesto por
el Banco después de una evaluación muy crítica en 2013 por el Grupo
de Evaluación Independiente del Banco (ver Observador Invierno 2014,
Boletín 84). El FAP identifica dos áreas de interés para el Banco: la
gestión sostenible de los bosques y las intervenciones forestales
inteligentes en otras áreas. Estos enfoques son apoyados por tres
temas para fortalecer los resultados relacionados con los bosques: el
cambio climático y la resiliencia; los derechos y la participación y
las instituciones y la gobernabilidad.

En un blog de abril de 2016, Frances Seymour de Desarrollo Global, un
centro de expertos con sede en Estados Unidos, dio la bienvenida al
Plan, pero pidió al Banco que diera una financiación adecuada: “La
asignación de presupuestos periódicos en la implementación del FAP
será una señal de que los bosques son fundamentales para el programa
básico del Banco, en lugar de un añadido opcional." Por otro lado,
Ane Schjolden, de la ONG Fundación de las Selvas Húmedas de Noruega,
cuestionó el impacto del Plan: "Es difícil ver cómo el Plan de Acción
Forestal en realidad va a cambiar la forma como el Banco Mundial se
refiere tanto a los bosques como a la deforestación. Más aun, las
medidas en este Plan están rezagadas en relación con las que otros
países y negocios han tomado para detener la deforestación, por
ejemplo, ver los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Korinna Horta de la ONG alemana Urgewald, comentó que cualquier
posible avance que pudiera resultar del FAP "en gran medida no
tendría mucho sentido" en el contexto del nuevo Marco Ambiental y
Social propuesto por el Banco (ESF - Environmental and Social
Framework), destinado a sustituir las salvaguardias actuales (ver
Observador 2016). En el borrador del marco la política operativa
actual de los bosques es reemplazada por una norma exclusivamente
centrada en la biodiversidad. Esto eliminará una serie de
características, tales como los criterios clave de manejo forestal
sostenible e introduce un lenguaje ambiguo, en torno a cuestiones
como la certificación forestal y la explotación forestal (ver
Observador Invierno 2016). Según Horta, el estándar propuesto de
biodiversidad "permitirá que ciertas actividades se lleven a cabo,
incluso en hábitats naturales críticos, si se cumplen ciertas
condiciones - lo cual sucederá inevitablemente. Sólo una fuerte norma
obligatoria ayudaría a dar protección a los bosques y las personas".

De acuerdo con el Banco, un objetivo clave del FAP es "racionalizar
las intervenciones a través del Grupo del Banco Mundial y los fondos
relacionados con los bosques", tales como el Fondo Cooperativo para
el Carbono de los Bosques (FCPF por su sigla en inglés), un fondo
fiduciario que el Banco Mundial estableció en 2008, el cual apoya los
planes nacionales de los países en desarrollo para la Reducción de
Emisiones de la Deforestación y la Degradación Forestal (REDD+). El
FCPF ha sido criticado muchas veces por las organizaciones de la
sociedad civil por temas tales como la inadecuada consulta con los
pueblos indígenas y por centrarse en facilitar la venta de créditos
de carbono en lugar de abordar las causas de la deforestación (ver
Observador Verano 2014, Observador Invierno 2014).

Un informe de junio de 2016, por la ONG internacional Agencia de
Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency), analizó
el Fondo de Carbono del FCPF, creado para facilitar los pagos de
carbono para la reducción de emisiones a través de los programas
REDD+. El informe encontró "deficiencias significativas en el enfoque
y las reglas del FCPF, así como graves limitaciones en la capacidad
del FCPF para influir en los préstamos usuales el Banco Mundial, o en
las estrategias generales de desarrollo de los países clientes"
añadiendo, "se perdieron las oportunidades para avanzar en la gestión
forestal". El informe también anotó los problemas pendientes en el
enfoque del FCPF hacia REDD+, el cual aumenta "los riesgos de que sus
programas no cumplan con la protección de los bosques, perjudiquen a
los indígenas y a otras personas dependientes de los bosques, además
del peligro de que creen créditos “falsos" que no representen carbono
secuestrado real."

También en junio de 2016, un informe por la coalición de la sociedad
civil, Iniciativa de Derechos y Recursos (Rights and Resources
Initiative) revisó 13 presentaciones nacionales pendientes para el
Fondo de Carbono del Banco y encontró que todas las presentaciones
“se habían quedado cortas en términos de desarrollar planes de acción
concretos que protegieran o aumentaran los derechos de los pueblos
indígenas y de otras comunidades locales". El informe señaló que "la
importancia de los derechos de tenencia seguros para una aplicación
efectiva de REDD+ casi no se menciona."

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GOBERNANZA
Noticias

Los mecanismos de rendición de cuentas del Banco Mundial buscan
mejorar la protección de los denunciantes

Resumen
En respuesta a la creciente preocupación sobre los derechos humanos y
la seguridad de los defensores del medio ambiente, los mecanismos de
rendición de cuentas del Banco Mundial buscan mejorar la protección
de los demandantes ante las represalias y la intimidación.

En marzo de 2016, el Panel de Inspección (PI - mecanismo de rendición
de cuentas del Banco Mundial) dio a conocer sus nuevas directrices
para reducir los riesgos de las represalias y responder a éstas
durante el proceso del Panel. En sus directrices el PI señala que ha
habido "casos donde las personas afectadas se han visto intimidadas
durante el proceso del Panel”, y que "las personas que se presentan
ante el Panel de Inspección a menudo son pobres y / o vulnerables y
carecen de voz o influencia." Las directrices se centran en la
evaluación de riesgos y medidas de mitigación, como la suspensión de
contactos con los denunciantes, y la respuesta del Panel a las
represalias. Un informe de junio de 2015 por la ONG de derechos
humanos Veeduría de Derechos Humanos (Human Rights Watch) documentó
un número de tales casos, incluyendo a Uzbekistán y la India (ver
Observador Verano 2015).

En abril de 2016, tras la publicación de las directrices del Panel de
Inspección, el Defensor del Pueblo (CAO), el mecanismo de rendición
de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), y MIGA,
la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (brazos del sector
privado del Banco Mundial), iniciaron sus propios procesos de
consulta para la protección de los demandantes. Como parte de su
proceso de consulta, el Defensor del Pueblo (CAO) dio a conocer un
borrador del documento para la retroalimentación de los interesados.
El período para la consulta pública fue extendido hasta el 15 de
julio de 2016.

La publicación de ambos documentos tuvo lugar en el contexto de un
espacio más reducido para la sociedad civil a nivel mundial y del
aumento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos
(ver Observador Primavera 2016), una tendencia que ha sido reconocida
por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Escribiendo para el diario británico The Guardian en junio de 2016, a
raíz de los últimos asesinatos de defensores del medio ambiente, tres
reporteros especiales de la ONU sobre los derechos humanos pidieron a
las instituciones financieras internacionales que “explícitamente
dieran su apoyo constante a los proyectos de desarrollo para la
aplicación de salvaguardias de los derechos humanos, incluidos los
derechos de libertad de expresión y asociación".

En junio de 2016, haciéndose eco de las preocupaciones sobre la
seguridad de los defensores de los derechos humanos y ambientales,
más de 130 organizaciones de la sociedad civil internacional,
incluyendo la Organización Khpal Kore de Pakistán y el Proyecto
Sostenible Tarahumara de México, pidieron “a todas las instituciones
financieras internacionales (IFIs) que se aseguraran de que las
actividades que financien respeten los derechos humanos y de que haya
espacios para que la gente participe en el desarrollo de los
proyectos de las IFIs y mecanismos para que puedan pedir la rendición
de cuentas a las IFIs sin poner en riesgo su seguridad y su vida".

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SERVICIOS SOCIALES
Noticias

La CFI forzó modelo de inversión para la educación privada lo cual
fue criticado por la ONU

Resumen
Dos comités y un reportero especial de la ONU han puesto en duda los
fondos de ayuda para el desarrollo destinados a la educación privada,
incluyendo las Academias Puente Internacional apoyadas por la CFI.

•	La ONU critica el uso de la financiación del desarrollo para
las escuelas privadas porque esto aumenta la desigualdad y restringe
el acceso a la educación.
•	La crítica del organismo de los derechos humanos de la ONU al
modelo de ayuda del Reino Unido también se aplica a la inversión de
la CFI en la enseñanza privada.
•	Liberia está externalizando la educación a las Academias
Puente Internacional financiadas por la CFI.

A mediados de junio de 2016, un informe del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, criticó el uso
de la financiación del desarrollo del Reino Unido para "la
privatización de la educación en algunos países en desarrollo", y
afirmó que esto ha socavado "la igualdad de la educación en esos
países porque las escuelas privadas promueven la segregación y
socavan el poder de los gobiernos locales", además de “tener un
efecto negativo sobre el acceso a la educación primaria". La crítica
de la ONU tiene implicaciones para las inversiones realizadas por la
Corporación Financiera Internacional (CFI - brazo del sector privado
del Banco Mundial) y el Departamento de Desarrollo Internacional del
Reino Unido (DFID, por su sigla en inglés), los cuales han invertido
en la muy criticada cadena comercial de las escuelas de bajo costo,
las Academias Puente Internacional (BIA - Bridge International
Academies), una cadena comercial con sede en Estados Unidos. Estas
escuelas venden educación estandarizada a las niñas/niños de Kenia,
Nigeria y Uganda (ver Observador Verano 2015). La CFI ha invertido
US$10 millones en BIA para sus actividades en Kenia y para apoyar su
expansión a otros países de África y en la India.

En abril de 2015, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim,
respaldó el enfoque adoptado por los proveedores de educación
privada, como BIA, provocando considerables críticas de la sociedad
civil (ver Observador Verano 2015). Según el informe sobre la
educación privada y la CFI, que tiene "un portafolio activo de
proyectos de educación por un valor de US$720 millones, en más de 25
países, entre ellos algunos de los más pobres del mundo." El informe
dice que el “compromiso de la CFI en la educación privada es parte de
los esfuerzos del Grupo del Banco Mundial para promover sistemas
educativos eficaces en los países con mercados emergentes". David
Archer de la ONG británica ActionAid comentó el modelo de
financiación de la CFI para la educación privada: "Esta estructura de
financiación permite que el Banco Mundial y el gobierno del Reino
Unido nieguen su participación directa"… “cuando desafiamos al Banco
acerca de su participación en las escuelas privadas de bajo costo,
nos dijeron, 'no somos nosotros, es la CFI´, pero ¿cómo podemos pedir
rendición de cuentas a la CFI de manera significativa? A través de
este mecanismo Jim Kim puede beneficiarse por ambos lados (fingir
estar de acuerdo con la importancia de la educación pública, al
tiempo que financia la educación privada) y eso es algo que
deberíamos cuestionar."

En un informe a principios de junio de 2016, el Comité de la ONU
sobre los Derechos de las Niñas y Niños (CRC - Rights of the Child)
criticó el impacto de las inversiones financieras de desarrollo en la
educación privada, criticando así indirectamente el papel del Banco
Mundial que impulsa este modelo de financiación, expresando también
su preocupación acerca de la financiación del Reino Unido “a las
escuelas privadas e informales de bajo costo administradas por
empresas comerciales en los estados receptores". El informe indicó
que un "rápido aumento en el número de escuelas de este tipo puede
contribuir a una educación de calidad inferior, menos inversión en
las escuelas públicas gratuitas y de calidad y profundizar las
desigualdades... dejando atrás a las niñas y niños cuyos padres no
pueden pagar siquiera las escuelas más económicas". El CRC recomendó
que "la cooperación internacional para el desarrollo debería apoyar a
los países beneficiarios para garantizar el derecho a la enseñanza
primaria gratuita y obligatoria para todos, dando prioridad a la
enseñanza primaria gratuita y de calidad en las escuelas públicas" y
"absteniéndose de la financiación de escuelas privadas con fines de
lucro".

A pesar de todas las preocupaciones presentadas, las Academias Puente
Internacional (BIA) han continuado expandiéndose en África y son el
principal candidato para la asociación de la educación público-
privada (APP) en Liberia. Esta asociación anunció en enero de 2016,
que el programa de las “Alianza de Escuelas para Liberia" pretende
externalizar por completo el sistema de la escuela pre-primaria y
primaria y el diseño del material curricular a las empresas privadas
comerciales, donde BIA será el piloto del programa en 50 escuelas
públicas en 2016, con un costo esperado de US$10 a 13 millones. De
acuerdo con un artículo publicado en marzo de 2016, en Mail &
Guardian Africa, la segunda fase del programa podría tener contratada
a la empresa para la ejecución de un programa de cinco años, estimado
en US$65 millones.

En marzo de 2016, el reportero especial de la ONU sobre el derecho a
la educación, Kishore Singh, dijo que esa propuesta era
"completamente inaceptable" e hizo hincapié en que la "provisión de
la educación pública de buena calidad es una función básica del
Estado. El abandono de esta obligación a una empresa comercial
privada constituye una violación grave del derecho a la educación".
También señaló que "es irónico que Liberia no tenga los recursos para
cumplir con sus obligaciones básicas de proporcionar una educación
primaria gratuita para todos los niños y niñas, pero sí puede
encontrar grandes sumas de dinero para subcontratar una empresa
privada que lo haga en su nombre”. El reportero concluyó diciendo:
“este dinero podría ser mucho mejor invertido mejorando el actual
sistema de educación pública y apoyando las necesidades educativas de
las niñas y niños más pobres y marginados."

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DERECHOS
Comentario

Lecciones de Kenia: Por qué el Banco Mundial debe aplicar la Política
de los Pueblos Indígenas consistentemente
Por Jackson Shaa, miembro del Grupo de Desarrollo de la Comunidad
Narasha en Kenia y Annabel Perreras, Proyecto Rendición de Cuentas
Internacionales

Resumen
El apoyo del Banco Mundial a un programa de electricidad de Kenia fue
criticado por no cumplir con la Política de los Pueblos Indígenas,
con implicaciones para futuros préstamos del Banco y la revisión de
salvaguardias.

En 2010, el Banco Mundial aprobó un préstamo de US$330 millones para
el Programa de Ampliación de la Electricidad de Kenia, con el objeto
de aumentar la capacidad de suministro de energía eléctrica y el
acceso a la electricidad en Kenia. El programa, cofinanciado por el
Banco Europeo de Inversiones (BEI), incluyó la expansión de la
producción geotérmica existente, así como la construcción de la nueva
central eléctrica Olkaria IV, con 140 megavatios. En un comunicado de
enero de 2016, durante la Cumbre Africana de la Energía, el Grupo de
Desarrollo de la Comunidad Narasha expresó su preocupación por que
más de 1.000 personas, en su mayoría indígenas Masai, habían sido
afectadas directamente y unas 2.000 indirectamente por el programa en
el área metropolitana geotérmica de Olkaria.

El proceso de reasentamiento asociado con el componente de generación
de energía geotérmica del programa, ejecutado por la Compañía
Generadora de Electricidad de Kenia (KenGen - Kenya Electricity
Generating Company Ltd), se ha visto plagado de problemas. En 2014 un
grupo de familias afectadas de la comunidad Masai presentó una
denuncia al Panel de Inspección (PI), el mecanismo de rendición de
cuentas del Banco Mundial, la cual incluía la preocupación de que las
personas afectadas solo habían estado de acuerdo, siempre y cuando
recibieran el título colectivo a la tierra antes del reasentamiento,
pero esto no se llevó a cabo. Además, la tierra de la comunidad se
redujo de 4.200 a 1.700 hectáreas en el reasentamiento, y 14 familias
aún no han recibido su vivienda. Por otro lado, a pesar de que
mantener a sus animales no es solo un componente integral de su
economía sino también un importante elemento de la identidad Masai,
la tierra que les fue adjudicada no es adecuada para el pastoreo y no
se les ha ofrecido ninguna alternativa viable para el sitio de
reasentamiento.

En su informe de investigación de julio de 2015, el Panel de
Inspección encontró que a pesar del hecho de que las comunidades
Masai cumplen con los requisitos necesarios para la aplicación de la
Política de Pueblos Indígenas del Banco Mundial, el Banco no aplicó
esta política porque los Masai son pastores. Esta política debe ser
aplicada por el Banco Mundial cuando se trata de pueblos indígenas o
hay un apego colectivo a un área de proyecto del Banco. Una vez
aplicada la política ciertas protecciones deben ser puestas en
marcha, incluyendo el desarrollo de un plan para los pueblos
indígenas, el reconocimiento de la tenencia tradicional de la tierra
y las disposiciones para la distribución de beneficios. La política
también establece que los proyectos no deben llevarse a cabo sin
asegurar primero "un amplio apoyo comunitario" de los pueblos
indígenas.

El Panel concluyó diciendo que el hecho de que el Banco no hubiera
aplicado esta política "era la causa de los defectos resultantes
debido a la falta de protecciones y beneficios para la comunidad y
las personas afectadas por el proyecto." Estos incluyen el hecho de
que no se hayan realizado las consultas con los ancianos Masai y que
no se haya utilizado el idioma Maa. Como resultado, el reasentamiento
fue culturalmente incompatible y no hubo ninguna disposición para que
la comunidad participara de los beneficios pues no hubo un desarrollo
de sus recursos. Más aun, los ingresos y los medios de vida de las
personas reasentadas tampoco fueron restaurados, como lo requiere la
política del Banco en los casos de reasentamiento involuntario. En
respuesta al informe del Panel de Inspección, el Banco Mundial
argumentó que la formulación de la Política de Pueblos Indígenas se
había "centrado más en la identificación de los grupos de cazadores y
recolectores como personas indígenas", en vez de los pastores como
los Masai. Sin embargo, el Banco reconoció que la Política de Pueblos
Indígenas sí se debió haber aplicado en este caso.

¿Dónde está la rendición de cuentas del Banco Mundial?
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En octubre de 2015, el Mecanismo de Reclamaciones del Banco Europeo
de Inversiones (BEI - CM) inició un proceso de mediación entre los
demandantes y la Compañía Generadora de Electricidad de Kenia
(KenGen). El Banco Mundial está participando como cofacilitador del
proceso a través de su servicio de resolución de quejas, con el
objetivo de acordar acciones que no sólo se limiten a las
conclusiones del informe del Panel de Inspección. La justicia de las
demandas de la comunidad Masai, ahora descansa en el resultado del
proceso de la mediación y en la continua supervisión del proyecto por
el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. En octubre de
2016 la directiva del Banco Mundial debe presentar a la Junta
Directiva, un informe sobre los resultados del proceso de mediación,
junto con un plan de acción para la aprobación de la Junta. La
comunidad Masai ahora espera los resultados de los mismos,
especialmente en lo que se refiere a su recurso sobre su derecho de
propiedad de la tierra como lo demuestra un título comunal.

Considerando todo lo sucedido, es muy preocupante ver que, a mediados
de junio de 2016, y sin esperar los resultados de la mediación, el
Banco Mundial aprobó una financiación adicional de US$68 millones
para cubrir los sobrecostos para el proyecto y para financiar un
estudio de factibilidad para una nueva operación geotérmica, la
Olkaria VII. De acuerdo con los documentos del proyecto, el Banco en
esta ocasión tampoco está aplicando la Política de los Pueblos
Indígenas para esta financiación.

Las implicaciones de este caso no sólo son relevantes para Kenia. En
la medida en que el Banco Mundial sigue finalizando su nuevo Marco
Social y Ambiental (FSE - Environmental and Social Framework) ver
Observador Verano 2016, para reemplazar las garantías actuales, es
muy importante que en este nuevo marco existan las más fuertes
salvaguardias para proteger a los pueblos indígenas y las garantías
de reasentamiento que protejan los derechos de comunidades indígenas
como las de los Masai. Dado que el Banco Mundial optó por no tener en
cuenta a los Masai como pueblo indígena, no hubo una consulta
significativa, sus derechos no fueron respetados y no hubo un
consentimiento libre, previo, e informado (CLPI). Por consiguiente,
el Grupo de Desarrollo de la Comunidad Narasha afirma que el CLPI
debe ser parte del nuevo Marco Social y Ambiental (FSE) para que las
comunidades afectadas puedan comprender los impactos de los
proyectos, participar en el direccionamiento de estos impactos y/o,
pueda negarse a dar su consentimiento.

Se debe dar una resolución adecuada a las preocupaciones de la
comunidad, y la Política de los Pueblos Indígenas debe ser aplicada
en este proyecto y en toda la financiación futura. Los Masai estamos
enfrentando la negación de nuestros derechos humanos individuales,
desde nuestro derecho a la representación a nuestro derecho de tomar
decisiones sobre la propiedad de nuestra propia tierra. Al no
reconocer y no respetar nuestros derechos como personas indígenas
Masai estos derechos continuarán siendo violados y nuestras formas de
vida destruidas.

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DERECHOS
Noticias

Renovadas advertencias sobre el "debilitamiento” de las salvaguardias
del Banco Mundial

Resumen
Han surgido más preocupaciones sobre el debilitamiento del marco
propuesto para las nuevas salvaguardas del Banco Mundial, al tiempo
que el Banco es criticado por no haber aplicado la Política de los
Pueblos Indígenas en un proyecto de Tanzania.

•	El nuevo marco de salvaguardias propuesto por el Banco es
criticado por el Panel de Inspección y por senadores de Estados
Unidos.
•	Organizaciones de la sociedad civil piden divulgación
temprana de la versión final.
•	La omisión de la Política de los Pueblos Indígenas en el
proyecto de Tanzania es motivo de preocupación.

La revisión de las salvaguardias del Banco Mundial y la nueva
propuesta de Marco Ambiental y Social (FSE - Environmental and Social
Framework) siguen siendo motivo de preocupación, después de que el
período de consulta pública se cerró en marzo de 2016 (ver Observador
Primavera 2016, Invierno 2016). A mediados de abril de 2016, el
mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, el Panel de
Inspección (PI), reiteró las llamadas “para que no se debilitaran las
salvaguardias", subrayando: “el Panel ha demostrado una y otra vez
que la protección otorgada por las políticas de salvaguardia no sólo
es real, sino también necesaria para evitar o mitigar los daños a las
personas y al medio ambiente". Por otro lado, también destacó que las
causas de muchos casos presentados al Panel se debieron no tanto "a
las disposiciones en sí, sino más bien a su aplicación". El Panel
pidió una mayor claridad sobre cómo va a poder investigar en forma
significativa al Banco en virtud del marco de salvaguardias
propuesto, dada "la naturaleza especial de los riesgos que van a
surgir con un uso más amplio de los marcos de prestatarios que
podrían conducir a mantener el Banco más alejado en la supervisión de
los proyectos", señalando que el Panel "no investiga a los países
clientes."

Por otro lado, a mediados de mayo de 2016, cuatro senadores
estadounidenses enviaron una carta a la Tesorería de Estados Unidos
llamando la atención sobre "varias disposiciones preocupantes" en el
segundo borrador del FSE, el cual incluye "la regresión de la actual
prohibición de la destrucción de hábitats críticos, áreas protegidas
y reservas naturales". Los senadores afirmaron que el
“debilitamiento" de las salvaguardas incluía "la eliminación de los
requisitos de tiempo fijo claro y obligatorio, la vaguedad sobre
cuándo y cuáles salvaguardias serán aplicadas a cada proyecto y, los
requisitos poco claros para los proyectos clasificados en el nivel de
"riesgo sustancial". Por otro lado, mientras que los senadores
acogieron con satisfacción la mención de los derechos humanos en la
declaración de la visión del FSE, también expresaron su preocupación,
ya que "la declaración no es vinculante ni obligatoria, no es
aplicable y es menos que un compromiso en lo concerniente al respeto
de los derechos humanos."

A finales de mayo de 2016, en una carta a dirigida al Banco Mundial,
y firmada por casi 70 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo
Alianza de la Tierra Uganda y Birdlife International, se hizo
hincapié en que en el desarrollo patrocinado por el Banco, "la nueva
política de salvaguardias tendrá enormes consecuencias negativas para
los derechos humanos y la integridad del medio ambiente." Los
firmantes solicitaron que el borrador final del FSE fuera publicado
al mismo tiempo que se presenta a la Junta para su revisión,
declarando: "El Banco Mundial será negligente si conduce este proceso
final en forma cerrada, cuando varias veces durante la revisión se
comprometió a un proceso abierto."

Esta polémica surgió después de que el directorio del Banco Mundial
aprobó en marzo una exención a la Política de las Salvaguardias de
los Pueblos Indígenas (OP 4.10) para un proyecto en Tanzania, a pesar
de que Estados Unidos se abstuvo de la decisión. En su declaración
ante la Junta, Estados Unidos alegó que muchas veces había solicitado
que cualquier exención de la política “debería demostrar cómo el
Banco Mundial y el prestatario proporcionarían a las comunidades
afectadas el mismo nivel de protección" y, añadió que "la
justificación de la exención se limita a unas pocas frases en el
documento de evaluación del proyecto donde se afirma que la
aplicación de la OP 4.10 es incompatible con la constitución de
Tanzania. Estados Unidos considera que este argumento es poco
convincente".

La aprobación de la exención causó preocupación ya que la decisión
representa una inversión de facto de la decisión del Banco de
abandonar la tan controvertida cláusula opt-out de la Política de los
Pueblos Indígenas, que se introdujo en una versión anterior del FSE
(ver Observador Invierno 2015, Otoño 2014). En junio de 2016, Nadia
Daar de la ONG Oxfam Internacional advirtió, en el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación: "Parece ser una
cláusula de salida por la puerta de atrás. Es necesario que haya una
claridad mucho mayor de cuándo puede ser aplicada la política de
exención". Edward Porokwa, un defensor de los derechos humanos en
Tanzania, añadió: "Se siente como que [el Banco Mundial] está dando
el visto bueno a Tanzania para que continué violando los derechos de
la gente".

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FINANZAS
Análisis

Asociaciones Público-Privadas: ¿El iceberg de la deuda global?
Análisis invitado de Tim Jones, de la Campaña Jubileo de la Deuda

Resumen
A pesar de su popularidad, las Asociaciones Público-Privadas (APPs)
tienen un mal historial de entrega de inversión rentable para los
gobiernos y además presentan graves problemas adicionales debido a la
reducción de la transparencia y la rendición de cuentas.

•	La investigación muestra que las APPs son la forma más cara
que tienen los gobiernos para invertir en la infraestructura.
•	Las APPs son más caras porque los costos de endeudamiento del
sector privado son más elevados, y porque los contratistas privados
exigen un beneficio significativo.
•	Los contratos con las APPs a menudo no permiten al público
ver los términos completos, incluyendo los costos y pasivos
contratados.

Según el Banco Mundial, las Asociaciones Público-Privadas (APPs), un
término general utilizado ampliamente para indicar las que incluyen
tanto el sector público como el privado, son ahora responsables de un
15-20 por ciento de la inversión en infraestructura en los países en
desarrollo.

Los contratos con las APPs por lo general son contratos en los cuales
el sector público ofrece garantías al sector privado y, esto a
menudo, significa que el sector privado puede recibir ganancias,
mientras que el riesgo sigue estando con el sector público. Muchas de
estas garantías crean costos reales para el sector público desde el
inicio del contrato, tales como acordar el pago de una cierta
cantidad anual a un hospital. Otros costos serán los pasivos
contingentes, en los que el gobierno garantiza los pagos si los
ingresos no se ajustan a un cierto nivel, por ejemplo, cuando el
gobierno es responsable por los pagos a un productor de electricidad
si los ingresos no han cumplido con la cantidad contratada o si una
deuda es incumplida.

El gobierno del Reino Unido fue uno de los pioneros de una forma de
APP en la cual el sector privado se comprometió a una inversión en
grandes infraestructuras, tales como escuelas y hospitales, y el
gobierno garantizó el pago por su uso durante varias décadas. Estas
formas de APP tienen el mismo impacto financiero que si el gobierno
estuviera prestando directamente, pero las obligaciones de pago no
están incluidas en las cifras de deuda del estado. Esto permite que
los pagos de la deuda estén ocultos de la vista del público.

El costo para un gobierno al utilizar APPs en la inversión suele ser
mayor que si simplemente se hubiera pedido el dinero prestado
directamente. Esto se debe a que el endeudamiento del sector privado
cuesta más, los contratistas privados exigen un beneficio
significativo y, las negociaciones normalmente favorecen al sector
privado, en particular, cuando el gobierno y su capacidad para
desarrollar los contratos con las APPs son débiles, como suele ser el
caso de los países en desarrollo. Un estudio de 2015, llevado a cabo
por el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial encontró
que, de 442 APPs apoyadas por el Banco Mundial, no más del tres por
ciento fue evaluado por su impacto fiscal en el país en cuestión.

Una investigación comisionada por el Parlamento Europeo en 2014,
mostró que las APPs son la forma más cara disponible a los gobiernos
para desarrollar la infraestructura. Según la investigación de
Maximilien Queyranne del Departamento de Finanzas Públicas del FMI,
los riesgos fiscales de las APPs son "potencialmente mayores", ya que
pueden ser utilizadas para "sacar el gasto fuera del control
presupuestario" y "mover la deuda fuera de balance y con ello crear
contingencias y pasivos futuros”.

Este es el caso, incluso en un país de alta capacidad como el Reino
Unido, donde la inversión de capital llevada a cabo entre 1990 y 2013
fue de US$78 mil millones. Sobre la base de las tasas de interés
promedio durante ese período de tiempo, le habría costado al gobierno
del Reino Unido US$140 mil millones tomar prestado US$78 mil
millones, pero en vez de eso se comprometió a pagar US$420 mil
millones durante la vida útil de los contratos APP, o sea, US$280 mil
millones más. Además de los pasivos de deuda ocultos, las APPs en los
países en desarrollo por lo general adolecen de falta de
transparencia. La información de las condiciones impuestas por los
contratos APPs no es publicada y por lo tanto el público no tiene
acceso a su contenido. Los gobiernos, las empresas privadas y las
instituciones multilaterales pueden esconderse detrás de la vaguedad
del término “APP", pretendiendo que una inversión es de alguna manera
más barata porque el sector privado participa y, con ello, ocultar el
costo real para el gobierno. Por otro lado, el actual Marco de
Sostenibilidad de la Deuda del Banco Mundial y el FMI no tiene en
cuenta el costo de las APPs. A veces se prefieren las APPs porque
permiten pasar por encima de las evaluaciones de la deuda, a pesar de
que las APPs son probable más caras. Al mismo tiempo, el público
permanece ignorante de los verdaderos riesgos financieros que
enfrentan los gobiernos.

Sin importar quién hace la inversión, la infraestructura tiene que
ser pagada, bien por medio de cargos a los usuarios o a través de
pagos del gobierno. Las APPs sólo deben ser utilizadas cuando se haya
demostrado públicamente que son la forma más barata y más eficaz de
proporcionar una infraestructura o servicio con la calidad requerida,
de acuerdo con las necesidades básicas de la población y cuando
cumplan con las obligaciones gubernamentales hacia los derechos
humanos. Las APPs nunca deben ser forzadas como parte de condiciones
explícitas o implícitas, por ejemplo, a través de mecanismos de
financiación que requieran que el dinero deba ser utilizado
exclusivamente enganchando APPs. Además, debe existir la misma
transparencia de todos los gastos y pasivos, como se esperaría cuando
un proyecto es financiado con endeudamiento directo del gobierno.

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GOBERNANZA
Análisis

Los resultados del Banco Mundial: “palomeado de casillas” en el
género, y débiles servicios de seguimiento y evaluación

Resumen

Un nuevo informe del Grupo de Evaluación Independiente pone de
relieve las persistentes preocupaciones con los sistemas de
seguimiento y evaluación del Banco Mundial con relación al género por
su “lentitud', y plantea interrogantes sobre la eficacia de la
integración de género en las operaciones del Banco.

•	Informe del Grupo de Evaluación Independiente encuentra que
los sistemas de seguimiento y evaluación del Banco enfrentan
importantes problemas que no pueden ser resueltos rápidamente.
•	Informe revela que el enfoque marca-casillas del Banco para
la integración de género no ha producido una integración
significativa y sustancial.
•	Los documentos del AIF 18 destacan que hacen falta sistemas
eficaces de seguimiento y evaluación. El género es otro de los temas
clave.

En abril de 2016, el Grupo de Evaluación Independiente del Grupo del
Banco Mundial (IEG, por su sigla en inglés) dio a conocer su informe
Resultados y Rendimiento 2015 del Grupo del Banco Mundial (RAP, por
su sigla en inglés), poniendo de relieve las preocupaciones
significativas acerca de la eficacia de la estrategia del Banco con
relación al género y otros aspectos de sus actividades, incluyendo
las persistentes insuficiencias de sus sistemas de seguimiento y
evaluación (M & E – Monitoring and Evaluation). Los hallazgos son de
particular importancia, ya que coinciden con el aumento de los
préstamos del Banco como consecuencia del lento crecimiento mundial
(ver Observador Invierno 2016). Según lo señalado por el Banco
Mundial en abril de 2016, debido a "fuertes vientos económicos, la
demanda de préstamos al Banco Mundial ha aumentado a niveles nunca
vistos fuera de una crisis financiera".

Al tiempo que "la directiva en general está de acuerdo con las
recomendaciones del IEG y de M & E", las razones más citadas por la
directiva de la "débil" ejecución se refieren a los desafíos que
probablemente no pueden ser resueltos fácilmente como los "problemas
de la recolección de datos, la metodología de evaluación de los
impactos del proyecto y de los resultados del desarrollo y, el tiempo
necesario para que los resultados se materialicen”.

Las preocupaciones del informe sobre la incapacidad del Banco para
evaluar con precisión los resultados de sus proyectos y programas
hacen eco de los resultados del informe RAP 2015, del IEG sobre las
operaciones del Banco Mundial, el cual hizo hincapié en la dificultad
de determinar si las actividades del Banco habían producido los
resultados declarados. En este informe se afirma que "en la mayoría
de los casos revisados... los resultados podrían haberse debido a la
intervención apoyada por el Banco, no tener ninguna relación con
ésta, o pudieron haber ocurrido a pesar de la intervención del
Banco."

El lanzamiento del informe RAP 2015 se llevó a cabo en el contexto de
la continua reposición de la ronda 18 de la Asociación Internacional
de Fomento (AIF), el fondo del Banco Mundial para los países más
pobres (ver Observador Invierno 2014). A medida que el Banco busca el
apoyo de los Estados miembros para reponer los recursos de la AIF,
las preguntas acerca de la eficacia de sus sistemas de seguimiento y
evaluación son particularmente pertinentes viendo que los documentos
de la AIF 18 afirman que “desde hace mucho tiempo el enfoque de la
AIF se ha centrado en el seguimiento, la medición y el logro de
resultados y estos son parte integral y sistemática de las
operaciones de la AIF, los cuales se aplican incluso en las
circunstancias más complejas”. Los últimos resultados del informe RAP
sobre la capacidad del Banco para integrar el género de manera
efectiva en sus operaciones, también tiene implicaciones para el
proceso de reposición de la AIF, ya que el género es uno de los temas
de la AIF 18. Los resultados del informe sobre la integración de
género en las operaciones del Banco también siguen el reciente
lanzamiento de la nueva Estrategia de Género del Banco Mundial (ver
Observador Otoño 2015).

Género ¿integración significativa o ejercicio marca-casillas?
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Mientras que el RAP 2015 le atribuyó al Grupo del Banco Mundial un
progreso significativo y constante desde el lanzamiento de su
Estrategia de Género en 2001, teniendo en cuenta el aumento del
número de proyectos “que abordan desde el principio las cuestiones de
género", al mismo tiempo planteó serias preocupaciones sobre la
eficacia de la integración por parte del Banco de los temas
relacionados con el género dentro de sus operaciones y, en línea con
los resultados de su aprendizaje. En los resultados de 2015, también
se cuestionó si el Banco era capaz de "efectivamente documentar los
resultados logrados en relación con las cuestiones de género en los
países clientes."

El RAP 2015 señaló que: "el progreso en la integración de género al
comienzo de los proyectos no fue acompañado de una atención similar a
la calidad y profundidad, tanto en la solidez del enfoque como en la
medición de los resultados" y que "los marcos de resultados en las
estrategias nacionales se centran principalmente en el rendimiento y
no en los resultados; los vínculos son débiles entre el diseño de las
intervenciones y los resultados y, a menudo, los indicadores de
seguimiento para monitorear los resultados son inexistentes". La
conclusión del informe RAP 2015 sobre la integración de las
cuestiones de género hace eco de las preocupaciones planteadas en el
RAP 2014, las cuales encontraron que “debido a la débil cadena de
resultados es muy difícil evaluar si el programa propuesto por el
Grupo del Banco en realidad puede cumplir con los objetivos
propuestos."

El RAP 2015 llegó a la conclusión de que los resultados mixtos
obtenidos en la integración de género se debieron en parte a un
"enfoque mecánico (marca-casillas)" que no produjo "una integración
significativa y sustancial". El informe señaló que problemas
similares habían sido encontrados en su evaluación de la aplicación
de la estrategia de género en 2010, en la que los funcionarios
citaron como obstáculos clave: "el enfoque excesivamente orientado
hacia el proceso que a menudo se traducía en meras afirmaciones no
respaldadas por acciones que no produjeron una integración
sustancial; también se debió a la falta de recursos... y el riesgo de
que el género pueda ser una 'fase pasajera' en la institución".

El informe RAP 2015 también criticó al Banco por su selección de
indicadores, señalando que "casi la mitad de los indicadores de
género en las estrategias de 58 países revisados, donde se medía la
educación o los indicadores de salud reproductiva y materna... los
indicadores, a menudo, sólo median el acceso, o la cobertura, pero
rara vez daban atención a la calidad." El informe también señaló que
en la medición se notaba la ausencia constante de los indicadores de
las "dimensiones de género en el empleo, el espíritu empresarial y en
el desarrollo agrícola y rural", y que "los indicadores de voz y
actuación" prácticamente no existían.

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SERVICIOS SOCIALES
Noticias

Congresista estadounidense critica las inversiones del Banco Mundial
en la privatización del agua

Resumen
Una congresista de Estados Unidos pidió que el Banco Mundial
suspendiera sus inversiones en la privatización del agua hasta que se
pudieran ver los resultados de una evaluación seria de estas
actividades.

En abril de 2016, la congresista estadounidense Gwen Moore, miembro
de alto nivel de un subcomité para la supervisión de las actividades
del Banco Mundial, escribió una carta al presidente del Banco, Jim
Yong Kim, expresando su preocupación sobre "la privatización de los
recursos hídricos en los países en desarrollo". En la carta Moore
expresa dudas sobre si "las políticas actuales de delimitación que
definen las funciones de la inversión y el asesoramiento de la CFI
[Corporación Financiera Internacional, brazo del sector privado del
Banco Mundial] eran adecuadas". Ella criticó el posible conflicto de
intereses entre la promoción del Banco de las políticas de
privatización del agua en las Filipinas y los préstamos de la CFI a
una empresa privada que se benefició de este proceso (ver Boletín
Diciembre 2013). Moore instó al Grupo del Banco a que “suspendiera la
promoción y la financiación de la privatización de los recursos
hídricos, incluyendo las llamadas asociaciones público-privadas (APP)
en el sector del agua, hasta que se hubiera llevado a cabo una seria
evaluación externa sobre el conflicto entre la política y las
prácticas de la CFI, y hasta que hubiera una oportunidad para llevar
a cabo audiencias adicionales del Congreso sobre el tema".

Moore informó que, en respuesta a su carta, la CFI envió una carta y
varios funcionarios del Banco se reunieron con miembros de su equipo.
En comentarios a la agencia de noticias Associated Press un portavoz
de la CFI declaró que el Grupo del Banco Mundial “tomaba muy en serio
los conflictos de interés reales o percibidos" y, sostuvo que el
papel de la CFI en el asesoramiento al negocio de la privatización en
las Filipinas se completó varios años antes de que invirtiera en la
compañía privada de agua.

Al comentar sobre la carta de Moore en el Huffington Post, Shayda
Naficy de la ONG estadounidense, Rendición de Cuentas Corporativas
Internacionales (Corporate Accountability International), dijo: "El
Banco Mundial está preparando la mesa, repartiendo las cartas y
haciendo todas las apuestas, al tiempo que pone las ganancias por
encima de las necesidades humanas. Durante muchos años ha hecho caso
omiso de las preocupaciones de los más afectados en esta búsqueda
ciega, pero ahora que el Congreso está haciendo preguntas, ya no
puede continuar por ese camino con impunidad”.

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FINANZAS
Noticias

Las organizaciones de la sociedad civil piden al Banco Mundial y al
Fondo Monetario Internacional que transformen el Marco de
Sostenibilidad de la Deuda

Resumen
Las organizaciones de la sociedad civil piden al Banco Mundial y al
Fondo Monetario Internacional que se aseguren de las necesidades
básicas de los Estados, en lugar de asegurarse solamente de la
capacidad de pago, lo cual debe ser incorporado en su revisión del
Marco de Sostenibilidad de la Deuda utilizado para evaluar los países
de bajos ingresos.

En junio de 2016, un grupo de 35 ONGs de todo el mundo hizo una
presentación conjunta al Banco Mundial y el FMI sobre su actual
revisión del Marco de Sostenibilidad de la Deuda (DSF - Debt
Sustainability Framework). El DSF establece el proceso de las
Evaluaciones de la Sostenibilidad de la Deuda (DSAs - Debt
Sustainability Assessments) para los países que están autorizados a
pedir prestado en condiciones favorables al Banco o el Fondo. Esto
incluye todos los países de bajos ingresos, así como algunos países
de ingresos medianos.

La presentación de las ONGs, cuyos firmantes incluyen redes
internacionales, como el Foro Africano sobre Deuda y Desarrollo
(AFRODAD), y grupos nacionales como Caritas Honduras, establece 10
recomendaciones para la revisión del DSF. Las ONGs también piden que
las evaluaciones futuras sean llevadas a cabo de forma independiente
y que la sostenibilidad de las deudas sea evaluada teniendo en cuenta
las necesidades básicas de los Estados tal como se establece en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y, no sólo por la capacidad de
pago. Por otro lado, la presentación exigió que en contraste con el
enfoque actual, el cual no hace tal distinción, el DSF apoye la
inversión productiva en los Estados incluso si se incurre en más
deuda a corto plazo, siempre y cuando la inversión factiblemente
“muestre que va a mejorar la situación de la deuda a través de los
ingresos generados por el gobierno, con un impacto positivo en la
reducción de la pobreza y la desigualdad".

Una recomendación adicional de la presentación de las ONGs, es que el
DSF “incluya los pasivos actualmente ocultos", en particular debido a
la prevalencia de las asociaciones público-privadas (APPs), con
frecuencia respaldadas por el Banco y el Fondo, que los gobiernos
pueden utilizar para ocultar la deuda relacionada con los costos APPs
que son más caros que los préstamos directos (ver Observador Verano
2016, Primavera 2016). La presentación pide además que el Marco de
Sostenibilidad de la Deuda (DSF): utilice como el más importante
indicador la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos
del gobierno; incluya la deuda interna al tiempo que mantiene la
distinción con la deuda externa; lleve a cabo más trabajo sobre la
deuda privada externa; revise los enfoques de las pruebas de tensión
existentes; e incluya a todos los países en el DSF porque “las crisis
de la deuda pueden surgir en cualquier país, sin importar su nivel de
ingresos."

Tirivangani Mutazu de AFRODAD comentó, "las Evaluaciones de la
Sostenibilidad de la Deuda deben enfrentar el exceso de endeudamiento
de todos los países que lo merezcan... incluidos los países de
medianos ingresos en África, como Kenia, Nigeria y Sudáfrica. Los
cálculos de sostenibilidad de la deuda deben hacerse dando una seria
consideración a los costos de cumplimiento con los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible. La sostenibilidad de la deuda también debe
basarse en las necesidades de bienestar y desarrollo de un país".

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INFRAESTRUCTURA
Análisis

El Banco Mundial está a punto de financiar el criticado mega
Gasoducto Corredor del Sur desde Azerbaiyán a Europa
Análisis de invitado de Xavier Sol, Contrapeso (Counter Balance)

Resumen
El Banco Mundial anunció su intención de financiar la parte de
Azerbaiyán y Turquía, del Gasoducto Corredor del Sur desde Azerbaiyán
a Europa, a pesar de las preocupaciones por el contexto geopolítico y
la dependencia de los combustibles fósiles.

•	El Banco Mundial está listo para financiar la parte de
Azerbaiyán y Turquía del Gasoducto Corredor del Sur a Europa.
•	Se plantean preocupaciones por los riesgos significativos
debido al contexto geopolítico y la dependencia en los combustibles
fósiles.

Definido como "el mayor proyecto de infraestructura de nuestro
tiempo" por la Comisión Europea y una prioridad para la Unión
Europea, el Gasoducto Corredor del Sur siempre iba a atraer la
atención del Banco Mundial. Como parte de la Estrategia de Asociación
Nacional con Turquía (CPS - Country Partnership Strategy), el Banco
anunció su intención de financiar el proyecto a través de un doble
préstamo a Azerbaiyán y Turquía. Además, en junio de 2016, la oficina
del Banco Mundial en Azerbaiyán anunció posibles garantías de
préstamos para la construcción de la sección del Gasoducto a través
de Anatolia (TANAP) por medio de la Agencia de Garantía de Inversión
Multilateral del Banco (MIGA).

Extrayendo el gas del yacimiento Shaz Deniz II en Azerbaiyán, TANAP
se extenderá por 1.820 km desde Georgia hasta Grecia cruzando a
Turquía. Se espera que TANAP provea 16 mil millones de metros cúbicos
de gas al año a Turquía para el 2018, y posteriormente aumentará la
capacidad con la construcción de la sección occidental del Gasoducto
Corredor del Sur, yendo a Italia a través de Grecia y Albania.

El Gasoducto Corredor del Sur es una prioridad para las instituciones
europeas como parte de su estrategia de la Unión Energética para
asegurar alternativas a las importaciones de gas de Rusia. De acuerdo
con informes de prensa de Reuters, los préstamos del Banco Mundial
(programados para su aprobación en 2017) ascenderían a US$500
millones para Azerbaiyán y US$1 mil millones para Turquía y ayudarían
a cubrir el costo total del proyecto de US$45 mil millones. Otros
donantes incluyen el Banco Europeo de Inversiones. El objetivo
principal de desarrollo propuesto por el Banco Mundial es la mejora
de las exportaciones de gas de Azerbaiyán con hasta tres veces más de
los volúmenes actuales y la mejora de "la seguridad y la diversidad
del abastecimiento energético a Turquía y Europa."

La amplia gama de riesgos y consecuencias asociados con la
construcción de este mega gasoducto ha provocado un acalorado debate.
Preocupadas por el apoyo que un proyecto tan controvertido ha
recibido de las instituciones financieras internacionales públicas,
las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en toda Europa se han
movilizado para evitar su financiación, sensibilizando a los
ciudadanos y tomadores de decisiones acerca de las implicaciones
ambientales y geopolíticas del proyecto. Las OSCs argumentan que el
proyecto contradice los objetivos climáticos con los que el Banco
Mundial y los bancos públicos europeos se comprometieron en París en
diciembre de 2015. Al considerar la financiación del Gasoducto
Corredor del Sur otro mega proyecto de combustibles fósiles, el Banco
Mundial está contradiciendo su compromiso de integrar los riesgos
climáticos y oportunidades en la totalidad de su trabajo de
desarrollo y hace caso omiso de la urgencia de lo acordado de
cambiarse a un modelo diferente de energía basado en las energías
renovables y la eficiencia energética. Esto también significa que el
Banco Mundial está ignorando los llamados de la comunidad científica
de dejar la mayoría de las restantes reservas de combustibles fósiles
en el suelo. Como institución financiera, líder mundial en el
desarrollo y defensor confeso de la sostenibilidad del medio
ambiente, el Banco Mundial debería dar el ejemplo y dejar de apoyar
este tipo de proyectos emblemáticos de combustibles fósiles.

El contexto geopolítico que rodea el Gasoducto al Sur también es muy
preocupante. Ni el régimen autocrático de Ilham Aliyev en Azerbaiyán,
ni el gobierno cada vez más represivo de Recep Tayyip Erdogan en
Turquía son socios ideales para un gran proyecto de este tipo. Ilham
Aliyev, que ha gobernado a Azerbaiyán durante décadas, atrajo la
atención internacional después de una severa represión contra la
disidencia en 2014 que resultó en encarcelamientos en masa de
periodistas, intelectuales, activistas y abogados de derechos
humanos. La situación inaceptable del estado de los derechos humanos
en Azerbaiyán ha sido denunciada en repetidas ocasiones por los
gobiernos y los medios de comunicación de todo el mundo. Esto llevó a
las advertencias oficiales del Parlamento Europeo, la Organización
para la Cooperación y Seguridad en Europa y el Consejo de Europa a lo
largo del otoño de 2015. Todas estas organizaciones abiertamente
desalentaron a Europa de financiar directamente al régimen y, deben
pensar menos aún sobre la perspectiva de sellar un acuerdo de
negocios histórico por valor de miles de millones de dólares.

Por otro lado, este proyecto no traería importantes mejoras en el
desarrollo de Azerbaiyán. Dependiendo en gran medida de las
exportaciones de combustibles fósiles, la economía de Azerbaiyán ha
enfrentado recientemente una profunda crisis debido a la caída de los
precios del petróleo que llevó a la devaluación de la moneda
nacional. En lugar de diversificar las fuentes de ingresos en
Azerbaiyán y de promocionar el desarrollo sostenible, el Gasoducto
Corredor del Sur exacerbaría esta dependencia y consolidaría el poder
de la élite gobernante existente, al tiempo que traería poco o ningún
beneficio para el pueblo de Azerbaiyán.

El Banco Mundial tampoco puede ignorar la situación actual en
Turquía. Al tiempo que Erdogan continúa controlando los medios de
comunicación y reprimiendo la libertad de expresión de los
ciudadanos, el gasoducto cruzaría las regiones kurdas, que en la
actualidad están siendo afectadas por una escalada de la violencia
tras la ruptura de las conversaciones de paz en julio de 2015.

Las organizaciones de la sociedad civil han puesto de relieve estas
preocupaciones y desafiado la financiación pública del Gasoducto
Corredor del Sur. Es preocupante ver que el Banco Mundial corra el
riesgo de arruinar su reputación apoyando un proyecto que va a
contravenir las normas de salvaguardias del mismo Banco, mientras que
destruye el medio ambiente y apoya a regímenes controvertidos. Si el
Banco no quiere asumir esta responsabilidad, tampoco debe ser parte
del acuerdo del Gasoducto Corredor del Sur.

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DERECHOS
Noticias

Llamadas al Banco Mundial para que suspenda la financiación a
Honduras en medio de las continuas preocupaciones sobre los derechos
humanos

Resumen
La sociedad civil respondió a la declaración del presidente del Banco
Mundial, Jim Yong Kim, sobre los derechos humanos y los
desplazamientos y además pidió al Banco que suspendiera la
financiación a Honduras, en medio de las continuas preocupaciones
sobre los derechos humanos.

En su discurso de abril de 2016, abordando la cuestión de los abusos
ambientales y de derechos humanos y los desplazamientos resultantes
de los proyectos de grandes represas, el presidente del Banco
Mundial, Jim Yong Kim, declaró: "no se puede hacer el tipo de trabajo
que estamos tratando de hacer, sin que sucedan algunos de estos
incidentes".

A mediados de mayo de 2016, más de 300 organizaciones de la sociedad
civil (OSCs) e individuos, respondieron con una carta al presidente
del Banco, Kim, rechazando su declaración y pidiendo una disculpa.
Ellos criticaron las declaraciones de Kim con respecto a la situación
en Honduras y el reciente asesinato de Berta Cáceres, una líder de
los derechos indígenas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras (COPINH) (ver Observador Primavera 2016). El
Banco Mundial publicó una “Hoja de datos" para "dejar las cosas
claras" con respecto a la intervención de Kim, sin embargo, cinco de
los firmantes de las OSCs respondieron en una carta pública que la
declaración de Kim era "objeto de diferentes interpretaciones"
señalando que varias otras cuestiones planteadas en la carta original
no habían sido abordadas.

En una carta por separado para Kim a finales de mayo de 2016, los
movimientos sociales hondureños y organizaciones de los pueblos
indígenas, incluyendo a COPINH, argumentaron que sus declaraciones
“justificaban graves violaciones y demostraban una contradicción
fundamental con el mandato del Banco Mundial... no es posible hacer
el trabajo que usted está obligado a hacer cuando ocurren crímenes
como éste". Las organizaciones pidieron al Banco que “suspendiera la
financiación a Honduras", argumentando que "Mientras que el gobierno
de Honduras cada día cometía injusticias... el Banco Mundial
continuaba financiando las inversiones que llevaban a la
militarización del país, la destrucción del medio ambiente, la
marginación, el desplazamiento, la violencia, la pobreza y la muerte
en las comunidades más vulnerables".

En un blog en Campos del Centro de Recursos de Negocios y Derechos
Humanos de mayo de 2016, Natalie Bridgeman y Siddharth Mohansingh
Akali de Accountability Counsel dijeron que “los abusos de derechos
son a menudo una opción entre contravenir las propias políticas de
salvaguardia ambiental y social del Banco o cumplir con los marcos de
rendimiento. Las declaraciones del presidente Kim parecen tolerar
esta falsa elección entre los derechos y el desarrollo".

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Ver en linea www.brettonwoodsproject.org/es/observador/

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