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Bretton Woods Observador verano 2017

Un examen crítico trimestral de los acontecimientos relacionados con
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Trabajamos con ONGs e investigadores para hacerle seguimiento al
Banco Mundial y al FMI

Ver en linea www.brettonwoodsproject.org/es/observador/

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1. Desarrollo para rescatar las finanzas - el enfoque ‘cascada’ del
Banco Mundial (FINANZAS/Análisis)
2. Una carta de las OSC alertan sobre las salvaguardias del Banco
acerca del uso de personal de seguridad (RENDICIÓN DE
CUENTAS/Noticias)
3. La protección de las victorias de la ‘Primavera del FMI’
(CONDICIONALIDAD/Comentario) Max Lawson, Oxfam International
4. Diálogo comunitario emblemático en Nepal: ¿el Banco Mundial está
aprendiendo? (INFRAESTRUCTURA/Comentario) Siddharth Akali,
Accountability Counsel, y Shankar Limbu de Lawyers Association of
Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
5. La verdad detrás del anuncio del FMI de promover la protección
social en los países de ingreso bajo (CONDICIONALIDAD/Análisis)
Análisis externo de Thomas Stubbs de la University of Cambridge y
Alexander Kentikelenis de la University of Oxford
6. Suriname se aparta de las condicionalidades del FMI
(CONDICIONALIDAD/Noticias)
7. Las inversiones de la CFI implicadas en la apropiación de tierras
en África (TIERRA/Análisis)
8. Las condiciones del FMI debilitan los derechos laborales y la
política laboral del Banco Mundial es inconsistente
(DERECHOS/Noticias)
9. Declaración del CMFI subsahariano contra las tendencias
proteccionistas (FINANZAS/Noticias)
10. La sociedad civil pide una mayor independencia del Panel de
Inspección (RENDICIÓN DE CUENTAS/Noticias)
11. El IPN pide mejorar la supervisión de las evaluaciones
medioambientales (MEDIO AMBIENTE/Noticias)
12. La profundización de la cooperación del Banco Mundial y el BAII:
¿están bloqueados en un modelo de desarrollo fracasado?
(FINANZAS/Noticias)
13. El Informe Haciendo Negocios del Banco Mundial
(CONOCIMIENTO/Antecedentes)
14. Pedido de aportes de la OEI en las evaluaciones futuras
(RENDICIÓN DE CUENTAS/Noticias)
15. El impacto del programa del FMI para Ucrania sobre los derechos
de las mujeres recibe críticas en el Consejo de Derechos Humanos
(CONDICIONALIDAD/Noticias)
16. El Banco Mundial nombra a Georgieva como directora general del
BIRD y de la AIF (GOBERNANZA DE LAS IFI/Noticias)
17. El Defensor del Pueblo abre un caso en Chile sobre el proyecto
Alto Maipo del Banco Mundial (RENDICIÓN DE CUENTAS/Noticias)
18. El FMI, la equidad de género y el IVA: las dimensiones de género
de la sugerencia clave sobre política fiscal del FMI en materia de
movilización de recursos en los países en desarrollo
(GÉNERO/Análisis)

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FINANZAS Análisis

Desarrollo para rescatar las finanzas – el enfoque ‘cascada’ del
Banco Mundial

Resumen
- El Banco Mundial revela un nuevo principio de cascada que
privilegia las finanzas privadas a las públicas
- Enfoque en la disminución de los riesgos en las inversiones
privadas para atraer la inversión vacilante del sector privado
- Las dudas sobre proyectos de mega-infraestructura pueden ser
transformadores o beneficiar a las comunidades

Fragmento
El Banco Mundial revela un nuevo principio de cascada que privilegia
las finanzas privadas a las públicas. La disminución del riesgo para
atraer las inversiones del sector privado amenaza con pasar el riesgo
al sector público y culminar en una tercera ola de privatizaciones.

El documento del Grupo Banco Mundial (GBM) De cara al futuro: Visión
del Grupo Banco Mundial para 2030 - avances y desafíos de marzo,
preparado para la discusión en el Comité de Desarrollo del Banco
establece la visión a largo plazo del Banco, enfocándose en la
‘aglomeración’ en la inversión del sector privado y la ‘creación de
mercados’. El documento introduce los nuevos principios de ‘cascada’
del Banco para el financiamiento de infraestructura, que enfatiza
sobre el uso de financiamiento del sector privado cada vez que sea
posible, estipulando que se necesitan los billones de dólares de
financiamiento para infraestructura exigidos para cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este se hace eco de la
estrategia delineada en el documento De miles de millones a billones
de 2015, producido por seis bancos multilaterales de desarrollo (BMD)
y el FMI, que detalla cómo podrían usarse miles de millones de ayuda
oficial al desarrollo para apalancar billones provenientes de
inversores del sector privado, en particular inversores
institucionales a largo plazo, que han sido reacios a invertir hasta
ahora. El llamamiento a incrementar el financiamiento privado fue
reiterado en el documento de conclusiones del Foro Mundial de
Infraestructura 2017 (véase el documento de conclusiones) que incluye
a la ONU y a los financiadores oficiales más grandes.

El De cara al futuro explicó que “para maximizar el impacto de los
escasos recursos públicos, las cascada busca primero movilizar las
finanzas comerciales, permitidas por las reformas a contracorriente
cuando sea necesario para corregir las fallas del mercado y otras
restricciones a las inversiones del sector privado en el ámbito
nacional y sectorial. Cuando los riesgos sigan siendo elevados, la
prioridad será la aplicación de garantías y de instrumentos de riesgo
compartido. Sólo en el caso de que las soluciones del mercado no sean
posibles mediante la reforma del sector y la mitigación del riesgo,
se aplicarían los recursos oficiales y públicos [énfasis añadido]”.
El De cara al futuro agregó que “el GBM está tomando la delantera en
armonizar los enfoques para aplicar los principios de cascada a los
BMD”. El giro de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el
brazo para los países de ingreso bajo del Banco Mundial, hacia el
mercado de capitales por recursos y su recientemente creada ventana
del sector privado son ejemplos de la profundidad del enfoque dentro
y fuera del Banco (véase el Observador de Invierno de 2017).

Subrayando la visión expansiva del Banco para los principios de la
cascada, el documento enfatizó que “la visión se enfoca actualmente
en la infraestructura, pero se ampliará a la financiación, la
educación, la salud y los agronegocios”. Tal como se describe en un
artículo de la ONG Social Watch de 2002 del ex relator especial de la
ONU sobre una vivienda adecuada, titulado La privatización de los
derechos humanos, las OSC y la comunidad de derechos humanos tienen
viejas y serias preocupaciones por la creciente dependencia del
sector privado en los sectores antes mencionados (véase el Observador
de Verano de 2016).

De acuerdo a Nancy Alexander de la fundación política alemana
Heinrich Böll: “El G20 ve la masiva inversión en infraestructura como
una ‘bala de plata’ que puede ... agregar USD 2.000 millones a la
economía mundial y crear millones de empleos” (véase el Observador de
Primavera de 2016). Un artículo de enero en la revista financiera
World Finance señaló que “luego de la crisis financiera mundial, se
estableció una tendencia a la baja en las tasas de interés en la
mayoría de los países desarrollados, una situación que persiste hasta
nuestros días. Dada la duración de estas bajas tasas, incluso los
inversionistas naturalmente adversos al riesgo, como los fondos de
pensiones y las compañías de seguros, se han interesado cada vez más
en diversificar una parte de sus carteras en inversiones de mayor
rendimiento en mercados emergentes”, y agregó que “los inversores han
descubierto la infraestructura de los mercados emergentes como un
tipo de inversión en la que desearían aumentar su participación”.

El socavo de la gobernanza democrática y la equidad por el beneficio
privado
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Las consecuencias para la gobernanza democrática y la equidad de
presumir que los intereses público y privado están necesariamente
alineados y las implicaciones de presionar por el desarrollo de
infraestructura como un tipo de activo son preocupaciones
fundamentales de la sociedad civil. Tal como afirma Nick Hildyard,
del grupo británico The Corner House, en un blog de agosto de 2016,
las OSC temen que “lejos de que el sector privado acuda en auxilio
del público, se dé el caso contrario”. Hildyard señaló que, enfocada
en las garantías utilizadas para atraer el sector privado que se
niega a invertir, “la clave de tal re-ingeniería es la provisión de
flujos de ingresos garantizados públicamente [a través de mecanismos
que] brinden a las empresas privadas derechos contractuales sobre los
flujos de dinero público durante muchos años, si no décadas”.
Hildyard resaltó que el impacto de la cascada sobre la gobernanza es
antidemocrático y elitista. “es antidemocrático porque un puñado de
gestores de fondos y de inversores ricos determinan cada vez más qué
se financia y qué no” y “elitista porque las obras que beneficiarían
más a los pobres no se construyen”. A modo de ejemplo, hace
referencia a un informe de 2009 para una reunión de la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África y la OCDE , que admitió que es “inútil”
buscar inversores privados para proyectos de electrificación rural
“debido al bajo retorno de la inversión”. Alexander resaltó que la
necesidad de resultados altos y garantizados para los inversores
produce “la afluencia de inversores selectivos que dejan al gobierno
la atención de los clientes pobres y sin los beneficios de los
subsidios cruzados”.

En un artículo de 2015 Antonio Tricarico, de la ONG italiana Re-
Common y Xavier Sol, de la ONG belga Counter Balance, argumentaron
que se necesitan flujos de capital de Asociaciones Público Privadas
(APP), solo financieramente viables para grandes proyectos, para
establecer infraestructura como un tipo de activo. Señalaron que
estos pueden entonces ser agrupados y comercializados y destacaron
que es necesario crear infraestructura como un tipo de activo y
cambiar el perfil de riesgo de las inversiones para abrir el camino a
los inversionistas institucionales a largo plazo, como los fondos de
pensiones. Sostuvieron que los principios de la cascada apoyan una
tercera ola de privatización, subrayando que “cada garantía asegura
más la trayectoria de la privatización: volver a convertir servicios
público privatizados en propiedad pública conlleva duras sanciones
financieras que actúan como un impedimento para la re-
nacionalización. Cada garantía restringe además la capacidad propia
del gobierno de invertir por su cuenta: los pagos de las APP se comen
los presupuestos de la salud, el transporte y la energía”.

En un blog de Just Governance de mayo, Alexander advirtió que la
cascada no busca determinar si “tal financiación serviría
adecuadamente al interés público, incluyendo los objetivos de
desarrollo sostenible”, y añadió que “el enfoque en cascada presupone
que nunca habrá intercambio entre los objetivos comerciales y el
interés público cuando la disminución del riesgo llegue a un punto en
el que las reformas regulatorias y políticas o la mitigación del
riesgo se vuelvan demasiado costosas, o demasiado riesgosas para
otras partes interesadas que no sean los inversionistas privados”.

Un informe de 2016 de la Heinrich Böll Foundation sobre las
disposiciones contractuales del PPP recomendadas por el Banco Mundial
para el G20 subrayó que los esfuerzos por bajar el riesgo de las
inversiones del sector privado terminan “favoreciendo los intereses
privados en perjuicio de las entidades públicas que son las supuestas
beneficiarias de los proyectos y servicios contratados”. Al comentar
el informe, Alexander alertó sobre “las insuficientes disposiciones
para la transparencia y la restricción del derecho del Estado de
regular en el interés público (por el medio ambiente, los derechos
humanos u otros objetivos).

Los mega impactos sobre los derechos humanos
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La sociedad civil teme que el desplazamiento masivo resultante de
proyectos propuestos como el Corredor Industrial Delhi-Mumbai, que
puede afectar a 180 millones de personas, combinado con los
zigzagueantes antecedentes del Banco en el cumplimiento de sus
obligaciones con las comunidades desplazadas, tendrá consecuencias
catastróficas para los derechos humanos de millones de personas
(véase el Observador de Primavera de 2015). En un editorial de marzo
para el periódico estadounidense Miami Herald, previo a la cumbre del
G20 de Hamburgo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein lamentó que aunque “la
infraestructura, si está bien concebida e implementada, es vital para
el disfrute de los derechos humanos ... estos rara vez reciben más
que promesas en el mundo machista de la mega-infraestructura”.

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RENDICIÓN DE CUENTAS Noticias

Una carta de las OSC alertan sobre las salvaguardias del Banco acerca
del uso de personal de seguridad

La OSC ICAR envió una carta al Banco Mundial en relación con la
provisión de salvaguardias sobre el uso de personal de seguridad y
público y privado. Existe preocupación por el uso inapropiado de la
fuerza en situaciones de alto riesgo.

En marzo la International Corporate Accountability Roundtable (ICAR),
un proyecto del Tides Center de San Francisco, envió una carta al
equipo de salvaguardias del Banco Mundial en relación con la
provisión de salvaguardias sobre el uso de personal de seguridad
público y privado en sus proyectos. La carta expresaba su
preocupación porque el nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco
Mundial es “innecesariamente vago sobre el estándar de cuidados
actual asociado a tales actividades” y en particular porque, sin una
mayor aclaración, “podría llevar al uso inapropiado de la fuerza en
el contexto de las actividades financiadas por el Banco”.
Recientemente el Banco enfrentó una demanda de varios agricultores
hondureños sobre las acciones de las fuerzas de seguridad privadas
que trabajan para Dinant, una empresa de agronegocios financiada por
el Banco (véase el Observador de Otoño de 2013, el de Primavera de
2016 y el de Primavera de 2017).

ICAR recomendaba en la carta que cualquier nota de orientación que el
Banco produzca sobre este tema haga referencia al consenso
internacional existente sobre las normas aplicables, tales como el
Documento de Montreux de 2008 sobre las obligaciones legales
internacionales del Estado en relación con las empresas militares y
de seguridad privadas que operan en los conflictos armados, el Código
Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada y los
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. El Banco
también fue “alentado a ... exigir garantías adicionales en
situaciones de alto riesgo, definidas como aquéllas en las que se
están llevando a cabo actividades relacionadas con préstamos en
países que no están participando ... en iniciativas para manejar el
riesgo de seguridad pública y privada”.

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CONDICIONALIDAD Comentario

La protección de las victorias de la ‘Primavera del FMI’
Max Lawson, Oxfam International

Resumen
 - El reconocimiento de la importancia de la desigualdad por parte
 del FMI bajo amenaza
 - Preocupa que Trump pueda revertir los avances recientes del FMI
 - El personal del FMI continúa operacionalizando el asesoramiento
 sobre políticas de desigualdad

El reconocimiento de la importancia de la desigualdad por parte del
FMI bajo amenaza. Hay preocupación por la complacencia e incluso la
reversión de los recientes progresos del FMI en materia de
desigualdad, mientras que el personal del FMI continúa
operacionalizando el asesoramiento de nuevas políticas sobre la
desigualdad en los programas de vigilancia y préstamos.

El reconocimiento verbal del FMI de que las desigualdad es un
problema importante para el progreso humano se ve amenazado. El
personal de investigación está siendo enviado a realizar otras tareas
y un directorio conservador quiere tomar distancia de las
conclusiones de las últimas investigaciones. Se teme que la elección
del presidente Trump aumente este efecto de enfriamiento y que la
‘Primavera del FMI’ esté llegando a su fin.

Frente al shock de la crisis financiera de 2008 y sus desafíos para
la ortodoxia económica, el FMI se volvió un líder mundial en el
planteo de preguntas sobre lo que salió mal y cuáles podrían ser las
consecuencias. En los años recientes el FMI ha publicado una serie de
conclusiones explosivas que han roto con la manera tradicional
redactar titulares en todo el mundo. La desigualdad es mala para el
crecimiento, la redistribución no lo es. La disminución de los
sindicatos ha impulsado los ingresos de las capas superiores. La
desigualdad se debe en parte al neoliberalismo.

Ese documento final de 2016, que resalta el hecho de que el
neoliberalismo bien pudo haber contribuido al aumento de la
desigualdad, es de muchas formas el más revolucionario al criticar,
no solo las políticas individuales, sino el enfoque económico real
que las entrelazó. El solo hecho de ver una institución tan central
como el FMI utilizando la palabra neoliberalismo fue dramático.
Milton Friedman fue el último que usó esa palabra en 1951. Desde
entonces solo ha sido utilizada por sus oponentes, sus seguidores
prefieren verlo simplemente como la mejor forma universalmente
aceptada de conducir una economía.

El Financial Times publicó un editorial vicioso e inusualmente
polémico en respuesta. Esto mostró qué nervio había sido tocado. El
editorial fortaleció la mano de los oponentes en la gestión del FMI y
en el directorio, quienes sintieron que ese nuevo trabajo sobre la
desigualdad había ido un paso demasiado lejos. Desde entonces, se
detuvieron algunas investigaciones y algún personal fue cambiado a
otras tareas menos expuestas al público. Por ejemplo, a pesar de la
fascinante conclusión de que se necesitan más sindicatos para
garantizar que el regreso del crecimiento sea distribuido de manera
más equitativa, esta investigación ya no sigue. Cualquier chance de
que el FMI apoye un debate sensible sobre los pros y los contras del
neoliberalismo parece ahora extremadamente improbable, pese a su
incursión inicial.

Hubo además una definitiva preocupación, expresada de manera privada
por muchos asistentes a las últimas reuniones de primavera del Banco
Mundial y el FMI en Washington, de que la elección del presidente
Trump acelere más esta tendencia. Fue claramente expresado en los
pasillos por muchos representantes de gobierno de alto nivel que hubo
mínimo apoyo a la inclusión de la desigualdad como una de las
consideraciones políticas a ser tenidas en cuenta por parte del FMI.
Por el contrario, las visiones expresadas difieren muy poco de las de
hace 20 años: el crecimiento beneficia a todos y poco importa si unos
se benefician significativamente más que otros. No existen
perdedores, solo ‘grandes ganadores y pequeños ganadores’. Si el FMI
fuera un vino, las opiniones fueron cosecha 1994.

Marcha atrás en la retórica y marcha acelerada en las operaciones.
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Al mismo tiempo se están dando, relativamente rápido, los pasos para
llevar el trabajo más allá de la investigación al campo operativo
real. En una primera tanda, nueve países han incluido análisis de
desigualdad en sus consultas del Artículo IV (la evaluación regular
del FMI de la economía de cada país). Otros 19 se encuentran en
proceso de incluir el análisis de desigualdad. En algunos países,
esto ha dado lugar a nuevas orientaciones políticas positivas, como
la recomendación de que, en Etiopía, los umbrales del impuesto sobre
la renta deberían ser más progresivos.

Aún queda mucho por recorrer para operacionalizar completamente este
análisis y sus implicaciones. Demasiado a menudo la conclusión no es
'no debemos hacer esto', sino 'debemos diseñar mejor nuestras redes
de seguridad' para mitigar los impactos dañinos. Y muchas otras
acciones en el ámbito nacional contradicen completamente esta nueva
investigación. Una investigadora egipcia dijo que al estudiar la
evidencia de que el nuevo préstamo a Egipto incrementaría la
desigualdad y la pobreza, su principal fuente de estudios críticos
provenían del propio FMI (véanse las Reuniones de Primavera de 2017
de Bretton Woods Project).

No obstante, hay avances en la inclusión del análisis de la
desigualdad en el asesoramiento real sobre políticas. Es vital que
esto continúe. Es igualmente vital que continúe la corriente continua
de ideas e investigación, a partir de sus conclusiones más radicales,
ya que es lo que mantiene vivo el debate. El comunicado del G7
italiano de fines de mayo ofrece motivos para la esperanza, al
reconocer explícitamente los impactos malignos de la desigualdad
sobre el crecimiento, la cohesión social y la movilidad inter-
generacional. Es interesante que esto fuera acordado por el
presidente Trump, mientras que muchos otros texto no lo fueron. Esto
no hubiera sucedido sin el trabajo de investigación del FMI sobre el
tema.

No hay duda de que hay fuertes y crecientes obstáculos y muy poco
apoyo entre los  gobiernos más poderosos para continuar este trabajo
sobre la desigualdad, especialmente con el espectro de los populismos
de extrema derecha derrotados en Europa. La lucha contra estos
obstáculos hace que la presión pública de la sociedad civil sea cada
vez más importante. Debemos mantener la presión sobre Christine
Lagarde y su personal para asegurar que continúe la investigación
innovadora y, al mismo tiempo, se acelere el trabajo para aplicar
estos resultados a las actividades y recomendaciones de políticas del
FMI.

Max Lawson, Oxfam International

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INFRAESTRUCTURA Comentario

Diálogo comunitario emblemático en Nepal: ¿el Banco Mundial está
aprendiendo?
Siddharth Akali, Accountability Counsel, y Shankar Limbu de Lawyers
Association of Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)

Luego de un largo conflicto sobre un proyecto de línea eléctrica
financiado por el Banco Mundial en Nepal, que se remonta a 2009, las
comunidades tienen la esperanza de que una iniciativa de diálogo
respaldada por el Banco Mundial resulte en un proceso justo de
resolución de controversias y en una consulta significativa.

Las comunidades de Sindhuli, Nepal, afectadas por la Khimti Dhalkebar
Transmission Line (KDTL) que financia el Banco Mundial tienen motivos
para festejar. Desde 2009 han estado expresando su preocupación por
los impactos del proyecto en la salud, la seguridad y la economía y
pidiendo una consulta adecuada, la divulgación de la información y la
mitigación de impactos. Luego de una década de lucha, recientemente
se designó un facilitador independiente para moderar el diálogo entre
las comunidades afectadas y la agencia a cargo de implementar el
proyecto del gobierno, la Nepal Electricity Authority (NEA). Las
comunidades – integradas por indígenas dalit, mujeres y otros grupos
marginados – esperan que el proceso culmine en una resolución
favorable a sus preocupaciones y la muy necesaria clausura.

Se trata de un momento emblemático, tanto para las comunidades como
para el gobierno de Nepal. Si el diálogo se produce, será la primera
vez que el gobierno de Nepal ingresa en un proceso de resolución de
disputas colaborativo con las comunidad afectadas por sus programas
de desarrollo. Si se lleva adelante de manera justa y transparente,
el diálogo a través de un facilitador puede convertirse en un mojón
positivo para la participación comunitaria en el creciente sector
energético de Nepal y ayudar a alcanzar la meta del gobierno de un
desarrollo sostenible.

Antecedentes y cronograma
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El Banco Mundial aprobó el proyecto en 2003 y la construcción comenzó
en 2008. Poco tiempo después, en 2009, las comunidades comenzaron a
pedir información sobre el proyecto. Organizaron protestas pacíficas,
escribieron cartas a las autoridades locales (incluyendo al primer
ministro) y presentaron un caso ante la Suprema Corte de Nepal.
Además organizaron juntas un ‘Comité de lucha’ y, en 2013, enviaron
una queja al mecanismo de reclamaciones del Banco Mundial, el Panel
de Inspección (véase el Observador de Primavera de 2014). Estas
iniciativas propiciaron la detención de la construcción del proyecto.

Dos años después el informe de investigación del Panel de Inspección
encontró que se habían violado varias salvaguardias sociales y
medioambientales del Banco Mundial, incluyendo las exigencias
cruciales de consulta de buena fe con las comunidades locales. El
directorio del Banco Mundial respondió alentando a la gerencia del
Banco a resolver amigablemente los asuntos pendientes.

A los efectos de implementar el pedido del directorio y abordar las
violaciones de las salvaguardias las comunidades pidieron a la
gerencia del Banco Mundial que ayudara en el establecimiento de un
proceso de diálogo justo y transparente con la NEA (véase el
Observador de Otoño de 2016 y el de Primavera de 2016). Sin embargo,
pese a la resistencia y al cabildeo de la comunidad, la construcción
siguió adelante – mediante la desinformación, la violencia policial y
la intimidación y coerción de las autoridades locales. El proyecto se
terminó en enero de 2017.

Durante las Reuniones de primavera 2017 del Grupo Banco Mundial, la
integrante del Panel de Inspección, Dra. El Bakri, contó que había
habido una desinformación general sobre el proyecto desde el comienzo
y “durante mucho tiempo las personas que vivían en el área creyeron
que lo que el Banco estaba haciendo era colocar líneas telefónicas”.
No se cumplió con el requisito de involucrar a las comunidades
locales y hubo “muchísima violencia”, explicó. La desinformación
causó además graves retrasos y puso en riesgo el proyecto.

Metas y preocupaciones de las comunidades afectadas
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Ahora, con cables de alta tensión cruzando sobre sus hogares,
escuelas y sembrados, los miembros de la comunidad están, más que
nunca, preocupados por los impactos del proyecto sobre la salud, la
seguridad y la economía.  Aunque varias familias se negaron a recibir
una compensación como medida de protesta, incluso aquellas que la
aceptaron siguen preocupadas por los impactos no abordados del
proyecto. Por ejemplo, algunos miembros de la comunidad temen que los
niños que concurren a la escuela Swiss Sindhuli, que se encuentra
peligrosamente cerca de una torre de transmisión y de sus amenazantes
cables aéreos, sufran efectos en su salud debido a la radiación
electromagnética. Otros miembros de la comunidad temen sobre los
seguridad de las líneas de transmisión luego de escuchar informes
sobre dos niños que murieron electrocutados por una línea de
transmisión diferente en otra parte del país. Los miembros de la
comunidad han pedido de manera reiterada que la escuela Swiss
Sindhuli sea reinstalada, sin embargo, el pedido sigue sin ser tenido
en cuenta.

El diálogo facilitado es una oportunidad para que las comunidades de
Sindhuli sean escuchadas y se responda a sus pedidos de manera
respetuosa. Surendraswor Moktan, uno de los afectados por el
proyecto, dijo: “Estamos esperanzados con el nombramiento del
facilitador. Queremos participar en las actividades de desarrollo del
gobierno y trabajar juntos para lograr un desarrollo inclusivo,
sostenible y respetuoso de los derechos humanos, resolviendo nuestros
temas de forma amigable”. Moktan es además el presidente del Comité
de lucha de los afectados, la organización que representa a las
comunidades en el proceso de diálogo con la NEA.

Establecer el diálogo exitoso
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Se debe elogiar a la NEA y al Banco Mundial por este paso, que sienta
precedentes, de nombrar un facilitador. Ahora debe establecerse un
diálogo exitoso y cada parte tiene un importante papel que jugar.
Para que el proceso sea exitoso son esenciales la buena fe y el
compromiso de todas las partes. El Banco Mundial es el responsable de
la supervisión y el monitoreo del diálogo y de garantizar que cuente
con los recursos adecuados. La NEA debe acercarse a los miembros de
la comunidad con dignidad y respeto. La tarea del facilitador, en
tanto, es consultar a las partes de manera imparcial para desarrollar
el proceso de diálogo teniendo en cuenta los desequilibrios de poder
y para generar soluciones concretas que aborden las preocupaciones
del Comité de lucha.

Este diálogo puede resultar pionero en el desarrollo a largo plazo de
Nepal. Tiene el potencial de establecer un estándar positivo para la
participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo en el
país. Nepal planea aumentar su capacidad de generación y transmisión
hidroeléctrica con la ayuda del Banco Mundial y de otros donantes
internacionales. El proyecto KDTL ya ha producido otros cambios de
políticas. Por ejemplo, el gobierno – con el apoyo del Banco Mundial–
ha establecido un grupo de trabajo sobre “Derecho de paso” para
desarrollar una muy necesaria política sobre la garantía de tierras
para las líneas de transmisión, incluso para otros proyectos
financiados por el Banco Mundial. Un proceso de diálogo justo,
transparente y bien apoyado en Sindhuli ayudará al Banco Mundial, a
la NEA y al grupo de trabajo sobre Derecho de paso a recabar
información para desarrollar buenas prácticas sobre la inclusión de
las voces de la comunidad. Además sentará un precedente para las
agencias del gobierno encargadas del compromiso de Nepal de lograr un
desarrollo sostenible, de acuerdo con su constitución, la legislación
internacional y las buenas prácticas, tales como la Declaración de la
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el
Convenio 169 de la OIT.

Siddharth Akali, Accountability Counsel, y Shankar Limbu, Lawyers
Association of Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)

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CONDICIONALIDAD Análisis

La verdad detrás del anuncio del FMI de promover la protección social
en los países de ingreso bajo
Análisis externo de Thomas Stubbs de la University of Cambridge y
Alexander Kentikelenis
 de la University of Oxford

Resumen
- El FMI publicó un nuevo documento político sobre el impacto de los
programas de préstamos sobre la protección social en los países de
ingreso bajo
- El documento ignora la evidencia y es auto-rreferente
- El FMI presiona por una asistencia social selectiva, inconsistente
con la visión de acceso universal a la protección social de los ODS

El reciente auto-congratulatorio documento político del FMI sobre los
impactos de sus programas de préstamos sobre la protección social es
auto-referente e ignora la evidencia disponible.

En junio el FMI publicó su proclamado documento político,
Salvaguardias sociales y diseño de programas en programas respaldados
por el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la
Pobreza (FFCLP) y el Instrumento de Apoyo a la Política Económica
(IAPE), en el que se discute cómo sus programas de préstamos han
afectado las políticas de protección social en los países en
desarrollo en el periodo 2010-2016. En un blog reciente del FMI, la
directora ejecutiva Christine Lagarde resumió brevemente las
conclusiones: “los gastos en salud y educación han sido generalmente
protegidos en los programas de los países de ingreso bajo”. Es cierto
que estas serían buenas noticias para el mundo en desarrollo.

El documento del FMI sugería que, desde 2010, cerca del 90% de los
programas en los países de ingreso bajo incluyeron reformas que
estipulaban costos mínimos para las políticas sociales – usualmente
en salud y educación – y otras áreas prioritarias. Al mismo tiempo,
hubo supuestos mandatos de reducción del déficit fiscal en apenas la
mitad de los programas de ingreso bajo durante el mismo periodo. El
documento dice además que, en las dos décadas pasadas, los programas
del FMI no han tenido efectos sobre los gastos en salud y, de hecho,
aumentaron los gastos en educación pública.

Por desgracia, la evaluación del FMI es metodológicamente defectuosa
y la organización sigue desconectada del espíritu político global
sobre la protección social universal.

Un análisis defectuoso
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La afirmación del FMI de que los programas de los países de ingreso
bajo promueven la protección social está respaldada por los análisis,
que muestran que casi todos incluyen mínimos de gastos social, solo
la mitad pide reducciones del déficit fiscal y los gastos en salud y
educación pública permanecen igual o han aumentado. Sin embargo, el
análisis es engañoso.

La evidencia disponible sobre los mínimos de gastos social
prioritario muestran que, aunque están incluidos en casi todos los
programas, los gobiernos solo los implementan la mitad de las veces.
Al mismo tiempo, las condiciones que pretenden equilibrar el
presupuesto, es decir, los recortes al gasto, se cumplen casi en
todos los años en los que no se cumplen los niveles de gasto
prioritarios, lo que sugiere claramente las verdaderas prioridades
del FMI.

Otra indicación de las prioridades del FMI es la rigurosidad de estas
metas. Los límites del balance presupuestario aparecen normalmente
como condiciones vinculantes, lo que significa que determinan
directamente si el programa del FMI continúa o no. Los mínimos de
gastos social son más a menudo condiciones no vinculantes que sirven
como marcadores para una evaluación de avances más amplia pero que no
suspenden un programa de manera automática por su incumplimiento.

Las cuentas del FMI en el documento sobre reducciones del déficit
fiscal ofrecen una visión incompleta al examinar solo el primer año
de sus programas, que duran normalmente entre tres y cuatro años. Los
que puede ser fiscalmente expansivo o neutro en el primer año del
programa puede volverse contractivo en los años siguientes.

Por último, el análisis del FMI sobre salud y educación pública no
supera un escrutinio metodológico. Esta nueva investigación demuestra
que, contra las conclusiones del FMI, sus programas no afectan los
gastos en educación y tienen un efecto negativo en los gastos en
salud. Los resultados muestran que al ingresar a un programa del FMI
cae el gasto en salud pública, en promedio, un 1,7 puntos
porcentuales como proporción del PIB.

El descuido del desarrollo sostenible
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Los recientemente acordados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
ofrecen la visión de un “mundo con acceso equitativo e igualitario a
la educación de calidad en todos los niveles, a la atención médica y
a la protección social”.  Extrañamente, el reconocimiento de los ODS
estuvo totalmente ausente en el documento del FMI, pese a haber sido
aceptados de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

Por el contrario, en este documento y en muchos otros, el FMI ha
adherido explícitamente al desarrollo de la asistencia social
focalizada. Al reconocer los retos de los limitados recursos
financieros para financiar la protección social, el FMI aboga por una
mejor focalización de los pobres en lugar de apelar a opciones
compatibles con la agenda los ODS, como la financiación de sistemas
universales de protección social mediante una mayor asociación
internacional (Objetivo 17).

A pesar de los objetivos actuales de la comunidad internacional en
materia de protección social, el FMI continúa manteniendo y
persiguiendo una posición política contraria. El FMI parece operar
dentro de un diálogo auto-referencial, aislado del consenso
internacional en materia de políticas. Un mirada a la lista de
referencias del documento apoya fuertemente esta idea: solo uno de
los 22 estudios citados en el documento no pertenece a miembros de su
propio personal.

En consecuencia, no sorprende que las recomendaciones del documento
no exijan cambios en las políticas de protección social del FMI. La
conclusión del documento sería difícil de sostener a partir de la
vasta evidencia disponible fuera del silo ideológico auto-
congratulatorio del FMI. En este universo, la imagen que pinta el FMI
es menos ideal: los programa están vinculados a una cadena de
consecuencias sociales nefastas que van desde sistemas de salud
defectuosos hasta guerras civiles (véase el Observador de Invierno de
2015).

Lo que se viene
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Lograr los estándares de protección social internacionalmente
acordados exigirá la colaboración y coordinación de un amplio
espectro de actores mundiales, incluyendo a entidades de Naciones
Unidas como el FMI. Los ODS no solo ofrecen una guía para estructurar
esos debates políticos, también son una oportunidad para que el FMI y
otras organizaciones internacionales transformen fundamentalmente sus
políticas y prácticas.

Al hacerlo, le objetivo de la protección social debe ser puesto en el
contexto apropiado. Más que una agenda minimalista que abarca
principalmente intervenciones de salud y educación para los más
vulnerables, es un marco integral hacia el más alto nivel posible de
derechos económicos, sociales y culturales, tal como fue codificado
por la comunidad internacional. De hecho, un informe reciente del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas llama la atención
acerca del devastador impacto de los programas de ajuste estructural
sobre los derechos laborales – un contribuyente clave del bienestar
de las personas (véase el Observador de Primavera de 2017 y el de
Primavera de 2016). Las agendas políticas minimalistas, que ofrecen
servicios limitados a los más vulnerables no funcionaron en el pasado
y hay pocas razones para pensar que lo hagan ahora. Tal como Richard
Titmuss, un arquitecto clave del estado de bienestar británico,
explicó hace medio siglo: “Los servicios para los pobres son
servicios pobres”. La comunidad internacional tiene la obligación de
evitar los errores del pasado y de garantizar que los objetivos
universalmente acordados – tales como los ODS – sean una parte
integral de los esfuerzos en materia de políticas.

Thomas Stubbs de la University of Cambridge y Alexander Kentikelenis
de la University of Oxford.

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CONDICIONALIDAD Noticias

Suriname se aparta de las condicionalidades del FMI

El gobierno de Suriname canceló su programa de préstamos con el FMI,
declarando que sus condicionalidades eran demasiada carga para sus
ciudadanos.

En mayo el gobierno de Suriname anunció en el parlamento que había
cancelado sus Acuerdos Stand-By de dos años con el FMI. Al momento
del anuncio el primer tramo de EUR 80 millones de los EUR 425
millones del programa de préstamos acordado en abril de 2016 ya había
sido desembolsado. De acuerdo al periódico surinamés The Parbode la
relación entre el país sudamericano y el FMI había “empeorado” en el
último año debido a las condicionalidades del programa del FMI, que
incluían la introducción del IVA y recortes a los subsidios al
combustible, la electricidad y el agua. El presidente de Suriname
Desi Bouterse declaró al sitio de noticias belga De Redactie que “la
carga de esos costo era demasiado pesada para sus ciudadanos”. El
mismo sitio de noticias informó que, para compensar la escasez de
recursos, el gobierno recaudó fondos a través de los mercados
internacionales de capital, el Banco Interamericano de Desarrollo y
el Banco Islámico de Desarrollo, antes de cancelar el préstamo del
FMI.

Aunque el FMI confirmó a la prensa el hecho, no ha publicado ninguna
declaración oficial. El último documento oficial específico sobre
Suriname que publicó fue la consulta sobre el Artículo IV de enero,
en la que los directores del FMI concuerdan con que se necesitan
“reformas decisivas” en Suriname y pidieron al gobierno surinamés que
“redoble los esfuerzos” para colocar “la consolidación fiscal ... en
el centro de los cambios de política”. En una conferencia de prensa
de febrero el presidente Bouterse respondió al informe del Artículo
IV llamando “frío” al FMI.

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TIERRA análisis

Las inversiones de la CFI implicadas en la apropiación de tierras en
África

Resumen
- Las inversiones a través de intermediarios financieros de la CFI
vinculadas a apropiaciones de tierra y desplazamientos en África
- Las OSC critican los cambios propuestos a las políticas de préstamo
de la CFI

Las inversiones a través de intermediarios financieros de la CFI
vinculadas a apropiaciones de tierra y desplazamientos en África. Las
OSC critican los cambios propuestos a las políticas de préstamo de la
CFI.

Un informe de abril de la ONG estadounidense de derechos humanos
Inclusive Development International (IDI) expuso la complicidad de la
Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco
Mundial para el sector privado, en la apropiación de tierras en
África a través de las inversiones en Intermediarios Financieros
(IF), así como los impactos medioambientales y sociales negativos.
El informe cubrió los casos de apropiación de tierras de 11 proyectos
respaldados por clientes IF de la CFI, que totalizan 700.000
hectáreas, y demostró que “la CFI financia directamente algunos de
los proyectos de inversión más dañinos del mundo”.  El informe es la
cuarta parte de una serie que sigue el rastro del dinero de la CFI y
de sus impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos.

Entre 2010 y 2015 la CFI invirtió o apalancó más de USD 50.000
millones en el sector financiero sin revelar públicamente el destino
final de los fondos. Para IDI esto significa que “el Banco Mundial
puede enmarcar los acuerdos en términos de creación de empleo y
reducción de la pobreza – cuando de hecho los fondos a menudo fluyen
a proyectos que socavan estos objetivos”. Al mismo tiempo, el informe
afirma que las inversiones en IF que apoyan proyectos de ‘alto
riesgo’ han aumentado 300% entre 2013 y 2015, pasando de USD 450
millones a USD 1.300 millones en el periodo. Un informe previo de las
OSC y las conclusiones del Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en
inglés), el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, demuestran
que las inversiones de la CFI en proyectos de IF de alto riesgo han
tenido consecuencias desastrosas para las comunidades afectadas
(véase el Observador de Primavera de 2017 y el de Primavera de 2016).

Desplazamientos en Guinea debido a los IF financiados por la CFI
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Un caso se refiere a la mina de oro AngloGold Ashanti en Kintinian,
Guinea, que la CFI financió mediante un préstamo de USD 140 millones
en 2007 por un mínimo de 10 años al banco sudafricano Nedbank para
préstamos transfronterizos y proyectos intensivos en capital,
incluyendo la extracción de recursos. El informe de IDI encontró que
en 2015 Nedbank suministró dos terceras partes de un préstamo de USD
105 millones a AngloGold Ashanti, la tercera compañía minera más
grande del mundo. El estudio afirma que 380 familias fueron
desalojadas por la fuerza en 2015 y 2016 y hay otras 150.000 personas
bajo amenaza de desalojo, mientras enfrentan riesgo sanitarios por la
contaminación con cianuro de las fuentes locales de agua. Un miembro
de la comunidad entrevistado por IDI dijo: “Firmé por mi tierra con
un soldado apuntándome con su arma. No tuve alternativa”. Otras
personas dijeron haberse visto forzadas a mudarse de sus hogares y
haber recibido golpes y disparos de las fuerzas de seguridad y
defensa a las órdenes de la empresa minera.

La información de un documento  de Global Land Project (GLP), en base
a informes de prensa, muestra que de 2008 a 2010 fueron asignadas por
acuerdos de tierra o por negociación entre 53 millones y 61 millones
de hectáreas de tierra en 27 países africanos. El documento del GLP
encontró que la mayor parte fue adquirida para la producción de
biocombustibles por parte de empresas privadas y los países del Golfo
y Asia Oriental para la producción de alimentos y combustible, y
señala que “falta información consistente sobre el propósito de la
inversión en los diferentes países receptores”. Las OSC han expresado
su preocupación por el papel de las instituciones financieras
internacionales en la promoción de un “entorno propicio” a través de
políticas nacionales de inversión de capital, incluyendo la CFI a
través de sus servicios de asesoramiento y los principios de cascada
del Banco (véase el Observador de Verano de 2017).

El informe de IDI afirma que refutó la declaración de la CFI de ya no
tener responsabilidad en algunos de los casos en los que los
préstamos han sido reembolsados: “en ninguno de estos casos el retiro
de la inversión informada exime a la CFI ni a sus clientes de su
responsabilidad por contribuir con los supuestos daños durante el
período de exposición a los proyectos”.

La CFI versus las OSC y el CAO
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En un artículo de abril, publicado en el sitio de noticias Medium, el
director de la CFI Philippe Le Houérou reconoció que “la CFI no puede
tener el mismo nivel de supervisión de los sub-proyectos respaldados
por nuestros clientes IF que de nuestras propias inversiones
directas”. Le Houérou argumentó que los críticos de las inversiones
de la CFI “no se enfocan en el financiamiento en sí mismo sino en su
impacto directo”. Continuó detallando los cambios que la institución
hará en sus préstamos y políticas para “crear un sistema bancario más
responsable”. Las cuatro propuestas se refieren a la relación entre
la CFI y los reguladores del sector financiero. Además, se
establecerá un grupo de trabajo con las partes interesadas del sector
financiero para explorar un marco voluntario de divulgación para sub-
clientes y proyectos.

En respuesta, aunque las OSC recibieron con beneplácito el cambio de
tono del artículo, una carta firmada por 20 OSC europeas y
estadounidenses exigió la divulgación completa y amplia de la
información de los proyectos y las evaluaciones medioambientales y
sociales correspondientes. Específicamente, se pide una “estipulación
clara de cómo deben usarse los fondos en el acuerdo legal”, la
“separación de fondos en una contabilidad separada para el IF” e
“informes del uso de los fondos, sujetos a auditorías externas”.  Se
exige que “la divulgación sea un requisito obligatorio para acceder a
los fondos de la CFI” ya que, sin esto, “ni la CFI ni las partes
interesadas tienen forma alguna de evaluar si los intermediarios
financieros cumplen sus obligaciones medioambientales y sociales”. La
carta finaliza exigiendo que la CFI apoye completamente el mandato
del CAO, “respetando su independencia y garantizando que cuente con
los recursos adecuados para cumplir con su tarea”.  Se pide un cambio
en las “posiciones defensivas y poco constructivas” de la CFI en
relación con el CAO, que sigue siendo un mecanismo vital para las
comunidades afectadas por las políticas, los proyectos y las
inversiones del Banco.

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DERECHOS Noticias

Las condiciones del FMI debilitan los derechos laborales y la
política laboral del Banco Mundial es inconsistente

Resumen
- Documento político del FMI aboga por la liberalización y
flexibilización de las protecciones del mercado laboral
- La implementación de la política laboral del Banco Mundial es
inconsistente
- El FMI da un giro en U acerca de la sugerencia sobre la
introducción del salario mínimo en Alemania

Un documento político del FMI de marzo aboga por la liberalización y
flexibilización de las protecciones del mercado laboral aunque
justifica los estímulos cuando haya ‘espacio fiscal disponible’. El
Banco Mundial muestra una implementación inconsistente de su política
laboral. El FMI da un giro en U sobre la sugerencia acerca de la
introducción del salario mínimo en Alemania.

Un documento político del FMI de marzo sobre las reformas del mercado
laboral y de productos en las economías desarrolladas: costos
fiscales, logros y apoyo  postulaba que, “el persistente crecimiento
lento ha llevado a un creciente énfasis político en la necesidad de
reformas estructurales que mejoren el funcionamiento de los mercados
laborales y de productos en las economías desarrolladas”. Entre las
reformas consideradas se encuentran “barreras de entrada más bajas
para las empresas” y “la reducción del nivel o de la duración de las
prestaciones de desempleo cuando sean particularmente altas” en
condiciones cíclicas de debilidad.

Sus principales conclusiones incluyeron que tales reformas pueden
aumentar la producción y fortalecer así las finanzas públicas, por
ejemplo, “las reformas de los subsidios de desempleo mejoran los
resultados fiscales tanto indirecta como directamente a través de un
menor gasto”. En consonancia con la política del FMI, el informe
justifica el estímulo fiscal temporal, pero sólo cuando haya “espacio
fiscal disponible” (véase el Update 55), aunque “un compromiso fuerte
con las reformas es un requisito previo”.

Al comentar el documento, el politólogo de la Cambridge University,
Bernhard Reinsberg, encontró “digno de elogio que el FMI reconozca
que los estímulos fiscales pueden ser necesarios no sólo para
estimular la economía después de una crisis financiera sino también
para facilitar la reforma estructural”. Sin embargo, cuestionó la
asunción del estudio de que es necesario reformar el mercado laboral
para desencadenar el crecimiento. Advirtió que “las regulaciones
laborales son vitales para proteger los intereses de los trabajadores
en los lugares marginados de la economía mundial. Por lo tanto, los
resultados presentados en la nota del personal del FMI no pueden
aplicarse a la mayoría de los países”.

Las consecuencias de las políticas propuestas por el Fondo son
inconsistentes con las conclusiones de Juan Pablo Bohoslavsky,
experto independiente de la ONU sobre los efectos de la deuda
externa. Al revisar el impacto de las medidas de austeridad apoyadas
por las instituciones financieras internacionales, Bohoslavsky
encontró pocas pruebas de que la desregulación del trabajo resulte en
un aumento del empleo, haciendo referencia a un estudio de la
Organización Internacional del Trabajo de 2012 que señaló que “desde
bajos niveles de regulación de la protección del empleo a niveles
promedio de regulación, los niveles de empleo tienden a asociarse
positivamente con regulaciones más estrictas (véase el Observador de
Primavera de 2017).

Retraso del Banco Mundial en los derechos laborales
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El enfoque de derecho laborales del Grupo Banco Mundial (GBM) quedó
recientemente bajo el escrutinio de la Confederación Sindical
Internacional (CSI).   En el número de abril de la International
Union Rights Magazine, el artículo principal de Peter Bakvis,
Orthodoxy, evidence and action: Labour rights at the World Bank, se
trazan las líneas teóricas y prácticas del GBM en su enfoque de los
mercados laborales, incluyendo su polémico indicador Haciendo
Negocios (véase el Observador de Verano de 2014 y el de Verano de
2017), concluyendo que “los avances retóricos no siempre han
coincidido con las operaciones del Banco ni con los consejos sobre
políticas nacionales”. Bakvis escribió que aunque el Banco se coloca
a la vanguardia entre las instituciones de desarrollo “en el área de
garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, ha sido
realmente un rezagado”.

El artículo critica además los prolongados procesos de introducción y
aplicación de una nueva salvaguardia laboral, así como las
debilidades inherentes que limiten su eficacia, como por ejemplo,
exigir el respeto de los derechos de negociación y la libertad de
asociación únicamente “conforme a la legislación nacional”. Además,
el análisis del Banco Mundial de los vínculos entre las instituciones
del mercado laboral debilitadas y la creciente desigualdad está a la
zaga de la evolución de la investigación del FMI sobre el tema (véase
el Observador de Verano de 2016 y el de Verano de 2017).

El FMI da un giro en U sobre el salario mínimo alemán
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En mayo el FMI lanzó su declaración de conclusiones del Article IV de
la Misión en Alemania 2017. El Fondo recomendó gastos en
infraestructura, salud infantil, integración de refugiados y alivio
de la carga tributaria sobre el trabajo para estimular el
crecimiento.  Además aconsejó que “las reformas de las pensiones que
hagan atractivo trabajar más tiempo aumentaría el ingreso a la vejez,
impulsaría el producto potencial, mejoraría las perspectivas fiscales
y reduciría la necesidad de ahorrar para la jubilación”.

La misión también instó al gobierno a alentar un “crecimiento robusto
de los salarios” para contribuir a las reformas laborales anteriores,
que ayudaron a promover salarios más bajos y a ser “prudentes” al
establecer el nivel del salario mínimo, pero sin revertirlas. Bakvis
afirmó que recién ahora, y de forma muy cautelosa, el FMI comenzó a
revertir su sugerencia anti crecimiento salarial para Alemania:
“Desde la creación del euro en 1999 hasta 2011, el FMI aconsejó a
Alemania que practicara la moderación salarial, lo que contribuyó al
desequilibrio comercial intra-eurozona que ahora preocupa al Fondo”.
Bakvis destacó la incoherencia del asesoramiento del FMI señalando
que “en 2006, el Fondo dijo al gobierno que ‘los salarios mínimos
serían una política muy equivocada’, aun cuando Alemania era uno de
los pocos países desarrollados que no los tenía. En 2014 el gobierno
finalmente adoptó un salario mínimo pese a la oposición del FMI que
predecía que se exacerbaría el desempleo. Luego de que entrara en
vigor el salario mínimo en 2015 el Fondo admitió que no encontró
evidencia de ello; en realidad, la tasa de desempleo en Alemania
había caído”.

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FINANZAS Noticias

Declaración del CMFI subsahariano contra las tendencias
proteccionistas

Resumen
- Declaración del CMFI subsahariano contra las tendencias
proteccionistas
- La declaración alerta sobre las fugas de capital y pide una
regulación más fuerte del sector financiero
- Se pide una tercera plaza para África subsahariana en el directorio
del FMI

Una declaración del CMFI subsahariano alerta sobre las tendencias
proteccionistas en el mundo desarrollado y los impactos de las fugas
de capital. La declaración pide una regulación más estricta del
sector financiero y una tercera plaza para África subsahariana en el
directorio del FMI.

En abril Malusi Gigaba, ministro de economía de Sudáfrica, hizo una
declaración en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI),
el órgano encargado de las establecer las directivas de los ministros
de economía del FMI, en nombre de 23 países de África subsahariana.
Su declaración advirtió sobre los riesgos de las “tendencias
proteccionistas emergentes” para una “ya frágil economía mundial”, en
la que “el marco multilateral está siendo cuestionado por algunos
grupos y las reformas regulatorias del sector financiero corren
riesgo de retroceder”. Esto contrasta con el comunicado del CMFI de
abril, en el que el CMFI establece su posición de consenso con
respecto a la dirección del Fondo. La comunicación presentó una
visión optimista del crecimiento de la economía en los países en
desarrollo, lo que revela el contraste entre los dos documentos
(Análisis del comunicado del CMFI en la reuniones de primavera 2017
de Bretton Woods Project).

La declaración de Gigaba destacó que “para África subsahariana, el
crecimiento continúa obstaculizado por factores cíclicos y de oferta
adversos” agravados por el “impacto devastador en la producción
agrícola” y la “alta inflación” luego de una ”severa sequía
experimentada principalmente en África Oriental y Meridional”. Con el
fin de apoyar el crecimiento en el África subsahariana, la
declaración destacó la importancia de adoptar “la combinación
adecuada de políticas en este entorno”, incluso “a través de la
reconstrucción de colchones que amortigüen adecuadamente las
economías contra los golpes” y que “se garantice un énfasis mayor en
las reformas estructurales y la diversificación”.

Flujos financieros ilícitos y controles de capital
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La declaración de Gigaba advirtió que a pesar de los actuales flujos
de capital estables, la amenaza de las huidas “se agiganta”,
advirtiendo que la “normalización monetaria” [esto es, tasas de
interés más altas] y las “presiones sobre los precios” en las
economías más grandes pueden dar como resultado una inversión de los
flujos desde los países en desarrollo. En el comunicado se señala
además que si bien “el mantenimiento de los tipos de cambio flotantes
y la liberalización es un objetivo político importante”, los
“significativos efectos a corto plazo en el balance, amplificados por
las actuales presiones inflacionarias del lado de la oferta,
constituyen una amenaza para el bienestar y la estabilidad”. Aunque
la declaración enfatiza que los países de África subsahariana “apoyan
el trabajo del Fondo sobre la visión institucional acerca de la
gestión de los flujos de capital”, subraya que “el Fondo debe
garantizar que las medidas adoptadas se ajusten a las especificidades
de cada país”  (véase el Observador de Verano de 2016 y el de
Primavera de 2016).

En febrero de 2016 el FMI publicó un documento político reabriendo la
discusión sobre el mérito potencial del uso de controles de capital
(véase el Observador de Primavera de 2016). Un artículo del FMI de
junio de 2016 cuestionó la política relativa la “remoción de las
restricciones sobre los movimientos de capital”, con el argumento de
los autores de que (i) no están probados los beneficios de esas
políticas para el crecimiento, (ii) esas políticas tienen costos
“prominentes” en términos de desigualdad y (iii) la desigualdad
creciente, a su vez, reduce el “nivel y la sostenibilidad del
crecimiento [económico]) (véase el Observador de Verano de 2016).

La declaración de Gigaba reiteró su apoyo “al desarrollo de
mecanismos fuertes que ayuden a afrontar los flujos financieros
ilícitos que drenan los muy necesarios recursos para financiar el
desarrollo de la región”. La declaración afirma también que “una
regulación más rigurosa del sector financiero es una herramienta
importante para bajar los riesgos macro-económicos” y que “contar con
sistemas tributarios efectivos en funcionamiento es esencial para
lograr la estabilidad”. El grupo pidió que el “Fondo brinde apoyo a
la capacitación a más largo plazo y aconsejó fortalecer la
movilización de recursos domésticos”, un punto repetidamente exigido
por las OSC.

La declaración tomó “una nota positiva de que el marco conceptual del
análisis macro-estructural incluya cuestiones de desigualdad y
género” y apoyó “la integración de cuestiones macro-críticas en el
trabajo del Fondo, incluyendo el impacto del cambio climático, el
género y varios efectos secundarios” (véase el Observador de Verano
de 2017). Crystal Simeoni, de la African Women’s Developmentand
Communication Network (FEMNET) destacó: “sobre los flujos financieros
ilícitos, el movimiento de los derechos de las mujeres está
presionando fuertemente por sistemas fiscales progresivos, y no sólo
efectivos, que garanticen que los impuestos se recauden y distribuyan
de manera equitativa para garantizar la inclusión para las mujeres y
las niñas de África”. Simeoni continuó: “no se trata solo de tener
regulaciones fuertes para el sector financiero, es una cuestión de
inclusión. Actualmente, la OCDE está estableciendo normas mundiales
para todos nosotros aunque no todos estemos en la mesa de
negociaciones. Estamos presionando para lograr un organismo
tributario inclusivo que garantice que todas las voces sean
escuchadas en la mesa”.

Gobernanza, inclusión y diversidad
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El ministro de economía dijo que los países subsaharianos “esperan
con interés la conclusión del trabajo en curso sobre el
fortalecimiento de la red de seguridad financiera mundial” (GFSN, por
su sigla en inglés. Sobre el punto véase el resumen del año 2016 de
Bretton Woods Project) y la “conclusión de la 15ª Revisión General de
Cuotas, incluyendo la introducción de una nueva fórmula de cuotas,
para las reuniones de primavera de 2019, pero no más tarde de las
reuniones anuales de 2019” (véase el Observador de Invierno de 2016).
También reiteró su llamamiento “por una tercera plaza para África
subsahariana en el directorio del FMI”.

La declaración subrayó que “la diversificación del personal” mejorará
“la eficacia del Fondo” y lo alentó a “enfocarse más tanto en la
contratación como en la retención de representantes nacionales de las
regiones sub-representadas para garantizar que se alcancen los puntos
de referencia”, reafirmando su “llamamiento a expandir el grupo de
instituciones para incluir a las universidades de África y pidiendo
que esto se traduzca en la contratación efectiva de africanos”.
Simeoni comentó: “Estamos de acuerdo con el llamamiento a que el
Fondo brinde más asistencia técnica bancaria, en la administración
tributaria y en las medidas para promover la inversión en
infraestructura y creación de empleo. Sin embargo, pedimos que esto
se haga de una manera inclusiva que aborde el movimiento por los
derechos de las mujeres y las prioridades de las mujeres y niñas de
África que han sido tradicionalmente marginadas de los espacios
macro-económicos en todos los niveles”.

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RENDICIÓN DE CUENTAS Noticias

La sociedad civil pide una mayor independencia del Panel de
Inspección

En abril las OSC escribieron una carta a los directores ejecutivos
del Banco Mundial pidiendo la inclusión de “interesados externos
independientes en el comité de selección” del Panel de Inspección.

En abril las OSC escribieron una carta a los directores ejecutivos
del Banco Mundial pidiendo la inclusión de “interesados externos
independientes en el comité de selección” del Panel de Inspección
(IPN, por su sigla en inglés), el mecanismo de reclamos independiente
del Banco Mundial. La carta fue en respuesta a una vacante en el IPN
creada por la partida de Zeinab Elbakrin, que aún no ha sido
cubierta.

En la carta las OSC argumentan que “para cumplir adecuadamente con su
trabajo y se legitimado y reconocido, es vital que el IPN sea
independiente”. El informe Glass Half Full? de The State of
Accountability in Development Finance, presentó la inclusión de
interesados externos, como académicos y representantes de las ONG, en
el comité de selección como una buena práctica. En la actualidad el
comité de selección está integrado por dos miembros del directorio y
dos de la gerencia del Banco. Tal como se señala en la carta, las OSC
consideran problemática la composición actual del panel y exigieron
al inclusión de interesados externos independientes en el comité de
selección.

Lori Udall, de Montpelier Consulting, afirmó que “como la gerencia es
la parte bajo investigación en los casos del IPN, no debe tener una
lugar en el comité de selección del Panel”. Erika Lennon, del Centro
para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por su sigla en
inglés), subrayó que “una vez más el Directorio no ha respondido al
pedido de la sociedad civil para cambiar sus procedimientos dentro
del comité de selección de forma que garanticen la independencia del
IPN”. A pesar del buen ejemplo del Defensor del Pueblo (CAO, por su
sigla en inglés), el mecanismo de rendición de cuentas de la
Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco
Mundial para el sector privado, el directorio del Banco no ha
reconocido todavía el valor de la inclusión y la legitimidad que
otorga un proceso de selección más abierto”. El Panel fue criticado
con anterioridad por las OSC por haber creado un nuevo plan piloto,
en 2013, que debilitó la rendición de cuentas del Banco (véase el
Update 68 y el 64).

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MEDIO AMBIENTE Noticias

El IPN pide mejorar la supervisión de las evaluaciones
medioambientales

El IPN lanzó el tercer informe Emerging Lessons Series sobre la
evaluación medioambiental de los proyectos del Banco Mundial en las
reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

El Panel de Inspección (IPN, por su sigla en inglés) del Banco
Mundial, su mecanismo de rendición de cuentas, lanzó el tercer
informe Emerging Lessons Series en las reuniones de primavera de
abril del FMI y el Banco Mundial en Washington DC.  Este informe,
precedido por informes sobre reasentamiento involuntario y pueblos
indígenas, analizó la necesidad de mejorar los procedimientos de
evaluación medioambiental del Banco. Elaborado a partir de los
reclamos registrados desde la concepción del IPN en 1993, el informe
ofrece un resumen de las lecciones que deberían integrarse a los
proyectos futuros para obtener resultados más transparentes y
equitativos de ellos.

El informe subraya la necesidad de que el Banco realice evaluaciones
ambientales continuas de sus proyectos y reconozca el potencial de
todos los proyectos de suponer riesgos ambientales,
independientemente de su categorización ambiental inicial. El
llamamiento del informe para el fortalecimiento de la supervisión
sobre el terreno mediante la utilización de “conocimientos
multidisciplinarios que vayan más allá de la ingeniería a cuestiones
ambientales y sociales” fue reiterado por la sociedad civil en el
debate de la reunión del Foro Político de la Sociedad Civil sobre el
lanzamiento del informe (cobertura de Primavera de 2017 de Bretton
Woods Project). Esto incluyó la opinión del profesor Richard Fuggle
de que el personal del Banco “prefiere mirar los problemas en sus
pantallas en las oficinas del Banco antes que salir y enfrentar
realmente lo que está sucediendo en el terreno”.

Además de criticar el enfoque del informe sobre un pequeño porcentaje
de quejas, Medha Patkar de la coalición india Narmada Dam Movement
advirtió que, aunque importante, el foco en las cuestiones
ambientales no puede hacerse a costa de un análisis exhaustivo de las
consecuencias sociales y de equidad de los proyectos.

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FINANZAS Noticias

La profundización de la cooperación del Banco Mundial y el BAII:
¿están bloqueados en un modelo de desarrollo fracasado?

Resumen
- El Banco Mundial y el BAII firman un memorando de entendimiento
para profundizar la cooperación
- La cooperación y el co-financiamiento de infraestructura Banco
Mundial-BAII reflejan la tendencia mundial
- Los subsidios de los BMD para la inversión privada en mega-
infraestructura amenazan el desarrollo sostenible

Los acuerdos de co-financiamiento y la creciente cooperación Banco
Mundial-BAII en proyectos de mega-infraestructura son una peligrosa
tendencia mundial que amenaza los derechos humanos y se estanca en un
modelo de desarrollo fracasado.

En abril, al cierre de las reuniones de primavera del Banco Mundial y
el FMI en Washington DC, el Grupo Banco Mundial (GBM) y el Banco
Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) firmaron un memorando
de entendimiento “para fortalecer la cooperación y el intercambio de
conocimientos entre las instituciones”. El acuerdo se firmó un año
después de que ambas instituciones firmaran un acuerdo de co-
financiamiento delineando “los parámetros de co-financiamiento de los
proyectos de inversión Banco Mundial-BAII” (véase el Observador de
Verano de 2016). Desde entonces el Banco y el BAII han co-financiado
cinco proyecto de manera conjunta.

El co-financiamiento y la cooperación entre el Banco y el BAII
refleja la tendencia de incremento de la coordinación y el
financiamiento conjunto de los bancos multilaterales de desarrollo
(BMD) para cerrar la anunciada brecha anual de entre USD 1 billón y
USD 1,5 billones de financiamiento para infraestructura en los países
en desarrollo para 2020. El foco de los BMD en el apalancamiento de
las inversiones del sector privado en proyecto de mega-
infraestructura quedó evidenciado en el documento de conclusiones del
Foro Mundial de Infraestructura 2017.

La trayectoria del Banco Mundial-AIIB está en desacuerdo con los
principios de mejores bancos multilaterales de desarrollo descritos
en el documento conceptual de Eurodad, Afrodad y Latindadd Bancos
públicos de desarrollo: hacia un mejor modelo de abril, que argumenta
que los BMD deben priorizar los resultados del desarrollo a los
beneficios y subraya que, históricamente, el desarrollo de
infraestructura ha sido financiado principalmente con fondos
públicos. María José Romero, de la red con sede en Bruselas Eurodad,
afirmó que “los BMD deben apoyar el desarrollo de infraestructura que
beneficie a las comunidades y ayude en la transición de los países
hacia un nuevo modelo de desarrollo”. A la luz de la relación
creciente entre los BMD, tal como se refleja en el documento de
conclusiones del Foro Mundial de Infraestructura, la sociedad civil
teme que el BAII, lejos de ofrecer a los países en desarrollo un
paradigma de desarrollo y financiamiento diferente, quiera apoyar los
modelos de desarrollo existentes que no hacen nada por ayudar a la
transición de los países en desarrollo como economías dependientes de
las materias primas (véase el Observador de Verano de 2017).

Tal como afirmó el profesor Bill Laurence en su blog Alert, a la
sociedad civil también le preocupa que la creciente cooperación e
intercambio de normas entre los BMD conduzcan a una competencia a la
baja en términos de protecciones medioambientales y sociales. La
sociedad civil fue muy crítica con el recientemente adoptado Marco
Ambiental y Social del Banco Mundial (véase el Observador de Otoño de
2016). Muchos dentro de la sociedad civil se hicieron eco de las
preocupaciones incluidas por la profesora Hongying Wang en su
documento de septiembre de 2016 para el Consejo de Relaciones
Exteriores acerca de que “la indulgencia de los nuevos BMD hacia
proyectos de infraestructura que pueden tener consecuencias sociales
y ambientales negativas podría hacerlos más atractivos para algunos
prestatarios, que priorizan una financiación más rápida y de menor
costo. Esto podría socavar la capacidad de otros BMD, incluyendo al
Banco Mundial, de mantener sus estándares”.

La cooperación Banco Mundial-BAII a prueba en Tarbela 5
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La represa Tarbela 5, en Pakistán, ofrece la oportunidad de evaluar
cómo el co-financiamiento afecta el enfoque del BAII y del Banco
Mundial sobre las salvaguardias medioambientales y sociales. El BAII
y el Banco Mundial co-financian la represa junto al gobierno de
Pakistán. Aunque el AIIB se había comprometido a que su préstamo de
USD 300 millones no sólo financiaría la nueva construcción, sino que
también abordaría las cuestiones relacionadas con el legado social de
proyectos anteriores, un análisis más a fondo de la ONG Bank
Information Center (BIC) Europa y el investigador pakistaní Naeem
Iqbal arrojan dudas sobre esa afirmación. BIC Europa argumentó que el
enfoque legalista del BAII seguramente dejará personas
irremediablemente desplazadas por la construcción anterior. El
estudio también dice que “de acuerdo con el representante del Banco
Mundial, el Banco Mundial eliminó la estación de la red del proyecto
para evitar que la AIIB tuviera que abordar temas de adquisición de
tierras y reasentamiento, aunque es claramente parte del proyecto
Tarbela 5”. Finalmente, BIC e Iqbal aseguran que importantes procesos
de acceso a la información no siguieron las buenas prácticas.

En un artículo de junio, en el sitio de noticias Chinadialoge, Kate
Geary, de BIC Europa, señaló que aunque el BAII “se compromete
explícitamente con el Acuerdo Climático de París y con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, su estrategia
energética no impide específicamente que la AIIB financie el carbón.
Geary señaló que 31 OSC de India escribieron al BAII para expresar su
preocupación de que “el banco supuestamente ‘verde’ termine
financiando combustibles sucios, incluyendo carbón y plantas térmicas
de gas, a través de Asia, ya que no los excluye”. El artículo de
Geary también criticó las inversiones propuestas del BAII a través de
intermediarios financieros (IF) y en el Fondo de Infraestructura de
India en particular, haciendo referencia a los impactos negativos
para el desarrollo de las inversiones en IF de la Corporación
Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial para el
sector privado (véase el Observador de Otoño de 2017 y el de Otoño de
2016).

En marzo 47 OSC de Indonesia escribieron una carta al BAII pidiéndole
que retenga el apoyo al Fondo de Infraestructura de Indonesia y al
Fondo de Desarrollo de Infraestructura Regional (RIDF, por su sigla
en inglés) citando preocupaciones sobre evaluaciones sociales y
ambientales y la falta de una consulta apropiada (véase el Observador
de Primavera de 2017). Desatendiendo esas preocupaciones, el 28 de
marzo el BAII anunció que había aprobado un préstamos de USD 100
millones al RIDF.

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CONOCIMIENTO Antecedentes

El Informe Haciendo Negocios del Banco Mundial

Resumen
Este Al interior de las instituciones examina el informe Haciendo
Negocios y recorre los pasos clave de su historia y desarrollo,
explica se calculan la calificaciones y resalta algunas de las
principales críticas en relación con sus antecedentes metodológicos e
ideológicos.

El informe Haciendo Negocios del Banco Mundial se ha publicado cada
años desde 2033 y figura hoy entre las publicaciones más influyentes
de la institución. El informe clasifica 190 economías en base a dos
medidas y 11 áreas de regulación de los negocios tal como las define
el Banco Mundial.

El artículo completo en inglés, mira aquí tinyurl.com/Bank-Business

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RENDICIÓN DE CUENTAS Noticias

Pedido de aportes de la OEI en las evaluaciones futuras

La Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI pide aportes
sobre los temas para sus evaluaciones futuras.

La Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI pide aportes
sobre los temas para sus evaluaciones futuras (véase la cobertura de
las reuniones de primavera de 2017 de Bretton Woods Project y el
Observador de Invierno de 2015). La OEI desarrolla su programa de
trabajo en base a amplias consultas internas y externas y pide a los
interesados que envíen propuestas, que serán consideradas en la
planificación de sus próximos informes de evaluación. Todos los
comentarios y todas las sugerencias recibidas se publicarán en el
sitio web de la OEI. También es posible enviar comentarios o
sugerencias sobre evaluaciones finalizadas o en curso. Se pueden
realizar comentarios en este formulario en línea o enviarlos a
ieo@imf.org.

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CONDICIONALIDAD Noticias

El impacto del programa del FMI para Ucrania sobre los derechos de
las mujeres recibe críticas en el Consejo de Derechos Humanos

Resumen
- La LIMPAL envió una declaración al CDH criticando el programa del
FMI para Ucrania
- La declaración argumenta que las severas condicionalidades del
programa dañan a las mujeres
- El documento pide un enfoque basado en los derechos humanos en el
diseño de políticas macro

La LIMPAL envió una declaración al Consejo de Derechos Humanos
criticando el programa del FMI para Ucrania. La declaración afirma
que las duras condicionalidades del programa dañan especialmente a
las mujeres y pide un enfoque basado en los derechos humanos en el
diseño de políticas macro-económicas.

En mayo la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad
(LIMPAL) envió una declaración escrita al Consejo de Derechos Humanos
(CDH) de Naciones Unidas que aborda los impactos de los programas de
reforma macro-económica del FMI sobre los derechos de las mujeres en
Ucrania. La declaración resalta las varias formas en las que las
recientes reformas económicas exigidas por el FMI a Ucrania (véase el
Observador de Primavera de 2015 y el de Invierno de 2016), han
“violado los derechos sociales y económicos de la mujeres y
contribuido a la feminización de la pobreza y la profundización de
las desigualdades de género”. La LIMPAL identifica tres condiciones
políticas específicas del FMI (recorte de subsidios a los
combustibles, recortes en el sector público y políticas fiscales) que
han tenido impactos de género significativos.

Aunque el FMI ha argumentado repetidamente que los subsidios a los
combustibles “son un enfoque costoso para proteger a los pobres
debido a la fuga sustancial de beneficios hacia los grupos de mayores
ingresos”, la declaración de la LIMPAL señala que el recorte de los
subsidios sin una consideración adecuada de impactos sobre los pobres
y las mujeres pueden tener consecuencias desastrosas para esos grupos
vulnerables. Desde la implementación del programa de préstamos en
Ucrania, el comité estatal de estadísticas informó que el consumo de
energía disminuyó en un 30%, lo cual, de acuerdo a la LIMPAL, ha
hecho caer significativamente el nivel de vida en todo el país.
Debido a que las mujeres conforman la mayoría de los pobres y
desempleados en Ucrania y las mujeres rurales enfrentan condiciones
de vida particularmente duras, esos recortes a los subsidios a los
combustibles dañan en mucho mayor proporción a las mujeres.

En lo que respecta a la participación de la mujer en la fuerza
laboral, la declaración indica que el programa del FMI implicaba
planes generales de reducción del 20% en la fuerza laboral de los
servicios sociales, incluidos 12.000 trabajadores sociales en 2014 y
25.000 profesionales sanitarios en 2015. La declaración enfatiza que
esas políticas ponen en desventaja a las mujeres, ya que “las mujeres
representan más del 75% del servicio social, especialmente en
puestos [más vulnerables] no gerenciales”.  Además de la pérdida de
oportunidades de empleo, las tareas no remuneradas de cuidado de los
ancianos, salud y cuidado infantil recaen mucho más sobre las
mujeres, lo que limita su tiempo y su acceso al mercado de trabajo
(véase el documento de resumen de Bretton Woods Project de octubre de
2016). La aguda caída del gasto público desde 2013 ha causado una
reducción en la cantidad de camas en los hospitales, el cierre de
escuelas y recortes en la atención de salud infantil.

Bajo el programa del FMI Ucrania ha reducido las tasas de impuestos
para la grandes empresas, al tiempo que aumentaron los impuestos al
consumo, al trabajo y a las pequeñas y medianas empresas. La
declaración afirma que las mujeres resultan desproporcionadamente
impactadas con estos cambios porque ”hay más mujeres que hombres
pequeños emprendedores (53% en 2011, según el Banco Mundial) y
porque, debido a una serie de limitaciones, las empresas dirigidas
por mujeres son menos rentables, más allá del sector de actividad
económica del que se trate. Los estímulos del FMI a la competencia
tributaria, en lo que se conoce como ‘competencia a la baja’ es
motivo de preocupación para la sociedad civil, tal como lo expresa un
reciente documento de Oxfam.

Los programas de reforma macro-económica en el Consejo de Derechos
Humanos
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Muy recientemente se ha vuelto materia de discusión en los espacios
de derechos humanos de Naciones Unidas la obligación de los Estados
de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos económicos y
sociales en el contexto de los programas de reforma macro-económica
pautados por el FMI. Hasta ahora, el CDH, principal organismo
intergubernamental responsable de la promoción y la protección de los
derechos humanos en el mundo, ha obviado estos programas en sus
sesiones trianuales regulares.  Notables excepciones han sido los
trabajos de algunos encargados de procedimientos especiales, tales
como el próximo informe del experto independiente en orden
internacional acerca de los impactos sobre los derechos humanos de
las políticas económicas del FMI y el Banco Mundial. El experto
independiente en deuda externa también está en proceso de producción
de pautas para la evaluación de impactos sobre los derechos humanos
de los programas de reforma económica, que aún están abiertas a
consulta.

Las recomendaciones de la LIMPAL se hacen eco de estos y de previos
trabajos de los encargados de procedimientos especiales para diseñar
programas de reforma macro-económica desde una perspectiva de
derechos humanos y abordar sus impactos negativos sobre las mujeres y
los marginados. Madeleine Rees, de la LIMPAL, señaló que “mientras el
FMI no reconozca plenamente cómo sus recomendaciones políticas suelen
afectar desproporcionadamente a las mujeres y no cambie su enfoque
ortodoxo, continuará socavando la igualdad de género y los derechos
de las mujeres”.

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GOBERNANZA DE LAS IFI Noticias

El Banco Mundial nombra a Georgieva como directora general del BIRD y
de la AIF

En octubre el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim anunció el
nombramiento de Kristalina Georgieva como directora ejecutiva del
BIRD y de la AIF.

En octubre del año pasado el presidente del Banco Mundial Jim Yong
Kim anunció el nombramiento de Kristalina Georgieva como directora
ejecutiva del Banco Internacional para la Reconstrucción y el
Desarrollo (BIRD), el brazo del Banco para los países de ingreso
medio, y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el brazo del
Banco para los países de ingreso bajo. Georgieva comenzó a trabajar
en el Banco Mundial en 1993 luego de ser vice-presidente de la
Comisión Europea (CE) y haber perdido como candidata a convertirse en
secretaria general de la ONU. Desde su comienzo en enero Georgieva
mencionó a Devex que su “primera prioridad es fortalecer el BIRD y la
AIF” y alentar una mayor colaboración con el sector privado,
brindando paquetes de préstamos centrados en las reformas
regulatorias, en las que “el sector privado hará el resto” (véase el
Observador de Verano de 2017 y el Update 86).

El nombramiento no se ha producido sin controversia. En noviembre del
año pasado la revista Politico informó sobre temores sobre conflictos
de interés en el papel de Georgieva. Observó que Georgieva había
supervisado una nueva estructura de pagos de la CE al Banco, mientras
seguía trabajando en la CE, lo que daría lugar a “proyectos
ejecutados directamente por el Banco Mundial ... sujetos a un cargo
del 17% sobre el costo del personal y consultores”. En medio de un
sentimiento anti-globalización, el nombramiento de Georgieva ha sido
visto como apaciguador para los donantes occidentales en medio de
temores de que las bajas tasas de interés amenacen los ingresos del
Banco Mundial y que, tal como afirmó el Financial Times, algunos
creen que el Banco se está ‘volviendo irrelevante’.

Previamente le Banco Mundial sufrió el descontento generalizado del
personal (véase el Observador de Invierno de 2015), ya que la
reestructura de la gerencia resultó en una mayor ‘centralización’
(véase el Update 85). En este contexto, Paul Cadario, de la School of
Global Affairs de la University of Toronto y gerente retirado del
Banco, dijo que “Georgieva ayudó a estabilizar el adefesio de
reorganización de Kim, pero el silo organizacional será difícil (si
no imposible) de arreglar. Desafortunadamente, Georgieva no ha
mostrado coraje ni liderazgo sobre el Fondo Ivanka ni su Mecanismo de
Financiamiento de Emergencia para Casos de Pandemia. Parece estar
micro administrando los nombramientos de líderes de la práctica,
perdiendo la oportunidad de romper las barreras y reformar los
procesos obsoletos que no se adaptan al nuevo contexto de competencia
y restricción financiera en que se encuentra ahora el Banco”.

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RENDICIÓN DE CUENTAS Noticias

El Defensor del Pueblo abre un caso en Chile sobre el proyecto Alto
Maipo del Banco Mundial

En marzo el CAO determinó que el reclamo en nombre de las comunidades
afectadas por la inversión de la CFI en el proyecto hidroeléctrico
Alto Maipo, en Chile, es pertinente y merece una mejor evaluación.
Los denunciantes resaltaron que el financiamiento de la CFI y del BID
no cumple con las políticas medioambientales, sociales y de acceso a
la información del propio Banco.

En marzo el Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés), el
mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial para el sector
privado, estableció que un reclamo en nombre de las comunidades
afectadas por la inversión de la CFI en el proyecto hidroeléctrico
Alto Maipo, en Chile, es pertinente y merece una mejor evaluación
(véase el Observador de Otoño de 2013). El reclamo fue presentado en
enero por la ONG ambientalista chilena Coordinadora Ciudadana No Alto
Maipo, Ecosistemas y varias organizaciones internacionales. Los
grupos presentaron además un reclamo similar al Mecanismo
Independiente de Consulta e Investigación (MICI), del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que determinó su pertinencia en
mayo.

De acuerdo al CAO, los denunciantes argumentaron que “el proyecto
producirá la desviación del río Maipo, lo que tendrá impactos sobre
el acceso al agua y su calidad, la agricultura, el turismo y el medio
ambiente. Además, los denunciantes hacen ver su preocupación en
relación con la evaluación de impactos del proyecto”. Los
denunciantes resaltaron que el financiamiento de la CFI y del BID no
cumple con las políticas medioambientales, sociales y de acceso a la
información del propio Banco. Exigieron que los bancos revisen si el
proyecto cumple con sus políticas y pidieron a los bancos que no
financien los incrementos inesperados de costos del proyecto y que,
en su lugar, se alejen completamente de Alto Maipo.

“Este proyecto implica impactos graves y a largo plazo sobre el río
Maipo y el suministro de agua para la región metropolitana de
Santiago” subrayó Marcela Mella, vocera de la Coordinadora, que
coordina a cientos de activistas y docenas de organizaciones contra
el proyecto. Tanto el CAO como el MICI visitaron la región en abril y
escucharon directamente a los afectados.

“Las políticas de la CFI y del BID tienen por objeto asegurar que los
proyectos se diseñen y apliquen después de que se hayan evaluado
adecuadamente las cuestiones ambientales y sociales para evitar
daños, no fue este el caso en este complejo proyecto”, agregó Carla
García Zendejas del Centro para el Derecho Internacional Ambiental
(CIEL, por su sigla en inglés). “Ahora las investigaciones del CAO y
el MICI pueden determinar si estos bancos cumplen con sus propias
reglas y obligaciones”.

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GÉNERO Análisis

El FMI, la equidad de género y el IVA

Las dimensiones de género de la sugerencia clave sobre política
fiscal del FMI en materia de movilización de recursos en los países
en desarrollo.

El artículo completo en inglés, mira aquí tinyurl.com/IMFgenderVAT

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El Observador del Proyecto Bretton Woods está disponible en formato
PDF, en la web y por correo electrónico.

En inglés: www.brettonwoodsproject.org/observer/
En español:  www.brettonwoodsproject.org/es/observador
Subscripciones:  www.brettonwoodsproject.org/subs

El Proyecto Bretton Woods tiene sus oficinas con ActionAid. Está
registrado en el Reino Unido como institución de beneficencia no.
274467, registrado en Inglaterra y Gales como institución de
beneficencia no. 274467 y registrado en Escocia como institución de
beneficencia no. SC045476.

Esta publicación es respaldada por una red de ONGs del Reino Unido,
por la Fundación Charles Stewart Motta, por la Fundación William y
Flora Hewlett y por la Fundación y el Fondo de los Hermanos
Rockefeller.

Nuestros artículos pueden ser reproducidos sin permiso.

ISSN 2053-7522

Diseño de Base Eleven
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