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Observador de Primavera de 2020 de Bretton Woods
Una revisión trimestral de los acontecimientos en el Banco Mundial y el FMI

Publicado por BRETTON WOODS PROJECT
Trabajando con ONG e investigadores para monitorear al Banco Mundial y al FMI


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1. La CFI y el OMGI deben ‘recorrer el camino de la rendición de cuentas’ por un sendero mapeado por la revisión independiente (RENDICIÓN
DE CUENTAS/análisis)
2. Un rescate del FMI para Líbano puede empeorar las cosas (CONDICIONALIDAD/comentario)
3. APP de salud reproductiva de Uganda que el Banco Mundial financió con un vale de USD 17,3 millones no cubre a las mujeres más pobres
(SERVICIOS SOCIALES/análisis)
4. Previsiones super optimistas del FMI exponen consecuencias nefastas de la respuesta a la Covid-19 (FINANZAS/análisis)
5. Los crecientes riesgos no disuaden al Banco Mundial y al FMI de prestar apoyo al megaproyecto de gas de Mozambique (MEDIO AMBIENTE/
noticias)
6. Mientras el Banco Mundial pone en pausa el informe Doing Business, aumenta la presión para que se lo elimine de forma permanente
(CONOCIMIENTO/noticias)
7. La sociedad civil alerta sobre el respaldo continuo del FMI a la austeridad en medio de la pandemia (CONDICIONALIDAD/noticias)
8. Préstamo del Banco Mundial al sector energético de Uganda aumenta los costos de energía mientras apremia la crisis económica
(CONDICIONALIDAD/noticias)
9. Préstamo del Banco Mundial a India empuja al sector privado a la educación al tiempo que millones de niños dejan la escuela (SERVICIOS
SOCIALES/noticias)
10. Cambios en la cúpula de la CFI y su mecanismo de rendición de cuentas (GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias)
11. Continúa la lucha por la rendición de cuentas de la CFI en el caso Tata Mundra a pesar de un fallo histórico sobre inmunidad (RENDICIÓN
DE CUENTAS/noticias)
12. Banco Mundial abandona instrumento de bono pandémico tras desastrosa respuesta a la Covid-19 (SERVICIOS SOCIALES/noticias)
13. OMGI considera el apoyo al proyecto minero Nimba de Guinea en un sitio declarado como patrimonio por la UNESCO (TIERRA/noticias)

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RENDICIÓN DE CUENTAS/análisis

La CFI y el OMGI deben ‘recorrer el camino de la rendición de cuentas’ por un sendero mapeado por la revisión independiente

Resumen:
- El Banco Mundial publica una revisión independiente de la CFI, el OMGI y el CAO
- La “innovadora” revisión aborda muy viejas preocupaciones
- La plena aplicación de la revisión es imperativa para cerrar las persistentes lagunas en materia de rendición de cuentas y remediar las
deficiencias.
 El Banco Mundial publicó los resultados de una muy esperada revisión externa del marco de responsabilidad ambiental y social de la
 Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de préstamos al sector privado del Banco Mundial, el Organismo Multilateral de
 Garantía de Inversiones (OMGI), su brazo de garantías del sector privado, y su mecanismo independiente de responsabilidad, el Defensor del
 pueblo (CAO, por su sigla en inglés).
La revisión se realizó a raíz de las preocupaciones generalizadas que suscitó la rendición de cuentas de la CFI y el OMGI en los últimos
años. Se hizo público, en parte, porque el fortalecimiento de las salvaguardias y la rendición de cuentas en la CFI era una condición
previa para la aprobación del aumento de capital de la CFI por parte del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos, que supervisa la participación de Estados Unidos en los bancos multilaterales de desarrollo (véase el Observador de
Invierno de 2019).
Los resultados del examen han sido anticipados con entusiasmo por las comunidades afectadas por las actividades de la CFI y el OMGI y los
grupos de la sociedad civil. El impacto perjudicial de las inversiones de la CFI y el OMGI sobre los derechos humanos de los más
vulnerables, como en Guatemala (véase el Observador de Verano de 2020), ha sido ampliamente documentado. El informe Suffering of others de
Oxfam de 2015 y la publicación de Outsourcing development, de Inclusive Development International de 2016, proporcionan ejemplos claros de
los impactos sociales y ambientales negativos de las inversiones de la CFI y demuestran lo que está en juego a medida que se considera la
implementación de la revisión. Estas preocupaciones se han visto agravadas por la pandemia de Covid-19, tal como señaló una carta abierta
de mayo al Director General de la CFI, Philippe Le Houérou, firmada por más de 40 organizaciones mundiales de la sociedad civil, entre
ellas la organización laboral y de derechos de la mujer Maquila Solidarity Network y la organización camboyana de derechos humanos
Equitable Cambodia, que exige que se priorice el interés público sobre el sector privado.
Según el anuncio de octubre de 2019, se acordó que se llevara a cabo una revisión, “a medida que la CFI y el OMGI buscan aumentar la
inversión privada y crear mercados en los entornos más desafiantes”. La revisión y sus recomendaciones serán consideradas por la junta
ejecutiva del Banco Mundial.
 El Congreso de Estados Unidos y la sociedad civil advierten sobre la dilución de las recomendaciones
A inicios de este año la congresista estadounidense, Maxine Waters, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de
Justicia, condicionó el apoyo de su comité a la ampliación de capital de la CFI a una serie de reformas destinadas a fortalecer el
desempeño ambiental y social de la CFI, así como su sistema de rendición de cuentas (véase el Observador de Verano de 2019). Uno de estos
compromisos fue la divulgación oportuna del informe final del equipo de revisión independiente, que es esencial para un proceso de consulta
pública bien informado. En respuesta a la revisión externa, la congresista Waters señaló: “Me complace ver que la CFI ha seguido su
compromiso de divulgar el informe del Panel de Revisión. La revisión fue llevada a cabo por destacados expertos en desarrollo del sector
privado, funciones de cumplimiento, solución de controversias y gobernanza e incluye un análisis exhaustivo de las lagunas en los sistemas
actuales de la CFI, así como recomendaciones reflexivas para abordarlas. Insto a la Junta a que aplique plenamente estas recomendaciones,
lo que conducirá a un sistema más sólido que solidifique el papel de la CFI como líder mundial entre las instituciones de financiación del
desarrollo y asegure reformas políticas críticas para las comunidades vulnerables”. Además de las comunicaciones temáticas separadas, el 12
de septiembre, 46 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Federación Nacional de Nacionalidades Indígenas de Nepal y el
Observatorio Yemení de Derechos Humanos, presentaron una carta a las juntas ejecutivas de la CFI y del OMGI en la que se describió al
informe como, “innovador en el campo de la rendición de cuentas sobre el financiamiento del desarrollo, tanto en su minuciosidad como en su
análisis a nivel de sistemas”.  La carta insta a las juntas a “respaldar el informe como el mínimo exigido para la aplicación” y,
haciéndose eco de la congresista Waters, advierte contra una dilución del informe y sus recomendaciones, subrayando que “cualquier
desviación de las recomendaciones propuestas por la IFC/el OMGI o el CAO sólo debería considerarse si fortalece aún más el marco de
rendición de cuentas”. La carta dirigida a los directores ejecutivos subrayó un firme apoyo a la conclusión de la revisión de que el CAO es
“adecuado para los propósitos” y que debe mantener su independencia, un aspecto clave de la cual es mantener su autoridad para determinar
si hay pruebas suficientes para justificar una investigación sobre el cumplimiento. El apoyo de la revisión al CAO fue particularmente
bienvenido, ya que ha habido cierta preocupación, en particular a la luz de la demanda judicial en curso contra la CFI en el caso de la
central del carbón Tata Mundra (véase el Observador de Otoño de 2020), de que su independencia y capacidades pudieran verse debilitadas. La
carta también respaldaba la recomendación de que el CAO informara a la junta ejecutiva, en lugar de a la dirección, como es el caso actual.
Teniendo en cuenta la aplicación de la revisión y sus recomendaciones, la carta señala que el CAO, la CFI y el OMGI deberían tener la tarea
de elaborar propuestas para aplicar las recomendaciones que se les aplican y que éstas deberían estar abiertas a consultas. Tal como se
recomendó en el examen, el CAO debería tomar la iniciativa en la redacción de la política marco para el CAO, que deberá adoptar la junta
ejecutiva.
Una oportunidad para remediar antiguas preocupaciones
Los firmantes de la carta apoyaron con entusiasmo la recomendación de que la CFI y el OMGI adoptaran el principio de “quien contribuye al
daño contribuye a la reparación”, ya que ha sido una vieja demanda de la sociedad civil. Tal como se subraya en la carta, “ni siquiera los
reclamantes que navegan con éxito por el proceso de la CAO reciben suficiente reparación para los daños sufridos” y agrega “La CFI/el OMGI
debe priorizar la implementación de un entorno correctivo que incluya fondos para contribuir cuando se produzcan daños”.  El enfoque en la
solución está corroborado por la revisión, que subrayó: “Según los informes de monitoreo del CAO, solo el 13% de los proyectos supervisados
demuestran acciones satisfactorias por parte de la CFI/el OMGI para remediar el incumplimiento y los daños conexos”. Destacando la
necesidad de tomar medidas urgentes sobre la cuestión de las medidas correctivas, una presentación conjunta de las OSC, incluidas las
organizaciones indias Nazdeek y Peoples Action for Development, instó a la junta ejecutiva a abordar los viejos reclamos sobre las
“abismales” condiciones de vida y de trabajo de las comunidades indígenas que trabajan en las plantaciones de té Assam de India operadas
por Amalgamated Plantations Private Limited, en las que la CFI es el segundo accionista más grande (véase el Observador de Invierno de
2017). En la comunicación se pedía que la CFI aplicase la recomendación sobre medidas correctivas “sin demora”. Jolie Schwarz, del Bank
Information Center (BIC), con sede en Estados Unidos, subrayó que “la recomendación de que la CFI debe apoyar la reparación es el eje de la
revisión que da sentido y efecto a muchas de las otras recomendaciones. Si no se aborda la clara necesidad de medidas correctivas se corre
el riesgo de mantener una debilidad crítica en el sistema, que podría socavar cualquier esfuerzo de reforma ulterior”.  También abordando
un desafío identificado por las comunidades y socios que las apoyan, la revisión propuso que la CFI y el OMGI participen activamente con
las comunidades de base y les atribuye la responsabilidad de asegurar que los clientes divulguen la disponibilidad del CAO para las
comunidades y verifiquen que se ha hecho mediante encuestas a las comunidades afectadas. Para ayudar a garantizar una mejor participación
de la comunidad, en la revisión se recomendó que la CFI consultara con los reclamantes sobre el borrador del plan de acción de gestión,
tras el informe de cumplimiento del CAO.
UN contexto desafiante requiere una acción audaz
La revisión está llevando a cabo mientras el Banco Mundial redobla sus esfuerzos para “ampliar la inversión privada y crear mercados” a
pesar de las viejas preocupaciones de la sociedad civil sobre el enfoque de Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo (MFD) del Banco,
que busca aprovechar la inversión del sector privado en el desarrollo, aumentando así el protagonismo de la CFI y el OMGI en la cartera de
préstamos del Banco (véase el Observador de Primavera de 2020 y el Verano de 2017). La creciente importancia que se concede a la CFI y al
OMGI dentro del MFD y en respuesta a la crisis del Covid-19 (véase el Observador de Verano de 2020) vuelve extremadamente importante una
revisión del “papel y la eficacia” del CAO. La revisión se está llevando a cabo, además, en el contexto de la continua falta de voluntad de
la CFI de aceptar la responsabilidad por los daños causados por sus préstamos a la central de carbón Tata Mundra en India (véase el
Observador de Otoño de 2020) y otras preocupaciones que siguen siendo planteadas por las personas afectadas negativamente por las
inversiones de la CFI. La sociedad civil teme que la revisión tenga un destino similar a la revisión del conjunto de herramientas del Grupo
de Inspección completado en marzo, donde la adopción y aplicación del informe inicial (que carecía de consulta) fue objeto de amplias
deliberaciones a puerta cerrada en el Banco Mundial. Según una declaración conjunta de marzo de las OSC, la revisión del Panel de
Inspección perdió la oportunidad de adoptar “cambios innovadores que hubieran establecido el estándar para la rendición de cuentas pública
en el financiamiento del desarrollo”. En su lugar, se lograron “resultados mixtos”. Subrayando la necesidad de evitar un destino similar al
de la revisión del conjunto de herramientas del Panel de Inspección, Schwarz subrayó que “la credibilidad y los conocimientos
especializados aportados a esta revisión han dado lugar a un paquete serio de reformas que deberían ser respaldadas por la Junta en su
conjunto. Las recomendaciones a nivel de sistemas no lograrán el resultado previsto de fortalecer todo el sistema si se toman de a poco,
según lo que sea políticamente conveniente”. Además de exigir la adopción completa de las recomendaciones de la revisión, las
comunicaciones de expertos de las OSC sobre la revisión identificaron la necesidad de la divulgación pública y la consulta sobre los
documentos elaborados para apoyar su aplicación como imperativos para el cumplimiento de su promesa.
El contexto actual y los desafíos a los que se enfrentan la CFI, el OMGI y, de hecho, las comunidades afectadas por sus acciones, requieren
un liderazgo audaz y una acción rápida.
bit.ly/IFC_MIGA_Review

En este número
- Un rescate del FMI para Líbano puede empeorar las cosas
Zahra Bazzi y Nizar Hassan, Arab NGO Network for Development
- APP de salud reproductiva de Uganda que el Banco Mundial financió con un vale de USD 17,3 millones no cubre a las mujeres más pobre
Allana Kembabazi, Initiative for Social and Economic Rights (ISER) Uganda
- Previsiones super optimistas del FMI exponen consecuencias nefastas de la respuesta a la Covid-19
- Mientras el Banco Mundial pone en pausa el informe Doing Business, aumenta la presión para que se lo elimine de forma permanente

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CONDICIONALIDAD/comentario

Un rescate del FMI para Líbano puede empeorar las cosas

Comentario externo
Zahra Bazzi y Nizar Hassan, Arab NGO Network for Development

Resumen:
- Manifestantes y grupos de la sociedad civil advierten al FMI contra el rescate de la clase dominante de Líbano
- El programa clásico del FMI basado en la austeridad amenaza con un mayor deterioro social

El 9 de marzo de 2020, el gobierno de Líbano anunció que no pagaría USD 1.200 millones en eurobonos, declarando así la primera cesación de
pagos soberana en la historia del país. La decisión de incumplimiento fue apoyada por varios activistas y expertos progresistas, dada la
escasez de divisas en el banco central y la necesidad de utilizar esta reserva con fines más apremiantes. La cesación de pagos se produjo
en un momento de múltiples crisis financieras y económicas, causadas por décadas de corrupción y un modelo económico basado en la
extracción de ingresos de sectores basados en el alquiler (como las remesas, la banca, los bienes raíces y la ayuda extranjera) para
financiar las importaciones y el consumo, a expensas de los sectores productivos. Paralelamente, el sector financiero (tanto el banco
central como los bancos comerciales) proporcionó el financiamiento necesario para que los políticos distribuyeran recursos públicos a sus
compinches y clientes sectarios. Como era de esperar, este modelo también condujo a una concentración extrema de la riqueza y los ingresos,
con una cuarta parte de todos los nuevos ingresos en los bolsillos del 1% superior y con el 0,1% de las cuentas bancarias que suman el 20%
de todos los depósitos. El modelo económico fracasó a medida que el déficit comercial del país crecía y, con él, la deuda pública
resultante de un endeudamiento a altas tasas de interés. El enfoque del banco central era posponer la crisis a través de medidas de
ingeniería financiera que acumulaban más deuda en dólares estadounidenses, lo que empeoró el círculo vicioso. Hasta el comienzo de la
crisis financiera en octubre pasado, las instituciones financieras internacionales (IFI) parecían aceptar este modelo económico y las
políticas que lo mantenía. El FMI elogió repetidamente las políticas del banco central en sus informes sobre el artículo IV, especialmente
en lo que respecta al mantenimiento de una gran reserva de divisas y la atracción de depósitos. A su vez, el Banco Mundial ha
proporcionado, y recientemente prometido, préstamos considerables condicionados a “reformas estructurales” complementarias. Ambas
instituciones tenían poca preocupación por reorientar el crecimiento económico hacia los sectores productivos y despreciar de la extrema
riqueza y la concentración de los ingresos. En el verano de 2019, después de 22 años de un tipo de cambio fijo, la crisis se manifestó en
la rápida depreciación de la lira libanesa, que ha perdido más del 80% de su valor frente al dólar en los últimos 12 meses. Junto con las
medidas impuestas por el gobierno para combatir la pandemia  Covid-19 y la trágica explosión en el puerto marítimo de Beirut en agosto,
esto ha hecho imposible la recuperación económica y financiera de Líbano sin soluciones drásticas.  Un salvavidas para una élite corrupta
A pesar del levantamiento de octubre de 2019, cuando cientos de miles de personas de todos los distritos del pequeño país tomaron las
calles enfurecidos contra la clase política y exigiendo un cambio radical del sistema, la clase dominante de Líbano, incluidos los
políticos y sus socios en el sector privado, no sólo no ha respondido a estas emergencias, sino que se ha opuesto a cualquier política
justa que pueda perjudicar sus propios intereses. Estos incluyen una ley de control de capital, una auditoría forense del banco central, un
impago y un recorte de la deuda interna con los bancos privados y una reestructuración del sector financiero de acuerdo las pérdidas reales
existentes.  El temor a esa reestructuración, más que cualquier preocupación sobre el paradigma neoliberal, fue lo que llevó a los
oligarcas a sabotear las negociaciones con el FMI. Eventualmente, se espera que los financistas y los tecnócratas del gobierno acuerden
sobre el diagnóstico y las recetas debido a su desesperación por un rescate. Manifestantes y grupos de la sociedad civil han advertido que
cualquier financiación del Estado libanés antes de que se produzca un cambio político sería un rescate de su clase dominante, que ha
perdido la legitimidad popular. En este sentido, la iniciativa de un apoyo condicional de Emmanuel Macron, así como un posible programa del
FMI, asegurarían una oportunidad para la continuación de la política de siempre y harían menos probable cualquier cambio real.
La austeridad y la crisis social
Los ciudadanos comunes y los residentes de Líbano han estado pagando el costo de la crisis, con un gran número de empresas que cierran o
recortan los costos de personal, lo que resulta en un aumento del desempleo. La depreciación de la moneda nacional y una tasa de inflación
mensual que ha alcanzado el récord del 57% han llevado a una disminución importante del poder adquisitivo y al aumento de los niveles de
pobreza. Las estimaciones del gobierno y de las Naciones Unidas han revelado que más del 50% de la población de Líbano está ahora bajo el
umbral de la pobreza y un estudio constata que el 23% está en pobreza extrema, lo que representa un aumento del triple con respecto a 2019.
En este contexto, una intervención clásica del FMI que implique consolidación fiscal, devaluación de la moneda local, reducción del sector
público y eliminación de subsidios a la energía, la gasolina y el trigo, podría empeorar la crisis social, causar más pobreza y
potencialmente conducir a tensiones sociales destructivas.  La obsesión por la consolidación fiscal como respuesta al déficit fiscal
también tendrá repercusiones perjudiciales en el desarrollo económico a medio y largo plazo (véase el Observador de Otoño de 2020). Ni el
historial del FMI, ni el de los funcionarios libaneses que negocian con ellos, es alentador cuando se trata de repensar las políticas
neoliberales y promover la justicia social. Como tal, la sociedad civil tiene un papel clave en la presión sobre ambas partes en esa
dirección, y el FMI tiene la responsabilidad de incluir a grupos progresistas de la sociedad civil en un diálogo sistemático sobre las
condiciones para un potencial programa. Ese programa, si se aplica, debería basarse en un enfoque que priorice los derechos humanos y la
dignidad. Una mayor presión económica sobre los residentes comunes no es una opción hoy en día. En cambio, los planes para una mayor
austeridad deberían sustituirse por políticas justas de generación de ingresos, incluido un nuevo sistema fiscal progresivo y una serie de
medidas que fomenten la inversión productiva, protejan a los pobres de las cargas de la crisis y establezcan un sistema universal de
protección social.

bit.ly/IMF_loan_Lebanon

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SERVICIOS SOCIALES/análisis

APP de cupones de salud reproductiva de Uganda que el Banco Mundial financió con USD 17,3 millones no cubre a las mujeres más pobres
Análisis externo de Allana Kembabazi, Initiative for Social and Economic Rights (ISER) Uganda

Resumen:
- Exclusión de las mujeres pobres y socavación del sistema de salud pública a través del programa APP de cupones financiado por el Banco
Mundial
- El Banco Mundial sigue promoviendo al sector privado en salud como una forma de llegar a los pobres a pesar de la evidencia de que no lo
hace
- El Banco debería centrarse en el fortalecimiento del sector de la salud pública para apoyar a los pobres

En Uganda, entre 2015 y 2019,l Banco Mundial y la Swedish International Development Agency (SIDA) financiaron un proyecto de asociación
público-privada (APP) de USD 7,3 millones llamado Uganda Reproductive Health Voucher Project (URHVP). El proyecto pretendía aumentar el
acceso a la salud reproductiva materna de las mujeres pobres, ayudándolas a “acceder a servicios de parto seguros”. En este acuerdo de APP,
los centros de salud, la mayoría de los cuales eran privados, prestaron servicios de parto a través de vales vendidos a la comunidad en un
proyecto financiado por el sector público con asistencia de donantes. En su informe de resultados, el Banco Mundial afirmó que el proyecto
“ofrece buenas lecciones sobre cómo el gobierno puede contratar con los proveedores privados para prestar servicios de salud reproductiva a
las mujeres pobres que viven en zonas desatendidas”.  A pesar de las afirmaciones del Banco Mundial, la investigación de la Initiative for
Social and Economic Rights (ISER), sobre la base de una selección aleatoria de distritos en el este y el oeste de Uganda que implementaron
el proyecto, descubrió que no se llegó a las mujeres más pobres.  La primera señal de alerta fue el diseño del proyecto. Se requería que
las madres pagaran lo que los financiadores consideraban una “tasa nominal” de UGX 4.000 (algo más de 1 dólar) para recibir un vale para
acceder a los servicios. Las madres compraron los vales a un miembro del equipo comunitario de salud de la aldea (VHT, por su sigla en
inglés) que se suponía que debía llevar a cabo una evaluación de la pobreza. Los VHT compraron los vales a Marie Stopes, la agente de
implementación, a UGX 2.700 cada una.  Este modelo incentivaba la comercialización de la asistencia sanitaria. La investigación de ISER
encontró que los VHT a menudo vendían los vales por más del precio prescrito para maximizar el beneficio. La Auditoría del Auditor General
lo confirmó, señalando que los vales se vendían por hasta UGX 100.000, es decir, 25 veces el precio prescrito. Un proveedor privado admitió
con franqueza: “Hay muchas madres que no podrían pagar el UGX 4.000 para las tarjetas de cupón... son los que tienen los medios los que
llegan a las instalaciones privadas. Los más pobres no pueden venir aquí”. En las esferas de la ejecución del proyecto, los VHT señalaron
que no viajarían a las partes más remotas ni buscarían a los más pobres, ya que incurrirían en otro gasto de transporte que reduciría su
margen de beneficio. Otros hicieron que las mujeres embarazadas trabajaran para ellos en sus plantaciones a cambio de vales. A menudo, el
Ministerio de salud clasifica las islas y los distritos de difícil acceso entre los distritos de menor rendimiento en salud por el
Ministerio de Salud. Sin embargo, ninguno de los distritos del proyecto, excepto uno, se consideraba difícil de alcanzar. Los grupos
minoritarios indígenas y las zonas en las que se basan se enfrentan a mayores niveles de pobreza y a múltiples niveles de vulnerabilidad y
deberían haber sido áreas objetivo.  Los documentos de proyectos del Banco Mundial señalan que no podían centrarse en los pueblos
indígenas, ya que residían en zonas sin instalaciones. En última instancia, la Oficina del Auditor General constató que el 68% de los
beneficiarios del proyecto eran de clase media o ricos. Sólo el 32% eran pobres. ¿A quién sirven en última instancia estos proyectos si se
excluye a los más pobres y a los que viven en zonas remotas y, sin embargo, se enfrentan a barreras insuperables para acceder a la atención
sanitaria? ¿Es este el mejor uso del dinero teniendo en cuenta el sistema de salud pública desfinanciado del que dependen las mujeres
pobres? Al imponer tarifas de usuario a través de un programa financiado con fondos públicos para llegar a las mujeres pobres, el Banco
Mundial perpetúa irónicamente la exclusión de los más pobres. Los programas de cupones deben entenderse en un contexto más amplio de las
políticas del Banco Mundial. Históricamente, el Banco Mundial y el FMI, a través de sus programas de ajuste estructural, promovieron las
tasas de los usuarios en la salud. En Uganda, el presidente los abolió en 2001 tras una evaluación participativa nacional de la pobreza que
encontró que excluían a los pobres de acceder a la atención sanitaria. Esto dio lugar a un aumento de la demanda de atención médica. De
hecho, la investigación del Banco Mundial encontró que los pobres se beneficiaron cuando se suprimieron las tasas de los usuarios. La
insistencia en que las madres paguen UGX 4.000U por un cupón ignora la realidad de que los más pobres no pueden permitírselo. Los
trabajadores de la salud relataron tener que cortar las cortinas viejas y las sábanas porque las madres pobres de la comunidad no tenían
nada con lo que envolver a sus bebés recién nacidos. Según datos del Banco Mundial 1 de cada 5 ugandeses es extremadamente pobre y un
tercio vive por debajo del umbral de pobreza. Además, a la luz de la Covid-19, otros 3 millones se volverán pobres.
Por lo tanto, estos enfoques fragmentarios son una distracción innecesaria de la mejora del sector de la salud pública, desvían los escasos
fondos hacia el sector privado y aumentan la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria. El sector de la salud de Uganda ha sido
subfinanciado, llegando a entre el 6% y el 9% del presupuesto nacional. Además, los altos costos operativos del proyecto lo hacen
insostenible para los gobiernos a largo plazo. Durante el primer año de aplicación, el 75,4% de los fondos desembolsados se destinaron a la
administración. Entre 2015 y 2018, fue el 48,5%.  La Covid-19 revela que no priorizar el acceso a la atención de salud para los pobres
eliminará los logros alcanzados en el avance de los resultados de salud y afectará la economía. La lucha contra la Covid-19 y futuras
pandemias requiere sistemas de salud pública resilientes. Son el primer punto de pedido de ayuda para los pobres. Esta lección no se ha
aprendido. El Banco Mundial está apoyando la formulación de un Fondo de Crédito Médico en Uganda para proporcionar crédito a tasas
asequibles para los centros de salud privados. Esto ignora la evidencia de que el sector privado no llega a los más pobres y, como a menudo
se dedica a prácticas poco éticas para obtener beneficios, por ejemplo, retrasando las recomendaciones y con una preferencia indebida por
las cesáreas. Un Fondo de Crédito Médico para apoyar al sector privado replicará estos fracasos.

El Banco Mundial debería desistir de su apoyo ideológico a las soluciones del sector privado y financiar los sistemas de salud pública.
bit.ly/Uganda_health_PPP

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Finanzas/análisis

Previsiones super optimistas del FMI exponen consecuencias nefastas de la respuesta a la Covid-19

Resumen:
- Analistas advierten sobre de proyecciones de crecimiento color de rosa del FMI para los países emergentes
- Consecuencias de la inexactitud, ya que el G20 considera crítica la respuesta pandémica
- Los gobiernos discuten mecanismo de reestructuración de la deuda en el Foro del FpD de la ONU

A medida que el FMI prepara el informe perspectivas de la economía mundial antes de sus reuniones anuales de octubre, se ha planteado la
preocupación de que sus previsiones demasiado optimistas entren en conflicto con su narrativa de recuperación de la Covid-19. Tal como
señaló en abril el grupo de experto de Washington Center for Global Development (CGD), el FMI pronosticó que el crecimiento disminuirá en
8,4 puntos porcentuales para las economías avanzadas de 2019 a 2020, mientras que sólo en 5,3 puntos porcentuales para los mercados
emergentes y las economías en desarrollo (MEED) (véase Al interior de las instituciones, Modelos de pronóstico del FMI). Este relativo
optimismo en relación con los MEED se mantuvo en una actualización de junio, cuando el FMI revisó el crecimiento a la baja en 2 puntos
porcentuales en todos los ámbitos. Para muchos MEED, los análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI proyectan contracciones económicas
en 2020, seguidas de un rápido retorno al fuerte crecimiento en 2021, lo que resulta en una llamada “recuperación en forma de V”. La
exactitud de estas previsiones relativamente rosadas se ha puesto en entredicho y los comentaristas se apresuraron a señalar que no
coinciden con la narrativa general sobre la Covid-19 del Fondo y hablan de “la peor recesión desde la Gran Depresión y mucho peor que la
crisis financiera mundial [2008]”, que podría ser más grave para los países en desarrollo debido a vulnerabilidades adicionales. El CGD
publicó un documento de trabajo en mayo advirtiendo que el optimismo del Fondo no era fácil de explicar. Esto fue seguido por un artículo
de junio en el que se refirió a la previsión revisada del FMI como “desconcertante”, argumentando que “la evolución posterior a abril
debería empeorar las perspectivas de crecimiento para los MEED que para las economías avanzadas, tal vez incluso sustancialmente”. Los
economistas Bauer y Mihalyi describieron de manera similar las previsiones de crecimiento de abril del FMI como “demaisado optimistas”, en
un post de abril en el medio de noticias The Africa Report, citando recuperaciones “milagrosas” proyectadas para países dependientes del
petróleo como Argelia y Chad. Kristina Rehbein, de la organización de la sociedad civil Jubilee Germany, coautora de un próximo informe
sobre las proyecciones de crecimiento del FMI en el contexto de la  Covid-19, comentó: “Es sorprendente ver en los análisis de cada país,
la rapidez con la que el FMI espera que se materialice el crecimiento sobrecompensante en los países en desarrollo, mientras que los altos
dirigentes del FMI advierten simultáneamente del riesgo de una crisis prolongada, de impagos generalizados y una ‘década perdida’ para los
países en desarrollo”.  Un vasto conjunto de pruebas demuestra que el FMI sobreestima sistemáticamente el crecimiento. Tal como se citó en
The Economist en agosto, “las previsiones [del FMI] para los países en desarrollo en 1990-2016 fueron, en promedio, 0,42 puntos
porcentuales por encima de las cifras del PIB publicadas posteriormente”. Una investigación de Cust y Mihalyi publicada en 2017 por la
revista del FMI, Finance & Development, demostró que el Fondo sobreestimó en particular el impacto de los descubrimientos de petróleo y gas
en el crecimiento económico, pronosticando de forma constantemente errónea que el petróleo y los descubrimientos de minerales impulsarán el
crecimiento de inmediato. La revisión interna del FMI sobre el diseño de programas y la condicionalidad realizado en 2018, que abarca el
periodo 2011-2017, también concluyó que los supuestos de crecimiento eran a menudo demasiado optimistas, opinión que compartían los
directores ejecutivos del FMI que respondían al informe (véase el Observador de verano de 2019).  Consecuencias de la inexactitud extrema
durante la pandemia de Covid-19  Las peligrosas consecuencias de estas tendencias, desde facilitar la complacencia injustificada hasta
alimentar futuras crisis, están bien establecidas en un documento de trabajo del FMI de 2018 que demuestra que “las recesiones, los
problemas fiscales y las dificultades de la balanza de pagos son más propensos a surgir en economías para las que las previsiones de
crecimiento pasado han sido demasiado optimistas”. Reflexionando sobre estas cifras, el artículo de agosto de The Economist supuso que los
pronosticadores económicos son un “puñado de tipos alegres” y citó a Maurice Obstfeld, execonomista jefe del FMI, sugiriendo que “tal vez
la gente debería simplemente esperar menos pronósticos”. Sin embargo, con una pandemia mundial sin precedentes causando estragos en las
comunidades más pobres, la perspectiva de previsiones inexactas que informen la toma de decisiones críticas no es una cuestión de risa. Con
los análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI que comúnmente proyectan que los MEED simplemente superarán la crisis, los gobiernos
pueden sentirse obligados a endeudarse ante la inacción del Fondo y otros, mientras que en realidad podrían ver recuperaciones en forma de
U, en forma de W o incluso en forma de L, esta última asociada con una disminución del PIB a largo plazo. Bauer y Mihalyi señalaron que los
países ricos en petróleo son particularmente vulnerables y que sus previsiones de crecimiento del FMI no coinciden con las proyecciones del
FMI para el precio del petróleo de 2021 (véase el Observador de Invierno de 2019). El análisis de mayo de la CGD advirtió que los números
actuales podrían “legitimar una respuesta poco generosa y con condiciones adicionales por parte de la comunidad internacional”. Antes de
una reunión de ministros de finanzas del G20 en octubre, la comunidad por la justicia de la deuda les ha implorado que consideren la
posibilidad de ofrecer cancelaciones y reestructuraciones de la deuda, en lugar de medidas temporales de alivio de la deuda basadas en la
capacidad de los participantes para cumplir con sus obligaciones, presumiblemente dando la espalda a un crecimiento robusto. Rehbein
comentó además: “El hecho de que el FMI ignore sistemáticamente sus propias advertencias a nivel de cada país podría tener consecuencias
nefastas para los países críticamente endeudados y las decisiones políticas sobre las necesidades de alivio de la deuda para esos países”.
Mecanismo de renegotación de la deuda de la ONU: una parte crítica de la solución  Si bien las innumerables razones detrás de estas
tendencias incluyen cuestiones complejas a abordar, como una dependencia excesiva de modelos propensos a la manipulación y la influencia
política, así como objetivos poco realistas de consolidación fiscal, una cuestión crítica es el papel del Fondo en la arquitectura de la
deuda mundial. La designación del FMI como “prestador de último recurso” implica que su análisis es particularmente influyente con otros
acreedores, lo que significa que una proyección de crecimiento a la baja podría llegar a ser autocumplida, presionando al FMI para que
preste en circunstancias menos que ideales y politizadas, en lugar de insistir en la reestructuración de la deuda, como en el caso de
Grecia (véase el Observador de Primavera de 2015). Además, si bien el Fondo actúa como el principal asesor experto para determinar el grado
de alivio que puede estar disponible para un deudor a través de su análisis de sostenibilidad de la deuda, también es un importante
acreedor, lo que significa que “tiene una influencia directa en la capacidad de recuperación de sus propios créditos”, tal como explicó en
2013 J. Káiser, Jubilee Germany. Para ayudar a abordar estas dificultades, como parte del Foro sobre Financiamiento para el Desarrollo de
las Naciones Unidas, varios gobiernos están discutiendo reformas fundamentales a la arquitectura financiera internacional, entre ellas “[la
necesidad] de un mecanismo formalizado de reestructuración de la deuda”. Such a mechanism could offer a critical voice on sovereign debt
that is independent from creditors and free from pressures to justify lending packages (véase el Observador de Primavera de 2020).
bit.ly/IMF_forecasts

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Medio Ambiente/noticias

Los crecientes riesgos no disuaden al Banco Mundial y al FMI de prestar apoyo al megaproyecto de gas de Mozambique
Resumen:
- Banco Mundial proporciona asistencia técnica, mientras que el FMI ofrece alto nivel de aprobación
- Las OSC son muy escépticas sobre la narrativa demasiado optimista del “gas-como-desarrollo”

A pesar del compromiso del Banco Mundial de alinear sus actividades con el Acuerdo de París y de la retórica pública de la directora
gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sobre la necesidad de una “recuperación ecológica” de la pandemia de Covid-19, ambas instituciones
han proporcionado un apoyo importante a un nuevo y controvertido megaproyecto de gas en el norte de Mozambique. Un consorcio liderado por
la mayor petrolera francesa Total firmó un acuerdo de financiamiento de la deuda de USD 14.900 millones en julio para extraer y exportar
gas como parte del proyecto de gas natural licuado (GNL) de Mozambique, en un acuerdo que equivale a uno de los mayores proyectos de
inversión de la historia. El Banco Mundial ha proporcionado asistencia técnica para el proyecto de GNL de Mozambique en el marco del Mining
and Gas Technical Assistance Project (MAGTAP). Tal como señaló el sitio de noticias en línea Africa Intelligence, el MAGTAP, que se ha
ampliado recientemente hasta finales de 2021, se financia con USD 50 millones del Banco Mundial y USD 8,15 millones del Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino Unido. El MAGTAP ha desempeñado “un papel importante en la negociación de contratos de minería e
hidrocarburos a gran escala”, según Africa Intelligence, incluyendo “transacciones en el codiciado bloque de gas 1, operado por Total, y el
bloque 4, operado conjuntamente por ExxonMobil y ENI”. La pandemia de Covid-19 ha retrasado una decisión final de inversión sobre el bloque
4, según Reuters. Aunque el Banco ha anunciado que ya no financiará proyectos de exploración y producción de petróleo y gas a partir de
este año (véase el Observador de Primavera de 2018), la política excluye la labor de asistencia técnica de la institución. El FMI también
ha expresado su apoyo de alto perfil al proyecto, con Abebe Aemro Selassie, director del departamento para África del FMI, comentando sobre
las perspectivas económicas de Mozambique en noviembre que “el GNL puede ser un factor de cambio de juego para la transformación económica,
el desarrollo y el crecimiento inclusivo, lo que potencialmente saca a millones de personas de la pobreza si se ponen en marcha las
políticas adecuadas”.  ¿Se sobrevaloran los beneficios y se pasan por alto los riesgos?
Sin embargo, los grupos de la sociedad civil siguen siendo muy escépticos con respecto a la narrativa del “gas como desarrollo”. Un informe
de junio, publicado conjuntamente por Friends of the Earth (FoE) International, FoE France y FoE Mozambique, sostuvo que el descubrimiento
de gas en el norte de Mozambique hace una década ya ha dado lugar a un empeoramiento de las condiciones para los mozambiqueños: “El auge
del gas ha llegado con un mayor conflicto, violencia, corrupción y desigualdad social... Las principales compañías de gas están en una
posición de poder y pueden establecer las reglas y apoderarse de las ganancias”. Las leyes fiscales promovidas por el propio Banco pueden
limitar la ganancia del proyecto para el Estado. La investigación de junio de la organización de la sociedad civil alemana Urgewald señaló
que, “en 2014 el apoyo presupuestario del Banco Mundial de USD 110 millones a Mozambique requirió que el gobierno aprobara una nueva ley de
impuestos sobre el petróleo... [eso] incluye... exenciones del IVA y tasas de depreciación aceleradas para la exploración de petróleo y
gas. Estas medidas pueden reducir significativamente los tipos impositivos efectivos para las empresas que participan en el desarrollo [del
proyecto]”. Un análisis de sostenibilidad de la deuda para Mozambique realizado por el Banco Mundial y el FMI en abril puso de relieve
varios nuevos riesgos a los que se enfrenta el desarrollo del GNL de Mozambique, incluidos los impactos potencialmente graves de la
Covid-19 en el país, los retrasos en los proyectos y las perturbaciones prolongadas para la economía y el comercio mundiales. Y añadió:
“Siguen existiendo riesgos previamente identificados, entre ellos... un deterioro de la situación de seguridad en el norte ... y ...
fenómenos climáticos extremos”.  De hecho, tras el anuncio de Total en julio, los insurgentes islamistas capturaron un puerto estratégico
clave a solo 60 km al sur de la ubicación del proyecto el 12 de agosto, lo que planteó la posibilidad de que un conflicto civil
interrumpiera el proyecto. Además, los contratos de exportación de GNL suelen estar vinculados al índice mundial de precios del petróleo.
Los analistas de Carbon Tracker han predicho que la Covid-19 ha producido “un avance del momento de la demanda máxima de combustibles
fósiles [mundial]”, que “probablemente reduzca el valor de las reservas de petróleo, gas y carbón en casi dos tercios, lo que aumentaría el
riesgo y la probabilidad de activos varados”, en las próximas décadas. Incluso si tales pronósticos resultan un obituario prematuro para la
industria de los combustibles fósiles, al final, las proyecciones de ingresos seguras para el proyecto sólo se materializarán si se detiene
la acción climática mundial. Tal como aparece en el sitio de noticias en línea Climate Home, “La apuesta sólo puede dar sus frutos en un
planeta peligrosamente sobrecalentado”.
bit.ly/Moz_LNG

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CONOCIMIENTO/noticias

Mientras el Banco Mundial pone en pausa el informe Doing Business, aumenta la presión para que se lo elimine de forma permanente

Resumen:
- El Banco Mundial suspende el muy criticado informe Doing Business debido a irregularidades en los datos
- La sociedad civil, los sindicatos y los académicos piden el fin permanente de su publicación

El 17 de agosto, el Banco Mundial anunció que suspendería la publicación de su muy criticado Doing Business Report (DBR). Según el Banco,
la decisión fue el resultado de informes de: “Una serie de irregularidades... con respecto a los cambios en los datos en los informes Doing
Business 2018 y Doing Business 2020, ... [que] eran incompatibles con la metodología Doing Business”. El anuncio señaló que el Banco
llevaría a cabo “una revisión y evaluación sistemáticas de los cambios de datos” y que su función independiente de Auditoría Interna
llevaría a cabo una auditoría de los datos conexos y salvaguardaría la integridad de los datos. El diario estadounidense The Wall Street
Journal informó en agosto que los datos de Arabia Saudita, Azerbaiyán, China y Emiratos Árabes Unidos parecían haber sido “alterados
inapropiadamente”. Tal como se describe en un artículo de septiembre en la agencia de noticias Inter Press Service de Isabel Ortiz, del
Global Social Justice Program, con sede en Estados Unidos, y Leo Baunach, de la Confederación Sindical Internacional, con sede en Estados
Unidos, la decisión de detener la publicación del informe fue “bien recibida por sindicatos, académicos y grupos de derechos humanos”. Tal
como subrayaron, el informe ha enfrentado numerosas críticas, incluyendo un llamamiento de un panel independiente del Banco Mundial de 2013
para que el Banco cese su uso de las clasificaciones mundiales (véase el Observador de Otoño de 2013).  El informe también ha sufrido
críticas más recientes, incluso de los altos mandos del Banco. Aunque finalmente se retractó de su declaración y renunció, el execonomista
jefe del Banco Mundial Paul Romer expresó su falta de “confianza en la integridad” de los datos del informe en 2018 y sugirió que podrían
haber sido sesgados para favorecer a algunos países sobre otros, citando a Chile como ejemplo. Los grupos de la sociedad civil también han
subrayado que el DBR sigue favoreciendo la desregulación y reduciendo los impuestos en aparente contradicción con las preocupaciones
declaradas del Banco Mundial sobre el aumento de la desigualdad (véase el Observador de Invierno de 2018). Destacando los problemas de
metodología, un informe de 2018 del Center for Global Development, con sede en Estados Unidos, señaló que el primer ministro de India,
Narenda Modi, como es el caso de muchos líderes, ha promocionado el aumento del país en las clasificaciones como evidencia del apoyo de la
comunidad internacional a su agenda reformista. Sin embargo, la sociedad civil india ha subrayado que las reformas realizadas bajo la
‘orientación’ del DBR han causado un daño significativo a las comunidades vulnerables (véase el Observador de Invierno de 2019). La
publicación análoga centrada en la agricultura del DBR, la Ease of Doing Business in Agriculture, ha sido igualmente criticada por un grupo
de más de 280 organizaciones que comprenden la campaña Our Land Our Business por su sesgo proempresarial. La campaña ha pedido que se
acaben los informes y sus clasificaciones (véase el Observador de Primavera de 2018). Al considerar las viejas preocupaciones sobre los
sesgos anti-impuestos, anti-trabajo y desreguladores del informe, Sreedhar Ramamurthi, del grupo indio de investigación y cabildeo
Environics Trust comentó: “el informe Doing Business debe ser completamente abandonado. Ya ha más que cumplido con su proporción de daño.
En su nombre, la apropiación de tierras se está produciendo a una escala sin precedentes y las leyes ambientales y laborales están casi
completamente suspendidas. El Banco Mundial debe darse cuenta de que necesitamos ‘facilidad de vida’, ya que todos necesitamos vivir y no
todos hacemos negocios”. El pedido de Ramamurthi fue reiterada por Esteban Silva, de la Fundación Constituyente XXI de Chile, quien subrayó
que, dados los esfuerzos por la justicia en el país, “la publicación del DBR debe cesar... ya que no tenemos ninguna duda de que volverá a
ser utilizado en beneficio de aquellos que buscan mantener y reproducir el modelo neoliberal actual del país y para detener los cambios
exigidos por la gran mayoría de sus ciudadanos”. Sus súplicas se hicieron eco de la del prominente economista indio Jayati Ghosh, cuyo blog
de septiembre en la publicación en línea Project Syndicate pidió un fin permanente del informe y una disculpa del Banco Mundial al mundo en
desarrollo por “todo el daño que esta herramienta engañosa y problemática ya ha causado”.
bit.ly/Scrap_DBR

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CONDICIONALIDAD/noticias

La sociedad civil alerta sobre el respaldo continuo del FMI a la austeridad en medio de la pandemia
Resumen:
- Los programas del FMI imponen una rígida consolidación fiscal a Ecuador, Egipto, Sudáfrica y Ucrania
- Las OSC piden al FMI que termine para siempre con la austeridad y apoye una recuperación justa para los más vulnerables

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) están cada vez más preocupadas de que el FMI siga incluido metas estrictas de consolidación
fiscal en sus programas de préstamos, a pesar de la profundización de la crisis sanitaria y económica mundial provocada por la pandemia de
Covid-19. En una carta de octubre, más de 450 OSC y académicos, entre ellos la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación y la
prominente economista feminista Stephanie Seguino, cuestionaron la continua adhesión del Fondo a tales objetivos, ya que las consecuencias
económicas de la pandemia siguen empeorando.  Según la carta, “una y otra vez, una consolidación fiscal rígida y rápida condicionada en los
programas del FMI ha significado recortes devastadores en las inversiones en salud y educación, pérdidas de pensiones y protecciones
sociales que se han ganado con esfuerzo, congelaciones de salarios públicos, despidos y aumento de las cargas de trabajo de cuidado no
remunerados. En todos los casos, son las personas más vulnerables de las sociedades las que soportan la peor parte de estas reformas,
mientras que la élite, las grandes empresas y los acreedores disfrutan de los beneficios”.  A pesar de que la directora gerente del FMI,
Kristalina Georgieva, pidió públicamente una recuperación “más ecológica, inteligente y justa” de la pandemia de Covid-19, varios programas
de préstamos recientes del FMI, así como el lenguaje del FMI en los acuerdos y análisis de financiación de emergencia, siguen pidiendo un
retorno “rápido" a la consolidación fiscal tan pronto como el pico de la crisis haya pasado. Egipto, Ucrania (véase el Observador de Verano
de 2020), Sudáfrica (véase el At Issue de Verano de 2020) y Ecuador han acordado nuevos programas con el Fondo que implican severas medidas
de austeridad. A las OSC también les preocupa que un próximo programa del FMI para Líbano incluya importantes medidas de austeridad (véase
el Observador de Otoño de 2020). Bosnia y Herzegovina (BiH) y Costa Rica han presentado nuevas solicitudes de programas del FMI que no son
de emergencia en los últimos dos meses y los informes de noticias ya indican que este último país se comprometerá a tomar severas medidas
de consolidación fiscal.
Al comentar sobre la solicitud de BiH, Nela Porobi´c   Isakovi´c, de la Women’s International League for Peace and Freedom dijo: “Los
préstamos del FMI han llegado durante mucho tiempo con medidas de austeridad dirigidas al sector público y, ahora, las nuevas negociaciones
carecen de transparencia. Es una verdadera fuente de preocupación para los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina: ¿A dónde va el dinero, cómo
se pagará lo pagará y cómo nos aseguramos de que no volvamos a lo mismo de siempre? Porque durante 25 años eso no nos ha llevado a ninguna
parte. Tenemos que empezar a invertir en lo que este país necesita urgentemente: atención médica, educación y un entorno limpio”. La
continua dedicación del Fondo a la consolidación fiscal en medio de crecientes crisis económicas y de deuda en todo el Sur Global ha vuelto
a poner en el punto de mira las posibles consecuencias sociales negativas de las condiciones de préstamo del FMI, un pecado capital del
Fondo a los ojos de sus críticos. Dado que el FMI seguirá desempeñando un papel central en la respuesta a la Covid-19 en muchos países
afectados por la crisis, la carta de la OSC pide que se cierre finalmente para siempre el oscuro capítulo sobre la austeridad condicionada
por el FMI. Y agrega que esto significa “evaluar sistemáticamente los impactos de las reformas de la política fiscal en la desigualdad
económica y de género y rechazar aquellos que tienen impactos sociales negativos”. Al mismo tiempo recomienda una serie de otras medidas de
política.

bit.ly/IMF_Austerity

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CONDICIONALIDAD/noticias

Préstamo del Banco Mundial al sector energético de Uganda aumenta los costos de energía mientras apremia la crisis económica
 A medida que Nigeria entra en una recesión económica cada vez más profunda tras una contracción del 6,1% en el segundo trimestre de 2020,
 un préstamo del Programa por Resultados (P4R, por su sigla en inglés) del Grupo del Banco Mundial (GBM) de USD 750 millones (véase el
 Update 79) para el sector de la energía, aprobado en junio, ha dado lugar a un aumento de las tarifas de electricidad. La Operación de
 Recuperación del Sector Eléctrico busca reformar el sector eléctrico de Nigeria, incluso estableciendo “tarifas eléctricas sostenibles y
 apropiadas”. Aunque incorpora medidas limitadas para mitigar el impacto en los consumidores más pobres, incluyendo limitar las tarifas
 para los clientes no medidos y mantener una tarifa asequible para aquellos que consumen menos de 50 kWh de energía al mes, según el sitio
 de noticias nigeriano Nairametrics, las nuevas tarifas significan que “la mayoría de los nigerianos ahora tendrá que pagar más por la
 electricidad”. Como se señaló en un informe de 2019 de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, “los precios más altos de
 la energía... tienden a ralentizar la actividad económica y, por lo tanto, generan desempleo. La retirada repentina de los subsidios a los
 combustibles y los consiguientes aumentos de los precios han desatado protestas y disturbios violentos en muchos países”. El P4R, por su
 parte, hace poco para avanzar en la transición de la energía ecológica de Nigeria. Un informe de junio de la organización de la sociedad
 civil holandesa Recurso y sus socios descubrió que los recientes préstamos energéticos del Banco Mundial a Nigeria estaban muy sesgados
 hacia los combustibles fósiles, señalando: “De 2014 a 2019, el BM proporcionó USD 1.800 millones, esto es, el 69% de la financiación total
 del sector energético, a proyectos de petróleo y gas, incluso para una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo”. Tras la
 aprobación del P4R, en agosto se presentaron informes de prensa en el sentido de que las negociaciones entre el Banco y el gobierno
 nigeriano se habían estropeado debido a las reformas necesarias para obtener un préstamo adicional de USD 1.500 millones para política de
 desarrollo, lo que planteaba más dudas sobre si la respuesta del Banco a la Covid-19 es adecuada para su propósito (véase el Observador de
 Verano de 2020).
bit.ly/Nigeria_P4R

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SERVICIOS SOCIALES/noticias

Préstamo del Banco Mundial a India empuja al sector privado a la educación al tiempo que millones de niños dejan la escuela

Resumen:
- El préstamo para la educación india del Banco Mundial contiene disposiciones para asociaciones con sector privado
- Grupos de la sociedad civil, sindicatos de maestros y académicos piden al Banco que posponga el préstamo

El 24 de junio el Banco Mundial aprobó el programa de préstamos Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) de USD 500
millones en seis estados de India. El programa amplía las iniciativas privadas y las asociaciones en el sistema educativo, así como la
aplicación de amplias reformas a las evaluaciones del aprendizaje. El préstamo contiene disposiciones para facilitar un marco nacional para
las asociaciones con actores no estatales, incluso del sector privado, una estrategia cada vez más defendida por el Banco Mundial como
parte de su enfoque de Maximizar el Financiamiento para el desarrollo (véase el Observador de Primavera de 2020, el de Invierno de 2018 y
el de Otoño de 2017). Un informe de junio de Oxfam India, sin embargo, concluyó que el proyecto “amenaza con una desviación significativa
de los fondos de los contribuyentes indios a una serie de actores privados, introduce la privatización de la educación en seis de los
estados del país y cambia el encuadre para el compromiso del sector privado con la educación en India en su conjunto”. El programa
coincidió con la aplicación por parte del gobierno de India de su primera nueva Política Nacional de Educación en 34 años. La política ha
suscitado la preocupación de que una mayor participación del sector privado socavará la capacidad estatal para impartir educación en India,
especialmente la educación equitativa para las niñas, ya que la crisis de Covid-19 ha impedido que millones de niños accedan a la escuela
durante el confinamiento nacional. Kiran Bhatty, del Centro para la Investigación de Políticas, escribió en el periódico indio The Hindu en
junio que el Banco Mundial “tiene la idea equivocada de que la capacidad estatal debe construirse dando un papel más importante a los
actores no estatales y aumentando el uso de la tecnología. Ambas premisas están equivocadas, ya que no contribuyen a la capacidad del
Estado para ofrecer una mejor educación”. En junio una carta firmada por 1.400 grupos e individuos, entre ellos la Coalición Nacional para
la Educación y el Foro Nacional de Equidad Juvenil de India, subrayó que el préstamo socavaba la Ley sobre el Derecho a la Educación de
India y pidió al Banco Mundial que pospusiera el préstamo hasta que tuviera en cuenta sus preocupaciones. Destacó además que “las
desigualdades sistémicas en la educación de India, tal como quedó de manifiesto con la pandemia, no se están abordando en el Proyecto
STARS”. La carta, dirigida a Hartwig Schafer, vicepresidente de la Región de Asia Meridional en el Banco Mundial, le insta a reconsiderar
las asociaciones con actores no estatales, a elaborar planes concretos para promover la equidad y priorizar la ampliación de la capacidad
estatal.  Covid-19 exacerba las preocupaciones por la privatización de la educación
La Covid-19 ha sacado a 1.500 millones de niños y niñas de la escuela en todo el mundo, mientras que los sistemas educativos se enfrentan a
crisis de financiación pública, y el Banco Mundial prevé nuevos recortes del 10% en los presupuestos de educación a nivel mundial para 2021
debido a la pandemia. A pesar de ello, se ha planteado la preocupación de que el Banco Mundial esté dando “dos pasos atrás” al expresar su
apoyo al sector privado en la educación durante la crisis de Covid-19 (véase el Observador de Verano de 2020). Según un informe de Oxfam
International de 2019, más de una quinta parte de los proyectos de educación del Banco Mundial entre 2013 y 2018 incluyeron el apoyo a la
educación privada, que ha sido criticada por profundizar la inequidad y violar los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación.
En septiembre, 190 grupos de la sociedad civil firmaron un “llamado de diez puntos de acción para el financiamiento de la educación después
de la Covid-19”.El llamado a la acción declara: “La ayuda bilateral y de los organismos multilaterales debe armonizarse y alinearse mejor
detrás del fortalecimiento de los sistemas públicos, ... considerar la provisión privada como un síntoma de fracaso en lugar de una
solución sostenible o equitativa”. El llamado a la acción siguió a una carta de agosto de 275 líderes mundiales, incluido el ex primer
ministro del Reino Unido Gordon Brown, instando al FMI y al Banco Mundial, entre otros, a priorizar la educación en la recuperación de la
Covid-19, incluso mediante un alivio más significativo de la deuda.
bit.ly/WBG_STARS

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GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias

Cambios en la cúpula de la CFI y su mecanismo de rendición de cuentas
 El brazo financiero privado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI), y su mecanismo independiente de rendición de
 cuentas, el Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés), sufrirán cambios en el liderazgo en un momento en que el enfoque del Banco
 Mundial para la aglomeración en el sector privado en el desarrollo se ha vuelto cada vez más polémico a la luz de múltiples crisis
 desencadenadas por la pandemia de Covid-19 (véase el Observador de Primavera de 2020). El director ejecutivo CFI, Philippe Le Houérou,
 anunció a través de Twitter el 7 de junio que renunciará a su cargo, a partir del 1 de octubre (véase el Observador de Verano de 2020).
 Tal como se informó en Africa Intelligence el 18 de agosto, Mari Pangestu, la nueva directora gerente de políticas y asociaciones de
 desarrollo del Banco Mundial, presidirá el panel de reclutamiento para su sustitución. Un llamado a la elección de la primera mujer para
 el puesto se hizo en un artículo de agosto en la publicación política estadounidense The Hill, donde ex altos funcionarios del Banco
 Mundial pidieron que la administración estadounidense utilizara su influencia significativa en el proceso para nominar a una mujer
 africana para el puesto. Un blog del 21 de julio del grupo de expertos Center for Global Development, de Estados Unidos, también pidió la
 inclusión de una mujer en la lista de candidatos. El blog subrayó que “este es un momento para que el presidente [del Banco Mundial] David
 Malpass y los accionistas pongan en primer lugar las calificaciones, la experiencia y la trayectoria demostrada”.  La salida de Le Houérou
 coincide con la sustitución del vicepresidente del CAO, Osvaldo L. Gratacós, quien concluye su mandato a finales de diciembre de 2020.
 Además de tomar el timón bajo el entorno desafiante de la pandemia de Covid-19, el nuevo director de la CFI y vicepresidente del CAO será
 responsable de la supervisión de la aplicación de las recomendaciones de una revisión de la responsabilidad ambiental y social de la CFI y
 de la eficacia del CAO (véase el Observador de Otoño de 2020).
bit.ly/IFC_CEO_search

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RENDICIÓN DE CUENTAS/noticias

Continúa la lucha por la rendición de cuentas de la CFI en el caso Tata Mundra a pesar de un fallo histórico sobre inmunidad
 Un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó el 24 de agosto que el Grupo del Banco Mundial no puede ser demandado por los daños
 causados por sus préstamos a la central de carbón tata Mundra de India. El tribunal examinó a fondo el caso Tata Mundra tras la sentencia
 de febrero de la Corte Suprema de los Estados Unidos de que las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial pueden ser
 demandadas por sus “actividades comerciales” en los Estados Unidos y no gozan de inmunidad absoluta contras demandas (véase el Observador
 de Primavera de 2019). Según un resumen del caso de la ONG estadounidense EarthRights International, que representa a los demandantes de
 las comunidades de pescadores afectadas que han estado buscando justicia desde 2011, el tribunal federal determinó que “la CFI es inmune
 en virtud de los hechos de este caso”, encontrando que la demanda no se basa “en una actividad comercial llevada a cabo en Estados
 Unidos”. Earthrights International anunció el 25 de agosto que las comunidades afectadas apelarán la decisión, señalando que lo hará, “con
 el argumento de que los actos tortuosos de la CFI se cometieron en los Estados Unidos”.
Richard Herz, abogado de litigios de EarthRights, señaló en su anuncio de la decisión que “el tribunal dictaminó que una demanda contra la
DFI, por los daños causados por los préstamos de la CFI, no se basa en los préstamos de la CFI”, y a continuación, “eso no es correcto. La
misma ley se aplica a los gobiernos extranjeros y sus corporaciones, por lo que esto significaría que un banco estatal chino que se
beneficia de causar daño a los estadounidenses en los Estados Unidos tampoco puede ser demandado aquí”. Los grupos de la sociedad civil han
afirmado durante mucho tiempo que los intentos de la CFI de buscar inmunidad de demandas equivalen a un esfuerzo por eludir la
responsabilidad por los daños causados por sus préstamos (véase el Observador de Primavera de 2016 y el Verano de 2014).

bit.ly/Tata_Mundra_IFC

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SERVICIOS SOCIALES/noticias

Banco Mundial abandona instrumento de bono pandémico tras desastrosa respuesta a la Covid-19

El Banco Mundial ha desechado los planes de lanzar una segunda venta de su bono Pandemic Emergency Financing Facility (PEF), según un
artículo de julio en el periódico británico The Financial Times (FT). Después de enfrentarse a importantes críticas por el retraso en el
pago del PEF a los países en desarrollo durante la pandemia de Covid-19, un portavoz del Banco Mundial dijo al FT que “no hay planes para
un PEF 2.0” (véase el Observador de Primavera de 2020). Si bien los inversionistas del PEF ya habían recibido casi USD 100 millones en
pagos de intereses a finales de febrero y algunos trataron de vender rápidamente sus bonos a medida que la pandemia empeoró, los países en
desarrollo tuvieron que esperar hasta mediados de abril para que se emitieran los pagos. En un artículo de febrero en el periódico
británico The Guardian, la ex economista del Banco Mundial Olga Jonas del Harvard Global Health Institute argumentó que el diseño de PEF,
“espera que la gente muera”.  El PEF, lanzado en 2017, fue diseñado para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar un brote grave de
enfermedades infecciosas. Pero el Banco Mundial ha enfrentado acusaciones de que, en lugar de prevenir la escalada de infecciones, el
instrumento se utiliza hasta que los brotes alcanzan un “disparador”, cuando ya no es posible tomar medidas preventivas, como lo ilustran
tanto la pandemia de Covid-19 como el brote de Ébola de 2014-16. Un artículo de 2019 de Clare Wenham de la London School of Economics
concluyó que el PEF hace más por servir a los intereses de los inversores privados que para contribuir a la seguridad sanitaria mundial,
una acusación a menudo a compartida por el Banco (véase el Observador de Primavera de 2020). En un artículo de octubre de 2019 del sitio de
noticias sobre el desarrollo Devex, Lawrence Summers, execonomista jefe del Banco Mundial, fue citado describiendo al PEF como “un error
vergonzoso”. Con el silencioso fin del plan, el Banco Mundial parece estar de acuerdo.
bit.ly/PEF_abandoned

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TIERRA/noticias

OMGI considera el apoyo al proyecto minero Nimba de Guinea en un sitio declarado como patrimonio por la UNESCO

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), el brazo de seguros del Banco Mundial, está considerando el apoyo a la mina de
hierro Nimba en Guinea, según un informe de agosto del sitio de noticias Africa Intelligence. El sitio informó que el OMGI, “mantendrá
conversaciones con la [empresa minera canadiense] High Power Exploration (HPX), el accionista mayoritario del operador del sitio Société
des mines de fer de Guinée (SMFG)”, para discutir la posible participación del OMGI. En el sitio se señala que “la UNESCO está preocupada
por las repercusiones ambientales de las operaciones en Nimba, que ha sido catalogada como Patrimonio de la Humanidad desde 1981 pero
clasificada como ‘en peligro’ desde 1992”, en parte debido a la amenaza de la minería de hierro. La reserva natural del Monte Nimba es un
punto de acceso a la biodiversidad situado en el este de Guinea y Costa de Marfil. El informe se suma a las preocupaciones existentes sobre
el apoyo del Banco Mundial a la minería en el país. Un artículo de opinión de julio en el sitio de noticias sobre el desarrollo Devex de
David Pred, de la organización de la sociedad civil Inclusive Development International, con sede en Estados Unidos, detalló los marcados
impactos sociales y ambientales de la minería de bauxita en Guinea, con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo
del sector privado del Banco. Pred señaló: “En marzo un centenar de familias [del pueblo de Hamdallaye] fueron desarraigadas... y
trasladadas a una colina estéril para dar paso a una mina de bauxita en expansión, respaldada por la Corporación Financiera Internacional”.
El desplazamiento se produjo después de un reclamo de 2019 presentado por 13 aldeas (incluyendo Hamdallaye) al Defensor del Pueblo (CAO,
por su sigla en inglés), el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, alegando el acaparamiento de tierras (véase el Observador de Otoño
de 2019).
bit.ly/Guinea_mining

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El Observador está disponible en PDF, en la web, y por correo electrónico.
Observer
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Castellano:
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Subscripciones:
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El Bretton Woods Project es un proyecto de ActionAid, UK registered charity no. 274467, England and Wales charity no. 274467, Scottish
charity no. SC045476. Esta publicación es apoyada por una red de ONG del Reino Unido, la C.S. Mott Foundation y la William and Flora
Hewlett Foundation y el Rockefeller Brothers Fund.

No se necesita permiso para su reproducción
ISSN 2053-7522
Diseño: Base Eleven