+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Observador de Primavera de 2020 de Bretton Woods
Una revisión trimestral de los acontecimientos en el Banco Mundial y
el FMI

Publicado por BRETTON WOODS PROJECT
Trabajando con ONG e investigadores para monitorear al Banco Mundial
y al FMI


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


1. La recuperación del Covid-19 a cargo del FMI y el Banco Mundial:
¿“Reconstruir mejor” o bloquear las políticas inútiles? (FINANZAS/
análisis)
2. El papel del FMI en los efectos devastadores del Covid-19 – el
caso
de Ecuador (CONDITIONALIDAD/análisis)
3. El Banco Mundial debe garantizar que la nueva estrategia
energética de África sea inclusiva y
proteja a los pobres (INFRAESTRUCTURA/comentario)
4. IFC niega responsabilidad por daños a la comunidad tras
investigación del CAO sobre una represa en Guatemala (DERECHOS/
noticias)
5. Resurgen preocupaciones sobre los derechos laborales en la
respuesta de la CFI al Covid-19 (DERECHOS/Noticias)
6. Director ejecutivo de la CFI anuncia retiro planeado (GOBERNANZA
DE LAS IFI/noticias)
7. La inexistencia de préstamos a Venezuela e Irán vuelve a generar
dudas sobre la neutralidad política del FMI (FINANZAS/noticias)
8. Los temores de demandas en el tribunal del Banco Mundial limitan
los esfuerzos para combatir la pandemia (DERECHOS/análisis)
9. Genera preocupaciones el nombramiento de la “madrina de la
austeridad” para puesto de economista jefe del Banco Mundial
(GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias)
10. Las OSC plantean preocupaciones sobre el conflicto de intereses
relacionado con el préstamo de asistencia técnica del Banco Mundial
en Guyana (RENDICIÓN DE CUENTAS/noticias)
11. El Banco Mundial, el Covid-19 y la educación pública: dos pasos
adelante un paso atrás (SERVICIOS SOCIALES/noticias)
12. Argentina aumenta la oferta a los tenedores de bonos después de
que el FMI reclamara una “margen de mejora” (FINANZAS/noticias)
13. El FMI y el Banco Mundial ayudan a impulsar la polémica reforma
agraria de Ucrania en medio de la pandemia del Covid-19 (TIERRA/
noticias)

=====================================================================
(FINANZAS/análisis)

La recuperación del Covid-19 a cargo del FMI y el Banco Mundial:
¿“Reconstruir mejor” o bloquear las políticas inútiles?
Resumen
- Abundan los pedidos de una respuesta transformadora al Covid-19
- Los nuevos programas del FMI empujan a los países a la austeridad
después del pico del Covid-19
- El Banco Mundial redobla la apuesta en su enfoque sobre el sector
privado

Cuando los devastadores impactos de la pandemia del Covid-19
comenzaron a hacerse evidentes esta primavera, innumerables
pensadores críticos de la sociedad civil, la academia, la ONU y otros
espacios pidieron un replanteamiento fundamental de las políticas y
la arquitectura que componen el panorama internacional del desarrollo
y las finanzas (véase el Dispatch de Primavera de 2020). Argumentando
que el virus sólo exacerbó las vulnerabilidades e inestabilidades
preexistentes, exigieron un cambio transformador, proponiendo nuevos
acuerdos mundiales multicolores que incluyeran la intervención del
Estado en apoyo de una transición justa a economías bajas en carbono
y centradas en el cuidado que transformen la posición de las
economías en desarrollo en el orden mundial.
El sentimiento de que volver al modelo anterior ya no es una opción
pareció también penetrar en los espacios de política internacional,
ya que el FMI y el Banco Mundial pidieron que los gobiernos “se
reconstruyan mejor” en respuesta a la crisis del Covid-19. En la
edición de junio de la revista del FMI, Finance & Development, la
Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo que debe
aprovecharse esta oportunidad para “remodelar cómo vivimos y
construir un mundo más ecológico, más inteligente y más justo”,
mientras que el Banco se dijo que existen oportunidades para
“reconstruir mejor” en su respuesta política al Covid-19, pidiendo
una “recuperación sostenible”.
Esta retórica recuerda a las respuestas de las instituciones después
de la crisis financiera mundial de 2008. Sin embargo, a pesar de las
promesas de aprender las lecciones de crisis pasadas, en última
instancia, resultaron reacios a cambiar sus puntos de política
neoliberales, como lo demostraron más recientemente, en mayo, en los
históricos informes gemelos de la CSI sobre el FMI y el Banco
Mundial. Las primeras señales indican que incluso “reconstruir mejor”
tal como piden actualmente el Banco y el Fondo, quienes todavía no
logran el cambio transformador que piden muchos observadores externo,
podría ser demasiado ambicioso para las instituciones de Bretton
Woods. En lugar de un cambio, la evidencia sugiere que los planes de
recuperación liderados por el FMI y el Banco seguirán los mismos
inútiles modelos económicos y de desarrollo que han exacerbado esta
crisis (véase el Observador de Verano de 2020).

El FMI mantiene objetivos de consolidación fiscal a medio y largo
plazo en medio de la crisis
Si bien los comentarios de los economistas que defendieron un
estímulo fiscal sostenido en el contexto del Covid-19 parecían estar
brotando como hongos por todos lados, el FMI señaló desde el
principio que ni siquiera las crisis en desarrollo le llevarían a
relajar su vieja adhesión a las medidas de austeridad a largo plazo.
Su Monitor Fiscal de abril, por ejemplo, pidió “una senda de
consolidación fiscal a mediano plazo más ambiciosa y creíble”, para
las economías emergentes y de ingresos medios después del pico de la
crisis. Si bien los compromisos de política técnicamente
“voluntarios” contraídos en la mayoría de los 77 préstamos aprobados
por el FMI entre marzo y junio deberían considerarse una
“condicionalidad de facto”, a medida que el FMI ha comenzado a
aprobar programas nuevos o adaptarlos con condicionalidad formal, las
consecuencias de su persistente apego a la consolidación fiscal son
cada vez más claras.
Por ejemplo, en junio, el FMI acordó un programa de préstamos de 12
meses y USD 5.200 millones con Egipto, después de proporcionar un
financiamiento inicial de USD 2.772 millones en financiamiento de
emergencia en mayo. El acuerdo de junio detalló un objetivo de
superávit presupuestario primario para el año 2020-21 del 0,5% para
permitir el gasto relacionado con el Covid-19, pero exigió que se
restableciera al superávit primario anterior a la crisis del 2% en el
ejercicio 2021-2022. El FMI también acordó un nuevo programa de
préstamos de 18 meses y USD 5.000 millones con Ucrania en junio, en
el que elogió los esfuerzos de consolidación fiscal de Ucrania antes
del Covid-19 que, según señaló, se lograron principalmente a través
de una reducción del valor real de los salarios y beneficios
sociales, y estableció la consolidación fiscal en busca de un
superávit primario de entre 1% y 1,5% para 2023 (véase el Observador
de Verano de 2020).
En Jordania, el financiamiento de emergencia, en mayo, se sumó a un
programa de préstamos cuatrienal acordado en enero. Si bien los
objetivos de consolidación fiscal reconocidos por el Fondo,
condicionados en el programa original tendrían que reconsiderarse
para 2020 en el contexto del gasto del Covid-19, el objetivo de
superávit fiscal de 2024 se mantuvo sin cambios, lo que significa que
la consolidación fiscal tendrá que reanudarse a mayor velocidad “a
partir de 2021, [incluyendo] el recorte de los gastos prioritarios”.
En marzo se acordaron medidas similares de consolidación fiscal a
largo plazo en un programa de préstamos con Pakistán, en el que ya se
informó de resistencia contra las privatizaciones hospitalarias
resultantes y la congelación de los salarios públicos. Si bien el
financiamiento de emergencia que el FMI proporcionó a Ecuador, en
mayo, incluyó una solicitud de cancelación de su programa existente,
el FMI todavía estableció una meta primaria de superávit de alrededor
del 3,1% del PIB para 2025 (véase el Observador de Verano de 2020).
James Heintz, de la Universidad de Massachusetts Amherst, comentó:
“Estos rígidos objetivos fiscales restringen innecesariamente el
espacio político disponible para que los países se recuperen y
adapten a las nuevas realidades a medida que evoluciona la crisis del
Covid-19 y, en última instancia, son producto de un conjunto de
sesgos que favorecen los intereses financieros y afianzan aún más las
desigualdades mundiales”.

El Banco Mundial redobla la apuesta en su enfoque sobre el sector
privado
La forma en que el Banco Mundial pretende aplicar la agenda de
“reconstruir mejor” con medidas concretas que se integran en sus
proyectos y programas sigue siendo igualmente poco clara. Con una
mayor presión para “librarse del dinero”, existe la preocupación de
que gran parte de los préstamos del Banco en los próximos 15 meses
financiarán proyectos preexistentes con poca conexión con el programa
de recuperación justa. Si bien las OSC señalan que “la pandemia pone
de relieve cuánto necesitamos de servicios públicos de alta calidad”,
el abrazo del Banco a la visión “primero el sector privado” con su
enfoque de Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo (MFD)
parece intacto (véase el Observador de Primavera de 2020). La
Corporación Financiera Internacional, el brazo del sector privado del
Banco, está desempeñando un papel central en la respuesta inmediata a
la pandemia del Banco (véase el Observador de Verano de 2020 y el
Dispatch de Primavera de 2020). Existe la preocupación de que,
después del Covid-19, mientras los gobiernos enfrentan serias
restricciones fiscales, en parte moldeadas por las restrictivas
políticas fiscales del FMI y la dependencia de los mercados
financieros internacionales y las agencias de calificación
crediticia, se use el enfoque del Banco en materia de MFD para apoyar
una carrera a la baja para alentar a los inversionistas a regresar a
los países en desarrollo en dificultades.
Esto ya se puede observar en varios blogs del Banco que indican que
“la sana cooperación con el sector privado será más importante que
nunca a medida que los países salgan de esta crisis aún más limitados
fiscalmente”. Una nota del Banco de junio sobre la asistencia a los
esfuerzos de descarbonización de los países para 2050 también dio un
papel central al sector privado en la movilización de financiamiento
para la acción climática. Tal vez lo más preocupante es que esto
también puede discernirse de las condiciones de política de los
préstamos del Banco acordadas a medida que se desarrollaba la
pandemia en mayo. Por ejemplo, un préstamo para políticas de
desarrollo (PPD) a Ecuador contenía condiciones para reducir el
número de salarios mínimos sectoriales y ocupacionales fijos y
ampliar las exenciones de un impuesto a las transacciones
financieras, mientras que un PPD a Kenya apoyó la aglomeración de la
inversión privada en “vivienda asequible”. Por otro lado, un préstamo
de USD 750 millones del Banco para al sector eléctrico de Nigeria,
aprobado en junio, “busca bajar el riesgo del sector de la energía
para la inversión privada a través de un paquete integral de
intervenciones financieras, operativas, de gobernanza y de
políticas”. El préstamo fue aprobado a medida que el país caía más y
más en una grave crisis de deuda, con el desplome de los precios
mundiales del petróleo provocado por la reducción de los ingresos del
Estado por el Covid-19.
¿Demasiado tarde para cambiar de rumbo?
En respuesta a los renovados objetivos a mediano plazo del FMI,
Isabel Ortiz, de la Initiative for Policy Dialogue, comentó que “la
pandemia ha revelado el débil estado de los sistemas mundiales de
salud pública, generalmente sobrecargados, desfinanciados y con poco
personal debido a las políticas de austeridad y las privatizaciones
anteriores. Un regreso a las medidas de austeridad después de 2020 es
completamente inadecuado: los gobiernos deben buscar espacio fiscal
para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y reconstruir
mejor de manera efectiva”.
De manera similar, advirtiendo al Banco Mundial sobre la
“complacencia peligrosa” en una declaración de julio, el ex Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los
derechos humanos, Philip Alston, dijo: “La prisa por financiar los
ODS a través de una dependencia cada vez mayor del sector privado...
es un callejón sin salida. Demasiadas promesas de ‘ganar-ganar’ son
cuentos de hadas”. Y continuó: “después de décadas de crecimiento sin
precedentes, los principales beneficiarios han sido los más ricos. En
lugar de poner fin a la pobreza, el crecimiento desenfrenado ha
traído una desigualdad extrema, una precariedad generalizada en un
mundo de abundancia, descontento y cambio climático, lo que tendrá el
mayor impacto en los pobres del mundo”.
Las instituciones de Bretton Woods tienen una ventana de oportunidad
que se desvanece para unirse a los llamados por un cambio
transformador, preguntarse qué han hecho 75 años de sus políticas y
estructuras para llevar al mundo a otro punto de crisis y cambiar de
rumbo. Sin embargo, ¿la utilizarán?
bit.ly/BBBCovid19

=====================================================================
En este número

- El papel del FMI en los efectos devastadores del Covid-19 – el caso
de Ecuador, Pablo Iturralde, CDES Ecuador
- El Banco Mundial debe garantizar que la nueva estrategia energética
de África sea inclusiva y
proteja a los pobres, Jacqueline Kimeu, ACCESS Coalition
- Los temores de demandas en el tribunal del Banco Mundial limitan
los esfuerzos para combatir la pandemia
- Argentina aumenta la oferta a los tenedores de bonos después de que
el FMI reclamara una “margen de mejora”

=====================================================================
CONDITIONALITY/analysis

El papel del FMI en los efectos devastadores del Covid-19 – el caso
de Ecuador
Análisis externo de Pablo Iturralde, Center for Economic and Social
Rights (CDES), Ecuador

Resumen
- Medidas de austeridad respaldadas por el FMI mataban de hambre al
sector de salud antes de la pandemia
- El Fondo continúa en la senda de la consolidación fiscal a largo
plazo

En Ecuador, el impacto del coronavirus es uno de los más devastadores
del mundo, gravemente exacerbado por las políticas respaldadas por el
FMI implementadas antes de la crisis. Sin embargo, incluso ahora,
Ecuador está llevando a cabo reformas estructurales ordenadas por el
FMI que desmantelan aún más su sistema de salud y reprimen el
crecimiento económico, justo cuando es necesario aumentar la
inversión pública y retrasar las medidas de austeridad fiscal para
superar la crisis causada por la pandemia.
En junio, el Financial Times colocó a Ecuador en primer lugar en el
ranking mundial de exceso de mortalidad y el registro civil documentó
un exceso de 20.000 muertes durante la crisis del Covid-19. Si bien
debe quedar claro que no todas estas muertes fueron causadas
directamente por el virus, deben añadirse al exceso de víctimas de
otras dolencias graves o crónicas que podrían haber sido tratadas y
tal vez salvadas, si el sistema de salud no se hubiera derrumbado
completamente.
La evidente debilidad del sistema de salud pública del país es el
resultado de seis años de medidas de austeridad fiscal aprobadas por
el FMI, incluida una caída del 64% en la inversión pública en el
sector de la salud en los dos últimos años. Reflejando las
implicaciones de estas políticas, apenas cinco días después del
inicio de la cuarentena, la ministra de salud dimitió, explicando que
no podía enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos y declaró
que “no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria de la
autoridad competente para la gestión de emergencias”.
Si bien el FMI tuvo cuidado de no condicionar explícitamente su
programa de préstamos de 2019 a recortes del gasto social, el
programa se basó en la expectativa de que Ecuador transformaría su
déficit por cuenta corriente del 0,7% del PIB en 2018 a un superávit
del 0,4% en el proyecto de ley del sector público, incluso mediante
el “fortalecimiento de los controles sobre los compromisos de gasto
[en el sector de la salud]” y un “reajuste del proyecto de ley del
sector público”. Previsiblemente, esto llevó a que fueran despedidos
3.680 trabajadores de salud pública en 2019, esto es, el 4,5% del
empleo total en este Ministerio, antes de la peor crisis mundial de
salud pública en décadas. Un nuevo análisis demostró que “todos los
países de bajos ingresos que recibieron asesoramiento del FMI para
recortar o congelar el empleo público en los últimos tres años ya
habían sido identificados por la Organización Mundial de la Salud
como una escasez crítica de trabajadores de la salud”.
Dicho esto, la falta de resiliencia está vinculada a un deterioro más
amplio de la economía y es esencial hacer referencia a todo el
paquete de reformas fiscales, laborales y financieras impuestas por
el FMI. Con reducciones similares del gasto público en el sector de
la seguridad social que se anunciaron el año pasado, una de las
dificultades más significativas durante la crisis ha sido la
incapacidad del Estado para proporcionar apoyo financiero al 60% de
las familias ecuatorianas cuya subsistencia depende de la economía
informal y los salarios diarios.
El estado de emergencia instituido el 16 de marzo se utilizó para
aprobar aún más medidas de ajuste estructural que el FMI pedía desde
hace mucho tiempo: una reforma laboral flexible que había sido
aplazada por temor a la oposición social (véase el Observador de
Otoño de 2019); una reforma fiscal que había sido rechazada por el
parlamento a finales de 2019; la reanudación de la eliminación de los
subsidios a los combustibles después de que una protesta social
masiva lo había impedido el año pasado (véase el Observador de
Invierno de 2019). La aplicación de la agenda del FMI sólo fue
posible porque la movilización social se hizo imposible.
Sin embargo, las cosas sólo empeorarán. Desconcertantemente, las
recomendaciones de austeridad del FMI continúan. Si bien el FMI ha
subrayado que apoya el aumento del gasto en salud pública en la
respuesta inmediata a Covid-19, en su préstamo de financiamiento de
emergencia acordado en mayo, el FMI reveló su propuesta de continuar
la “consolidación fiscal... de aproximadamente 6,2 puntos
porcentuales del PIB durante el período 2019-2025” en Ecuador, lo que
inevitablemente socavará gravemente el gasto social y la protección.
En este contexto, ¿deberíamos sorprendernos que durante la pandemia
fueron despedidos otros 11.820 trabajadores del sector público, o que
tan recientemente como el 31 de mayo se realizó otro recorte del
presupuesto de salud de USD 217 millones en relación con el
presupuesto inicial de 2020?
La reducción del gasto social afecta más a los pobres, las mujeres y
los marginados, al tiempo que beneficia a los acreedores y aumenta
los beneficios de los ricos. Por lo tanto, no debería sorprender que
las nuevas regulaciones aprobadas durante la pandemia incluyan
garantías para el pago de la deuda externa e incluso para el pago de
laudos arbitrales en beneficio de las empresas transnacionales que
demandan al Estado por las medidas adoptadas para proteger a su
pueblo de la pandemia (véase el Observador de Verano de 2020). Sólo
en este marco se puede entender la escena incongruente que el país
está presenciando: Mientras los médicos protestan en medio de la
pandemia debido a la falta de financiamiento para suministros
médicos, el gobierno ecuatoriano está pagando intereses a los
acreedores privados y al FMI en tiempo y forma.
Estas son las mismas reformas del lado de la oferta promovidas por el
FMI durante más de cuatro décadas, con la circunstancia agravante de
que se aplican hoy en medio de una pandemia que requiere políticas
anticíclicas sostenidas que apoyen la recuperación económica y
garanticen los derechos humanos de las personas. El FMI debe ir más
allá de las declaraciones de buenas intenciones y cambiar el curso de
sus políticas específicas. No se puede esperar más: es hora de poner
las finanzas al servicio de la vida.
bit.ly/EcuadorCovid-19

=====================================================================
INFRAESTRUCTURA/comentario

El Banco Mundial debe garantizar que la nueva estrategia energética
de África sea inclusiva y
proteja a los pobres
Análisis externo de Jacqueline Kimeu, ACCESS Coalition

Resumen:
- Consulta de la sociedad civil africana integral para el éxito de la
nueva estrategia energética africana
- La estrategia debe comenzar con una planificación energética
inclusiva e integrada que responda a las necesidades de desarrollo
más amplias
- Políticas y financiamiento específicos, incluyendo subsidios para
los más pobres, son cruciales

El mundo no está en camino de lograr el acceso universal a energía
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos para 2030, el
objetivo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7). Según el
Informe 2020 del ODS de seguimiento 7: Informe de avance 2020 de la
Agencia Internacional de Energías Renovables, desde 2010 se han
producido progresos constantes en la tasa de electrificación mundial.
Sin embargo, 789 millones de personas en todo el mundo todavía
carecen de acceso a la electricidad y el déficit se concentra cada
vez más en África Subsahariana, a pesar de que la tasa de acceso en
la región pasó de 44% en 2010 a 47% en 2018.
Además, casi 3.000 millones de personas todavía no tienen acceso a
combustibles y tecnologías de cocina limpia, según el informe. Vale
la pena señalar que el número de personas que carecen de acceso a
soluciones de cocina limpia se ha mantenido prácticamente inalterado
en las últimas dos décadas, debido al crecimiento de la población que
supera al número de personas que tienen acceso a ellas. Este es
especialmente el caso en África Subsahariana, donde el crecimiento de
la población entre 2014 y 2018 superó el crecimiento del acceso a
combustibles y estufas limpias en un promedio de 18 millones de
personas al año. El crecimiento de la población ha hecho que el
número de personas sin acceso a la cocina limpia haya aumentado de
750 millones a 890 millones en la región en el mismo período.
El Banco Mundial puede desempeñar un papel más importante en la
habilitación del acceso a la energía en África
El Banco Mundial ha tomado medidas para aumentar sus inversiones en
energías renovables fuera de la red. En particular, el apoyo a los
programas de mini-red y fuera de la red creció a USD 600 millones en
2018, en comparación con aproximadamente USD 200 millones en años
anteriores. Sin embargo, esto sigue siendo una pequeña proporción de
su presupuesto energético global. Se necesita un apoyo más específico
para llegar a los países con mayores déficits de acceso a la energía.
En el caso de la pobreza energética para cocinar, 9 de los 10 “Países
de Alto Impacto” (PAI), aquellos países con mayores desafíos de
acceso a la energía, se encuentran en África, al igual que 13 de los
20 PAI por pobreza eléctrica. Sin embargo, en el marco de las
prioridades de política climática de la AIF 19 acordadas el año
pasado, el Banco no incluyó objetivos de acceso a la energía, a pesar
de que la AIF incluyó una serie de PAI. Reconociendo esta omisión, el
Banco Mundial está desarrollando actualmente una nueva estrategia
energética africana que se pondrá en marcha a finales de este año y
establecerá la visión del Banco para el futuro.
Ante la reducción del espacio civil en el mundo (véase el Dispatch de
Primavera de 2020) y el reconocimiento de que se necesitan más
enfoques del lado de la demanda para reequilibrar el enfoque actual
en las intervenciones del lado de la oferta, es necesario una
consulta clara e inclusiva a las partes interesadas para aprovechar
los puntos de vista, conocimientos y experiencia tanto de las
comunidades pobres en energía como de los grupos de expertos para
ayudar a dar forma a la estrategia del Banco. Los grupos de la
sociedad civil están bien situados para ofrecer información sobre
cómo una planificación y oferta de servicios energéticos más
inclusivos, basados en la demanda e integrados pueden ayudar a
alcanzar los objetivos de la estrategia. La Alliance of Civil Society
Organizations for Clean Energy Access (ACCESS Coalition), cuyos
miembros tienen pericia y experiencia en investigación en la
prestación de servicios y productos energéticos a los consumidores en
el último kilómetro, están listos para participar en consultas en
torno a la nueva estrategia.
La estrategia es bienvenida, sobre todo si reconoce que el acceso a
la energía debe ir más allá del nivel de los hogares para apoyar la
prestación de servicios comunitarios. El contexto actual del Covid-19
ha puesto de relieve tanto el papel desempeñado por la contaminación
del aire en interiores en el aumento de la susceptibilidad a las
enfermedades respiratorias como el papel crucial de la electricidad
en la energía para impulsar los servicios de salud y fomentar más la
resiliencia comunitaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
estima que alrededor de 4 millones de personas mueren anualmente
debido a enfermedades prematuras causadas por la contaminación del
aire en interiores. Los paquetes de respuesta y recuperación a la
pandemia ofrecen la oportunidad de acelerar e innovar aún más para
cumplir con el ODS 7.
En África Subsahariana, el acceso a la energía suele tener una
prioridad política baja, y los enfoques de planificación y prestación
de servicios suelen ser de arriba hacia abajo y no se basan en las
necesidades de las comunidades pobres en energía. La iniciativa
Energía Sostenible para Todos aboga por vías de electrificación más
integradas, donde el acceso a la energía es parte de una
planificación energética y prestación de servicios más global y
responde al contexto más amplio del desarrollo sostenible y las
necesidades humanas. Esto requiere un compromiso del gobierno para
apoyar y coordinar el proceso de planificación. Una herramienta que
ha vuelto operativo este enfoque es el Kit de herramientas del modelo
de suministro de energía, que se utiliza actualmente para la
planificación subnacional con el gobierno del condado en Kenya. El
Banco debería adoptar esos procesos de planificación inclusiva como
parte de su nueva estrategia energética africana.
El acceso universal a la energía requiere una acción más específica
para hacer frente a la brecha de asequibilidad para los consumidores
pobres y vulnerables, tal como reconoce el propio Banco.  Según los
indicadores regulatorios de energía sostenible, el 40% más pobre de
los hogares gasta más del 5% de su presupuesto mensual en
electricidad. Esto ilustra lo inasequible que es la electricidad para
la mayoría de la población no atendida y requiere diferentes modelos
de financiamiento para cerrar la brecha. Esto incluye subvenciones
específicas y protección social (o “redes de seguridad energética”).
La estrategia del Banco debería incluir disposiciones para dichas
redes de seguridad.
En resumen, la nueva estrategia energética del Banco en África le
ofrece una importante oportunidad de integrar el ODS 7 en sus
préstamos energéticos en el continente, mediante consultas con la
sociedad civil africana.
bit.ly/WBGAfricaEnergy

=====================================================================
DERECHOS/noticias

IFC niega responsabilidad por daños a la comunidad tras investigación
del CAO sobre una represa en Guatemala

Resumen
- Investigación del CAO constata fallos de la CFI para evitar daños a
la comunidad indígena
- La CFI rechaza los reclamos de la investigación y se niega a tomar
medidas correctivas

En junio el Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés) - el
mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial -
publicó su investigación de 2018 sobre el papel de la CFI en el
controvertido proyecto de represa hidroeléctrica Santa Cruz Barillas
en Guatemala (véase el Observador de Primavera de 2020).
En 2008 la CFI proporcionó USD 20 millones en préstamos y USD 9,9
millones en inversiones de capital a un intermediario financiero
latinoamericano, la Corporación Interamericana para el Financiamiento
de la Infraestructura (CIFI), que financió a otra empresa, Hidro
Santa Cruz (HSC), en la construcción de la represa hidroeléctrica.
La CFI fue declarada negligente por no evitar daños a la comunidad
indígena local de Santa Cruz Barillas en el informe de investigación
de cumplimiento del CAO, a raíz de una denuncia presentada por los
residentes en 2015. La investigación puso de relieve que la CFI
incumplió su deber de prevenir los daños relacionados con el
proyecto, que incluía la detención ilegal de quienes protestaban
contra él y el asesinato del activista local Andrés Pedro Miguel, así
como el uso de la violencia contra varios otros miembros de la
comunidad.
La investigación del CAO concluyó que, “Aunque tuvo conocimiento de
los impactos del proyecto durante el período de financiamiento, la
CFI no se involucró con su cliente para asegurar que los impactos
residuales del proyecto fueran evaluados, reducidos, mitigados o
compensados, según correspondiera, incluso al cierre del proyecto,
tal como exigen las Normas de Desempeño y la Política de
Sostenibilidad”. El consultor ambiental y social de la CFI, encargado
de preparar una revisión del proyecto, corroboró los hallazgos del
CAO.
En su respuesta, publicada en junio, la CFI aceptó que la comunidad
había sufrido impactos negativos, admitiendo algunos fracasos en su
debida diligencia y monitoreo. Sin embargo, no ofreció tomar medidas
correctivas para hacer frente a los daños, negando que los impactos
puedan atribuirse directamente a la construcción de la represa. Para
apoyar su afirmación, la CFI citó un informe de 2013 de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, a pesar del informe de la ONU que vincula claramente las
violaciones de los derechos humanos en Guatemala con la represa de
Barillas. En la misma respuesta, la CFI contradijo su propia defensa
al destacar las pruebas del Defensor del Pueblo Guatemalteco que,
declaró, “hacen referencia ha que el proyecto HSC contribuye con el
conflicto general existente en Barillas”.
La respuesta de la CFI causó el alboroto de la sociedad civil y las
organizaciones locales, que afirman que está tergiversando el informe
de las Naciones Unidas. El 8 de julio, grupos de la sociedad civil
enviaron una carta conjunta en la que pedían al Director Ejecutivo de
la CFI, Phillippe Le Houérou, que revisara la respuesta de la CFI.
En Guatemala, la Asamblea Popular de Huehuetenango emitió una
declaración condenando la respuesta “cargada de racismo, indolencia,
irresponsabilidad y, sobre todo, impunidad”. En un comunicado de
prensa de junio, Cecilia Mérida, una líder comunitaria de Santa Cruz,
declaró: “Hemos sido encarcelados, obligados a huir de nuestras
comunidades y algunos de nosotros han perdido su vida. Hemos esperado
cinco años para escuchar el resultado de nuestro reclamo. ¿Y para
qué? Estamos consternados por la respuesta de la CFI”.
Kate Geary, de la organización de la sociedad civil holandesa
Recourse, describió la afirmación de la CFI como “absurda e ilógica”
en un artículo de junio del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación, advirtiendo que esto señaló, “un regreso a los malos
viejos tiempos de una CFI irreponsable y que no rinde cuentas”.
La respuesta de la CFI sigue los recientes compromisos de Le Houérou,
quien anunció este mes que renunciaría a su posición, para fortalecer
sus normas ambientales y sociales (véase el Observador de Verano de
2020). Geary comentó además: “Este es uno de los primeros casos de
prueba de esa nueva rendición de cuentas y ha fallado”, y agregó que
la junta directiva de la CFI debe ahora ayudar a la comunidad
afectada por estos daños.
bit.ly/GuatemalaDamIFC

=====================================================================
DERECHOS/Noticias

Resurgen preocupaciones sobre los derechos laborales en la respuesta
de la CFI al Covid-19

La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector
privado del Banco Mundial, se enfrentó a llamamientos para esbozar su
enfoque de las medidas de salud, seguridad en el trabajo y protección
social en una carta conjunta de grupos de derechos humanos enviada en
mayo.
La carta se presentó cuando la CFI asignó USD 8.000 millones de
financiación para responder a la pandemia del Covid-19, de los cuales
USD 6.000 millones se desembolsarán a través de intermediarios
financieros y USD 2.000 millones para apoyar a sus clientes actuales
en las industrias de infraestructura, industrias, agricultura y
servicios (véase el Dispatch de Primaver de 2020).
La carta, dirigida al director ejecutivo de la CFI, Philippe Le
Houérou, esbozaba recomendaciones para garantizar que su respuesta al
Covid-19 vaya en línea con las Normas de Desempeño de la CFI y las
normas internacionales vinculantes sobre trabajo y derechos humanos.
Instó a la CFI a que publicara una estrategia en la que se detallara
cómo está apoyando a los clientes a aplicar licencias remunerada por
enfermedad y familia, protección laboral, cuidado de niños y atención
de la salud proporcionados por los empleadores, salud y seguridad en
el trabajo y reducción no discriminatoria. La CFI no ha revelado
públicamente si los clientes que reciben financiación para responder
al Covid-19 están obligados a adoptar estas medidas.
La pandemia del Covid-19 ya ha tenido un impacto devastador en
millones de trabajadores en empleos precarios e informales, en
particular mujeres. Komala Ramachandra, de la organización
estadounidense Human Rights Watch, dijo: “La CFI debe actuar de
manera rápida y transparente para apalancar fondos de alivio para
ayudar a los millones de trabajadores conectados con su sector
privado y sus clientes intermediarios financieros”.
La CFI se ha enfrentado a viejas críticas por su historial en cuanto
a los derechos de los trabajadores que, algunos temen, se verá
exacerbado por la pandemia (véase el Observador de Invierno de 2018 y
el de Primavera de 2018).

bit.ly/LabourRightsIFC

=====================================================================
GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias

Director ejecutivo de la CFI anuncia retiro planeado

Philippe Le Houérou, director ejecutivo de la Corporación Financiera
Internacional, el brazo del sector privado del Banco, anunció a
través de Twitter el 7 de junio que renunciará a su cargo, a partir
del 1 de octubre. El sucesor de Le Houérou será nombrado por la junta
directiva de la CFI, sobre la base de la recomendación del presidente
del Banco Mundial, David Malpass, según los Artículos de Acuerdo de
la CFI.
Le Houérou fue nombrado director ejecutivo de la CFI en 2015. Bajo su
liderazgo, la CFI anunció nuevas políticas sobre las represalias
contra la sociedad civil y una estrategia de equidad verde para
alentar a sus clientes comerciales a desinvertir en carbón a lo largo
del tiempo (véase el Observador de Verano de 2019 y el de Invierno de
2018). También supervisó una reciente ola de reformas, como parte de
la ampliación de capital de la CFI (véase el Dispatch de Primavera de
2018), con el objetivo de lograr una mayor rendición de cuentas a la
organización.
Sin embargo, a pesar de estas reformas, la CFI se mantuvo rezagada en
términos de transparencia, ocupando el puesto 31 de 52 organizaciones
en el índice de transparencia de la ayuda de 2020. La CFI sigue
además enfrentando críticas en torno a los perjudiciales impactos
ambientales y sociales de sus préstamos (véase el Observador de
Verano de 2020).
“Le Houérou ciertamente ha puesto a la CFI en el camino hacia
reformas importantes muy necesarias para sus préstamos a través de
intermediarios financieros, incluyendo su compromiso con el clima a
través de su nuevo enfoque de equidad verde”, dijo Christian
Donaldson, de Oxfam International. “Todavía queda mucho trabajo por
hacer en varios frentes, incluida la rendición de cuentas de la CFI,
pero esperamos que el próximo director ejecutivo se base en los
esfuerzos de Le Houérou para involucrarse y escuchar las voces de la
sociedad civil”.
bit.ly/CEOIFC

=====================================================================
FINANZAS/noticias

La inexistencia de préstamos a Venezuela e Irán vuelve a generar
dudas sobre la neutralidad política del FMI

Mientras el mundo lucha por responder a la pandemia del Covid-19, y
en medio de llamamientos a una mayor cooperación internacional,
incluso por parte del FMI, el FMI hasta ahora no ha proporcionado los
USD 5.000 millones en préstamos solicitados tanto por Venezuela como
por Irán. La falta de respuesta a las solicitudes de dos países
significativamente afectadas por la pandemia plantea una vez más
interrogantes sobre la neutralidad política del Fondo (véase el
Observador de Primavera de 2015). Expertos en derechos humanos de la
ONU advirtieron en mayo que “los venezolanos en el límite de la
supervivencia” y Human Rights Watch también pide una acción urgente.
Según el medio de comunicación Bloomberg, el FMI declaró que está
prohibido prestar a Venezuela porque el gobierno actual carece del
reconocimiento requerido por la comunidad internacional. En marzo,
Juan Pablo Bohoslavsky, ex Experto Independiente de las Naciones
Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, expresó profundas
preocupaciones sobre la posición del Fondo, subrayando que “el
argumento del FMI... no puede ser la base de una decisión que ponga
gravemente en peligro a toda la población venezolana y, por
extensión, a todo el mundo. Tales decisiones pueden equivaler a una
violación grave de los derechos humanos y requerirían la rendición de
cuentas de la institución y sus responsables de la toma de
decisiones”.
Como Irán registró una cifra de 11.571 muertes por Covid-19 en julio,
también espera una respuesta del FMI a la petición de un préstamo de
USD 5.000 millones, que al parecer ha sido bloqueado por Estados
Unidos. Según un artículo de abril en el sitio de noticias en línea
Politico, Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE, criticó
la posición de Estados Unidos: “Lamento que ... Estados Unidos se
oponga a la ... decisión”, y añadió: “desde el punto de vista
humanitario ... esta solicitud debería haber sido aceptada”.
bit.ly/IMFVenezuela-Iran

=====================================================================
DERECHOS/análisis

Los temores de demandas en el tribunal del Banco Mundial limitan los
esfuerzos para combatir la pandemia

Resumen
- Se teme una inundación de demandas del CIADI mientras los países
tratan de hacer frente a la pandemia
- Capacidad de los Estados para salvaguardar la salud pública
limitada debido a la amenaza de demandas

La pandemia del Covid-19 ha obligado a los países a tomar medidas sin
precedentes para tratar de minimizar los impactos de la pandemia en
la salud, lo que resulta casi en una parálisis de la actividad
económica y en restricciones a las actividades sociales y políticas
con consecuencias mundiales de gran alcance (véase el Dispatch de
Primavera de 2020). Sin embargo, los países en desarrollo (y, de
hecho, desarrollados), pueden enfrentarse a otro desafío: la amenaza
del arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (véase Al interior
de las instituciones, CIADI).
El CIADI es el principal foro para la solución de controversias de
inversionistas contra Estados a través del sistema de Solución de
Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE), que se incluyen en
muchos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y
proporcionan a las empresas y personas extranjeras un trato
privilegiado y un recurso contra los Estados fuera de la jurisdicción
de los tribunales nacionales. El CIADI ha sido ampliamente criticado
por su presunto sesgo empresarial, secreto y falta de una rendición
de cuentas democrática (véase el Observador de Otoño de 2015, el de
Verano de 2014 y el Boletín de diciembre de 2013). Actualmente,
alrededor de dos tercios de las controversias entre inversionistas se
presentan en el CIADI, que no tiene un proceso para apelar sus
decisiones.
Si bien la cantidad de casos presentados al CIADI fue inicialmente
pequeña, ha aumentado drásticamente a medida que la globalización
trajo un aumento de los acuerdos de comercio e inversión y los
actores del desarrollo defendieron la inversión extranjera directa.
Tal como se detalla en el informe Extraction Casino de Mining Watch
Canada de 2019, el Institute for Policy Studies y el Center for
International Environmental Law, el número de casos de minería,
petróleo y gas presentados en el CIADI casi se ha duplicado en las
últimas dos décadas, al igual que las cantidades otorgadas. El
informe señaló, por ejemplo, que “Colombia se enfrenta a unos USD
18.000 millones en reclamos (amenazados o reales) de seis empresas
mineras que juegan con el arbitraje internacional para reclamar
futuras ganancias perdidas debido a las medidas para proteger el agua
y el territorio indígena”.
Las empresas consideran demandar a los Estados por los esfuerzos para
controlar la pandemia
Según una carta abierta de la red de la sociedad civil de Seattle a
Bruselas, de mayo, enviada a los gobiernos y firmada por 630
organizaciones, “del 1 de marzo al 25 de mayo de 2020, cuando la
mayoría de los gobiernos estaban en medio de la crisis de la
pandemia, se presentaron 12 nuevos casos de SDIE solo en el CIADI”.
Perú, por ejemplo, ha sido objeto de un reclamo de arbitraje ante el
CIADI por parte de los inversionistas por haber suspendido el cobro
de peajes en carreteras operadas por empresas privadas en respuesta
al brote del Covid-19.
Un artículo de mayo en el sitio web del bufete de abogados Addleshaw
Goddard señaló que, “actualmente hay más de 260 casos [CIADI]
pendientes contra los Estados africanos... en comparación con 135
casos en mayo de 2017. Se prevé que se inicien muchos más arbitrajes
en los meses venideros. Esto es especialmente importante si se tiene
en cuenta que sólo en el caso de los arbitrajes del CIADI, más de la
mitad de las reclamaciones iniciadas contra los Estados africanos han
dado lugar a un laudo definitivo y más de la mitad de esos casos han
dado lugar a la adjudicación de daños totales o parciales contra el
Estado”.
Estas tendencias y la perspectiva de futuros reclamos han dado lugar
a llamamientos para una suspensión de los casos de SDIE durante la
crisis. La carta abierta de la red de Seattle a Bruselas exigía la
suspensión de todos los casos de SDIE en cualquier asunto contra
cualquier Estado mientras respondía a la pandemia de Covid-19,
señalando que: “a finales de 2018, todos los países del mundo habían
sido condenados o acordado pagar a los inversores en casos de SDIE
conocidos públicamente por un monto de USD 88 mil millones. Algunos
países en desarrollo tienen miles de millones en reclamaciones
pendientes de SDIE”.
La carta se hizo eco, a su vez, de un llamamiento similar de mayo
para una moratoria de los SDIE durante la crisis del Covid-19 del
Columbia Center on Sustainable Investment, con sede en Estados
Unidos, firmado por, entre otros, varios destacados expertos de la
ONU en derechos humanos y por Justin Lin, execonomista jefe del Banco
Mundial. La carta del Centro incluía un llamado a una restricción
permanente “de todos los reclamaos de arbitraje relacionados con
medidas gubernamentales dirigidas a las dimensiones sanitarias,
económicas y sociales de la pandemia y sus efectos”.
La perspectiva de una avalancha de casos del CIADI resultantes de las
respuestas a la pandemia, fue destacada en un artículo de mayo del
grupo de investigación Corporate Europe Observatory titulado “Cashing
in on the pandemic: How lawyers are preparing to sue states over
COVID-19 response measures [Cobrar por la pandemia. Cómo los abogados
se preparan para demandar a los Estados sobre las medidas de
respuesta al COVID-19]”. Teniendo en cuenta el posible margen de
acción de las empresas, el artículo subrayó que se podrían presentar
casos contra los Estados por numerosos esfuerzos de combate a la
pandemia, desde la acción por medicamentos asequibles y medidas de
justicia fiscal hasta el alivio de la deuda para los hogares y las
empresas.
Tal como indicó el informe de la UNCTAD May Investment Policy
Monitor, la mera amenaza de los casos del CIADI puede impedir que los
Estados tomen las medidas que se consideran necesarias en respuesta a
la pandemia. Las conclusiones del informe cuentan con el apoyo de
Bart-Jaap Verbeek, de la organización de la sociedad civil holandesa
SOMO, quien subrayó que “los inversores extranjeros ya no recurren al
SDIE sólo como último recurso para resolver disputas, sino que la
utilizan cada vez más como un elemento disuasorio para reducir
preventivamente las medidas gubernamentales que pueden afectar
negativamente a sus actividades comerciales. La presión financiera
que emana de esos reclamos multimillonarios puede dar lugar a que los
gobiernos diluyan o abandonen las regulaciones necesarias para hacer
frente a situaciones de emergencia como la pandemia del Covid-19 y a
la crisis económica subsiguiente”.
Son esenciales las reformas del CIADI y el SDIE para una recuperación
justa del Covid-19
El informe de la UNCTAD sobre Comercio y Desarrollo de 2019 subrayó
que, tras la crisis financiera mundial de 2008, “con los mercados en
caída libre... el Estado fue la solución”, sin embargo, a medida que
la situación se estabilizaba, “el dinero sigue hablando, pero los
Estados aparentemente han perdido la voz”, lo que llevó a un retorno
a la dependencia de la inversión del sector privado como proveedor
clave de financiación para el desarrollo sostenible. El informe
concluyó acertadamente, “todo, al parecer, ha tenido que cambiar,
para que las cosas se queden como estaban”.
El enfoque de Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo (MFD)
del Banco Mundial, incluido su impulso a las asociaciones público-
privadas (véase el Observador de Invierno de 2017-2018), la ‘agenda
de miles de millones a trillones’ y el privilegio exorbitante que se
concede a los inversores extranjeros en el marco del SDIE y dentro
del CIADI, son expresiones muy tangibles de esta tendencia (véase el
Observador de Verano de 2017). Dado el posible diluvio de demandas
del CIADI en respuesta a los esfuerzos del Estado para controlar la
pandemia mundial, los interesados en una arquitectura financiera
internacional más justa estarán observando de cerca cómo responden
los países a los llamamientos a una moratoria de los casos del SDIE y
si el proceso de reforma en curso del CIADI dará lugar a cambios
urgentemente necesarios (véase el Observador de Invierno de 2018). Se
ha propuesto una reforma radical de la institución defectuosa,
incluida su separación formal del Banco Mundial. Tal como subrayaron
el profesor Kevin Gallagher y Richard Kozul-Wright de la UNCTAD en su
artículo de junio, en la revista Global Policy, las reformas del
CIADI y el SDIE son esenciales para garantizar la supervivencia de un
sistema multilateral eficaz (véase la conferencia  Bretton Woods at
75 and the future of multilateralism).
bit.ly/ICSID2020

=====================================================================
GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias

Genera preocupaciones el nombramiento de la “madrina de la
austeridad” para puesto de economista jefe del Banco Mundial

Resumen
- Se anunció en mayo el nombramiento de Carmen Reinhart como
economista jefe del Banco Mundial
- Reinhart enfrenta críticas por mantener el sesgo de austeridad a
pesar de los errores de la modelización

El 20 de mayo el presidente del Banco Mundial, David Malpass, anunció
que la profesora de Harvard Carmen Reinhart reemplazaría a Pinelopi
Goldberg como economista jefe del Banco. El nombramiento se debe a la
salida anticipada de Goldberg del Banco en marzo (véase el Observador
de Primavera de 2020).
Antes del nombramiento, Reinhart fue profesor del sistema financiero
internacional en la Kennedy School of Government de Harvard.
Anteriormente, se desempeñó como asesora experta de políticas y
subdirectora en el FMI y vicepresidenta y economista jefe del banco
de inversión Bear Stearns, un cargo que también ocupó por Malpass.
Reinhart asume la posición en medio de la pandemia de Covid-19, ya
que el mundo se enfrenta a la peor recesión desde la Gran Depresión y
pide que abunden los estímulos fiscales sostenidos (véase el Dispatch
de Primavera de 2020). En este contexto, su nombramiento ha suscitado
preocupaciones debido a su pasado apoyo a las políticas de
austeridad.
Reinhart es conocida entre los economistas por su desacreditado
trabajo de modelización de la deuda pública junto a su compañero de
Harvard Kenneth Rogoff, en su artículo de 2010 titulado Growth in a
Time of Debt.
El documento afirmaba que cuando la deuda de un país sube a más del
90% del PIB, el crecimiento económico se ve ralentizado en un 0,1%.
Reinhart y Rogoff argumentaban que la deuda pública hace que las
economías se contraigan bruscamente, lo que a su vez hace que la
deuda sea insostenible y ocasione el impago. Para evitar este
destino, en una pieza del Financial Times de 2010, recomendaron que
los países endeudados endurecieran la política fiscal, advirtiendo
que “los países que no hayan sentado las bases para el ajuste lo
lamentarán”.
El texto fue considerado increíblemente influyente en la
configuración de los debates sobre políticas pro-austeridad tras la
crisis financiera mundial de 2008, en particular en los programas de
préstamos de la Troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea
y el FMI) para Grecia durante su crisis de deuda soberana (véase el
Observador de Otoño de 2018). El sitio web de noticias de Estados
Unidos Business Insider destacó en 2014 que: “Su investigación es
frecuentemente citada como una de las inspiraciones para las medidas
de austeridad, con defensores de alto perfil ... citando durante los
debates clave sobre la necesidad de un endurecimiento presupuestario
de la zona euro”. Un artículo del Financial Times de 2013 describió a
Reinhart y Rogoff como “madrina y padrino intelectuales de la
austeridad”.
El ex canciller del Reino Unido George Osborne utilizó el documento
como justificación para el despliegue de la austeridad cuando estaba
en el gobierno (incluso después de que fuera desacreditado). Al
documento se le acredita además su influencia en la política de
frenos de deuda a largo plazo de Alemania.
En 2013 un estudiante de doctorado en economía descubrió que el
artículo incluía errores importantes, lo que sesgaba
significativamente los resultados. De hecho, las correcciones
mostraron que los países con ratios de deuda del 90% ven crecer a sus
economías un 2,2%, en lugar de disminuir un 0,1%. El FMI refutó
también las conclusiones en un documento de 2014, por no encontrar
evidencia de la existencia de un “umbral mágico” para la deuda “por
encima del cual las perspectivas de crecimiento a mediano plazo se
ven dramáticamente comprometidas”. A pesar de esto, Reinhart y Rogoff
defendieron su trabajo en un artículo del New York Times, y
mantuvieron sus afirmaciones de que la alta deuda frena el
crecimiento.
A medida que la pandemia siga causando estragos en la economía
mundial, los observadores seguirán de cerca cómo el liderazgo de
Reinhart da forma al enfoque del Banco Mundial en este momento
crítico.
Durante una entrevista de mayo para The Harvard Gazette, Reinhart
notó su apoyo a un estancamiento temporal de la deuda, a pesar de la
negativa del Banco Mundial a ofrecer la suspensión de la deuda en sus
propios préstamos.
El economista Jayati Ghosh destacó que, “en tiempos de crisis, las
instituciones mundiales deben estar dirigidas por personas con un
alto nivel de credibilidad” y agregó que, “en el caso del Banco
Mundial, que establece principios para el desarrollo y las
condicionalidades de los préstamos, será necesario un mayor nivel de
integridad y de confianza en los países en desarrollo para ser
creíble”.
bit.ly/WBGChief

=====================================================================
RENDICIÓN DE CUENTAS/noticias

Las OSC plantean preocupaciones sobre el conflicto de intereses
relacionado con el préstamo de asistencia técnica del Banco Mundial
en Guyana
Resumen
- Firma de abogados contratada bajo asistencia técnica del Banco
Mundial aparentemente retrocede después de que las OSC exponen
vínculos con ExxonMobil
- Los términos del contrato petrolero de Guyana han dado lugar a una
crisis constitucional y a elecciones disputadas

El apoyo del Banco Mundial a las reformas de la gobernanza vinculadas
al desarrollo petrolero marino de Guyana ha sido cuestionado en los
últimos meses, después de que la investigación de la organización de
la sociedad civil (CSO) alemana Urgewald descubriera que un bufete de
abogados contratado por el Banco en virtud de un préstamo de
asistencia técnica tenía viejos vínculos con ExxonMobil, una de las
empresas involucradas en el desarrollo del yacimiento petrolífero
marino Stabroek de Guyana.
Según Urgewald, el bufete de abogados Hunton Andrews Kurth fue
contratado por el gobierno de Guyana y recibió un pago de USD 1,2
millones del Banco Mundial para redactar las nuevas leyes petroleras
del país. La firma ha representado a ExxonMobil durante unos 40 años,
incluso como grupo de presión principal”.
Tras las cartas enviadas por las OSC guyanesas e internacionales al
presidente del Banco Mundial, David Malpass, a miembros de la junta
ejecutiva del Banco y a una gran cantidad de medios internacionales y
locales, Hunton Andrews Kurth se puso en contacto con el periódico
Kaieteur News, con sede en Guyana, en junio para indicar que había
informado al gobierno guyanés que “no representaría al Gobierno en el
asunto”. Esto aún no ha sido confirmado por el Banco ni por el
gobierno de Guyana, dice Urgewald.
La punta del iceberg: La adquisición es un síntoma de una
consternación mayor por el papel del Banco en el desarrollo del
petróleo de Guyana
Hasta la fecha el Banco ha proporcionado un total de USD 55 millones
a Guyana, que consisten en: un préstamo para políticas de desarrollo
de USD 35 millones aprobado en 2018 para reformar el sector
financiero del país, en previsión del auge del petróleo, y un
préstamo de asistencia técnica de USD 20 millones aprobado en 2019
para mejorar la gestión y la gobernanza de Guyana en el desarrollo
del petróleo y el gas (véase el Observador de Verano de 2018).
El préstamo de asistencia técnica incluye apoyo para una
“actualización de los marcos jurídicos y normativos de Guyana para la
gobernanza y supervisión del sector O&G [petróleo y gas]”. A los
grupos guyaneses les preocupa que esto diluya las protecciones
ambientales legales en Guyana, que se consideran un estándar regional
de oro y que inspiraron muchos elementos del Acuerdo de Escazú, es
decir, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información,
Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe.
A pesar de los objetivos del Banco de mejorar la gobernanza en
Guyana, el país ha caído en el caos político desde que aceptó el
apoyo del Banco Mundial. Tras las críticas a la coalición gobernante
APNU-AFC y su manejo del contrato petrolero para el campo petrolero
de Stabroek, la coalición perdió una moción de censura en diciembre
de 2018 y se convirtió en un gobierno inconstitucional en septiembre
de 2019 tras su negativa a celebrar elecciones. Una elección
posterior en marzo de 2020 favoreció al partido opositor PPP/C, pero
esto ha sido impugnado por la coalición en funciones APNU-AFC, a
pesar de que no pudieron presentar ninguna prueba, en una medida que
ha sido ampliamente condenada por los observadores internacionales.
“El Banco Mundial ha socavado el estado de derecho en Guyana y debe
aceptar cierta responsabilidad por la actual crisis constitucional en
la que un gobierno ilegal está tratando de aferrarse al poder de
manera fraudulenta”, dijo Melinda Janki, una abogada internacional
que vive en Guyana. “El Banco Mundial ha prestado dinero a un
gobierno que no tenía autoridad legal para pedir prestado ese dinero.
El Banco Mundial permitió a una persona firmar el Acuerdo de
Financiamiento como ministro de Hacienda en violación directa de la
Constitución. Eso es una injerencia política directa en Guyana por
parte del Banco Mundial”.
El deterioro político del país se produce cuando los ciudadanos
guyaneses escribieron de nuevo al presidente Malpass, en junio, para
consultar la propuesta del Banco Mundial de que Guyana se una a la
Zero-Gas Flaring Initiative que, paradójicamente, permitiría a la
filial de Exxon Esso seguir practicando el estancamiento rutinario,
antes de detenerse finalmente en 2030. Esso ha quemado más de 9 mil
millones de pies cúbicos de gas asociado en sólo seis meses frente a
la costa de Guyana, según los observadores de la sociedad civil, a
pesar de que su permiso ambiental prohíbe el encendido rutinario.
“Exxon no ha dado información sobre el quemado ni ha tomado medidas
adecuadas para prevenir esta práctica dañina e innecesaria”, dijo
Nikki Reisch, del Centro de OSC para el Derecho Ambiental
Internacional de Estados Unidos.
bit.ly/WBGuyana
=====================================================================
SERVICIOS SOCIALES/noticias

El Banco Mundial, el Covid-19 y la educación pública: dos pasos
adelante un paso atrás

Resumen
- El Banco Mundial lanza nuevo informe sobre educación y Covid-19
- El enfoque contrasta con la congelación de la inversión en escuelas
privadas de la CFI

El Grupo Banco Mundial publicó un informe en mayo en el que se
exploraban las implicaciones de los “shocks choques” -identificados
como el cierre de escuelas y la inminente recesión económica- sobre
los sistemas educativos en todo el mundo. En un blog de junio, David
Edwards, de Education International, una federación de 32 millones de
profesores en 173 países, señaló “algunas omisiones y suposiciones
problemáticas” en el informe del Banco. Edwards destacó dos supuestos
erróneos que se presentan a lo largo del informe: que “la
privatización de la educación apoya el logro del ODS 4” y que “los
maestros son simplemente un recurso cuya eficacia debe maximizarse;
la eficiencia es clave y los derechos laborales son una barrera”.
Según el informe, entre las muchas tendencias negativas que se
agudizarán con la crisis se encuentra el aumento de las cifras de
abandono, la desigualdad, la falta de acceso y la mala calidad de la
educación. Sin embargo, el enfoque del informe en el sector privado
parecía contradecir los fundamentos de un reciente anuncio de la
Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector
privado del Banco Mundial, sobre la congelación de la financiación de
las escuelas privadas. Esto reafirma las viejas preocupaciones sobre
que el Banco pasa por alto la necesidad de apoyar a los Estados para
construir mejores sistemas de educación pública y alejarse de la
privatización de los servicios públicos críticos (véase el Observador
de Invierno de 2018).
El informe del Banco se centra en cómo hacer frente a las pérdidas de
las escuelas privadas, en lugar de cuestiones como los derechos
laborales o educativos, el diálogo social o la necesidad de
garantizar un apoyo adecuado a los maestros. En él se presentan
propuestas como las “exenciones de las cuotas escolares financiadas
por el Estado”, como una forma de evitar que las escuelas privadas se
cierren permanentemente. Esto izó las banderas sobre el Banco Mundial
“impulsando artificialmente el mercado privado en lugar de aprovechar
la oportunidad para considerar la eficacia y la sostenibilidad de un
sistema educativo altamente privatizado”, señaló Edwards.
Mensajes mezclados – la CFI anuncia la congelación de las inversiones
en proveedores de educación con fines de lucro
El enfoque reflejado en el informe contrastó con un anuncio de abril
de la CFI, en el que se comprometía a congelar las inversiones en
escuelas primarias y secundarias privadas con fines de lucro y a una
mayor transparencia en los préstamos a través de intermediarios
financieros, como parte de un nuevo paquete de reformas vinculadas a
la aprobación de la ampliación de capital de la CFI por parte del
Congreso de Estados Unidos. En un comunicado de prensa en respuesta
al anuncio, Nadia Daar, de Oxfam International, señaló: “este es un
gran paso adelante no sólo para la CFI, sino para cómo entendemos el
papel del sector privado en el desarrollo”, y agregó que “la pandemia
del COVID-19 no debe ser utilizada por ningún donante como excusa
para invertir en la provisión de educación privada con fines de
lucro”.
El anuncio tuvo lugar después de que más de 170 OSC de todo el mundo
enviaran una carta, en octubre de 2019, en la que se instaba al Banco
a poner fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro y a
garantizar que se centrara en el desarrollo de sistemas educativos de
calidad accesibles para todos (véase el Observador de Invierno de
2019). La carta se envió después de que el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas adoptara por unanimidad una resolución
en la que se reconocen los Principios de Abiyán sobre las
obligaciones de los Estados de proporcionar educación pública, en
julio del año pasado, y la Alianza Mundial para la Educación (AME)
adoptara un proyecto de estrategia del sector privado en junio, en el
que se acordaba que “no se puede utilizar ningún fondo de la AME para
apoyar la prestación con fines de lucro de los servicios básicos de
educación” (véase el Observador de Verano de 2019).
bit.ly/WBGCovidEducation

=====================================================================
FINANZAS/noticias

Argentina aumenta la oferta a los tenedores de bonos después de que
el FMI reclamara una “margen de mejora”

Según el Financial Times (FT), el 6 de julio Argentina anunció una
mejor oferta a sus tenedores de bonos, después de que el personal del
FMI le dijera a FT en junio que “todavía hay espacio para que
Argentina aumente los pagos a los acreedores privados”, una
evaluación confirmada por una declaración técnica del FMI. La
evaluación, realizada a petición de las autoridades argentinas, se
produjo cuando el país latinoamericano entró en cesación de pagos de
deuda soberana en mayo y ha estado negociando con acreedores privados
desde entonces. Esto se produce después de que el FMI advirtiera a
los tenedores de bonos de Argentina que se prepararan para un
recorte, en febrero, para ayudar a salvaguardar la sostenibilidad de
su mayor programa de préstamos de la historia (véanse el Observador
de Primavera de 2020 y el de Otoño de 2019).
El FMI especificó al FT que sería “muy difícil” mejorar el acuerdo
más allá de un valor neto de recuperación actual de USD 50 centavos
por dólar. La oferta del gobierno en ese momento era de
aproximadamente USD 46 centavos, mientras que las ofertas de los
acreedores privados oscilaron entre aproximadamente USD 53 y USD 58
centavos de dólar. El nuevo acuerdo ofrecido en julio sugiere un
valor de recuperación de alrededor de USD 53 centavos por dólar,
según el FT.
En respuesta a la declaración, Beverly Keene, de Diálogo 2000-Jubileo
Sur de Argentina señaló: “Cada centavo que va a los especuladores
significa menos dólares para la atención médica, los alimentos, el
empleo y los salarios dignos, así como más dificultades para todos,
en particular, los niños, las mujeres y los ancianos. El Banco
Central Argentino ha demostrado que ninguna de las deudas que se
están negociando atendió las necesidades y derechos del pueblo
argentino. Es una deuda ilegítima y odiosa. Es por eso que seguimos
presionando para que el gobierno tome una decisión soberana de
detener todos los pagos e investigar la legalidad y legitimidad de
estos reclamos. No hay otra manera de salir de la trampa de la
deuda”.

Así como el G20 otorgó suspensiones de deuda bilateral oficial frente
a la pandemia del Covid-19, se pedía que los acreedores privados
“hicieran lo correcto y siguieran su ejemplo”. En mayo el
International Institute for Finance, la asociación mundial líder de
instituciones financieras privadas, se retiró de su posición
inicialmente más prometedora sobre el alivio de la deuda al respaldar
la participación del sector privado únicamente de forma voluntaria.
Keene añadió: “La pandemia deja claro que necesitamos normas
vinculantes que obliguen al capital privado a respetar los derechos
soberanos de las personas y los países de todo el mundo”.
bit.ly/Argentina-IMF

=====================================================================
TIERRA/noticias

El FMI y el Banco Mundial ayudan a impulsar la polémica reforma
agraria de Ucrania en medio de la pandemia del Covid-19

El FMI aprobó en junio un programa de préstamos de 18 meses y USD
5.000 millones con Ucrania. Frente a las agudas crisis económicas y
de salud pública y a una guerra civil en curso, en el memorándum
conexo, el gobierno se comprometió a levantar la moratoria de 19 años
sobre la venta de tierras agrícolas de propiedad estatal, después de
la presión sostenida de las instituciones financieras internacionales
(véase el Observador de Invierno de 2019). Olena Borodina, de la Red
de Desarrollo Rural de Ucrania, comentó que “los intereses
agroindustriales y los oligarcas serán los principales beneficiarios
de dicha reforma... [esto] sólo marginará aún más a los pequeños
agricultores y amenaza con separarlos de su recurso más valioso”.
A pesar de la medida que provocó muchas grandes protestas en 2019, un
proyecto de ley que levantaba la moratoria fue aprobado en una sesión
parlamentaria de emergencia en marzo. Según un comunicado de prensa
de mayo del grupo de expertos estadounidense Oakland Institute, esto
coincidió con las órdenes sobre la obligatoriedad de permanecer en
casa a raíz del Covid-19 en todo el país, “lo que sofocó muy
efectivamente toda posible protesta o manifestación”.
El Banco Mundial incorporó otras medidas relativas a la venta de
tierras agrícolas públicas como condiciones en un Préstamo para
Políticas de Desarrollo a Ucrania de USD 350 millones, aprobado a
finales de junio, que incluía una “acción previa” necesaria para
“permitir la venta de tierras agrícolas y el uso de tierras como
garantía”, junto con medidas destinadas a privatizar el sector del
gas y promover la inversión en infraestructura privada en Ucrania.
Frederic Mousseau, del Oakland Institute, comentó: “Claramente, el
objetivo es favorecer los intereses de los inversores privados y las
agroindustrias occidentales... Es erróneo e inmoral que las
instituciones financieras occidentales obliguen a un país en una
situación económica terrible, en medio de una pandemia sin
precedentes, a vender su tierra”.
bit.ly/UkraineLand

====================================================================
El Observador está disponible en PDF, en la web, y por correo
electrónico.
Observer
www.brettonwoodsproject.org/observer/
Castellano:
www.brettonwoodsproject.org/es/observador
Subscripciones:
www.brettonwoodsproject.org/subs

El Bretton Woods Project es un proyecto de ActionAid, UK registered
charity no. 274467, England and Wales charity no. 274467, Scottish
charity no. SC045476. Esta publicación es apoyada por una red de ONG
del Reino Unido, la C.S. Mott Foundation y la William and Flora
Hewlett Foundation y el Rockefeller Brothers Fund.

No se necesita permiso para su reproducción
ISSN 2053-7522
Diseño: Base Eleven