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Observador de Verano 2018 de Bretton Woods
Una revisión trimestral de los acontecimientos en el Banco Mundial y
el FMI

Publicado por BRETTON WOODS PROJECT
Trabajando con ONGs e investigadores para monitorear al Banco Mundial
y al FMI


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1. El costo político de los programas del FMI (CONDICIONALIDAD/
análisis)
2. El enfoque del FMI sobre la protección social y la crisis del
mutilateralismo (CONDICIONALIDAD/análisis)
3. La agenda pro-empresarial impulsa al IDM del Banco Mundial sobre
la naturaleza cambiante del trabajo (CONOCIMIENTO/análisis)
4. Los PPD del Banco Mundial allanan el camino para las perforaciones
marinas en Guyana pese a las preocupaciones de las OSC (MEDIO
AMBIENTE/noticias)
5. Beneficios privatizados, pérdidas socializadas: informes europeos
cuestionan la promoción del Banco Mundial de las APP (SECTOR PRIVADO/
noticias)
6. Informe sobre fragilidad de la OEI: Al FMI le preocupa poco
“marcar la diferencia en el terreno” (RENDICIÓN DE CUENTAS/noticias)
7. La Alianza para la Lucha contra la Desigualdad se prepara para las
reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Bali (FINANZAS/
noticias)
8. La CFI da sus primeros pasos para abordar los reclamos por la
represa de Bujagali(INFRAESTRUCTURA/noticias)
9. El aumento de capital general del Banco Mundial se formalizará en
octubre (GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias)
10. El Banco Mundial presenta a su nueva economista jefe y a su nuevo
presidente del PI (GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias)
11. Los bancos de desarrollo inyectan más dinero al Corredor de Gas
del Sur, a pesar de las nuevas preocupaciones (MEDIO AMBIENTE/
noticias)
12. La Corte Suprema de Estados Unidos oye el caso que objeta el
reclamo de la CFI de inmunidad absoluta (RENDICIÓN DE CUENTAS/
noticias)
13. Las conclusiones del GEI arrojan dudas sobre la capacidad del
Banco para cumplir con el aumento de capital general (GOBERNANZA DE
LAS IFI/análisis)
14. El Banco Mundial publica notas orientativas sobre el MAS
revisadas para los prestatarios (DERECHOS/noticias)
15. Malas noticias para Argentina: El cruel FMI está de vuelta



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CONDICIONALIDAD/análisis

El costo político de los programas del FMI

Resumen
- Las ramificaciones políticas del programa del FMI en Jordania
desata protestas
- Renuncia del primer ministro de Jordania
- Los acontecimientos plantean más interrogantes sobre las
condicionalidades del FMI

En junio, el rey Abdullah II de Jordania aceptó la renuncia del
primer ministro Hani al-Mulki, en medio de las mayores protestas en
Jordania desde la Primavera Árabe de 2011,  tras dos años impulsando
una serie de iniciativas gubernamentales impopulares y reformas
impuestas por el FMI.
En febrero se desataron protestas generalizadas en respuesta al
creciente costo de vida y el aumento de impuestos del gobierno sobre
productos básicos, como el pan. Esto se dio junto con una serie de
decisiones controvertidas tomadas, en parte, para cumplir con el
objetivo de déficit presupuestario, acorde con el acuerdo del FMI con
Jordania, que comenzó en 2016.
Los disturbios surgieron nuevamente en junio a raíz de las medidas de
austeridad, las reformas del impuesto a la renta y el aumento de los
precios, lo que fue la última parte de una larga lista de reformas
controvertidas que adoptó el gobierno desde que comenzara el programa
de préstamos del FMI.
En medio del caos, el primer ministro Mulki se reunió con los
sindicatos, quienes exigieron que se descartara la muy controvertida
ley del impuesto a la renta. Ali Obus, de la Federación de Sindicatos
de Jordania, fue citado por The Guardian pidiendo al Estado “mantener
su independencia y no someterse a las exigencias del FMI”. Sin
embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Dos días más tarde, Mulki
presentó su renuncia.

El préstamo del FMI a Jordania – ¿qué se negoció?
En agosto de 2016, el FMI aprobó un acuerdo de préstamo a tres años
con Jordania de USD 723 millones en el marco del Servicio Ampliado de
Fondos (SAF), un tipo relativamente largo de programa de préstamos
del FMI diseñado para abordar problemas estructurales profundos. El
comunicado de prensa adjunto destacó los principales desafíos para la
economía jordana, como el impacto de la crisis de refugiados sirios y
el alto desempleo.
En la primera revisión del SAF, en junio de 2017, el FMI se mostró
“animado por el compromiso de Jordania de continuar eliminando las
exenciones sobre las ventas generales, el impuesto a la renta y los
aranceles aduaneros”. Mitsuhiro Furusawa, director gerente adjunto
del FMI, señaló el apoyo del Fondo para las reformas del gobierno,
declarando: “Las autoridades se han comprometido a continuar con una
consolidación fiscal gradual y constante para llevar la deuda pública
a niveles más sostenibles. Para ayudar a las finanzas públicas a
apoyarse en una base más sólida, la eliminación de las exenciones
sobre el impuesto general a las ventas y los aranceles aduaneros
continuará durante la extensión del programa”. En la siguiente
revisión de vigilancia, de 2017, el personal del FMI también evaluó
que el polémico “umbral de impuesto a los ingresos de individuos y
familias” ayudarían a “equilibrar la eficiencia y los objetivos de
distribución”.
Una declaración de junio de 2017 que acompaña la última revisión de
vigilancia a Jordania emitida por Hazem Beblawi, director ejecutivo
del FMI para Jordania, y Sami Geadah, su director ejecutivo suplente,
aparentemente conscientes de las evidencias de los impactos
potencialmente dañinos de tales reformas impositivas sobre los más
vulnerables, señaló: “la mayor parte de las exenciones restantes
fueron difíciles de eliminar debido a su importancia para los hogares
de bajos ingresos. De todas formas, se planea una eliminación
adicional de exenciones para 2018, junto con un mayor enfoque en el
apoyo a los más vulnerables”. Sin embargo, los programas de
protección social focalizados han sido objeto de un escrutinio
creciente, ya que investigaciones recientes han demostrado grandes
tasas de exclusión - particularmente de las personas más vulnerables
- así como un debilitamiento de la cohesión social (véase el
Observador de Primavera de 2018). Asimismo, un informe reciente de
Philip Alston, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y
pobreza extrema, sobre el FMI y la protección social, criticó la
posición del FMI y recomendó un enfoque basado en los derechos
humanos fundado en el principio de universalismo que esté de acuerdo
con las definiciones acordadas internacionalmente (véase el
Observador de Verano de 2018).
La revisión también señaló una “necesidad crítica de avanzar en las
reformas para reducir el costo formal de la mano de obra”, lo que
potencialmente implica la necesidad de políticas de flexibilización
laboral más amplias que socavan los derechos laborales, en un momento
en que la relación entre el gobierno y los sindicatos ya es tensa. Un
memorando adjunto del gobierno en la revisión de vigilancia también
afirmaba que, “en cooperación con el Banco Mundial, hemos
implementado una serie de proyectos piloto para explorar los
beneficios potenciales de las medidas activas en el mercado laboral”,
lo que generó mayor preocupación en particular a la luz del borrador
del Informe sobre Desarrollo Mundial 2019 del Banco, que refrendó la
disminución del salario mínimo, los contratos de cero horas y casi
ignoró derechos fundamentales de los trabajadores, como la
negociación colectiva (véase el Observador de Verano de 2018).
Con respecto a las condicionalidades del FMI en Jordania, Gino
Brunswijck, de la red de organizaciones de la sociedad civil con sede
en Bruselas, Eurodad, declaró: “Desde 2012, los repetidos programas
del FMI no han logrado reducir la deuda jordana, en su lugar,
encerraron a los ciudadanos del país en un ciclo perpetuo de
austeridad, con medidas aun más drásticas e importantes consecuencias
para la estabilidad política”.
Cuando se le preguntó sobre las reformas jordanas que exprimen a las
clases medias, el director de comunicaciones del FMI, Gerry Rice,
señaló en una conferencia de prensa de marzo de 2017 que “para poner
fin al rápido aumento de la deuda pública, el programa enfatizó la
necesidad de ampliar la base impositiva como parte de la reforma de
los ingresos, mientras se alivia el impacto sobre los más
vulnerables”. Rice continuó diciendo: “El FMI no ha hecho ninguna
recomendación específica sobre qué productos deberían estar sujetos a
impuestos más altos. Además, ha hecho hincapié en no aumentar el
precio de los bienes que consumen los pobres”.

El FMI y las tendencias de inestabilidad
La relación de Jordania con el Fondo está llena de recuerdos de
agitación política. En 1989 murieron cinco personas, cuando un
residente informó que, “los disturbios ... se iniciaron por aumentos
de precios ordenados como parte de un acuerdo de reprogramación de
deuda entre Jordania y el Fondo Monetario Internacional”. Casi una
década más tarde, en 1996, con la firma de un nuevo acuerdo con el
FMI, nuevamente estallaron los disturbios, así como los pedidos de
renuncia del gobierno.
Tal como han observado los críticos durante algún tiempo, la
agitación política y la indignación pública debido a las dificultades
durante los acuerdos del FMI no son un fenómeno poco común (véase el
Update 38). Solo en el último año, ha habido manifestaciones masivas
específicamente dirigidas a los programas del FMI, entre otros
países, en Argentina, Egipto, Haití, Sri Lanka y Túnez. En Haití, un
acuerdo de monitoreo del FMI cerrado en febrero de 2018 dio lugar a
un aumento drástico del precio del combustible de hasta el 51%, lo
que desencadenó disturbios civiles violentos y generalizados que
provocaron la muerte de varias personas. A principios de julio
dimitió el primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant.
En respuesta a las implicaciones de la participación del FMI en
Haití, Alston afirmó en una declaración de julio: “El Fondo ha
subestimado constantemente la importancia de calibrar sus
recomendaciones al contexto político específico, sin tomar en cuenta
hasta qué punto las recomendaciones son políticamente viables y
socialmente sostenibles”. Alston afirmó que tales aumentos drásticos
del precio del combustible tenían “asegurada una reacción violenta,
que socavó los mismos programas que el Fondo está tratando de
implementar”. Y continuó diciendo: “Las consecuencias sociales,
económicas y políticas de los recortes de ese tamaño son enormes”.
Las observaciones dan más peso al reciente informe de la Oficina de
Evaluación Independiente sobre Estados frágiles, como Haití, que
concluyó que el juego de herramientas financieras del FMI “no está
inherentemente adecuado a las circunstancias de los Estados
frágiles”, debido a su enfoque a corto plazo y a que en el Fondo “se
presta menos atención a la capacidad de hacer una diferencia en la
formulación de políticas de los países” (véase el Observador de
Verano de 2018).
En Túnez, las medidas de austeridad respaldadas por el FMI, así como
las alzas en el IVA y otros impuestos, incluidos al combustible y la
electricidad, provocaron un descontento generalizado en las calles en
enero (véase el Observador de Primavera de 2018).
En Argentina, a pesar de que miles protestaron repetidamente contra
un acuerdo con el FMI, el gobierno, encabezado por el presidente
Mauricio Macri, llegó a un acuerdo de 36 meses de duración de USD
50.000 millones en junio. Se trata de la línea de crédito más grande
en la historia del Fondo. En respuesta, estallaron protestas masivas,
con manifestantes exigiendo empleos y pidiendo un presupuesto de
emergencia para los pobres. Un manifestante dijo al canal de noticias
Al Jazeera: “Hemos visto que la situación se deteriora desde que
Macri asumió el cargo. Lo vemos en los comedores populares, caminamos
por los barrios marginales y hay necesidad”. En julio una alianza de
sindicatos argentinos y la sociedad civil envió una carta a la
directora gerente del FMI, Christine Lagarde, enfatizando nuevamente
la oposición de la sociedad civil al acuerdo con el FMI (véase el
Observador de Verano de 2018).
En Sri Lanka, estallaron protestas el año pasado contra una nueva Ley
de Rentas Internas que, según los manifestantes, “fue redactada por
el FMI para imponer impuestos más altos a las personas”, según el Sri
Lanka Daily Mirror. El año pasado también hubo inmensas protestas en
Egipto contra los recortes, que el periódico The Guardian, con sede
en el Reino Unido, atribuyó a la intención de “ajustar la moribunda
economía de Egipto para recibir un préstamo del FMI de USD 12.000”.
Estos ejemplos proporcionan nueva evidencia de que, tal como la
sociedad civil y los académicos han sostenido durante mucho tiempo,
lejos de ser neutrales, las decisiones fiscales relacionadas con los
programas del FMI - ya sea como consecuencia directa o indirecta de
la condicionalidad de los préstamos - son intrínsecamente políticas y
potencialmente desestabilizadoras.
Sin embargo, parece haber una falta de voluntad dentro de la
institución para aceptar el impacto de las políticas del FMI sobre la
inestabilidad. En 2016, refiriéndose a la economía política de las
reformas estructurales en España, frente a las protestas
generalizadas que tuvieron lugar en ese año en el país, Zhu Min,
entonces subdirector gerente del FMI, declaró: “Creo que [el gobierno
español] está haciendo cosas fantásticas”, señalando la ‘madurez’ de
las sociedades europeas para comprender que “la reforma estructural
es un deber”.

Condiciones aplican
La sociedad civil ha exigido un cambio radical en la manera en que el
FMI trata las consecuencias políticas de sus programas desde los
tiempos de los Programas de Ajuste Estructural. Solo el mes pasado,
más de 50 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta
pidiendo al FMI que reconsiderara drásticamente sus
condicionalidades. La carta defendía que “las políticas fiscales y
monetarias restrictivas prescritas en las condicionalidades de los
préstamos del FMI restringen el espacio fiscal necesario para la
inversión pública y, muy a menudo, tienen consecuencias devastadoras,
en particular para los grupos marginados, a un alto costo político”.

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En este número:
- El enfoque sobre la protección social y la crisis del
mutilateralismo, de Philip Alston
- La agenda pro-empresarial impulsa al IDM del Banco Mundial sobre la
naturaleza cambiante del trabajo, de Peter Bakvis
- Las conclusiones del GEI arrojan dudas sobre la capacidad del Banco
para cumplir con el aumento de capital general

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CONDICIONALIDAD/análisis

El enfoque del FMI sobre la protección social y la crisis del
mutilateralismo

Resumen
- El FMI debe reconocer su contribución a los problemas actuales
- El Fondo debería practicar lo que predica en materia de protección
social

En mayo, Christine Lagarde, directora gerente del FMI, declaró frente
a una audiencia en San Petersburgo que “vivimos en tiempos de mayor
ansiedad” como consecuencia de la última crisis financiera mundial,
el reparto injusto de los beneficios de la globalización, el severo
desplazamiento de trabajadores provocado por la automatización y la
inteligencia artificial y la concentración de un inmenso poder en
manos de empresas gigantes. Las soluciones que propuso fueron
reconstruir la confianza en las instituciones y revitalizar la ética
del multilateralismo.
Lagarde tiene razón en todos los aspectos, pero el punto de partida
es reconstruir la confianza en su propia institución y reconocer las
contribuciones que ha hecho a los problemas identificados. El Fondo
afirma haber cambiado drásticamente desde que sus críticos exigieron
a mediados de la década de 1980 que buscara “un ajuste con rostro
humano”. En una serie de recientes discursos, Lagarde ha pedido que
se llame la atención sobre políticas más progresistas en temas que
van desde la desigualdad y la corrupción a la igualdad de género.
Pero la pregunta clave sigue siendo: ¿lo hace el FMI tan bien como lo
explica?
En mi papel de relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, publiqué recientemente un estudio de las políticas del FMI,
mirando especialmente lo que ha hecho para garantizar la protección
social para los más vulnerables en los países en los que trabaja. En
su defensa, el Fondo me dio pleno acceso a su personal y
administración, a diferencia del Banco Mundial, que a pesar de ser un
actor clave en la elaboración de políticas de protección social en
muchos países en desarrollo, se negó a hablar conmigo durante mi
investigación debido a que en un informe de 2015 yo los había
etiquetado como una ‘zona libre de derechos humanos’ (véase el
Observador de Invierno de 2016).
Las conclusiones del informe demuestran que la posición del FMI en
materia de protección social es en la práctica muy importante. En
primer lugar, es el actor más influyente en relación con la política
fiscal y en la determinación de si se crea espacio fiscal para la
protección social. En segundo lugar, la mayoría de los países de
bajos ingresos del mundo - en los que menos de una persona de cada
cinco tiene alguna forma de protección social - integran los
programas del FMI, o lo harán en el futuro cercano. Finalmente,
muchos observadores aceptan hoy que existen fuertes vínculos entre el
populismo, la desilusión con el gobierno y la exacerbación de la
inseguridad económica causada por el tipo de políticas neoliberales,
de las que el Fondo ha sido sinónimo durante mucho tiempo.
La buena noticia es que el Fondo ha cambiado muchas de sus
posiciones, algunas de manera bastante radical. Ahora reconocen que
una desigualdad significativa puede socavar el crecimiento, que las
políticas de austeridad pueden tener consecuencias muy negativas y
que los asuntos que rechazaron antes, como la igualdad de género, la
gobernanza, el cambio climático y la protección social, pueden ser
“macrocríticos” y por lo tanto se justifica tenerlos en cuenta en la
política macroeconómica (véase el Observador de Verano de 2017).
Sin embargo, la realidad es que el compromiso del Fondo con la
protección social sigue siendo profundamente ambivalente. Incluye
objetivos indicativos para “pisos de gasto social” en muchos acuerdos
de préstamos, pero estos siguen siendo mayormente cosméticos. En la
práctica, el Fondo hace muy poco para garantizar que los miembros más
vulnerables de la sociedad estén protegidos de los efectos
potencialmente devastadores de la consolidación fiscal repentina que
prescribe con regularidad. Sorprendentemente, dada la admirable
predilección del Fondo por las políticas basadas en evidencia, no
evalúa ni el impacto de sus propias intervenciones en el bienestar de
los grupos vulnerables, ni si la protección social ha aumentado o
disminuido como resultado de sus programas. Es cierto que tales
evaluaciones son complejas, pero también lo son los cálculos en los
que basa muchas de sus otras políticas.
En general, muchos funcionarios del FMI siguen considerando la
protección social como una medida temporal y provisioria en lugar de
como un conjunto de políticas a largo plazo que pueden estimular el
crecimiento, proporcionar una mejor fuerza laboral, evitar el
desgaste de los servicios de emergencia, mejorar la seguridad
económica y socavar las demandas populistas. Fetichizan la limitada
focalización de los beneficios, a pesar de la evidencia convincente
de que las pruebas de aproximación de medios utilizadas son muy
defectuosas, lo que resulta en grandes pérdidas para los ricos y la
exclusión generalizada de los verdaderamente necesitados (véase el
Observador de Primavera de 2018). Además, la focalización excesiva
implica que los programas de protección social tienen menos
beneficiarios, lo que elimina el apoyo político para tales programas.
Actualmente, el FMI está reevaluando sus programas de protección
social, pero es poco probable que sus verdaderas prioridades cambien
a menos que exista un compromiso político serio desde la dirección
para hacer de la protección social una parte integral de sus
políticas fiscales (véase el Observador de Invierno de 2017). El
Fondo debe ir más allá de ver el compromiso con la sociedad civil
como un ejercicio de relaciones públicas, reconociendo que el género
y otras formas de diversidad deben aplicarse tanto a su propio
personal como a sus clientes, y debe adoptar un marco ético que
valore la protección del pobre en lugar de tratar la protección
social como una ocurrencia tardía ocasional. En el pasado, el FMI ha
sido una organización con un cerebro grande, un ego insano y una
conciencia pequeña. Si Christine Lagarde realmente quiere restaurar
la fe en las instituciones y el multilateralismo, y quiere socavar el
atractivo de las fuerzas populistas, este es el lugar para comenzar.

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CONOCIMIENTO/análisis
La agenda pro-empresarial impulsa al IDM del Banco Mundial sobre la
naturaleza cambiante del trabajo, análisis externo de Peter Bakvis

Resumen
- El borrador del IDM del Banco Mundial adopta la flexibilización del
mercado
- El informe establece que el Banco se aparte de las recomendaciones
de la OIT
- Los sindicatos mundiales expresan su preocupación por la peligrosa
desregulación del mercado laboral

El futuro del trabajo se ha convertido en un tema popular para la
investigación en organizaciones e institutos internacionales. La
Organización Internacional del Trabajo de la ONU ha creado una
comisión sobre el tema y le dedicará su conferencia del 100
aniversario, en 2019.
Los principales temas de casi toda la investigación han sido la
predicción de la deslocalización laboral masiva, el aumento del
trabajo precario, la presión a la baja sobre los salarios y la
desigualdad exacerbada a menos que se establezcan políticas sólidas
para proteger los intereses de los trabajadores. Incluso un documento
de trabajo reciente del FMI que modela el impacto de las nuevas
tecnologías advirtió que, sin respuestas de política vigorosas, “la
participación del trabajo [en el ingreso nacional] cae
sustancialmente y crece la desigualdad mundial”.
El próximo Informe sobre el Desarrollo Mundial (IDM) 2019: La
naturaleza cambiante del trabajo, del Banco Mundial, cuya publicación
está programada para octubre, presenta un claro contraste con esta
idea. El IDM busca desacreditar lo que considera malentendidos sobre
el impacto de la “economía del curro” y afirma que, contrariamente a
las percepciones populares y la evidencia sustancial, la desigualdad
está disminuyendo. Las altas tasas de informalidad laboral en las
economías en desarrollo pueden ser un problema legítimo pero, según
el informe, siempre han existido y se pueden resolver si las
regulaciones sobre las operaciones comerciales, como los salarios
mínimos, se debilitan sustancialmente.
Los sistemas de seguridad social financiados a través de
contribuciones de empleadores y empleados para proporcionar pensiones
y otros beneficios son, según el informe, un legado de otros tiempos
que no puede desempeñar un papel significativo en los países en
desarrollo. El borrador del IDM 2019 sugiere que ya no se obligue a
las empresas a asumir los costos de la protección social.
En su lugar, el apoyo básico a los ingresos sería provisto por el
Estado, financiado a través de impuestos generales. Si bien el
borrador del informe sugiere que algunos sectores o actividades con
impuestos bajos podrían generar ingresos para este tipo de apoyo
básico, estas ideas son, en el mejor de los casos, conjeturales. Sin
una cooperación fiscal internacional extensamente mejorada y
altamente improbable (en el futuro previsible), los países en
desarrollo tendrán que depender del otro pilar importante para
financiar la protección social presentado en el IDM: los impuestos
regresivos sobre el consumo, tales como impuestos al valor agregado.
La naturaleza cambiante del tema del trabajo puede ser nueva, pero el
estribillo de política propuesto suena tristemente familiar a quienes
recuerdan las primeras ediciones del emblemático informe Haciendo
Negocios del Banco (véase el Observador de Primavera de 2018).
Durante años ese informe abogó por la desregulación del mercado
laboral a gran escala y aún apoya la reducción de las obligaciones de
las empresas a pagar impuestos y contribuir a las pensiones de los
trabajadores o los planes de salud y seguridad ocupacional.
Transferir los costos de las empresas a los trabajadores y al Estado
no es nueva doctrina en las publicaciones del Banco, y no es
sorprendente encontrarla en el borrador del IDM 2019.
Más sorprendente es hasta donde llegan los autores del IDM 2019 en la
creación de una realidad que justifica trasladar la carga del ajuste
de los dueños de negocios a todos los demás. Primero está su
afirmación de que la desigualdad está disminuyendo, lo que ‘prueban’
presentando un conjunto de datos de coeficientes de Gini para un
número limitado de países que comienza en 2008, el año de la crisis
económica mundial. Esto ignora una tendencia clara de aumento de la
desigualdad de ingresos y riqueza en la mayoría de los países desde
la década de 1980 y se contradice con la disminución de los datos de
participación salarial a los que el IDM apenas se refiere.
Otro es el reclamo repetido de que el mercado laboral oneroso y otras
regulaciones son la razón de que la informalidad permanezca alta,
aunque el informe reconoce que hay evidencia limitada de esto y
muestra una disminución constante en los costos de creación de
empresas en los últimos 15 años sin impactos perceptibles en la
informalidad.
El anterior IDM 2013 del Banco: Empleo realizó una revisión
exhaustiva de la investigación sobre los impactos de las regulaciones
laborales en el empleo y concluyó que “tienden a ser insignificantes
o modestos”. El borrador del IDM 2019 no solo ignora esta evaluación,
sino que se aparta del IDM 2013, que abogó por un nivel de regulación
que no sea “excesivo ni insuficiente”, fomentando la desregulación
generalizada del mercado de trabajo en todos los países.
Dado el tema del futuro del trabajo, en marzo la Confederación
Sindical Internacional (CSI) organizó una delegación de economistas
laborales de 38 miembros para reunirse con el equipo del IDM. Este
último canceló la reunión horas antes de que se llevara a cabo.
Finalmente, solo después de que el secretario general de la CSI apeló
al presidente del Banco, Jim Yong Kim, y las preocupaciones sobre el
informe obtuvieron la atención de la prensa, se realizó una consulta.
La CSI realizó un seguimiento presentando 27 páginas de inquietudes y
sugerencias a los autores del IDM. Más tarde, los organismos
sindicales internacionales y las organizaciones de la sociedad civil
enviaron una carta conjunta al Banco solicitando un nuevo borrador.
Al momento de escribir estas líneas, el informe sigue defendiendo una
agenda marcadamente pro-empresarial que contradice el objetivo del
propio Banco de reducir la desigualdad mundial.

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MEDIO AMBIENTE/noticias
Los PPD del Banco Mundial allanan el camino para las perforaciones
marinas en Guyana pese a las preocupaciones de las OSC
Resumen
-El Banco aprueba préstamo de política de desarrollo de USD 35
millones para apoyar
perforación en alta mar
-Un grupo de CSO desafía la legalidad de los permisos de perforación
en alta mar
-CSO preocupadas porque los PPD están promoviendo los combustibles
fósiles

El directorio del Grupo del Banco Mundial aprobó un préstamo para
políticas de desarrollo (PPD) de USD 35 millones para apoyar la
perforación en alta mar, en Guyana, a fines de junio, incluso cuando
la sociedad civil de Guyana impugna la legalidad de las licencias de
producción de petróleo emitidas por su gobierno a tres compañías
petroleras.
El PPD del banco está allanando el camino para la perforación en alta
mar que aprovechará las principales reservas de petróleo descubiertas
recientemente frente a las costas de Guyana. Según la fuente de
noticias guyanés Stabroek News, el PPD “apoyará los esfuerzos de
Guyana para impulsar el desarrollo del sector financiero y la gestión
fiscal para preparar mejor al país para aprovechar sus reservas de
petróleo y gas recientemente descubiertas”.
Informes independientes han sugerido que, además del reciente PPD, el
Banco está programado para financiar una nueva unidad del gobierno
para ayudar a apoyar la perforación en alta mar en Guyana. Según un
artículo de mayo publicado en el medio de comunicación guyanés
Demerara Waves, “Se espera que una unidad del sector de energía
financiada por el Banco Mundial en el Ministerio de Economía siente
las bases para una serie de proyectos importantes, incluyendo la
tubería de gas natural desde un pozo petrolero ExxonMobil ... para la
generación de electricidad”. Según el ministro de recursos naturales
de Guyana, Raphael Trotman, la unidad del sector de la energía se
estableció para “permitir que Guyana obtenga un adelanto de USD 1,7
millones del préstamo de USD 20 millones” del Banco Mundial.
El PPD del Banco Mundial llega en un momento en que una campaña
liderada por la sociedad civil, “Un trato justo para Guyana, un trato
justo para el planeta”, desafía la legalidad de las licencias de
producción de petróleo que el gobierno ha otorgado a empresas
privadas. Las OSC señalan, “El Gobierno ha otorgado una licencia de
producción de petróleo a tres compañías petroleras. Solo una compañía
ha recibido un permiso de la Agencia de Protección Ambiental. Creemos
que esto pone a Guyana en riesgo”. A fines de junio, el Tribunal de
Apelaciones de Guyana dictaminó que el caso debe ser escuchado por
segunda vez por el Tribunal Superior del país, para decidir sobre la
legalidad de las licencias de producción de petróleo.
La campaña también generó preocupaciones sobre los detalles del
acuerdo firmado entre el gobierno de Guyana y las tres compañías, por
el que las compañías petroleras que pagan a los ministros del
gobierno de Guyana un bono de USD 20 millones, según un informe en el
noticiario Guyana Times. Agregaron también que “el acuerdo petrolero
en sí es escandalosamente bajo: las compañías petroleras no pagarán
impuestos y la regalía se establece en un irrisorio 2%”. También
existen serias preocupaciones sobre los riesgos ambientales para
Guyana y el resto del Caribe que plantea la producción de petróleo en
aguas profundas. Según la campaña, “aun sin ningún accidente, la
producción petrolera planeada producirá miles de toneladas de
emisiones de gas, de líquido y de sólidos, incluyendo el vertido al
mar de 4.000 barriles de aguas residuales diarias y casi 13.000
toneladas de desechos sólidos para ser depositados en tierra en
Guyana”. En una escala más mundial, la campaña señala que la
perforación en alta mar transformaría a Guyana de un sumidero de
carbono en una fuente de emisiones de carbono, lo que socavará la
lucha contra el cambio climático.
Aunque el Banco anunció en diciembre que eliminará los préstamos para
proyectos de petróleo y gas “aguas arriba” después de 2019 (véase el
Observador de Primavera de 2018), grupos de la sociedad civil han
documentado previamente que está apoyando los combustibles fósiles a
través de sus otros instrumentos crediticios, incluidos los PPD, que
son ayudas presupuestarias fungibles para los países. Estos a menudo
incluyen ‘acciones previas’ (es decir, condiciones específicas)
requeridas para liberar los fondos; un informe de 2017 de la
organización de la sociedad civil con sede en Amsterdam, Bank
Information Centre Europe, descubrió que, en Egipto, Indonesia, Perú
y Mozambique, las acciones previas de los PPD ayudaron a las
industrias extractivas y de combustibles fósiles, sirviendo como
subsidios de facto a los combustibles fósiles. Los grupos de la
sociedad civil han pedido al Banco que diseñe salvaguardas
ambientales y sociales apropiadas para los PPD, ya que el instrumento
no está cubierto por el Marco Ambiental y Social recientemente
adoptado por el Banco (véase el Observador de Verano de 2018).

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SECTOR PRIVADO/noticias
Beneficios privatizados, pérdidas socializadas: informes europeos
cuestionan la promoción del Banco Mundial de las APP
Resumen
-Informes de la ONA y del TCE resaltan los impactos negativos de las
APP
-La sociedad civil pide al Banco Mundial que inicie una moratoria de
las APP

Dos informes condenatorios fueron publicados en enero y marzo, lo que
expone la magnitud del daño causado por las asociaciones público-
privadas (APP) en el Reino Unido y Europa. Estos informes añaden más
peso a las preocupaciones generales sobre las APP, sobre todo en
relación con su promoción constante por parte del Banco Mundial
(véase el Observador de Invierno de 2017).
Los temores sobre las consecuencias perjudiciales de las APP son
bastante anteriores a los nuevos informes. Grupos y coaliciones
mundiales de la sociedad civil han destacado anteriormente los
riesgos que representan las APP para las finanzas públicas y los
derechos humanos y han detallado las preocupaciones sobre su
tendencia a erosionar la rendición de cuentas democrática.
Durante una sesión del Foro de Políticas de la Sociedad Civil en el
Banco Mundial y las Reuniones de Primavera del FMI en abril que
exploraban la promoción de las APP por parte del Banco, surgió la
alarma sobre la prominencia continua de proyectos problemáticos de
APP.El evento, titulado “Promoción de asociaciones público-privadas:
¿exportar un modelo fracasado?” Utilizó las experiencias negativas de
las APP en el hemisferio norte señaladas por los dos informes y el
hecho de que éstas se llevaron adelante en países con una capacidad
administrativa y recursos relativamente fuertes, para pedir el cese
de la estrategia del Banco Mundial de impulsar agresivamente las APP
en el Sur Global en un intento por compensar el supuesto déficit de
financiamiento para el desarrollo.
Este evento siguió a una carta abierta publicada en abril con 84
firmantes de tres continentes que pedía a los directores ejecutivos
del Banco Mundial que ordenen una moratoria sobre el apoyo del Banco
Mundial a las APP, a la espera de una investigación independiente
sobre sus costos y beneficios. Esto sigue a un Manifiesto sobre las
APP de octubre de 2017 firmado por 152 organizaciones de la sociedad
civil (OSC), que destacó una serie de preocupaciones sobre las APP,
incluidos los riesgos macroeconómicos que presentan las deudas
ocultas y los pasivos contingentes que a menudo se encuentran en los
contratos.

El informe de la ONA y los miles de millones que faltan
En enero, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO, por su sigla en
inglés) del Reino Unido lanzó un informe sobre los fundamentos, los
costos y los beneficios de las iniciativas de financiación privada,
el modelo de APP del Reino Unido, que suma más de 700 contratos
operativos. El informe concluyó que el costo del modelo de
financiamiento APP en el Reino Unido podría ser hasta un 40% mayor
que depender exclusivamente de fondos públicos y que, incluso si no
se ingresaran nuevos contratos, los cargos futuros continuarán hasta
el 2040 alcanzando a unas GBP 199 mil millones, el equivalente a los
gastos de salud del Reino Unido para el año 2017. Esto sigue a un
informe del Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial, de
2014, que concluyó que las responsabilidades del sector público en
las APP son sustanciales y que, aunque el Banco Mundial “ha apoyado a
los países para crear un entorno propicio para las APP, ... rara vez
se dan consejos sobre cómo manejar las implicaciones fiscales de las
APP”.
Días antes de que se lanzara el informe, Carillion, una importante
empresa fuertemente involucrada en las APP en el Reino Unido, se
declaró insolvente. Esto reavivó el debate sobre el futuro de las APP
y el papel del Reino Unido en la exportación de este modelo fallido y
condujo a un informe que investiga el manejo del gobierno de
Carillion, revelando que la liquidación costará al contribuyente del
Reino Unido alrededor de GBP 148 millones.
El impacto negativo de las APP fallidas, como se describe en el
informe de la ONA, sobre una economía del tamaño y la diversidad del
Reino Unido, aumentó el peso de las preocupaciones de las OSC sobre
el posible impacto negativo de la agenda de APP del Banco Mundial en
los países de bajos ingresos.

El informe del Tribunal de Cuentas Europea – ¿dónde está la buena
inversión?
En marzo, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publicó un informe
sumamente crítico titulado Asociaciones Público Privadas en la UE:
deficiencias generalizadas y beneficios limitados. En línea con las
conclusiones de la ONA, el TCE encontró que las APP auditadas “no
pueden considerarse como una opción económicamente viable para el
desarrollo de infraestructura pública”, destacando las deficiencias
generalizadas y los beneficios limitados.
Además, se expusieron como riesgos de los acuerdos APP temas como el
del escaso beneficios de la inversión y el debilitamiento de la
trasnparencia. Se identificó que las estrategias opacas, los análisis
inadecuados y los registros fuera del balance creaban acuerdos
desiguales a la hora de compartir los riesgos. En línea con las
demandas de la sociedad civil, el informe recomienda que la Comisión
Europea y los estados miembros “no promuevan un uso más intensivo y
generalizado de las APP hasta que se aborden los problemas
identificados y se implementen sus recomendaciones con éxito”.

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RENDICIÓN DE CUENTAS/noticias
Informe sobre fragilidad de la OEI: Al FMI le preocupa poco “marcar
la diferencia en el terreno”
Resumen
-Un informe de la OEI cuestiona la credibilidad del compromiso del
Fondo con la fragilidad
-En línea con el Banco Mundial, la junta directiva del FMI vuelve a
comprometerse con las SFC

En abril, la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI (véase
el Observador de Invierno de 2015) publicó su último informe, el FMI
y los Estados frágiles, que evalúa el compromiso del FMI con los
países en situaciones de fragilidad y conflictivas (SFC). El informe
concluyó que el enfoque del FMI no estaba bien adaptado a las
distintas necesidades de las SFC, “lo que arroja dudas sobre la
credibilidad del compromiso del Fondo en esta área”.
El informe describió una serie de áreas de preocupación, incluyendo
el hecho de que el paquete de herramientas financieras del FMI “no es
intrínsecamente adecuado para las circunstancias de los estados
frágiles”, debido a su enfoque a corto plazo, y que la orientación
del personal “a menudo ha tratado a estados frágiles como a cualquier
otro país, en lugar de darles un trato distintivo”.

La fragilidad no es “intelectualmente interesante” para los
economistas del FMI
Además de las preocupaciones estructurales, el informe destacó la
gestión de recursos humanos como problemática, señalando una
percepción generalizada de estigma asociado al trabajo en las SFC
dentro de la institución y llamando a un cambio fundamental en los
incentivos del personal para alentar el trabajo en estos entornos. El
informe observó que, “los economistas del FMI tienen títulos
avanzados en macroeconomía o finanzas, con un interés
comparativamente menor en cuestiones de desarrollo”, y que “muchos de
ellos no consideran intelectualmente interesante o desafiante
trabajar en SFC”. Además, señaló que “existe una tendencia dentro del
FMI a considerar que la marca de un buen economista es la capacidad
de realizar un trabajo analítico en economías complejas, prestando
menos atención a la capacidad de hacer una diferencia en la
formulación de políticas de los países sobre el terreno”. Al comparar
al FMI con los bancos de desarrollo y las agencias de ayuda, la OEI
citó a un entrevistado diciendo que, estos últimos, le dan mucho más
valor al trabajo del desarrollo y “hacen una diferencia real sobre el
terreno”.
Rebecca Engel, de la Universidad de York, respondió: “Es notable que
el informe de la OEI confirme que el FMI sigue descuidando sus
responsabilidades en los estados afectados por conflictos. La
incapacidad de integrar los análisis de conflictos y economía
política en su formulación de políticas en SFC y la falta de
preocupación por los resultados generales del desarrollo ha
demostrado socavar el frágil arreglo político de los estados que
buscan el apoyo del FMI. Timor-Leste es solo un ejemplo de cómo,
después de la independencia en 2002, las políticas del FMI
contribuyeron a distanciar al Estado de su ciudadanía y socavaron su
capacidad para manejar las expectativas en una sociedad dividida. Es
sorprendente que en 2018 la institución no haya sido aparentemente
reformada”.
Haciéndose eco de las llamadas de Marcus Manuel, del Overseas
Development Institute del Reino Unido (véase el Observador de
Primavera de 2018), el informe identificó las políticas de seguridad
del FMI, que restringen la capacidad del personal para estar presente
físicamente en muchas SFC, lo que obstaculiza significativamente el
impacto del Fondo y pidió formas pragmáticas de aumentar la presencia
de campo del Fondo en lugares de alto riesgo.
En su respuesta al informe, la directora gerente del FMI, Christine
Lagarde, brindó solo “respaldo calificado” a las recomendaciones
relacionadas con los incentivos del personal y la presencia en el
terreno, en contraste con el “apoyo” a todas las demás
recomendaciones. Lagarde reiteró que el “objetivo primordial” debe
ser garantizar la seguridad del personal, lo que indica que no es
probable que se hagan cambios significativos en las políticas de
seguridad del FMI.

La junta directiva del FMI reafirma su apoyo al trabajo sobre
fragilidad
Aunque en una reunión de la junta de marzo los directores ejecutivos
expresaron puntos de vista divergentes sobre la adaptación de los
mecanismos de préstamo del FMI a las SFC, , con algunos que se
oponían a la reducción de las condicionalidades del programa y otros
que sugerían alargar la duración del programa en las SFC, la junta
estuvo de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones del informe.
Esto incluyó establecer un compromiso de alto nivel para reforzar el
trabajo sobre SFC como una prioridad principal para el FMI.
El compromiso del FMI va de la mano con el impulso de un mayor
enfoque del Grupo del Banco Mundial (GBM) en SFC, ya que anunció en
diciembre que la AIF18 duplicará sus recursos para las SFC. El
aumento de capital general del Banco respaldado por el directorio en
abril también tiene un enfoque explícito en concentrar más recursos
del GBM en FCS (ver el Dispatch Spring 2018).
Dado que el Banco continúa enfrentando desafíos sustanciales en su
programación en SFC a pesar de sus esfuerzos concertados para mejorar
en esta área, el FMI tendrá dificultades para mejorar
significativamente su desempeño en SFC sin implementar urgentemente
los cambios que la OEI ha exigido en su informe.

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FINANZAS/noticias

La Alianza para la Lucha contra la Desigualdad se prepara para las
reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Bali
- La Alianza para la Lucha contra la Desigualdad se reúne en Brasil
para la cuarta reunión anual mundial
-Se planean acciones y estrategias para combatir la crisis mundial de
desigualdad

En junio, la Alianza para la Lucha contra la Desigualdad celebró su
cuarta reunión mundial en Brasil, un país que recientemente ha estado
sujeto a las políticas del Banco (véase el Observador de Primavera de
2018) y el Fondo (véase el Observador de Primavera de 2018) que
probablemente exacerbarán los niveles ya extremos de concentración de
la riqueza. Los socios de la Alianza se reunieron en São Paulo para
intercambiar ideas y estrategias de socios involucrados en luchas
locales, regionales e internacionales contra la crisis mundial de
desigualdad.
La Alianza reúne a movimientos sociales, sindicatos y ONGs, como el
Movimiento Popular Asiático sobre la Deuda y el Desarrollo y el
Movimiento dos Trabalhadores Rurales Sem Terra, de Brasil, para tomar
medidas contra los “actuales niveles de desigualdad” y para
“construir un mundo más igualitario y sostenible” usando una variedad
de medios. Por ejemplo, la Alianza celebró una Semana de Acción de
Lucha contra la Desigualdad, que tuvo lugar bajo el lema 'Fin de la
era de la avaricia' en paralelo al Foro Económico Mundial celebrado
en Davos, en enero. La reunión en Brasil siguió al lanzamiento en
abril de una Declaración de la primera reunión panafricana de la
Alianza en Arusha, Tanzania, en la que los signatarios expresaron su
indignación por el nivel actual de desigualdad entre países y se
comprometieron a trabajar en todo el mundo en solidaridad con los
pueblos africanos.
La reducción de la desigualdad comprende uno de los objetivos gemelos
del Banco adoptados en 2013, fomentando el “crecimiento del ingreso
del 40% del umbral inferior de la población en cada país”.
Recientemente, aunque de manera menos formal, el FMI también
reconoció los impactos potencialmente negativos de la desigualdad en
la llamada 'primavera del FMI' (vease el Observador de Verano de
2017).
Aunque se ha dicho sobre el cambio en la retórica del Fondo y algunas
de sus prácticas, tal como señaló el relator especial de la ONU sobre
pobreza extrema y derechos humanos, Philip Aston, “el Fondo hace muy
poco para garantizar que los miembros más vulnerables de la sociedad
estén protegidos de los efectos potencialmente devastadores de la
consolidación fiscal repentina que regularmente prescribe” (véase el
Observador de Verano de 2018). Las críticas del relator especial se
suman a las que resaltan el impacto negativo de las políticas del
Fondo sobre la igualdad de género (véase el informe de BWP 'El FMI y
la igualdad de género') y subrayan el impacto nocivo de las políticas
del FMI sobre protección social en países de bajos ingresos (véase el
Observador de Verano de 2017).
Las preocupaciones sobre el impacto de las políticas del Banco en la
desigualdad son muy variadas. La sociedad civil sigue siendo muy
crítica con el enfoque de impuestos y regulaciones del Banco, como se
ve en su oposición al Informe Haciendo negocios del Banco (véase el
Observador de Invierno de 2017) y el impacto negativo del Banco sobre
la desigualdad, dado su impulso continuo de asociaciones público-
privadas (véase el Observador de Primavera de 2018 y las minutas de
la reunión de Primavera de 2018 del FPSC), su contribución a la
privatización de servicios sociales esenciales como la salud y la
educación, y su creciente dependencia del apalancamiento de la
inversión del sector privado, como lo demuestra su enfoque Maximizar
el Financiamiento para el Desarrollo (véase el Observador de Verano
de 2017). El borrador del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019
sobre la naturaleza cambiante del trabajo, del Banco, da a los
miembros de la Alianza y a otros actores preocupados por la crisis
mundial de la desigualdad una causa adicional de preocupación, ya que
aboga por políticas que aumentan la desigualdad, como el
debilitamiento de los sindicatos y la flexibilización de los mercados
laborales (véase el Observador de Verano de 2018).
Tras recientesacontecimientos en la Alianza, los participantes en
Brasil dirigieron su atención a las próximas Reuniones Anuales del
Banco Mundial y el FMI que se celebrarán en Bali, Indonesia, del 8 al
14 de octubre, donde los grupos regionales están preparando una serie
de actividades. Jenny Ricks, de la Alianza para la Lucha contra la
Desigualdad, señaló que “en las reuniones anuales de este año, las
personas que viven en la primera línea de la desigualdad harán oír su
voz. Desde Argentina hasta Túnez y Haití, y más allá, la gente dice
basta ya de políticas y programas de las IFI que alimentan la crisis
de desigualdad. Pero Bali también será un espacio donde los
movimientos definan las alternativas que necesitamos para crear un
mundo justo, equitativo y sostenible: las soluciones comienzan con
nosotros”.
Las acciones planificadas en Bali son una continuación de las
actividades de la Alianza en las Reuniones Anuales 2017 del FMI y el
Banco Mundial en Washington, donde se llevó a cabo una protesta y se
emitió una declaración en representación de 133 organizaciones
exigiendo que el Banco Mundial y el FMI “dejen de alimentar la crisis
mundial de desigualdad” (véase el Dispatch Autumn de 2017).

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INFRAESTRUCTURA/noticias

La CFI da sus primeros pasos para abordar las quejas por la represa
de Bujagali.

Después de que la presa hidroeléctrica de Uganda recibiera un
refinanciamiento de la junta del Grupo del Banco Mundial (GBM) en
marzo, la Corporación Financiera Internacional (CFI) anunció pasos en
mayo para abordar cuestiones planteadas en reclamos previos del
Defensor del pueblo (CAO, por sus siglas en inglés), el mecanismo
independiente de rendición de cuentas de la CFI.
La CFI describió las actividades iniciales con las que se ha
comprometido, a fin de abordar cuestiones derivadas del proyecto
denunciadas por el CAO. Estas se refieren a los casos 04, 06 y 07 de
la investigación del CAO en un reclamo contra Bujagali Energy Ltd y
World Power Holdings, Uganda. Aunque la CFI no ha proporcionado un
cronograma para las actividades propuestas, declaró que se ha
comprometido a proporcionar una actualización de los avances
realizados hasta marzo de 2019. Josh Klemm, de la ONG estadounidense
International Rivers, señaló que, si bien “es demasiado pronto para
prejuzgar el resultado, lo más importante es que la CFI realice
consultas significativas con las partes perjudicadas y reserve fondos
para compensarlas”.
Antes de la decisión del Banco de aprobar el refinanciamiento, 23
organizaciones de la sociedad civil, incluida la Asociación Nacional
de Ambientalistas Profesionales con sede en Uganda y el Sindicato
Nacional de Personas con Discapacidad de Uganda, escribieron una
carta al director ejecutivo de la CFI, Philippe Le Houérou, y a la
directora ejecutiva del GBM, Kristalina Georgieva, expresando sus
preocupaciones sobre problemas ambientales y sociales no resueltos
relacionados con la presa, incluida la compensación por las tierras y
para los trabajadores derivados de la construcción de la presa entre
2007 y 2012 (véase los Update 55, 56, 59).
Más recientemente un reclamo presentado en 2016 sobre el área de
desplazamiento medioambiental de Bujagali, Kalagala falls, ha
resurgido. Como se resume en un artículo publicado por la OSC Bank
Information Center de Estados Unidos, “el reclamo alega que la
gerencia del banco no tomó las medidas adecuadas para proteger un
área compensada que acordó ... a través de un acuerdo escrito con el
gobierno de Uganda, en violación de sus políticas operativas”. Se
espera que la junta directiva del Banco tome una decisión en agosto
sobre si esta queja justifica una investigación por parte del
mecanismo de rendición de cuentas del Banco, el Panel de Inspección.

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GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias
El aumento de capital general del Banco Mundial se formalizará en
octubre

El Banco Mundial anunció durante sus Reuniones de Primavera en abril
que los accionistas habían acordado un sustancial aumento de capital
de USD 13.000 millones para la institución. El aumento, acordado
después de las que la web de noticias Devex describió como “tensas
negociaciones” está compuesto por una inyección de USD 7.500 millones
para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la
rama de préstamos de ingresos medios del Banco Mundial, y USD 5.500
millones para la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo
del sector privado del Banco.
Como informó la agencia de noticias Reuters, “el acuerdo elevará la
participación de China en el BIRF, del 4,68% al 6,01%, mientras que
la participación de Estados Unidos bajará ligeramente, del 16,89% al
16,77%. Washington seguirá manteniendo su poder de veto sobre las
decisiones del BIRF y la CFI”. Cediendo a una exigencia clave de
Estados Unidos, destinada a reducir los préstamos a China, los
accionistas acordaron cambiar las reglas de préstamo del BIRF para
cobrar tasas más altas a los países en desarrollo con mayores
ingresos, para desalentar el endeudamiento excesivo. Tal como señaló
en abril el secretario de Estado para el desarrollo internacional del
Reino Unido, el aumento también se basa en un mayor enfoque en los
Estados frágiles y el aumento de las inversiones relacionadas con el
clima.
A lo largo del proceso de negociación, para obtener apoyo de la
sociedad civil, la gerencia y la junta enfatizaron que el aumento de
capital y otras reformas, como se describe en su Informe a los
Gobernadores, darían como resultado un Banco ‘más grande y mejor’ en
línea con las demandas de la sociedad civil.
Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) europeas
han subrayado en varias ocasiones que los desafíos a la capacidad del
Banco para cumplir sus objetivos de desarrollo no son principalmente
una cuestión de recursos. En cambio, subrayaron la necesidad de
reformas sustanciales a la estructura de gobierno del Banco, el
desarrollo y la implementación de una política de derechos humanos,
un enfoque en la adicionalidad del desarrollo y el impacto
transformador de las actividades del Banco y un realineamiento de los
incentivos del personal (véase el Dispatch, Spring 2018). Las OSC
temían que, en ausencia de estos y otros cambios, el aumento de
capital podría ir en contra del apoyo y la adhesión del Banco a los
estándares internacionales de derechos humanos.

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GOBERNANZA/noticias
El Banco Mundial presenta a su nueva economista jefe y a su nuevo
presidente del PI

En abril el presidente del Grupo del Banco Mundial (GBM), Jim Yong
Kim, anunció el nombramiento de Pinelopi Koujianou (Penny) Goldberg,
de la Universidad de Yale, como economista jefe. Goldberg fue una de
las tres únicas profesoras titulares en Yale y la primera editora
jefe de American Economic Review. Sus intereses de investigación
actuales incluyen los efectos de la liberalización del comercio sobre
el crecimiento y la distribución del ingreso.
Su nombramiento ha tenido lugar tras la polémica partida de Paul
Romer en enero, después de cuestionar la integridad y validez de la
investigación del Banco en una entrevista con el Wall Street Journal.
Romer sugirió que la investigación del Banco Mundial puede tener
motivaciones políticas y destacó inconsistencias en la metodología de
las tan criticadas clasificaciones del Informe Haciendo Negocios
(véase el Observador de Primavera de 2018). Más tarde, después de su
renuncia y en un blog personal, Romer se retractó de sus
afirmaciones.
Imrana Jalal por otra parte se ha convertido en el nombramiento más
reciente del Panel de Inspección, el mecanismo independiente de
reclamos del Banco. A partir de diciembre, Jalal sucederá a Gonzalo
Castro de la Mata como el próximo presidente. Antes de unirse al
panel, Jalal ha sido un importante especialista en género y
desarrollo social en el Banco Asiático de Desarrollo. También fue
miembro de la junta ejecutiva de la Comisión Internacional de
Juristas y  notario de la Comisión de Derechos Humanos de Fiyi.
El Banco Mundial ha recibido críticas de organizaciones de la
sociedad civil (OSC) sobre el proceso de contratación de miembros del
Panel de Inspección. Kindra Mohr, de la OSC estadounidense
Accountability Counsel, señaló que “la legitimidad e independencia
del Panel están estrechamente ligadas a este proceso de contratación.
Dado que el Directorio del Banco actualmente está considerando cómo
expandir el ‘conjunto de herramientas’ del Panel y mejorar su
capacidad para abordar las inquietudes de la comunidad, el liderazgo
del Banco también debe actualizar esta práctica de contratación para
garantizar que el Panel sea independiente tanto en la percepción como
en la realidad, reflejando las buenas prácticas en otras
instituciones financieras internacionales”.

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MEDIO AMBIENTE/noticias
Los bancos de desarrollo inyectan más dinero al Corredor de Gas del
Sur, a pesar de las nuevas preocupaciones

Surgen dudas sobre el futuro del Oleoducto Transadriático (TAP, por
sus siglas en inglés), después de que el nuevo gobierno de coalición
de Italia anunciara en junio que revisará su apoyo al proyecto. El
nuevo ministro de Medio Ambiente de Italia, Sergio Costa, del
movimiento 5 estrellas, dijo en una respuesta escrita a los
periodistas que, “dada la caída de la demanda de gas [en Italia], hoy
ese proyecto [TAP] parece inútil”.
El TAP es el tramo final del Corredor de Gas del Sur (CGS), un
megaproyecto que ha recibido financiación del Banco Mundial y otros
bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para llevar gas azerí a
Europa a través de Turquía y otros países de tránsito (véase el
Observador de Primavera y el de Otoño de 2017).
De acuerdo a informes recientes, “el consorcio TAP, que incluye al
grupo petrolero británico BP, la italiana Snam y la española Enagas,
ha dicho que volver a enrutar el oleoducto fuera de Italia no es una
opción ... [y] redirigirlo dentro de Italia podría retrasar el
proyecto entre cuatro y cinco años”.
A pesar de estas preocupaciones, el 4 de julio el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD) aprobó un préstamo de EUR 500
millones para el TAP. Esto lleva el financiamiento total de los BMD
para el CGS a más de EUR 6.000 millones, con el Banco Mundial
aprobando préstamos de USD 500 millones a Turquía y Azerbaiyán,
respectivamente, en 2016 (véase el Observador de Otoño de 2017).
Fidanka McGrath, de la red de la sociedad civil europea Bankwatch
comentó: “La inyección masiva de dinero público en el Corredor de Gas
del Sur, del que forma parte el TAP, no ha sido suficiente para
corregir todo lo que está mal con oleoducto: al alimentar regímenes
corruptos y opresivos, el proyecto pisotea los derechos de los
agricultores y las comunidades y termina por atar a Europa a los
combustibles fósiles”.

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RENDICIÓN DE CUENTAS/noticias
La Corte Suprema de Estados Unidos oye el caso que objeta el reclamo
de CFI de inmunidad absoluta
Resumen
- La Corte Suprema escuchará el caso presentado por los demandantes
indios
- El caso sentará un precedente para los daños causados por los
proyectos de la CFI

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó en mayo escuchar el caso
Jam contra la CFI y decidir si la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial,
debería gozar de inmunidad en casos en los que sus acciones
ocasionaron daño. La ONG estadounidense EarthRights International
(ERI) señaló que la demanda, presentada por un grupo de pescadores
indios perjudicados por la planta de energía a base de carbón Tata
Mundra, financiada por la CFI, es un caso histórico, ya que la Corte
Suprema nunca antes abordó la cuestión de “si las organizaciones
internacionales [como la CFI] pueden ser demandadas, o si, como
afirma la CFI, tienen derecho a una inmunidad especial frente a los
tribunales estadounidenses” (véase el Observador de Primavera de
2018).
La CFI afirma que tiene inmunidad ‘absoluta’ en virtud de la Ley de
Inmunidades de las Organizaciones Internacionales (IOIA, por su sigla
en inglés), que otorga a las organizaciones internacionales “la misma
inmunidad procesal y todas las formas de procesos judiciales de los
que disfrutan los gobiernos extranjeros”. Los demandantes, sin
embargo, señalan que la inmunidad de gobiernos extranjeros está ahora
determinada por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIE,
por su sigla en inglés) de 1976, según la cual no se puede otorgar
inmunidad a los Estados en casos que surjan de sus actividades
comerciales y, por lo tanto, argumentan que la inmunidad de la CFI
está igualmente restringida.
Según Michelle Harrison de ERI, uno de los abogados de los
demandantes, “Este caso resalta lo que debería ser un punto obvio:
las instituciones que creen que están por encima de la ley, actúan de
esa manera. Al elegir esconderse detrás de la inmunidad en los casos
en que incluso su propio mecanismo de reclamos ha exigido medidas
correctivas, la CFI socava su credibilidad como una institución que
lucha contra la pobreza. Nuestros clientes creen que nadie está por
encima de la ley, y creemos que la ley está de su parte. La rendición
de cuentas es por su propio bien, pero además a la CFI le conviene
garantizar que los costos de sus préstamos irresponsables no serán
pagados por los más pobres, precisamente la gente para la que se creó
la CFI”.
La misión declarada de la CFI es “promover inversiones sostenibles
del sector privado en los países en desarrollo, ayudar a reducir la
pobreza y mejorar la vida de las personas” y sus inversiones tienen
como objetivo poner fin a la pobreza extrema “con la intención de ‘no
dañar’ a las personas ni al medio ambiente”. La CFI debe supervisar,
controlar y garantizar el cumplimiento de sus objetivos por parte de
sus clientes (véase el Observador de Primavera de 2016). Sin embargo,
cuando las empresas no lo hacen, la CFI no tiene autoridad para hacer
cumplir la ley. Los poderes del Defensor del pueblo (CAO, por su
sigla en inglés), el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, se
limitan a revisar que la CFI cumpla con sus propias Normas de
Desempeño y a hacer recomendaciones pero, a diferencia de un
tribunal, no tiene poder o recursos para hacer cumplir sus
conclusiones. Además, incluso cuando el CAO documenta los daños
causados, la CFI no tiene recursos reservados para proporcionar
compensación.
La importancia de las recientes medidas positivas adoptadas por la
CFI, como el establecimiento de un nuevo marco de resultados de
desarrollo, Medición y Monitoreo de Impacto Anticipado (AIMM, por su
sigla en inglés) (véase el Observador de Primavera de 2018) y la
reducción del número de inversiones de intermediarios financieros de
alto riesgo, se ve erosionado por su insistencia en evitar la
rendición de cuentas escondiéndose detrás de la inmunidad.
Si la Corte Suprema falla a favor del demandante, este caso puede
allanar el camino para que las comunidades perjudicadas por las
acciones de la CFI y otras organizaciones internacionales encuentren
una vía de reparación legal que actualmente se les niega.

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GOBERNANZA DE LAS IFI/análisis
Las conclusiones del GEI arrojan dudas sobre la capacidad del Banco
para cumplir con el aumento de capital general
Resumen
-El informe del GEI es crítico sobre la capacidad del Banco para
tener en cuenta las evaluaciones en sus políticas
-Surgen dudas sobre la estrategia MFD del Banco

En junio, el Grupo de Evaluación Independiente (GEI) del Banco
Mundial (véase el Observador de Invierno de 2017) publicó su
evaluación anual de la “eficacia del desarrollo” de cuatro de las
cinco instituciones del Grupo del Banco Mundial (GBM): el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el brazo de
préstamos de ingreso medio del Banco Mundial; la Asociación
Internacional de Fomento (AIF), su brazo de préstamos de bajos
ingresos; la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama de
préstamos del sector privado del Banco; y el Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones (OMGI).
El informe de este año incluyó un enfoque temático sobre la
sostenibilidad ambiental. El informe, llamado Results and Performance
of the World Bank Group 2017, describió las preocupaciones sobre la
efectividad específica del desarrollo de las instituciones del Banco
y planteó serias dudas sobre si el entorno organizativo del Banco
Mundial alienta a tomar en cuenta “de forma rutinaria las
conclusiones de las evaluaciónes - del GEI o de otros - en las
operaciones del Banco Mundial”. Esta conclusión siembra dudas
importantes antes de la formalización del aumento de capital general
del Banco Mundial en las Reuniones Anuales de este año en Indonesia.
El informe proporciona evidencia adicional en apoyo del análisis de
la sociedad civil de que los desafíos clave que enfrenta el Banco
para cumplir sus objetivos de desarrollo son más estructurales que
financieros (véase el Observador de Verano de 2018).
El GEI utilizó dos parámetros para evaluar la efectividad del
desarrollo del Grupo: resultado de desarrollo y desempeño del Banco
Mundial. Para el análisis del primero, el GEI se basó en la medida en
que los resultados al finalizar el proyecto cumplieron los objetivos
de desarrollo previstos en la fase de diseño. Según el GEI, “la
calificación del desempeño del Banco Mundial se basa en factores que
están bajo el control del Banco, por ejemplo, si el diseño del
proyecto se adapta a las necesidades de sus beneficiarios”.

El medio ambiente: a pesar de los avances, persisten deficiencias
importantes
Como nota positiva, el informe concluyó que, en comparación con el
último informe, la “proporción de componentes del proyecto con
posibles beneficios ambientales del Banco aumentó del 33% al 37%” y
la CFI experimentó un aumento del 31% al 35% en “Beneficios
ambientales potenciales de las actividades financiadas”. Para el
OMGI, “la proporción de proyectos de garantía de riesgo político con
beneficios ambientales potenciales aumentó de una base baja de 8% a
36%”. Sin embargo, al observar la tendencia positiva, el GEI
haciéndose eco de extensas preocupaciones por parte de las OSC (véas
el Observador de Primavera 2018), se preguntó si “estos aumentos son
suficientes, dada la escala de la contaminación, la degradación
ambiental y el cambio climático”.
El informe recogió además las persistentes preocupaciones de la
sociedad civil de que el GBM carece de información y datos adecuados
sobre los impactos ambientales de toda su cartera, como sus emisiones
agregadas de gases de efecto invernadero, el impacto de los préstamos
para políticas de desarrollo y la supervisión de clientes
intermediarios financieros (véase el Observador de Invierno de 2017).
El documento recalcó que “los sistemas existentes están limitados por
lo que se puede observar en el momento de la evaluación y a menudo no
son capaces de capturar resultados a más largo plazo”. Además, en
línea con las persistentes críticas a la CFI en particular (véanse
las notas de la reunión de Primavera de 2018 del FPSC), el GEI
enfatizó que “en el caso de la CFI, la divulgación de la información
ambiental y social a nivel de proyecto de los informes de monitoreo y
supervisióndurante la implementación sigue siendo inadecuada y
debería generalizarse más el monitoreo de terceros”.
Al considerar la implementación por parte de la administración de sus
recomendaciones anteriores relacionadas con el medio ambiente, el
informe concluyó que “las recomendaciones ambientales para generar
conocimiento, mejorar el uso de métricas o medir el impacto de las
intervenciones del Grupo del Banco ... fueron las menos
implementadas”. El GEI señaló la necesidad de una mejor evidencia
sobre el impacto de las intervenciones del GBM y la mejora de la
presentación de informes sobre los impactos ambientales,
especialmente fuera de las intervenciones ambientales principales.
También identificó varias debilidades en la capacidad de monitoreo y
evaluación del Banco, incluyendo la “priorización secundaria del
conocimiento y el aprendizaje por detrás de el cumplimiento
operativo”.

Surgen más dudas sobre la estrategia MFD del Banco
Las conclusiones del informe brindan más evidencia en apoyo a la
crítica de la sociedad civil a la estrategia del Banco de Maximizar
las finanzas para el desarrollo (MFD), lo que algunos dentro de la
sociedad civil han llamado "Minimizar las finanzas para el
desarrollo" (véase el Observador de Verano de 2017). Esto plantea
dudas importantes sobre la lógica del desarrollo y las consecuencias
de la creciente dependencia del Banco en la CFI para 'apalancar la
inversión del sector privado’ de forma efectiva para apoyar su
mandato de desarrollo.
El GEI señaló que “las calificaciones de los resultados de desarrollo
de los proyectos de inversión de la CFI continuaron con una tendencia
descendente”, que comenzó en 2008, y subrayó que “solo la mitad de
los proyectos evaluados” para el informe actual “fueron calificados
como exitosos o mejores”. El informe fue especialmente condenatorio
con la agenda del MFD, que depende del trabajo de la CFI durante las
actividades iniciales, a través de sus Servicios de Asesoría, donde
“la disminución en la calificación de efectividad del desarrollo fue
aún más aguda que para los proyectos de Servicios de Inversión de la
CFI”, con el porcentaje de proyectos calificados en su mayoría
exitosos o mejores para la efectividad del desarrollo cayendo al 49%
para el ejercicio 2014-2016”. El GEI enfatizó que “esta es la
calificación de efectividad de desarrollo positiva más baja
registrada desde que el GEI comenzó a revisar los proyectos de
Servicios de Asesoría de la CFI en 2008”. Con igual preocupación, el
informe señaló que, “usualmente, la CFI participa en proyectos en la
etapa previa a la transacción en lugar de hacerlo en la etapa de
diseño inicial; esto significa que la CFI tiene menos capacidad que
el Banco Mundial para influir en el diseño de los proyectos que
financia”. El hecho contradice la justificación repetida de la CFI de
que, independientemente de cuáles sean los desafíos en términos de
implementación del proyecto, sigue desempeñando un papel importante
en el cambio de comportamiento del sector para que esté vaya en línea
con los objetivos de desarrollo.

Dentro de la cámara de eco del Banco de la ‘soluciones’
Quizás la conclusión más problemática del GEI se relacione con la
falta de voluntad del 'Banco de las soluciones', según se mercadea a
sí mismo el GBM, para involucrarse, aprender y adaptar la
implementación de sus actividades a una crítica sólida. El informe
señaló que, si bien la administración solo está obligada a informar
sobre las recomendaciones del GEI con las que concuerda, después de
cuatro años “solo el 52% de las recomendaciones se han implementado
en gran medida o completamente”. Al considerar planes de acción de
gestión que respondan a las recomendaciones del GEI, el informe
también señaló que “los planes de acción no son discutidos por el
Comité de Desarrollo del Banco ni por los miembros de la Junta, yno
se exige la aceptación de los planes de acción por parte del GEI”, y
agrega que “existe el riesgo de que las recomendaciones GEI
permanezcan sin considerarse incluso cuando los planes de acción se
hayan implementado por completo”.
Según el informe de GEI, parece que las tendencias destacadas en la
investigación Evaluation of World Bank Research, 1998 – 2005,
dirigida por Angus Deaton en 2006, sobre la naturaleza
autorreferencial del enfoque del Banco para la investigación y el
aprendizaje siguen siendo, lamentablemente, las mismas. La conclusión
del GEI, de que el entorno organizativo del Banco puede no hacer que
la institución sea apta para involucrarse con críticas externas, se
hace eco de la del informe Deaton, que señalaba que “una alta
proporción” de las citas en un número significativo de documentos del
Banco “son de otros documentos del Banco, muchos de ellos inéditos.
En algunos casos ... el grado de autorreferencia aumenta a un nivel
casi de parodia”.
Si bien el informe del GEI no evaluó el grado en que las
recomendaciones de política del Banco se basan en análisis y datos
sólidos, suscitó interrogantes sobre evidencia, datos y monitoreo y
evaluación que son tristemente consistentes con los hallazgos del
informe Deaton, que subrayó que frequentemente las conclusiones de
política en los documentos del Banco “se basan raramente en el
análisis anterior”. La falta de voluntad de la gerencia del Banco
para cambiar su posición ante la falta de pruebas sólidas que
respalden sus recomendaciones de política también se puede ver en su
uso continuo de las calificaciones del país de su Informe Haciendo
Negocios, a pesar de las recomendaciones de una evaluación interna de
2008 y de una generalizada crítica de la sociedad civil y el mundo
académico (véase el Observador de Invierno 2017-2018). El contenido
del próximo Informe sobre el Desarrollo Mundial del Banco, sobre la
naturaleza cambiante del trabajo, y la renuncia a consultar con los
críticos resaltan aún más la relevancia de las conclusiones del GEI
(véase el Observador de Verano de 2018).
Las conclusiones deberían alertar a los accionistas del Banco, que
recientemente acordaron un aumento de capital significativo para
respaldar a un banco “más grande y mejor”.

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DERECHOS/noticias
El Banco Mundial publica notas orientativas sobre el MAS revisadas
para los prestatarios

El Banco Mundial publicó sus Notas Orientativas Revisadas para los
Prestatarios a fines de junio, después de recibir un total de más de
3.000 comentarios de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y
otros sobre versiones preliminares de las notas durante un período de
comentarios que finalizó en diciembre (véase el Observador de
Primavera de 2018).
Las notas están diseñadas para proporcionar a los gobiernos y demás
prestatarios orientación sobre la implementación de los diez
estándares que forman las nuevas salvaguardias del Marco Ambiental y
Social (MAS) del Banco Mundial, que se pondrán en práctica a partir
de octubre. A pesar de que, durante el período de consulta de cuatro
años sobre el MAS 2012-2016, el Banco aseguró de forma reiterada que
las notas ayudarían a abordar las preocupaciones expresadas por las
OSC sobre la posible dilución de las salvaguardias del Banco (véase
el Observador de Otoño de 2016), las notas aún no abordan asuntos
clave planteados por las OSC.
Por ejemplo, en respuesta a los comentarios recibidos sobre la nota
orientativa sobre Pueblos Indígenas (ESS7), que sugería hacer
referencia explícita a los mecanismos internacionales de derechos
humanos, el Banco señaló en su matriz de respuesta (donde detallaba
cómo abordó todos los comentarios): “Un enfoque basado en los
derechos humanos está fuera del alcance del MAS”. Esto parece validar
las críticas dirigidas al Banco en 2015 por el relator especial de la
ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston,
de que “el Banco Mundial es actualmente una zona libre de derechos
humanos” (véase el Observador de Invierno de 2016). De manera
similar, en respuesta a los comentarios de que el MAS debería hacer
más para alinear las notas con los compromisos de los países con el
Acuerdo Climático de París, la matriz de respuesta señaló: “El Banco
Mundial no participa en la aplicación ni en el monitoreo del Acuerdo
de París”.
Mientras tanto, una declaración de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) con sede en Estados Unidos afirmó que “el Banco
Mundial enfrentó críticas por no incluir las normas laborales básicas
universales de la Organización Internacional del Trabajo en la
salvaguardia. La nota orientativa llena parcialmente este vacío, pero
la salvaguardia aún no protege completamente los derechos sindicales
en muchos países”.

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Malas noticias para Argentina: El cruel FMI está de vuelta

RESUMEN
- Argentina firma el mayor acuerdo crediticio en la historia del FMI
- El turbulento pasado del FMI con Argentina enmarca el préstamo
actual
- Estallan las protestas mientras el país se prepara para más
disturbios civiles

En 2006 el presidente Néstor Kirchner canceló el total de la deuda
con el FMI. El actual presidente, Mauricio Macri, acaba de volver
atrás y ha firmado un gigantesco acuerdo de apoyo de USD 50.000
millones. Kirchner se jactaba de que Argentina había puesto fin a 50
años de una relación muy conflictiva con el FMI. Ahora, su regreso es
presagio de problemas económicos para muchos argentinos. En
consecuencia, se espera el caos político.

1956-76: La relación antes de la guerra
El golpe militar de 1956 que derrocó al gobierno de Juan Perón marcó
el inicio de la relación de Argentina con el FMI, cuando Argentina
pasó a ser miembro de la institución. Pero la relación realmente se
estropeó después del golpe militar de 1976, en el que fue el período
más oscuro de Argentina. Los asesinatos, la tortura, las personas
desaparecidas y la represión general se convirtieron en parte de la
vida cotidiana. Económica y socialmente, el golpe pegó duro. El
neoliberalismo implacable tomó el control. Se firmó un nuevo Acuerdo
Stand-by con el FMI, pero esta vez dejó una enorme deuda externa que
pesó sobre la economía hasta que Kirchner la pagó.

1983-2006: El período de la confrontación
En 1976 la deuda externa de Argentina ascendía a USD 7.000 millones;
en 1980, se casi cuadruplicó. Los créditos provinieron principalmente
de bancos estadounidenses, incitados por el FMI en el contexto del
proceso de liberalización financiera mundial impulsado por Estados
Unidos. El aumento unilateral de las tasas de interés de Estados
Unidos llevó a que la falta de pago aumentara drásticamente el saldo
de la deuda. Como la deuda fue el resultado de la especulación
financiera, no dejó una capacidad productiva fortalecida. Por lo
tanto, el nivel de la deuda simplemente se disparó ya que no había
medios para pagar siquiera los intereses, que equivalían a las
exportaciones de un año. Cuando el gobierno militar se derrumbó, el
nuevo presidente elegido democráticamente en 1983, Raúl Alfonsín,
heredó una deuda de USD 42.000 millones, la cuarta más grande del
mundo, y la primera medida per cápita.

“El neoliberalismo nacional y el FMI se han unido para vender la
teoría de que ‘no hay alternativa’”
El FMI, que hizo oídos sordos a los reclamos de la ilegitimidad de la
deuda contraída bajo una dictadura militar antidemocrática, asumió el
papel de orador y negociador en nombre de los acreedores privados. A
lo largo de la década de 1980, el FMI siguió presionando para que se
aplicaran recortes más duros que afectaron de forma desproporcionada
a los más desfavorecidos. Para la sociedad argentina, ansiosa de
afirmar su nueva democracia débil en medio de una inflación fuera de
control, la imagen del Fondo se empañó. La década terminó con una
agitación política y una hiperinflación descontrolada que obligaron a
Alfonsín a dimitir en 1989.

Más tarde Argentina adoptó el programa del Consenso de Washington
que, junto con la convertibilidad de la moneda nacional frente al
dólar, redujo la inflación y luego impulsó el crecimiento económico.
En 1992-1994 el FMI presentaba a Argentina ante el mundo como
protagonista de esta estrategia “exitosa”. Sin embargo, después de
1995, con el final del programa de privatización, la recesión y el
alto desempleo volvieron para quedarse. Una vez más el servicio de la
deuda se volvió difícil y, nuevamente, el FMI intervino para
presionar por él. La década de 1990 estuvo marcada por grandes
recortes sociales continuos con el fin de preservar los ingresos
presupuestarios para pagar la deuda. La agitación social creció.
Finalmente, en diciembre de 2002, la sociedad “expulsó” con furia al
entonces presidente Fernando de la Rúa y cortó las relaciones con el
neoliberalismo y el FMI.

2018: Hola FMI, hola recesión
Macri ha vuelto al regazo del FMI. Esto fue una sorpresa. Para estar
seguro, la economía está en un estado calamitoso. Sin embargo, por
primera vez, Argentina regresa al FMI sin sufrir una importante
crisis en la balanza de pagos. A pesar de que el gobierno había
heredado una deuda de USD 240.000 millones, su propia política de
2016-2017 fue la responsable de una deuda adicional de USD 80.000
millones.

El gobierno ha dicho que llamó al FMI para “evitar” una crisis. Si
bien el FMI aseguró el gasto social como porcentaje del PIB,
Argentina tuvo que recortar los salarios y el número de trabajadores
estatales en un 0,5% del PIB para cumplir con las condiciones
crediticias del FMI. Tanto el FMI como el gobierno declararon que una
política monetaria estricta y un tipo de cambio libre también
deberían ayudar a reducir la inflación del actual 27% al 9% para
2020.

El neoliberalismo nacional y el FMI se han unido para vender la
teoría de que ‘no hay alternativa’.
Este parece ser el resultado inevitable después de diez años
espantosos de populismo retrógrado que ahora debe ser corregido por
la teoría económica “adecuada”. Cualquier curso alternativo, como los
impuestos progresivos, los incentivos fiscales para impulsar la
producción y el empleo o el control de los flujos internacionales de
capital, se han descartado sin consideración ni debate. Lo dicho, la
pasada administración Kirchner tuvo muchos defectos y la economía que
dejó no lucía muy bien. Pero este movimiento de Macri y el FMI se
enfrenta a la sociedad. A diferencia de lo que sucedía en el pasado,
hoy reina la democracia y 2019 es un año de elecciones.


En julio, se envió una carta abierta a la directora gerente del FMI,
firmada por una multitud de diputados de la oposición, líderes
sindicales, activistas de derechos humanos, artistas y representantes
sociales, repudiando el acuerdo como “odioso y execrable”. Argumentan
que el acuerdo es ilegal porque tales acuerdos, según establece la
Constitución argentina, son prerrogativa del Poder Legislativo, no
del Ejecutivo. Por lo tanto, la resistencia social ha comenzado y
probablemente se intensificará. Esto no debería ser una sorpresa. La
historia argentina lo dice.

Hernan Neyra, Universidad de Buenos Aires, y Andrés Ferrari Haines,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte


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del Reino Unido, la c.S. Mott Foundation, la William and Flora
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ISSN 2053-7522
Diseño: Base Eleven