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Bretton Woods Observador de primavera 2017

Un examen crítico trimestral de los acontecimientos relacionados con
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Trabajamos con ONGs e investigadores para hacerle seguimiento al
Banco Mundial y al FMI

Ver en linea www.brettonwoodsproject.org/es/observador/

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1. CFI 3.0: ¿mejoras superficiales, los mismos problemas? (SECTOR
PRIVADO/análisis)
2. Las OSC se niegan a participar en la consulta sobre APP del Banco
Mundial (SECTOR PRIVADO/noticias)
3. El FMI vuelve a Zambia: ¿cómo se afrontará la desigualdad de
género y de ingresos? (DERECHOS/comentario)
Comentatio de Kryticous Nshindano, Civil Society for Poverty
Reduction (CSPR)
4. Preocupaciones por el IDM 18 del Banco Mundial sobre educación
(SERVICIOS SOCIALES/noticias)
5. El congelamiento de préstamos del FMI “empuja a Túnez hasta el
borde” (FINANZAS/noticias)
6. Las inversiones de la CFI en educación inicial: la marginación de
los más pobres (SERVICIOS SOCIALES/análisis) Análisis externo de
Milagros Lechleiter, RESULTS Educational Fund, University Business
School (FINANZAS/análisis)
7. ¿Cómo se reformará el Banco Mundial luego de su desastroso
proyecto de transporte en Uganda? (RENDICIÓN DE CUENTAS/análisis)
Análisis externo de Elana Berger, Bank Information Center
8. La política de préstamos del Banco Mundial socava las metas sobre
clima (MEDIO AMBIENTE/noticias)
9. Las OSC de Perú exigen que el Banco Mundial rinda cuentas
(RENDICIÓN DE CUENTAS/noticias)
10. Las OSC de Indonesia exigen que el Banco Mundial deje de
financiar los fondos para infraestructura (INFRAESTRUCTURA/noticias)
11. ¿Quién paga por el Fondo y el Banco? (GOBERNANZA DE LAS
IFI/antecedentes)
12. Experto de la ONU critica las políticas laborales del FMI y el
Banco Mundial (DERECHOS/noticias)
13. Siga la cobertura de las reuniones de primavera de BWP desde
Washington DC (GOBERNANZA DE LAS IFI/análisis)
14. El FMI y la reestructura de la deuda: ¿es solo charla?
(FINANZAS/análisis)

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SECTOR PRIVADO / análisis
CFI 3.0: ¿mejoras superficiales, los mismos problemas?

Resumen
A medida que la CFI establece una nueva estrategia, los informes del
Defensor del Pueblo (CAO) y de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) generan más críticas por su inversión en intermediarios
financieros, mientras una nueva demanda judicial cuestiona su
inmunidad.

-Director ejecutivo de la CFI establece una nueva estrategia de
creación de mercado
-Informe del Defensor del Pueblo encuentra fallas sistémicas en la
CFI
-Informes de las OSC muestran que la CFI carece de sistemas para
evitar daños e identificar los riesgos de los IF
-Inmunidad de la CFI cuestionada en los tribunales estadounidenses

En febrero Philippe Le Houérou, el director ejecutivo de la
Corporación Financiera Internacional (CFI, el órgano de préstamos al
sector privado del Banco Mundial), fijó la dirección para la “CFI
3.0”; la tercera iteración de la visión de la institución en sus 60
años de historia. Le Houérou dijo que la CFI trabajará “mucho más con
el Banco Mundial” para “involucrarse con el sector público” y ser más
proactiva en la “creación de mercado” en los países en desarrollo.
Agregó que para acelerar la inversión en los países más pobres se
debe “crear más espacio para el sector privado”.

Scott Morris, del grupo de expertos estadounidense Center for Global
Development (CGD), comentó que “los mayores flujos de capital privado
hacia los países en desarrollo y las crecientes restricciones de los
donantes de ayuda tradicionales han aumentado el interés por la
mezcla de recursos públicos y privados”. La CFI ha dado un fuerte
apoyo a esta tendencia mundial, con una porción cada vez mayor de sus
inversiones yendo a los intermediarios financieros (IF). En 2016 la
CFI firmó compromisos con los IF por más de USD 5.000 millones - lo
que elevó sus compromisos totales a USD 20.400 millones - en
comparación con los USD 3.500 millones de 2011. Esto representa el
45% del gasto total de la CFI, en comparación con el 29% de 2011.

Al tiempo que se presiona por más financiamiento privado y creación
de mercado, las preocupaciones pre-existentes sobre la CFI y los
derechos humanos siguen sin resolverse. Las OSC y el mecanismo de
rendición de cuentas de la CFI, el CAO, han identificado
preocupaciones sobre las inversiones de la CFI en IF en el pasado,
siendo la principal crítica que la CFI no es capaz de determinar su
impacto sobre el desarrollo ni garantizar que sus inversiones no
produzcan daño (véanse el Observador de invierno de 2017 y el de
primavera de 2016).

En marzo el CAO lanzó un informe de monitoreo de su auditoría de 2013
de las inversiones de la CFI en IF (véase el Observador de invierno
de 2015 y el Boletín de noviembre de 2014). El informe muestra el
incumplimiento sistémico de la CFI con sus políticas y procedimientos
a lo largo de todas las etapas del proceso de inversión en una
muestra global de inversiones en IF. El informe establece que “en
general, la CFI no tiene base para la evaluación del cumplimiento de
los clientes de los IF con sus exigencias medioambientales y
sociales”. Según el CAO, esto “preocupa especialmente” en los
proyectos con alto riesgo medioambiental y social, “en los que la CFI
no tiene garantías” de que se implementen sus estándares de
desempeño. Al tiempo que se exigen “cambios sistémicos”, el CAO
declaró que mantendrá abierto su proceso de monitoreo y espera llevar
adelante su próximo ejercicio de monitoreo de IF en 2019. La CFI
respondió que “no está de acuerdo con muchas de las observaciones del
informe” y concluyó que el mismo “no ofrece una visión precisa del
desempeño de la CFI en relación con su amplia cartera de IF”.

Las conclusiones del informe del CAO fueron apoyadas por un informe
de la ONG estadounidense Inclusive Development International (IDI),
publicado en marzo, que descubrió que la CFI está canalizando dinero
hacia proyectos perjudiciales y de alto riesgo en el sudeste asiático
a través de IF (véanse el Observador de invierno de 2017 y el de
invierno de 2015). David Pred, de IDI, comentó: “Al observar los
proyectos financiados por los intermediarios de la CFI en el sudeste
asiático no vemos evidencia de que se estén respetando los estándares
de la CFI. Ahí está la mayor parte de la actividad de la CFI y está
fuera de control”. Aunque se exige a los clientes de la CFI que
apliquen los estándares de desempeño en sus inversiones, de acuerdo a
la IDI, hay poca evidencia de que esto esté sucediendo. Christian
Donaldson, de la ONG Oxfam, declaró al sitio de noticias Devex que Le
Houérou podría mostrar su compromiso con la mejora de los resultados
en materia de desarrollo revisando las inversiones de la CFI en IF:
“El nuevo director ejecutivo debe mirar cómo maneja esto la CFI a
nivel interno y comenzar estableciendo exigencias obligatorias para
que el personal implemente los estándares de desempeño”.

Las comunidades afectadas protestan contra la inmunidad de la CFI
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En abril de 2015 la ONG internacional EarthRights International (ERI)
presentó una demanda en los tribunales federales estadounidenses
contra la CFI en nombre de comunidades de pescadores y agricultores
de India, cuya salud y medios de vida fueron afectados de forma
negativa por el proyecto de la planta eléctrica a carbón Tata Mundra,
financiado por la CFI (véase el Observador de primavera de 2016 y el
de verano de 2015). El tribunal de distrito archivó el caso en marzo
de 2016, concluyendo que la CFI goza de “inmunidad absoluta” como
organización internacional y no está sujeta a los tribunales
estadounidenses (véase el Observador de primavera de 2016). Michelle
Harrison, de ERI, comentó que “el estándar de ‘inmunidad absoluta’
adoptado por el tribunal de primera instancia coloca a la CFI por
encima de la ley, dándole una protección de la que los estados
extranjeros no gozan y permitiéndole eludir la rendición de cuentas
por su papel en los impactos dañinos sobre las comunidades afectadas
por los proyectos”. En febrero las comunidades apelaron ante la Corte
de Apelaciones de Estados Unidos. Se espera la decisión para los
próximos meses. A pesar de la decisión inicial del tribunal de
primera instancia, el caso podría sentar un precedente importante
para que las organizaciones internacionales deban enfrenten el
escrutinio legal de sus actividades en el futuro.

ERI presentó otra demanda federal a inicios de marzo en nombre de
granjeros de la región de Bajo Aguán, en Honduras, “acusando a dos
miembros del Grupo Banco Mundial de ayudar y favorecer graves
violaciones a los derechos humanos”. La demanda es por el apoyo
financiero de la CFI y su subsidiaria, la CFI Asset Management
Corporation (CFI-AMC), dieron a Dinant, una operación agro-comercial
hondureña con plantaciones de palma en Bajo Aguán, alegando que está
“en el centro de una sangrienta campaña de apropiación de tierras que
lleva décadas en la región de Bajo Aguán”. Los demandantes son
“algunos de los agricultores... que han sido baleados, asesinados o
aterrorizados por Dinant y por las fuerzas de seguridad que trabajan
en su nombre”. La demanda establece que la CFI y CFI-AMC han
“financiado a sabiendas la campaña de terror y apropiación de Dinant
contra los granjeros hondureños” (véanse el Observador de invierno de
2014 y el Boletín de diciembre de 2013).

El caso de Honduras agrega a la CFI-AMC, como co-acusada, cuyos
demandantes argumentan que no tiene la misma inmunidad que la CFI.
Jessica Evans, de la ONG Human Rights Watch, comentó: “La inmunidad
de la CFI deja a las comunidades perjudicadas por sus inversiones
libradas a los caprichos de la CFI. Esto permite a la CFI violar
impunemente sus propias reglas. Ninguna institución debe tener
inmunidad cuando causa, exacerba o contribuye con abusos a los
derechos humanos”. El resultado de ambas demandas depende del éxito
de desafiar el reclamo de inmunidad de la CFI.

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SECTOR PRIVADO / noticias
Las OSC se niegan a participar en la consulta sobre APP del Banco
Mundial

Resumen
Las OSC se negaron a participar en la consulta sobre APP del Banco
Mundial hasta que se afronten las preocupaciones sobre transparencia
y rendición de cuentas.

-115 organizaciones de la sociedad civil se niegan a participar en
las consultas sobre APP del Banco Mundial.
-Las OSC reclaman transparencia y rendición de cuentas de los
proyectos APP

En febrero 115 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el
mundo, incluyendo el Instituto Popular de Capacitación de Colombia y
la Debt Relief Network de Kenya, enviaron una carta a los directores
ejecutivos del Banco Mundial y su equipo para las asociaciones
público privadas (APP) en la que enfatizan que no participarán en su
consulta sobre las cláusulas de los contratos APP hasta que el Banco
cumpla con una serie de demandas.

Las demandas incluían que el Banco aconseje a los países “considerar
las APP solo si el total de los costos y los pasivos contingentes son
informados en el balance y registrados como deuda del estado” y luego
de un análisis completo y transparente “de los verdaderos costos y
beneficios de las APP a lo largo de todo el proyecto”. La carta pide
que el Banco solo financie proyectos APP si “el país socio decide
registrar los costos y los pasivos en el balance”. La carta también
señala que, tal como subrayó la red de ONG Eurodad en su informe de
2015, “muchos países optan por las APP, en lugar de por la compra
pública tradicional, no para ganar en eficiencia sino porque las
medidas de contabilidad no transparentes les permiten mantener los
costos y los pasivos contingentes ‘fuera del balance’, lo que deja
los verdaderos costos de los proyectos ocultos”. Hace mucho que las
OSC expresaron al Banco Mundial su preocupación sobre los peligros
potenciales de las APP (véanse el Observador de verano de 2016 y el
de otoño de 2015).

El FMI advierte sobre las APP
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En diciembre de 2016 el sub-director del FMI, Tao Zhang, advirtió que
aunque las APP son “muy atractivas” cuando “el espacio fiscal es
limitado”, presentan un riesgo considerable, incluyendo que “pueden
ser costosas y reducir la flexibilidad presupuestaria a largo plazo.
Por ejemplo, los gobiernos deben hacer pagos anuales luego de que se
entrega la infraestructura... y existen otros riesgos si los
gobiernos usan las APP para sacar deuda de sus balances y crear
pasivos futuros”.

En marzo Gerd Schwartz, sub-director del Instituto de Capacitación
del FMI, declaró a la revista de noticias Public Finance
International que “las APP... exigen instituciones públicas de
gobernanza muy fuertes”.  Haciéndose eco de las preocupaciones que
expresa a menudo la sociedad civil, Schwartz enfatizó que impulsar el
desarrollo del sector privado en África significa que “se crea mucho
más pasivo contingente. Y si no se construyen instituciones públicas
para lidiar con eso estaremos en problemas dentro de pocos años”
(véase el Observador de primavera de 2016).  Por eso, “instó a los
países y a los gobiernos donantes a tomar en cuenta los riesgos
inherentes” a las APP.

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DERECHOS / comentario
El FMI vuelve a Zambia: ¿cómo se afrontará la desigualdad de género y
de ingresos?
Comentatio de Kryticous Nshindano, Civil Society for Poverty
Reduction (CSPR), Zambia

Resumen
El gobierno de Zambia se acercó al FMI por asistencia financiera. Sin
embargo, a la sociedad civil del país le preocupa que las reformas
exigidas agraven la desigualdad de género y de ingresos.

-El gobierno de Zambia lucha con el déficit, la deuda y la caída de
los precios del cobre
-El FMI se acercó para desarrollar un paquete de préstamos; se espera
el recorte de gastos y reformas de política fiscal
-La sociedad civil está preocupada por el impacto sobre la
desigualdad de género y de ingresos que agrava la pobreza

Zambia se encuentra nuevamente en una crisis económica y financiera
que obligó al país a pedir ayuda al FMI, tal como lo hizo en 1999,
2004 y 2008 (véanse los Update 16, 39, 41). El país lucha para
reducir un déficit fiscal del 9% del PIB y una creciente deuda
pública del 56% del PIB, en medio de la caída de los precios del
cobre, su principal producto de exportación. Esto se vio acompañado
por una depreciación de la moneda que produjo un pico del costo de
vida, en un país con más del 54% de la población viviendo en la
pobreza.

¿Reducirán las condicionalidades del FMI la desigualdad de género y
de ingresos?
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En su declaración al parlamento, en octubre de 2016, sobre el estado
de la economía y el programa de recuperación económica que apoyará el
FMI, el ministro de economía Felix C. Mutati indicó que el gobierno
de Zambia debe tomar medidas que restauren la salud fiscal y la
estabilidad macroeconómica general para lograr un crecimiento y un
desarrollo inclusivos.  Al señalar los posibles efectos adversos de
las reformas de estabilización del gobierno, Mutati propuso medidas,
tales como el aumento de las asignaciones presupuestarias a los
programas de protección social, para amortiguar a los vulnerables.

En respuesta, el Fondo reiteró en foros públicos y en reuniones con
representantes de la sociedad civil que ahora está ajustando sus
intervenciones o participaciones a una nueva visión para ayudar a que
los países en desarrollo superen las crisis económicas y financieras.
En el centro de esta visión hay un fuerte foco en el imperativo de
las “desigualdades de género y de ingresos”. De acuerdo a un reciente
trabajo del Fondo, abordar las desigualdades de género y de ingresos
es un requisito previo para alcanzar soluciones sostenibles a los
desafíos del desarrollo (véanse el Observador de verano de 2016 y el
de primavera de 2016). Sin embargo, el Fondo reconoció en un artículo
de blog de febrero, que la implementación de sus medidas recomendadas
en situaciones de crisis pueden jugar en contra de esas metas (véase
la página 8).

La sociedad civil de Zambia desafía al FMI y al gobierno
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La sociedad civil de Zambia se pregunta hasta qué punto el paquete
del FMI abordará de manera efectiva y eficiente la desigualdad de
género y de ingresos en el país. Además del reconocimiento aparente
del FMI de que las medidas en situaciones de crisis pueden
contravenir los objetivos de crecimiento inclusivo (véase la página
8), el Fondo debería también reconocer que los grupos más afectados
por las políticas de austeridad son los mismos zambianos que han sido
durante mucho tiempo las mayores víctimas de la desigualdad de género
y de ingresos. Por tanto, deben considerarse las posibles
consecuencias del programa de préstamos, tanto desde una perspectiva
favorable a los pobres como en relación con los objetivos de
crecimiento económico. Más importante quizás, es necesario garantizar
que la búsqueda de la estabilidad macroeconómica no provoque o
empeore la desigualdad de género y de ingresos.

Se creó una coalición de 5 organizaciones de la sociedad civil (OSC)
zambianas, incluyendo la Civil Society for Poverty Reduction (CSPR),
para entablar un diálogo con el gobierno sobre el paquete del FMI
pendiente. La coalición reclama en un documento enviado al gobierno
de Zambia que cualquier programa de préstamos del FMI garantice
intervenciones de protección social bien dirigidas, así como
inversiones en sectores sociales y una ejecución prudente de los
gastos públicos, en particular hacia los sectores que favorecen a los
pobres, como la salud y la educación. Estos siguen siendo los
sectores más apropiados para la equidad de género e ingresos en
Zambia.

El gobierno de Zambia, el Fondo y todos los interesados necesitan
desarrollar el conjunto de instrumentos más apropiados. Esto es, la
combinación de políticas macroeconómicas y de políticas sociales
microeconómicas que garanticen que las medidas de austeridad no
empeoren las desigualdades de género y de ingresos, tal como sucedió
con las intervenciones pasadas del FMI (véase el Update 54), sino que
contribuyan a reducirlas.

Tanto el gobierno de Zambia como el Fondo se han inclinado hacia el
uso de la protección social y, especialmente, las transferencias de
dinero en efectivo focalizadas para amortiguar los impactos de los
recortes de gastos sobre los grupos vulnerables.  Sin embargo, la
reducción de la pobreza no es sólo cuestión de “protección social”.
No es posible enfrentar la naturaleza de la pobreza en Zambia a
través de ese único enfoque, en especial en vista del limitado
alcance de las intervenciones. Por ejemplo, en la actualidad, las
tres intervenciones principales de salvaguardia social del gobierno
(el plan de asistencia del bienestar público, el paquete para la
seguridad alimentaria y la transferencia de dinero social en
efectivo) cubren solo al 11% de los ciudadanos que viven la pobreza
absoluta, elegibles para obtener protección, que alcanzan el 40,8%.

El gobierno de Zambia debe priorizar de manera inmediata la
negociación de un enfoque más significativo para abordar la pobreza
en el acuerdo con el Fondo.  Objetivos como la reducción de la
desigualdad de género y de ingresos y la promoción de la
redistribución de la riqueza mediante mecanismos de ingresos y de
gasto social efectivos (tales como la tributación, la protección
social, los servicios públicos, el empoderamiento de los ciudadanos,
las reformas de la tierra y los programas deliberados de
empoderamiento económico) para los segmentos vulnerables de la
población, serán una búsqueda crítica durante el período de reformas.
A la sociedad civil le preocupa que cualquier desviación del enfoque
propuesto para las reformas empeorará inevitablemente la desigualdad
de género y de ingresos, contradiciendo la declaración del Fondo de
adoptar una nueva visión sobre los temas sociales.

Kryticous Nshindano, Civil Society for Poverty Reduction, Zambia
kryticous.nshindano@csprzambia.org
csprzambia

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SERVICIOS SOCIALES / noticias
Preocupaciones por el IDM 18 del Banco Mundial sobre educación

Resumen
Las OSC muestran preocupación por el contenido y el proceso de
consulta del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018 del Banco
Mundial sobre educación.

-El Banco Mundial publica una nota conceptual sobre el IDM 2018 sobre
educación
-Las OSC están preocupadas por el contenido y el proceso de consulta

En enero el Banco Mundial emitió una nota conceptual del Informe
sobre el Desarrollo Mundial (IDM) 2018, el primero que estará
enfocado en la educación. De acuerdo a la nota conceptual, el informe
apuntará a “ofrecer pautas sobre cómo ampliar el rango y la calidad
de la educación en el mundo” y se centrará “en los resultados y las
capacidades del aprendizaje para la vida y el trabajo, y ofrecerá
orientación sobre cómo pueden reformarse los sistemas educativos para
conseguirlos”. El informe abordará cuatro áreas: (i) la promesa de la
educación, enfocándose en “mejores políticas y servicios - tanto
dentro como fuera del sistema educativo”; (ii) la crisis de
aprendizaje, “promoviendo el aprendizaje y la capacitación
universales”; (iii) las intervenciones efectivas para el desarrollo
del aprendizaje; (iv) el aprendizaje a escala, con “una atención
cuidadosa a los desafíos técnicos, políticos y sociales de ajustar un
sistema educativo a la provisión de un aprendizaje y una capacitación
relevantes”. Se espera que el IDM 2018 se lance a fines de 2017, más
probablemente luego de las reuniones anuales del Banco y del Fondo en
octubre.

Aunque las ONG internacionales ActionAid y el Right to Education
Project expresaron su apoyo al Banco Mundial, argumentando que la
educación es clave para el desarrollo y el logro de todos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), David Archer, de ActionAid,
manifestó su preocupación por el marco inicial del informe:  “parece
que el informe tendrá un enfoque preferente limitado que se centra en
los resultados del aprendizaje, excluyendo otros asuntos, tales como
el desafío continuo del acceso y la equidad”. Además declaró que “el
esquema del informe no responde a la necesidad de aumentar el
financiamiento nacional e internacional”. Anjela Taneja, de la Global
Campaign for Education, comentó: “en esta nota conceptual, el Banco
rompe con el bien negociado consenso establecido como parte del
proceso de negociación de los ODS en términos de lo que realmente
importa en educación, volviendo a centrarse en la estrechamente
definida crisis de aprendizaje”. En marzo el Banco Mundial llevará
adelante un foro virtual de consulta de tres semanas para el informe
y el equipo del IDM aceptará los aportes vía correo electrónico a la
dirección: world_dev_report@worldbank.org  Sin embargo, según Taneja,
las OSC están preocupadas por la efectividad del proceso de consulta,
debido a que “no está claro qué se tomará en cuenta ya que los
resultados de las consultas no se documentan en ningún sitio de
dominio público, lo que significa que no sabemos realmente qué cosas
tomará el Banco de las discusiones”. A las OSC también les preocupa
que el informe se basará en una escasa evidencia, así como la falta
de transparencia sobre el proceso de consulta.

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FINANZAS / noticias
El congelamiento de préstamos del FMI “empuja a Túnez hasta el borde”

Resumen
El FMI congela el segundo pago del préstamo de USD 2.800 millones a
Túnez exigiendo un programa acelerado de reformas pese a las
advertencias de que esto empujará a Túnez “hasta el borde”.

-El FMI congela el segundo tramo del préstamo de USD 2.800 millones a
Túnez
-La CSI acusa al Fondo de poner en riesgo el avance democrático en
Túnez

En febrero se supo que el FMI había congelado el pago de su programa
de préstamos Servicio Ampliado del FMI de cuatro años por USD 2.800
millones a Túnez, que fue aprobado en junio de 2016. El pago
congelado de USD 350 millones era el segundo tramo del programa. La
ministra de economía de Túnez, Lamia Zribi, confirmó a fines de
febrero a la agencia de noticias Reuters que “el FMI pospuso el
pago... debido a la falta de avances en las reformas, incluyendo las
de la masa salarial del sector público y las finanzas públicas”.

El FMI anunció el préstamo en junio diciendo que buscaba apoyar “la
visión económica de un crecimiento más inclusivo del gobierno” de
Túnez. En una declaración de fines de febrero, luego de una visita
oficial a Túnez, el experto independiente de la ONU sobre deuda
externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, señaló que “el
crecimiento social inclusivo estaba ausente en las políticas de
reforma económica que apoyaban las instituciones financieras
internacionales (IFI)” (véase la página 8). Bohoslavsky abogó por que
las IFI y el gobierno de Túnez “transformen los derechos económicos y
sociales en una prioridad”. De acuerdo al sitio de noticias
Africanews.com, la asesora económica del primer ministro, Ridha
Saidi, confirmó en marzo que el FMI estaba especialmente preocupado
por la falta de reformas en los salarios y la edad para jubilarse.
Según Saidi, Túnez está proponiendo recortar hasta 20.000 empleos en
el sector público, vender participaciones en los bancos comerciales y
aumentar el nivel de los impuestos para relanzar el préstamo en
abril.

Sharan Burrow, de la Confederación Sindical Internacional (CSI),
declaró a inicios de marzo que el congelamiento “está empujando a
Túnez hasta el borde”. Burrow agregó que el FMI se arriesgó a hacer
descarrilar la democracia pos-revolucionaria de Túnez y añadió que
“este tipo de decretos ideológicos del FMI empujarán a miles a la
pobreza y destruirán los avances que se hicieron”. Jihen Chandoul, de
la ONG Observatoire Tunisien de l'Economie (OTE), declaró que “se
trata de un chantaje del FMI, empujando al gobierno a privatizar los
bancos y las empresas públicas y a implementar reformas que
profundizarán las desigualdades. Estas reformas están en conflicto
absoluto con los objetivos de la revolución. Los acuerdos del FMI y
todos los paquetes de reformas vinculados a ellos deben someterse a
un proceso democrático de votación en el parlamento tunecino. El
gobierno debería resistir la presión del FMI y comenzar las
negociaciones para salir del préstamo del FMI.

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SERVICIOS SOCIALES / análisis
Las inversiones de la CFI en educación inicial: la marginación de los
más pobres
Análisis externo de Milagros Lechleiter, RESULTS Educational Fund

Resumen
A medida que crecen las inversiones de la CFI en educación comercial
con fines de lucro, la OSC RESULTS muestra que esto margina a los
pobres y pide que, en su lugar, la CFI mejore la educación pública
gratuita.

-El FMI aumenta las inversiones en educación comercial, matriculada y
con fines de lucro
-Un informe de las OSC muestra que las inversiones marginan a los
pobres
-Piden a la CFI mejorar la educación pública gratuita mediante
inversiones en servicios privados

Pese al compromiso del Banco Mundial de promover la educación
primaria gratuita, entre 2011 y 2015 la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial para el sector
privado, aprobó USD 162 millones en inversiones para la extensión de
escuelas primarias y secundarias matriculadas y con fines de lucro en
todo el mundo. La CFI afirmó que la inversión en educación
matriculada privada es un mecanismo para aliviar la pobreza y su
documento estratégico 2014-2016 declara que la inversión en educación
privada complementa los sistemas de educación pública. Sin embargo,
evidencia reciente de ONG como la Global Campaign for Education
demuestran lo contrario: las escuelas privadas matriculadas, con
fines de lucro, exacerban el acceso discriminatorio a la educación y
socavan las metas del Banco Mundial de reducir la pobreza extrema e
incrementar la prosperidad compartida.

Un informe de marzo de la ONG estadounidense RESULTS Educational Fund
investigó si las inversiones de la CFI en educación inicial captan,
alcanzan y benefician a los pobres. Su metodología consistió en una
revisión de todas las inversiones de la CFI en educación inicial,
primaria y secundaria (K-12) desde 1996 hasta 2015, e incluyó visitas
de campo a los proyectos aprobados por la CFI en Kenya, Sudáfrica y
Uganda. La investigación descubrió que, entre 2011 y 2015, el 53% de
las inversiones de la CFI en educación fueron en K-12 y favorecieron
a cadenas de escuelas privadas comerciales y matriculadas que
captaron grupos de bajo ingreso. Las inversiones de la CFI en cadenas
de escuelas se cuadruplicó desde 2011. La mayor captación de grupos
de bajo ingreso va en línea con el creciente enfoque de la CFI, desde
2001, en inversiones que alcancen la base de la pirámide.  Sin
embargo, pese a captar a los pobres, las escuelas financiadas por la
CFI analizadas luchan por alcanzarlos y beneficiarlos.

La investigación descubrió que las escuelas financiadas por la CFI
analizadas se encontraban muy cerca de otras escuelas públicas o
privadas, lo que sugiere que su ubicación obedecía a su viabilidad
comercial y no a las necesidades de las comunidades marginadas, que
tienden a vivir en áreas más alejadas. La mayoría de los niños de las
escuelas comerciales financiadas por la CFI no estaban antes fuera de
la escuela y solo entre el 3% y el 6% de los niños recibieron becas
parciales o totales. Aunque las matrículas, tanto en las escuelas
públicas como en las privadas, eran la mayor barrera para que los
pobres accedieran y se mantuvieran en la educación inicial, las
escuelas privadas comerciales visitadas niegan al acceso a los niños
que no pagan la matrícula, con padres que a menudo dejan de comer o
recurren a préstamos para hacerlo. Un vocero de una ONG local de uno
de los países visitados comentó que es “una preocupación que
incorpora un problema de derechos humanos porque se está comerciando
y sacando beneficio de los pobres”. Por el contrario, las matriculas
que cobran las escuelas públicas no las fija el gobierno sino el
consejo escolar para compensar el insuficiente financiamiento
estatal. En las escuelas públicas estudiadas los niños no son
rechazados por no pagar la matrícula. Un funcionario de gobierno de
un país visitado comentó: “La creciente comercialización de la
educación está obstaculizando el acceso”.

RESULTS descubrió que no todas las escuelas privadas matriculadas con
fines de lucro son iguales en ese sentido. Un investigador local de
uno de los países visitados comentó que las escuelas comunitarias o
religiosas tienen un “costo muy bajo”, señalando que “por eso es que
vemos a los más pobres yendo a ellas. Pero las que son puramente
comerciales tienen costos mucho más altos. Veremos a los menos
pobres... concurriendo a ellas”. Las escuelas que se inclinan hacia
el extremo comercial - la mayoría de las financiadas por la CFI -
buscan obtener ingresos a gran escala para asegurar la sostenibilidad
financiera. Algunas de esas escuelas mantienen sus costos bajos
eludiendo las regulaciones y empleando maestros no calificados. Esta
evasión de las pautas nacionales ha producido demandas judiciales
contra centros educativos comerciales de matrícula baja financiados
por la CFI y cierres de escuelas tanto en Kenya como en Uganda
(véanse el Observador de otoño de 2016 y el de verano de 2016).

Cómo llegar a los pobres a través del financiamiento de la educación
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Si la CFI apunta a apoyar a los niños más marginados mediante
iniciativas privadas, sus inversiones en K-12 deberían centrarse en
financiar servicios educativos que mejoren la educación pública
gratuita y complementen los sistemas nacionales, en lugar de hacerlo
en la provisión directa de educación privada. La investigación de
RESULTS descubrió que los servicios complementarios, tales como la
producción de materiales educativos, la construcción de instalaciones
escolares y el transporte de estudiantes, entre otros, tienen un
impacto significativo en mejorar el acceso y la calidad de la
educación que reciben los niños más pobres. Un funcionario de
gobierno de uno de los países visitados comentó que “La mayor
anomalía es que [las escuelas privadas matriculadas] cobran
matrículas mientras el gobierno quiere una educación gratuita...
¿dónde está lo complementario?”. Para garantizar mejor que los pobres
se vean beneficiados por las inversiones de la CFI en educación, la
CFI debería continuar invirtiendo en países en los que la Asociación
Internacional de Fomento (AIF), el brazo del Banco Mundial para los
países de ingreso bajo, esté financiando la educación pública. La
presencia de ambos, la CFI y la AIF, ayudará a garantizar la
complementariedad entre los sistemas de educación público y privado.

Milagros Lechleiter, RESULTS Educational Fund
mlechleiter@results.org

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RENDICIÓN DE CUENTAS análisis
¿Cómo se reformará el Banco Mundial luego de su desastroso proyecto
de transporte en Uganda?
Análisis externo de Elana Berger, Bank Information Center

Resumen
El Banco Mundial cerró un proyecto vial en Uganda luego de que se
revelaran graves problemas, sin embargo, la sociedad civil continúa
preocupada porque la respuesta del Banco no producirá cambios
significativos.

-El Banco cancela el proyecto vial de Uganda luego de que se
revelaran graves problemas
-Las OSC critican la falta de respuesta del Banco
-No se aprenderán las lecciones

A fines de 2015 el Banco Mundial anunció que estaba cancelando el
Proyecto de Desarrollo del Sector del Transporte de Uganda (UTSDP,
por su sigla en inglés), señalando que “una revisión inicial del
proyecto financiado por el Banco Mundial encontró deficiencias en la
supervisión del Banco y falta de seguimiento luego de que se
identificaran problemas serios... La gerencia reconoce que la
supervisión ha sido insuficiente”. La cancelación vino tras una
investigación preliminar en torno a las preocupaciones de la
comunidad sobre la explotación sexual de niñas por parte de los
trabajadores de la construcción del proyecto.

El Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 190 millones al gobierno
de Uganda para el UTSDP en 2009; en 2011 se aprobó un adicional de
USD 75 millones. El proyecto apuntaba a impulsar la actividad
económica a través de un mejor acceso a los mercados, los servicios
sociales y de salud y el empleo mejorando 66,2 kilómetros de caminos
de grava. Aunque el proyecto tuvo algunos efectos positivos, estuvo
plagado de problemas, tales como ataques sexuales de los trabajadores
del proyecto a niñas de escuela, embarazos no deseados y una cantidad
creciente de mujeres contagiadas de VIH/Sida.

Los afectados se dirigieron primero a las oficinas nacionales del
Banco en Uganda en diciembre de 2014. La gerencia del Banco desestimó
los reclamos y sugirió que la sociedad civil solo hacía estos
reclamos para influir en el proceso de revisión de las salvaguardias.
Los intentos del Banco por ‘investigar’ consistieron en grandes
reuniones comunitarias en las que preguntaba públicamente a los
asistentes: “¿alguien aquí ha sido violado?”. Al no haber respuestas
afirmativas, el Banco negó que los ataques sexuales estuvieran
ocurriendo.

Nueve meses más tarde que la comunidad presentara reclamos a la
oficina nacional del Banco Mundial, los problemas más graves
siguieron sin ser abordados, lo que derivó en un reclamo, en
septiembre de 2015, ante el Panel de Inspección (el mecanismo de
rendición de cuentas del Banco Mundial, IPN, por su sigla en inglés),
para que llevara adelante una investigación. En un mes el Banco
suspendió el financiamiento del proyecto y, finalmente, lo canceló en
diciembre de 2015, declarando que “la múltiples fallas que hemos
encontrado en este proyecto... son inaceptables”. La cancelación
provocó la decepción de la comunidad, ya que la retirada del Banco
podría dificultar la resolución de las demandas debido a que el
gobierno de Uganda continuó con el proyecto usando sus propios
fondos.

Después de la cancelación, el Banco instituyó medidas de compensación
para enfrentar los problemas creados por la UTSDP, incluyendo el
apoyo a las niñas afectadas y a sus familias. Sin embargo, este apoyo
fue esporádico, sin un método amplio o sistemático para aplicar y
supervisar el apoyo del Banco. En agosto de 2016 el Banco suspendió
cualquier nuevo préstamo al gobierno de Uganda debido a “los notables
problemas de desempeño, incluyendo los retrasos en la eficiencia del
proyecto, la debilidad en la aplicación y la supervisión de las
salvaguardias y el bajo desembolso”.

El IPN llevó adelante una investigación completa del proyecto y
publicó un informe en agosto de 2016 que confirmaba los alegatos de
la comunidad. El fracaso de la gerencia para manejar las demandas
también fue considerado una violación a la política del Banco. El
informe castigó al Banco por sus fallas iniciales en la respuesta y
señaló sombríamente que: “el cambio social desencadenado por el
proyecto es un recordatorio de que la construcción de un camino nunca
se trata sólo de adquisición de tierras, compensación monetaria y
construcción. Se trata también de enfrentar cambios estructurales y
sociales difíciles”.

En respuesta al informe del IPN, el Banco creó un Plan de Acción,
aprobado en noviembre de 2016, que detalla los pasos para remediar
las violaciones de las políticas. Una de las medidas instituidas
inmediatamente fue la creación de un grupo de acción sobre violencia
de género que tiene el potencial para producir un cambio
significativo. Sin embargo, todavía no hay suficiente certeza de si
existirán mecanismos de supervisión suficientes para garantizar la
implementación y el mantenimiento de las recomendaciones del grupo de
acción. Además, el Banco produjo un documento de lecciones aprendidas
que detalla en profundidad las fallas institucionales que ocasionaron
un daño irreparable a los miembros de la comunidad de Uganda, al
tiempo que incluye planes sobre cómo evitar este tipo de fallas en el
futuro. Estos son pasos muy importantes, pero resta ver si la promesa
del Banco de llevar adelante “cambios institucionales sistémicos
sobre cómo responder a las violaciones de las políticas de
salvaguardias”, como resultado de este caso, se implementarán de
manera efectiva.

Elana Berger, Bank Information Center
eberger@bankinformationcenter.org

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MEDIO AMBIENTE / noticias
La política de préstamos del Banco Mundial socava las metas sobre
clima

Resumen
El informe de una OSC demostró que la política de préstamos para el
desarrollo del Banco Mundial está apoyando incentivos a los
combustibles fósiles en Egipto, Indonesia, Mozambique y Perú.

-Un informe muestra que la política de préstamos del Banco incentiva
las inversiones en combustibles fósiles
-Se pide más apoyo para las energías renovables

Un informe de fines de enero de la ONG estadounidense Bank
Information Center (BIC), junto a socios en Egipto, Indonesia,
Mozambique y Perú, mostró que el Banco Mundial está socavando sus
compromisos sobre el clima al apoyar incentivos para la inversión en
proyectos de carbón, gas y petróleo a través de su mecanismo de
Financiamiento de Apoyo para Políticas de Desarrollo (FPD). El FPD
representa cerca de un tercio del financiamiento total del Banco y
ofrece recursos para programas de políticas y reformas
institucionales acordadas por el Banco y el gobierno receptor (véase
el Update 82). El informe argumenta que el financiamiento del Banco a
través del FPD contradice la meta internacionalmente acordada de
limitar el crecimiento promedio de la temperatura mundial a 2ºC.

El informe del BIC observó las medidas del FPD en Egipto, Indonesia,
Mozambique y Perú. Descubrió que el programa introduce subsidios al
carbón en todos los países, excepto Perú. Por ejemplo, el informe
observa que los subsidios apoyados por el Banco para la
infraestructura en carbón ayudó a Indonesia a transformarse en uno de
los mayores exportadores de carbón del mundo. También muestra algún
apoyo del FPD a la energía renovable pero afirma que el Banco podría
hacer más. Por ejemplo, mientras que el FPD de Perú ofrece subsidios
a las Asociaciones Público Privadas para el desarrollo de
infraestructura en petróleo y gas, no incluye planes para proyectos
de energía solar o eólica.

La respuesta al informe del Banco Mundial de fines de febrero, lo
señaló como “objetivamente incorrecto” con relación a la cartera de
energía del Banco y argumentó que “hace una descripción limitada y
distorsionada” al observar solamente el PFD “sin el contexto del
programa completo”. El BIC hizo otras aclaraciones sobre los hechos
contrarrestados por el Banco en un documento de marzo, señalando que
el informe “fue producto de una extensa investigación y contrastado
con la realidad con varias fuentes, incluyendo personal del Banco
Mundial”.  Además, aunque el BIC reconoció que el informe solo
analiza el PFD y “no pretende representar todas las actividades de
apoyo a las iniciativas sobre clima del Banco Mundial”, señaló que
tampoco busca “capturar la totalidad del apoyo del Banco Mundial a
los combustibles fósiles, incluso [a través de] intermediarios
financieros no transparentes” (véase el Observador de invierno de
2017).

Harlem Mariño, de la ONG peruana Derechos, Ambiente y Recursos
Naturales comentó: “Uno de los problemas principales es la negativa
del Banco a evaluar de forma adecuada los riesgos sociales y
medioambientales de sus políticas de préstamo. Lo vemos en las leyes
aprobadas como resultado de la política de préstamos, que promueve la
inversión reduciendo la capacidad del Estado para sancionar los
abusos medioambientales”.

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RENDICIÓN DE CUENTAS / Noticias
Las OSC de Perú exigen que el Banco Mundial rinda cuentas

Resumen
Las OSC peruanas han manifestado preocupación sobre el desarrollo del
Marco de Alianza con el País de Perú en una carta abierta al Banco
Mundial.

En enero 52 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) peruanas
publicaron una carta abierta al Banco Mundial expresando su
preocupación por el desarrollo del Marco de Alianza con el País (MAP)
2017-2021 de Perú del Banco, así como por la relación del Banco con
Perú. Según la carta, “las condicionalidades sobre política económica
de los préstamos ofrecidos por el [Grupo Banco Mundial]...
permitieron [a los países] imponer reformas estructurales” y
políticas de austeridad, tanto en Perú como en otros países, que han
“priorizado los intereses del mercado por sobre los de las personas”
y causado exclusión y desigualdad.

La carta exigía una proceso de MAP más transparente, incluyendo un
pedido para que el Banco “rinda cuentas en todo momento a los
ciudadanos por sus operaciones” y que las consultas sean amplias e
incluyan a los pueblos indígenas.

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INFRAESTRUCTURA noticias
Las OSC de Indonesia exigen que el Banco Mundial deje de financiar
los fondos para infraestructura

Resumen
Las organizaciones indonesias han exigido que el Banco Mundial deje
de financiar fondos para infraestructura dañinos, resaltando los
impactos sobre el medio ambiente y las comunidades indígenas.

A inicios de marzo 47 organizaciones, incluyendo a ELSAM, ILRC, Walhi
y Ulu Foundation, enviaron una carta al presidente del Banco Mundial,
Jim Yong Kim, y al director ejecutivo de la Corporación Financiera
Internacional (el brazo del Banco Mundial para el sector privado,
CFI), Philippe Le Houérou, pidiendo que el directorio del Banco
cancele el financiamiento del Fondo de Desarrollo de Infraestructura
Regional (RIDF, por su sigla en inglés) de Indonesia y del PT
Financiamiento de Infraestructura de Indonesia (IFF, por su sigla en
inglés). A pesar de la documentación de varias violaciones y reclamos
importantes sobre el RIDF y sobre la falta del cumplimiento del IFF
con las salvaguardias medioambientales y sociales del Banco Mundial
que contenía la carta, en marzo el directorio del Banco Mundial
aprobó USD 100 millones para el RIDF y USD 200 millones de apoyo al
IFF.

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GOBERNANZA DE LAS IFI / antecedentes
¿Quién paga por el Fondo y el Banco?

Resumen
Este “Al interior de las instituciones” examina los fondos
disponibles para el FMI y el Banco Mundial, incluyendo los orígenes
de los recursos del BIRF y la CFI y hace un resumen de los cambios
más recientes en el FMI y las fuentes y los mecanismos de
financiamiento de la AIF.

Los propietarios del Banco Mundial y del FMI son los Estados de los
países miembros. Las contribuciones de los países miembros son la
fuente primaria de financiamiento tanto para el FMI como para el
Banco Mundial. Además, ambas instituciones obtienen financiamiento de
sus operaciones de préstamos y de sus inversiones en los mercados
financieros.

Este “Al interior de las instituciones” examina los fondos
disponibles para el FMI y el Banco Mundial. Además de revisar los
orígenes de los recursos del BIRF y de la CFI, ofrece un resumen de
los cambios más recientes en el FMI y de las fuentes y los mecanismos
de financiamiento de la AIF. En especial, observa la muy atrasada
revisión del sistema de cuotas del FMI de 2016 y la controvertida
ronda de reabastecimiento 2016 de la AIF (AIF 18).

El artículo completo en inglés, aquí: tinyurl.com/who-pays-bwis

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DERECHOS noticias
Experto de la ONU critica las políticas laborales del FMI y el Banco
Mundial

Resumen
El experto de la ONU sobre deuda externa publicó un informe crítico
de las políticas del FMI y del Banco Mundial relativas a los derechos
laborales, afirmando que la evidencia no apoya sus visiones.

-Un informe de la ONU expone los impactos negativos sobre los
derechos de las políticas del Fondo y del Banco
-Afirma que el “criterio convencional” del FMI sobre la reducción de
la protección de los derechos laborales es defectuoso

En diciembre de 2016 el experto independiente de la ONU sobre deuda
externa, Juan Pablo Bohoslavsky, publicó un informe sobre derechos
laborales en el contexto de reformas económicas y medidas de
austeridad para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que
realiza duras críticas a las políticas del FMI y del Banco Mundial
relativas a los derechos laborales.

El informe expone el significativo papel que el Banco Mundial y,
especialmente, el FMI han jugado en la promoción de políticas de
austeridad relativas al trabajo a través de préstamos y vigilancia,
afirmando que, “entre 1994 y 2007, alrededor del 50% de los programas
de préstamo [del FMI] han incluido una o más condiciones relativas al
trabajo” y, “de 2007 a 2014, entre 25% y 40%”. Bohoslasvky continuó
señalando que, al enfrentar crisis económicas y financieras, el
enfoque dominante del FMI hacia las reformas laborales ha sido el de
la desregulación, lo que erosiona los derechos laborales. Incluso
luego del cambio de retórica del FMI hacia la inclusión social y la
protección de los pobres durante la salida de la crisis financiera de
2008, el informe señala que aún promueve políticas que favorecen la
desregulación del mercado laboral.

El documento describe los múltiples impactos que han tenido esas
reformas laborales de austeridad sobre los derechos humanos, tales
como el retroceso en la igualdad de género relativa al trabajo; el
debilitamiento de las protecciones a los trabajadores; el deterioro
de los derechos laborales; la contribución a un aumento de la
desigualdad y el empleo inseguro e informal. Destaca que esas
reformas pueden impulsar la discriminación de los grupos sociales
marginados en el mercado laboral y reducir los beneficios del
desempleo y de otras protecciones sociales relativas al trabajo, en
contravención de las obligaciones internacional sobre derechos
humanos (véase el Observador de verano de 2015).

Además, el informe desafía el “criterio convencional” de que la
reducción de las protecciones sociales produce un crecimiento del
empleo digno o del crecimiento económico, afirmando que no hay
suficiente evidencia empírica que lo pruebe. Por el contrario,
argumenta que “a veces parece que las crisis de deuda... ofrecen un
pretexto para presionar por reformas del mercado laborar que
favorecen los intereses de las empresas en lugar de abordar los
problemas económicos. No sorprende, por tanto, que las crisis de
deuda frecuentemente exacerban la desigualdad económica”. Peter
Bakvis, de la Confederación Sindical Internacional (CSI) comentó:
“Cuando se piensa en la retórica actual contra la desigualdad del
FMI, es bastante sorprendente leer acerca de la larga historia del
FMI, que aún no ha terminado, de abogar por políticas que claramente
agravan la desigualdad de ingresos”.

El informe termina con varias recomendaciones a las Instituciones
Financieras Internacionales (IFI), tales como que deben “incluir en
sus documentos políticos un compromiso explícito de respeto de los
derechos humanos, incluyendo los derechos laborales” y “desarrollar
políticas para abordar de manera efectiva las presuntas violaciones
de los derechos laborales en los programas y proyectos de reforma
macroeconómica que financian”. Bakvis agregó: “el informe realiza un
muy cuidadoso trabajo, no solo al exponer los impactos dañinos de las
medidas apoyadas por el FMI, en particular para reducir el nivel de
vida de los trabajadores y erosionar sus derechos, sino además al
demostrar que la evidencia no apoya el supuesto dominante en el Fondo
de que los derechos laborales son un obstáculo para el desarrollo
económico”.

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GOBERNANZA DE LAS IFI/análisis
Siga la cobertura de las reuniones de primavera de BWP en inglés
desde Washington DC

Los Gobernadores del Banco Mundial y del FMI se reunirán en
Washington DC del 21 al 23 de abril para sus reuniones de primavera.
Los temas clave a discutir incluyen las preocupaciones actuales sobre
la economía mundial, en especial a la luz de los últimos cambios
políticos del año, y la actualización del proceso de prospección del
Banco y la revisión de su participación accionaria. El Foro Político
de la Sociedad Civil (FPSC) se llevará a cabo del 17 al 21 de abril.

Una página especial en inglés en el sitio web del BWP incluirá
análisis de los comunicados, las notas de los seminarios,
antecedentes y más. Alentamos a los asistentes y a quienes quieran
seguir los eventos a distancia a que revisen las actualizaciones en
www.brettonwoodsproject.org
tinyurl.com/CSPF2017
tinyurl.com/BWP-springmtgs-2017
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FINANZAS / análisis
El FMI y la reestructura de la deuda: ¿es solo charla?

En marzo Bretton Woods Project publicó un análisis externo de Tim
Jones, de la ONG británica Jubilee Debt Campaign, sobre la visión del
FMI de la reestructura de la deuda.  El análisis subraya que, aunque
un reciente blog del FMI reconoció que la cancelación parcial de las
deudas puede justificarse cuando alcanza un nivel insostenible, esto
no cuestiona la lógica de larga data ni las estrechas justificaciones
económicas del enfoque del FMI para juzgar la sostenibilidad. La
sociedad civil sigue exigiendo un enfoque basado en los derechos
humanos que considere quién carga con el peso del pago de la deuda.

El artículo completo en inglés, aquí: tinyurl.com/IMFjusttalk

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El Observador del Proyecto Bretton Woods está disponible en formato
PDF, en la web y por correo electrónico.

En inglés: www.brettonwoodsproject.org/observer/
En español:  www.brettonwoodsproject.org/es/observador
Subscripciones:  www.brettonwoodsproject.org/subs

El Proyecto Bretton Woods tiene sus oficinas con ActionAid. Está
registrado en el Reino Unido como institución de beneficencia no.
274467, registrado en Inglaterra y Gales como institución de
beneficencia no. 274467 y registrado en Escocia como institución de
beneficencia no. SC045476.

Esta publicación es respaldada por una red de ONGs del Reino Unido,
por la Fundación Charles Stewart Motta, por la Fundación William y
Flora Hewlett y por la Fundación y el Fondo de los Hermanos
Rockefeller.

Nuestros artículos pueden ser reproducidos sin permiso.

ISSN 2053-7522

Diseño de Base Eleven
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