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Observador de Verano de 2021 de Bretton Woods
Un examen crítico trimestral de los acontecimientos en el Banco
Mundial y el FMI

Publicado por el BRETTON WOODS PROJECT
En colaboración con ONG e investigadores para monitorear el Banco
Mundial y el FMI

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1. Déficit democrático: el FMI, Ecuador y la independencia del banco
central (FINANZAS/análisis)
3. Estabilidad económica con inestabilidad social: El FMI y las
protestas por la austeridad en Colombia, Mario Alejandro Valencia
(FINANZAS/análisis)
4. El Banco Mundial debe situar la transformación económica en el
centro de la reposición de la AIF20, Kwasi Adu-Amankwah (FINANZAS/
comentario)
5. Últimas investigaciones sobre cuestiones de género del FMI: ¿Hacer
que la economía funcione para las mujeres o que las mujeres funcionen
para la economía? (GÉNERO/análisis)
6. La CFI enfrenta preguntas críticas sobre las inversiones en
economía gig (DERECHOS/noticias)
7. Las perspectivas de ingresos petroleros del Banco Mundial para
Guyana están en desacuerdo con la acción climática (MEDIO AMBIENTE/
noticias)
8. El nuevo Plan de Acción del Banco Mundial sobre Cambio Climático
no cumple con la tan necesaria agenda transformadora (MEDIO AMBIENTE/
análisis)
9. El FMI se enfrenta a una ola de llamamientos para suspender los
desembolsos de préstamos en África
(RENDICIÓN DE CUENTAS/noticias)
10. El gobierno holandés demandado ante un tribunal del Banco Mundial
por un plan de eliminación gradual de combustibles fósiles (MEDIO
AMBIENTE/noticias)
11. Ex experto independiente de la ONU pide que se ponga fin a los
recargos del FMI
(FINANZAS/noticias)
12. La sociedad civil pide que la CFI y el OMGI se basen en la
reforma del CAO (GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias)
13. El mecanismo de violencia de género del Banco Mundial plantea
“serias preocupaciones” (GÉNERO/noticias)
14. Malpass convierte al Banco Mundial en un paria con su oposición a
la exención del Acuerdo sobre los ADPIC (SERVICIOS SOCIALES/noticias)

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FINANZAS/análisis

Déficit democrático: El FMI, Ecuador y la independencia del Banco
Central

Resumen
- Ecuador aprueba ley que otorga independencia al Banco Central tras
las demandas del FMI
- La independencia de los bancos centrales se ha convertido en una
política básica del FMI y en una importante manera de dar forma a la
política monetaria mundial
- Organizaciones de la sociedad civil y académicos plantean su
preocupación por la política en Ecuador y en todo el mundo

En abril, la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó una ley que
aumentaba bastante la independencia del Banco Central ecuatoriano. La
medida, que había sido un punto de aguda tensión durante las
elecciones presidenciales de Ecuador a principios de este año, fue
requerida por el FMI para que Ecuador accediera a un préstamo de USD
6.500 millones acordado en septiembre de 2020.
La “ley para la defensa de la dolarización” establece autonomía legal
y operativa para el Banco Central del Ecuador (BCE), iberándola de la
autoridad directa del ministro de Hacienda, quien anteriormente
encabezaba una junta que fijaba la política monetaria del banco y
controlaba su presupuesto. La ley –cuyo decretos están entrando en
vigor– prohibirá al BCE financiar el gasto público, comprar deuda del
sector público e invertir en empresas públicas o privadas.
El FMI ha hecho hincapié en la reforma del Banco Central,
designándola como una de las dos únicas acciones previas, un tipo de
condición requerida para el desembolso de préstamos. La legislación
fue preparada con el apoyo técnico del FMI, afirmando que alineará al
BCE “con las mejores prácticas en áreas de gobernabilidad,
independencia, objetivos, transparencia y controles”.
La independencia del banco central (IBC) había sido previamente parte
de la cartera de reformas propuestas por el FMI para el préstamo de
USD 4.200 millones de dólares a Ecuador en 2019, pero quedó sin
implementar ya que el gobierno se encontró con protestas
generalizadas y la oposición política (véase el Observador de
Invierno de 2019).
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) internacionales y
nacionales y los académicos han respondido con enojo a la nueva ley.
Una declaración de enero de académicos afiliados a Progressive
International, una campaña de movilización mundial, calificó de
“absurdo económico” limitar la capacidad del Estado “para usar toda
su gama de herramientas de política”, y agregó que la ley facilitaría
“la salida de capital de las instituciones financieras privadas
ecuatorianas”. Jameson Mencías, economista ecuatoriano de la Red
Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), comentó
que las reformas propuestas en esta ley “apuntan a la protección de
la banca privada y la liberalización de los flujos financieros,
confundiendo claramente la defensa del sistema monetario con la
defensa del sistema bancario”.
No es sólo en Ecuador donde el FMI ha estado presionando
agresivamente para que la IBC. En los últimos meses, ha destacado en
las conversaciones sobre préstamos del FMI con Mauricio, República
Democrática del Congo y Ucrania. En las últimas dos décadas, la IBC
se ha convertido en una política básica del FMI y en una importante
manera de dar forma a la política monetaria mundial.
El FMI y el aumento de la independencia de los bancos centrales
Los bancos centrales son las instituciones responsables de
administrar la moneda y la política monetaria de un país, es decir,
la oferta de dinero a una economía y las tasas de interés a pagar por
el endeudamiento. Contrariamente a la opinión popular, su
independencia es una práctica política relativamente reciente, que
surge por primera vez en la década de 1970. En los últimos 25 años ha
habido un “aumento mundial” de IBC: los académicos señalan que en
2015, el 81% de los países tenía una puntuación en el índice de la
IBC superior a 0,5 (en una escala de 0 a 1, donde 1 representa la
plena independencia), en comparación con el 12% en 1980.
Como se reconoce ampliamente, el FMI ha desempeñado un “papel vital”
en esta transición de políticas mundiales. Inicialmente no era una
característica importante de la condicionalidad o la asistencia
técnica del FMI, desde el década de 1990 el Fondo ha pedido cada vez
más diversas políticas para impulsar la IBC. El argumento a favor de
la IBC es simple: controla la inflación quitando la gestión de las
tasas de interés de las manos de los miopes políticos. Como escribe
el personal técnico del FMI, “si los políticos manipulan la política
monetaria para reforzar su popularidad preelectoral, su priorización
de las ganancias políticas a corto plazo podría invitar a un dolor a
largo plazo para la economía, en forma de una mayor inflación o
incluso una hiperinflación”.
Esta “interferencia política” –como la llama el FMI– implica que los
gobiernos presionen a los bancos centrales para que bajen las tasas
de interés. Esto hace que sea más barato para las empresas endeudarse
y expandirse, lo que crea empleo. Esto aumenta la popularidad de los
gobiernos, pero a costa de que la inflación se salga de control. La
“interferencia” también implica que los gobiernos recurran a los
bancos centrales para financiar su gasto público, elevando así la
deuda pública a niveles insostenibles.
Sin embargo, a pesar de su presentación como una buena práctica, el
proceso de aumento de la IBC es muy polémico y, de hecho, puede ser
perjudicial para el desarrollo.
Antidemocráticos, subdesarrollos y desiguales Los críticos han
argumentado que sacar la política monetaria de las manos de los
políticos electos es antidemocrático. Como sostiene el economista y
ex ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, “los llamados
bancos centrales independientes son independientes sólo de sus
parlamentos y del pueblo y, por lo tanto, están totalmente en los
bolsillos de los financistas y de la oligarquía en general”. Si bien
el personal técnico del FMI ha comentado que la IBC tiene como
objetivo “tomar decisiones de política monetaria sin la política”,
como sugiere Varoufakis, la eliminación de la autoridad gubernamental
sobre los bancos centrales no los hace libres de la política, sino
sólo libre de rendición de cuenta democrática.
En un documento de trabajo de 2020, el Fondo preguntó si los bancos
centrales deberían considerar la desigualdad al tomar decisiones. Su
inevitable ambigüedad a la hora de responder a esas preguntas apunta
a la falacia central del argumento de que los bancos centrales pueden
estar “libres de la política”. Incluso voces del establishment como
Foreign Policy reconocen ahora que la “ilusión” de que la política
monetaria es “técnica, no política” se ha acabado por completo con la
respuesta a la pandemia, que ha demostrado que los bancos centrales
“llevan las riendas de la economía mundial”.
También se ha argumentado que la IBC aumenta el poder del Fondo, a
expensas de los parlamentos nacionales. El economista Bernhard
Reinsberg observa que, al limitar las opciones de política, “el
fortalecimiento de la IBC ayuda al FMI a empujar a un gobierno a
adoptar dolorosas medidas de austeridad y reforma, lo que en última
instancia conduce a un mayor cumplimiento de los programas”. Esta
reducción del espacio de políticas hace que los países sean menos
desarrollos. Según Daniel Munevar, de la red de la sociedad civil
Eurodad, con sede en Bélgica, “en la práctica, la IBC se convierte en
otra limitación vinculante de la capacidad de los países para
utilizar el espacio de políticas disponible para aplicar políticas de
desarrollo”. Es importante destacar que estas herramientas
restringidas –como el fomento del empleo mediante el ajuste de las
tasas de interés o la financiación del gasto interno– fueron partes
esenciales de los programas de política que los países ricos de hoy
utilizaron como parte de sus políticas de desarrollo.
La ola de IBC de las últimas décadas también ha tenido impactos más
amplios. Se ha demostrado que el aumento de la IBC conduce
directamente a la desregulación financiera, ya que los gobiernos
buscan herramientas de política alternativas para estimular sus
economías. Esto los ha hecho más abiertos a las conmociones
financieras y aumenta la influencia de los actores financieros
privados sobre la política pública. En relación con esto, un
documento de trabajo del Banco Mundial de enero sostiene que la IBC
aumenta la desigualdad al reducir el espacio de la política fiscal
(dificultando la redistribución), aumenta la financierización (lo que
beneficia a los titulares de activos) y debilita el poder de
negociación de los trabajadores.
El FMI debe reevaluar críticamente sus políticas de bancos centrales
si se quiere dar a los países el espacio para priorizar el bienestar
de sus ciudadanos por sobre los intereses de las finanzas globales.
La pandemia no ha hecho más que exacerbar esta tensión. La economista
Jayati Ghosh comenta que “Todos los mitos de la independencia del
banco Central han sido disparados por las nubes por la pandemia, pero
solo en las economías avanzadas. En el mundo desarrollado, son
plenamente conscientes de que la política monetaria tiene que estar
estrechamente alineada con la política fiscal y ambas tienen que ser
expansivas para apoyar la recuperación económica y proteger a los
ciudadanos durante esta gran crisis. Pero no es evidente tal
constatación para los países en desarrollo, donde las políticas
claramente equivocadas de austeridad fiscal y la llamada
independencia del banco central están siendo impulsada en poblaciones
ya muy golpeadas por la pandemia". Para que países como Ecuador
respondan eficazmente a la crisis necesitan más, no menos,
herramientas para apoyar el desarrollo. bit.ly/CBindependence

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En este número

- Estabilidad económica con inestabilidad social: El FMI y las
protestas por la austeridad en Colombia, Mario Alejandro Valencia
- El Banco Mundial debe situar la transformación económica en el
centro de la reposición de la AIF20, Kwasi Adu-Amankwah
- Últimas investigaciones sobre cuestiones de género del FMI: Hacer
que la economía funcione para las mujeres, o que las mujeres trabajen
para la economía
- El nuevo Plan de Acción del Banco Mundial sobre Cambio Climático no
cumple con la tan necesaria agenda transformadora

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FINANZAS/análisis

Estabilidad económica con inestabilidad social: El FMI y las
protestas por la austeridad en Colombia
Análisis externo de Mario Alejandro Valencia, Latindadd

Resumen:
- Protestas masivas en Colombia tras la propuesta de reforma
tributaria del FMI
- Los recortes esperados del gasto público alejan la posibilidad de
una fuerte recuperación de la pandemia

Colombia, según el Banco Mundial, es uno de los cinco países más
desiguales a nivel mundial. Esto es en parte el resultado de su
estructura tributaria regresiva que, tras 15 reformas en los últimos
30 años, ha evolucionado para aumentar la prevalencia de impuestos
indirectos como el regresivo impuesto al valor agregado (IVA) y
reducir los impuestos directos, como los que gravan a las empresas.
Cada reforma ha introducido nuevas excepciones que suman más de 230
exenciones fiscales diferentes, lo que representa una pérdida fiscal
anual de aproximadamente USD 4.500 millones.
El país ha entrado en una trampa de austeridad, tras las exigencias
del FMI sobre múltiples programas de ajuste estructural a cambio de
préstamos para resolver sus problemas de balanza de pagos. La última
cuota de préstamo de USD 5.400 millones tuvo lugar en diciembre de
2020, y fue seguida en febrero de 2021 por recomendaciones del FMI
para aumentar aún más el IVA y ampliar la base del impuesto sobre la
renta de las personas.
En abril el gobierno del presidente Iván Duque presentó al Congreso
la recomendación tributaria del FMI, que tenía como objetivo recaudar
unos USD 7.500 millones de dólares en ingresos adicionales por año.
Estos ingresos se recaudarían principalmente de la clase media, que
ya se ha visto fuertemente afectada por el bajo crecimiento económico
reciente, agravado por la pandemia. Según el Gobierno, el propósito
de la reforma tributaria es financiar programas sociales para los más
pobres de Colombia. Pero una mirada más cercana a la reforma revela
que el 58% de los nuevos recursos se dedicarán a pagar la deuda
nacional de Colombia.
En respuesta a la reforma fiscal propuesta, el 28 de abril se convocó
una huelga nacional por parte de sindicatos y organizaciones
sociales. La huelga ha durado más de sesenta días, con grandes
protestas en las principales ciudades del país. Ha provocado la
retirada del proyecto de reforma tributaria, la renuncia de varios
ministros y las denuncias de abusos contra los derechos humanos por
parte del Estado.
Los orígenes del descontento
La crisis de la deuda en América Latina en la década de 1980 llevó a
una ola de intervenciones del FMI, que otorgó préstamos a cambio de
medidas de austeridad fiscal (véase el Observador de Verano de 2019).
La relativa estabilidad macroeconómica y el control de la inflación
ha tenido un alto costo social, incluido el aumento de la desigualdad
(véase el Observador de Verano de 2021), lo que ha provocado
protestas sociales masivas en toda Colombia desde 2019.
Mientras que los préstamos fluyeron y los ajustes fiscales avanzaron,
el Estado colombiano no tomó la decisión política de corregir los
déficits sistemáticos de la cuenta corriente, causados por una
globalización desequilibrada apoyada por las políticas del FMI.
Colombia exporta materias primas y recursos naturales e importa
bienes elaborados. Como era de esperar, el país no gana suficientes
dólares en estas exportaciones para pagar sus importaciones y,
además, con la ambición de atraer inversión extranjera, Colombia ha
erosionado su base impositiva. Como tal, lo que ha tenido prioridad
es la creciente informalidad de las empresas y el trabajo, que impide
a la población obtener ingresos suficientes para una mejor calidad de
vida.
Un modelo fallido para la recuperación
La pandemia empeoró la situación y el gobierno de Duque no pudo
inyectar recursos en la economía para permitir una mejor respuesta
sanitaria y apoyo a los ingresos durante el confinamiento nacional.
Por el contrario, el Estado volvió al enfoque clásico y fracasado de
los préstamos a cambio de austeridad: El ministro de Hacienda, José
Manuel Restrepo, ha revelado que espera una reducción del gasto
público del 7% del PIB entre 2021 y 2026.
¿Cómo se podría esperar una recuperación económica sin la fuerza de
un gasto público suficiente para poner en marcha la maquinaria de la
economía? La respuesta es simple: No habrá reactivación porque no ha
habido una sola reforma del aparato productivo ni de la política
empresarial. La aspiración más alta solo puede ser un retorno a la
inaceptable situación de 2019.
Si no hay un cambio en la estructura productiva, con una economía
capaz de producir bienes y servicios con transformación de media y
alta tecnología, en contraposición a la extracción de recursos
naturales, será imposible corregir los problemas económicos
fundamentales de Colombia.
El mercado, a pesar de su supuesta capacidad para canalizar
eficientemente la inversión, fue incapaz de dirigir los recursos
necesarios hacia la salud, la educación, la investigación científica,
la infraestructura y el acceso a las necesidades de crédito de la
economía, que en realidad requerían un gran nivel de intervención
estatal. La solución para Colombia es acceder a recursos con bajas
tasas de interés o financiamiento sin deuda, como los Derechos
Especiales de Giro (DEG) del FMI (vése el Observador de Primavera de
2021).
Esto le permitiría invertir en sectores vitales como la agricultura y
la manufactura que son capaces de generar ganancias y empleo que
reducen el déficit comercial del país.
El país también puede considerar la reestructuración de su deuda o la
utilización de sus reservas de divisas para apoyar el gasto público.
De este modo, no sería necesario en el futuro aceptar los préstamos
no favorables del FMI ni sus recomendaciones de política. También
sería posible fortalecer la estructura de ingresos de Colombia
deteniendo la fuga de capitales a los centros financieros mundiales.
Solo una reforma fiscal, empresarial y de productividad de esta
magnitud conducirá al retorno de la estabilidad social en el país y
le permitirá buscar una recuperación justa de la pandemia.
bit.ly/Colombiaanalysis

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FINANZAS/comentario

El Banco Mundial debe situar la transformación económica en el centro
de la reposición de la AIF20
Comentario externo de Kwasi Adu-Amankwah, Secretario General de la
CSI-África

Resumen:
- La AIF20 debe cambiar el marco de políticas para apoyar la
transformación económica
- Se necesita el Fondo de Protección Social para satisfacer las
necesidades actuales y futuras de los países de la AIF
- Los movimientos sindicales exigen consultas sustantivas sobre todos
los procesos de AIF20 actuales y futuros

La Organización Regional Africana de la Confederación Sindical
Internacional (CSI-África) acoge con satisfacción la pronta
reposición de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco
Mundial, el brazo de países de ingreso bajo del Banco Mundial. La
pandemia de Covid-19 ha mermado los recursos de países de todo el
mundo, siendo los países más pobres los más afectados. Se enfrentan a
la devastación económica y a una deuda asombrosa que amenaza con
revertir los pocos avances que han logrado en la última década. Estos
países necesitan urgentemente ayuda en forma de préstamos y
donaciones en condiciones favorables. A la mayoría de los países
pobres, los niveles actuales de deuda pública les impiden acudir al
mercado comercial de capitales en busca de préstamos. Por lo tanto,
consideramos que la pronta reposición de los recursos concesionales y
de concesión de donaciones de la AIF-20 es esencial para apoyar la
recuperación de la pandemia y comenzar a abordar los desafíos de
desarrollo preexistentes que enfrentan los países de ingreso bajo.
La CSI-África está de acuerdo en que los temas especiales propuestos
para la AIF20, a partir del cambio climático, la fragilidad, los
conflictos y la violencia, el género, el empleo y la transformación
económica y el capital humano, son cuestiones de especial importancia
en África, donde se encuentran la mayoría de los países elegibles
para la AIF.
La transformación económica requiere un nuevo marco político
Si bien estamos de acuerdo en los amplios temas políticos subyacentes
a la AIF20, subsisten varias preocupaciones. La principal es el
contexto de políticas en el que se produce el financiamiento de la
AIF. En nuestra opinión, la combinación de políticas propuesta por el
Banco Mundial hasta la fecha no hace nada para abordar el
subdesarrollo y, de hecho, lo institucionaliza. No basta con que
´empleo y transformación económica´ aparezca en la lista de temas
políticos para la AIF20. Se necesitan medidas reales y urgentes, como
se describe en la propuesta detallada de la CSI para el Banco Mundial
sobre la creación de empleo, la protección social, el alivio de la
deuda y las normas laborales.
Como señaló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo en su informe de marzo de 2021, antes de la pandemia, la
matriz de políticas de austeridad (consolidación fiscal), objetivos
de inflación, liberalización del comercio y la inversión, finanzas
innovadoras (financierización) y flexibilidad del mercado laboral
solo han producido marcadas desigualdades, desarrollo detenido,
fragilidad económica y financiera y explotación insostenible de los
recursos naturales. Más que nunca, los países del Sur Global
necesitan romper con estas políticas contraproducentes. Abordar la
emergencia climática, un tema importante para la AIF20, requiere
alejarse de la dependencia de los recursos naturales. La
liberalización del comercio y la inversión endosada a los países
pobres tiene un precedente limitado en la historia de los países que
han experimentado con éxito la transformación económica. Es la razón
por la que los países africanos se desindustrializaron en las décadas
de 1980 y 1990 y han permanecido en la agonía de los desafíos de la
balanza de pagos desde entonces.
La transformación económica impulsada principalmente por la
extracción y exportación de productos básicos que conduce a la
desindustrialización es una transformación perversa. Crea políticas
agrícolas perjudiciales que empobrecen a los agricultores y los
obligan a huir del campo. Esa transformación sólo ha creado baja
productividad, empleos indignos y aumento de la informalidad. Los
países en desarrollo necesitan una verdadera transformación.
La AIF20 debe apoyar políticas que permitan a los países mejorar la
capacidad agrícola al tiempo que se crea capacidad productiva en la
manufactura ligera. Esta es la única forma sostenible de crear más y
mejores puestos de trabajo.
Protección social: esencial para los trabajadores y la economía
En el contexto de las crisis de Covid-19 y empleo, la AIF20 ofrece
una oportunidad para que el Banco trabaje con las partes interesadas
para revertir las políticas pasadas que desmantelaron los esquemas de
protección de los trabajadores.
Se necesitan esfuerzos deliberados para promover los derechos de los
trabajadores, que son esenciales no solo para ellos, sino también
para la economía.
Los países elegibles para la AIF necesitan asistencia para construir
o reconstruir sistemas de protección social que puedan ofrecer
protección tangible a los trabajadores y las familias en tiempos de
necesidad. La Covid-19 ha demostrado la importancia de instalar este
tipo de sistemas con anticipación. El Banco Mundial se encuentra en
una posición única para ayudar a establecer un Fondo Mundial de
Protección Social que apoye y proteja a toda la humanidad durante las
crisis. La situación en la que los países ricos rescataron y
vacunaron a sus ciudadanos y los países pobres miraron impotentes
mientras sus ciudadanos sufrían es una mancha en la conciencia de la
humanidad y resta mucho valor a las nociones de progreso humano. Solo
a través del establecimiento de dicho fondo podrán los países de
ingreso bajo evitar bloqueos perjudiciales y crisis prolongadas
impulsadas por el acceso desigual a las vacunas y el equipo médico
relacionado (véase el  Observador de Primavera de 2021).
Los procesos de la AIF deben garantizar consultas adecuadas con la
sociedad civil
Sólo aprovechando la experiencia y los conocimientos de la sociedad
civil podrá la AIF alcanzar verdaderamente sus objetivos declarados
de desarrollo. Por lo tanto, exigimos consultas cualitativas sobre la
reposición de la AIF20 y todos los procesos futuros de la AIF.
Después de muchos años de organizar a los trabajadores en las
burocracias públicas o en el sector privado y de participar en los
procesos de políticas de desarrollo, la CSI-África, y el movimiento
sindical en África en general, conservan los conocimientos potentes
necesarios para fortalecer los procesos de desarrollo. La actual
falta de consultas con la sociedad civil y los movimientos sindicales
hace que sea muy poco probable que los cambios necesarios para
cumplir con los objetivos generales de la AIF se realicen en el
proceso de reposición de la AIF20. Debe cambiarse de inmediato el
sistema en el que las "consultas" limitadas a la sociedad civil
tienen lugar sólo después de que los paquetes de políticas de la AIF
hayan sido ampliamente acordados. El proceso de reposición de la
AIF20 debe ser un punto de partida para que la AIF responda
verdaderamente a las necesidades de las comunidades y los países que
tiene el mandato de apoyar.
bit.ly/IDA20comment

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GÉNERO/análisis

Últimas investigaciones sobre cuestiones de género del FMI: ¿Hacer
que la economía funcione para las mujeres o que las mujeres funcionen
para la economía?

Resumen:
- Una nueva investigación del FMI se aleja de los impulsores
macroeconómicos de la desigualdad de género
- Comprender los costos humanos de la consolidación fiscal es más
urgente que nunca en la recuperación de la pandemia

En marzo el FMI publicó un resumen de algunos de sus trabajos más
recientes de evaluación del impacto de género, que formaba parte de
un proyecto de investigación bilateral más amplio del FMI financiado
por el Reino Unido. El documento de síntesis señaló un posible cambio
en la atención del FMI, que se aparta de los impulsores
macroeconómicos de la desigualdad de género y se orienta hacia una
mayor instrumentalización de las mujeres para el crecimiento
económico. A medida que la nueva asesora principal de género del FMI,
Ratna Sahay, que fue nombrada para el cargo recién creado en abril,
asuma su cargo, las organizaciones de derechos de las mujeres estarán
observando para ver si el FMI se hará frente a las formas en que su
asesoramiento político básico sigue socavando los derechos de las
mujeres.
En el documento se describían varios estudios de países del FMI
realizados entre 2018 y 2020 como parte de su trabajo de vigilancia
que tuvo como objetivo medir los beneficios económicos de cerrar
ciertas brechas de género. En Sierra Leona, por ejemplo, el FMI
constató que cerrar las brechas de género en la educación podría
“impulsar el PIB un impresionante... 40%”. En el Senegal el FMI llevó
a cabo una simulación en la que la aplicación de políticas contra la
discriminación hizo crecer el PIB en un 5%.  Se llevaron a cabo
ejercicios similares en el Irán, la República Democrática Popular de
Lao y Nigeria. Este enfoque de investigación también se ha replicado
en el Banco Mundial, que produjo un estudio de 2019 sobre Níger que
describe los “costos económicos” de la desigualdad de género,
incluida la consideración de las tasas de fertilidad de las mujeres
que, si se reducen, según el Banco, produciría “ahorros
presupuestarios”. En las conclusiones de esta investigación sobre la
necesidad de cerrar estas brechas de género de alguna manera, el FMI
y el Banco Mundial ignoran las barreras macroeconómicas estructurales
para lograr la igualdad de género, que incluyen su propia adhesión
continua al asesoramiento fiscalmente restrictivo en materia de
políticas y las condiciones de los préstamos en el Sur Global.
La nueva dirección de la investigación niega la oportunidad de un
cambio transformador
Si bien la labor del FMI en materia de género, desde su creación en
2013, se ha centrado sistemáticamente en la defensa económica de la
igualdad de género, estos últimos estudios se producen después de que
el FMI abriera la puerta a examinar los efectos perjudiciales de
género de su propio asesoramiento en materia de políticas
macroeconómicas en 2018, cuando publicó orientaciones para el
personal sobre la puesta en práctica de las cuestiones de género a
nivel nacional. Esa orientación reconoció lo que ha sido establecido
durante mucho tiempo por el movimiento por los derechos de las
mujeres, que “algunas políticas macroeconómicas recomendadas por el
personal del FMI”, como los recortes presupuestarios en los
subsidios, los programas sociales y la masa salarial del sector
público, “podrían exacerbar la desigualdad de género”. En la nota se
instruía al personal para que considerara una combinación de
políticas alternativa en estos casos, exponiendo un posible camino
para que el personal del FMI se alejara de algunos de los consejos de
política más perjudiciales para los derechos de las mujeres.
Para ayudar al personal técnico a determinar qué políticas podrían
exacerbar la desigualdad de género, el FMI elaboró un marco de
modelización para analizar los efectos de las reformas
macroeconómicas en la desigualdad de género. La primera iteración de
este trabajo de modelización se llevó a cabo en Argentina en 2017,
donde el FMI examinó los impactos de un recorte de impuestos en la
participación de las mujeres en la fuerza laboral y la brecha
salarial de género. Si bien el enfoque del FMI siguió siendo poco
sistemático y estrecho, la comprensión de que el asesoramiento
convencional del FMI en materia de políticas macroeconómicas puede
afectar a hombres y mujeres de manera diferente y que esta diferencia
debe ser medida y tenidas en cuenta por los encargados de la
formulación de políticas macroeconómicas, fue un avance positivo
(véase BWP, The IMF and Gender Equality: Operationalising Change).
Este trabajo fue citado en la nota de género del FMI de 2018 como un
ejemplo de cómo considerar los impactos diferenciales de género de
una reforma de política macroeconómica convencional.
Por lo tanto, es preocupante la posterior regresión de la labor de
evaluación del impacto de género del FMI alejándose del examen de las
consecuencias del asesoramiento convencional del FMI en materia de
políticas macroeconómicas para cerrar las brechas de género. Niega la
capacidad de esta labor de evaluación de impacto para revelar cómo
las reformas de política propuestas por el FMI podrían exacerbar la
desigualdad de género y, por lo tanto, no ofrece una vía basada en la
evidencia para que el personal del FMI se aleje de algunos de sus
consejos de política más perjudiciales.
Incluso cuando el FMI consideró las implicaciones de género de la
política fiscal en una nota de debate del personal técnico de 2020,
optó por centrarse en las intervenciones fiscales que se consideran
como “promoción” de la igualdad de género, sin reconocer una crítica
feminista central de que la mayor parte del asesoramiento normativo
convencional del FMI socava la igualdad de género y los derechos de
las mujeres, particularmente en el Sur Global (véase BWP, Positioning
women’s rights and gender equality in the macroeconomic policy
environment).
Este enfoque hace oídos sordos al trabajo de larga data de muchas
organizaciones de derechos de las mujeres y economistas feministas.
En una carta de 2019 dirigida a la Directora Gerente del FMI,
Kristalina Georgieva, 67 organizaciones de la sociedad civil
describieron que el impacto del FMI en la igualdad de género radica
ante todo en su adhesión histórica y continua a la “consolidación
fiscal, la fiscalidad regresiva y la flexibilidad laboral”, [que] han
exacerbado la feminización de la pobreza [y empujado] a las mujeres a
trabajos informales y de bajos salarios, han aumentado sus cargas de
cuidados no remunerados e impactado negativamente en su acceso a la
educación, la salud y la protección social... particularmente en el
Sur Global”. Estos grupos han pedido un y otra vez que las
evaluaciones de impacto de género de las reformas macroeconómicas se
lleven a cabo sistemáticamente en todo el trabajo del FMI, en
consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre
las evaluaciones de impacto en los derechos humanos de los programas
de reforma económica adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en 2019 (véase el Observador de Primavera de
2019).
Los costos humanos de la consolidación fiscal son más altos que nunca
Centrarse en los costos humanos de la consolidación fiscal es
particularmente urgente en el contexto del entorno fiscal
extremadamente limitado de la recuperación de la Covid-19 en el Sur
Global. Los países miembros del FMI requieren un análisis sólido y
todas las opciones de política sobre la mesa para sopesar
cuidadosamente lo que el FMI ha descrito como “difíciles
compensaciones”. En este contexto, el FMI debe priorizar la
comprensión de las implicaciones de su continuo asesoramiento
restrictivo de política fiscal, que se proyecta que se implementará
en 154 países este año, afectando a 6.600 millones de personas para
el próximo año, según el último informe de austeridad global de Ortiz
y Cummins (véase el Observador de Otoño de 2020).
Si bien el FMI podría, en teoría, comprometerse a examinar tanto los
efectos de las reformas de las políticas macroeconómicas en materia
de género como los efectos económicos de la mejora de la igualdad de
género, en la práctica, sus recursos para llevar a cabo una labor
específica de evaluación de las repercusiones en materia de género
son sumamente limitados. Si bien el FMI presentó un presupuesto a
mediano plazo en mayo que propone el primer aumento del presupuesto
operativo del FMI en una década, no prevé evaluaciones sistemáticas y
de impacto de género en todas sus operaciones, eflejado también en la
falta de énfasis en la evaluación de los impactos de género en la
Revisión Integral de la Supervisión (CSR, por su sigla en inglés)
(véase el Observador de Verano de 2021). En este contexto, es
imperativo que el FMI dirija sus limitados recursos de género a donde
más se necesitan y, a medida que el FMI prepara la nota de
orientación del personal técnico sobre la aplicación de la CSR, dé
prioridad a proporcionar orientación inequívoca y detallada a su
personal sobre exactamente cómo identificar y abordar los efectos
adversos de género de las reformas de política macroeconómica
respaldadas por el FMI en la práctica.
bit.ly/IMFgenderresearch.

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DERECHOS/noticias

La CFI enfrenta preguntas críticas sobre las inversiones en economía
gig

Resumen
- La CFI aumenta las inversiones en empresas de plataformas de
economía gig
- Los sindicatos plantean preocupaciones sobre los derechos de los
trabajadores

La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector
privado del Banco Mundial, ha invertido en varios equipos de
plataformas de transporte en los últimos años que han sido criticadas
por defensores de los derechos laborales por sus antecedentes en
materia de derechos de los trabajadores.
Más recientemente, en marzo, la CFI invirtió EUR 20 millones en Bolt,
una plataforma de transporte de Estonia, para que amplíe los
servicios en los mercados emergentes, incluidos Sudáfrica, Nigeria y
Ucrania. El servicio, que ha sido comparado con Uber, permite a los
usuarios contratar taxis a través de una aplicación.
Bolt enfrentó acciones legales en el Reino Unido en marzo de 2020 por
reclamos de que no pagaba el salario mínimo a sus conductores. A
principios de este año, el Sindicato independiente de trabajadores de
Gran Bretaña  protestó por la seguridad de los conductores tras el
asesinato del conductor de Bolt Gabriel Bringye.
Una investigación publicada por la Universidad de Oxford en marzo
encontró que Bolt, junto con Amazon, mantuvo las peores condiciones
de trabajo para los trabajadores de la economía gig en el Reino
Unido.
En abril los conductores de Bolt en Lagos, Nigeria, bajo la
protección del cuerpo de conductores Professional E-hailing Drivers
and Private Owners Association fueron a la huelga para protestar por
las malas condiciones de trabajo y los salarios. Pidieron a Bolt,
junto con otras plataformas de transporte, que aumentara las tarifas
de acuerdo a la inflación y proporcione un paquete de bienestar
adecuado y una compensación para las familias de los conductores
asesinados y secuestrados en el trabajo. El mes pasado, Bolt se vio
obligado a aumentar sus tarifas en Kenia después de que los
conductores en Nairobi amenazaron con una huelga por los altos
precios del combustible.
El secretario general, Stephen Cotton, de la Federación Internacional
de Trabajadores del Transporte, con sede en el Reino Unido, dijo:
“Tenemos serias preocupaciones por el aumento de las inversiones en
empresas de 'economía gig'. Las instituciones mundiales de desarrollo
como la CFI deben examinar cuidadosamente sus inversiones para
garantizar que los trabajadores vulnerables no sean explotados y
atrapados en la pobreza”.
Conducir en una carrera a la baja
Aunque la CFI ha reconocido que los trabajadores de la economía gig
son particularmente vulnerables durante la pandemia de Covid-19, su
inversión en Bolt sigue una tendencia creciente de las empresas de
plataformas de financiamiento de la CFI en los sectores de transporte
y logística. En junio pasado, los trabajadores de reparto en Brasil
organizaron una huelga por los bajos salarios y las malas condiciones
de trabajo contra Loggi, una plataforma de mensajería de
motocicletas, que recibió una inversión de USD 5 millones de la CFI
en 2016. En los últimos tres años, la CFI también ha invertido en FCS
Moove, gerente de flotas de Uber en África subsahariana, en la
plataforma de logística de alimentos Shadowfax, con sede en la India,
y en Kobo360, una plataforma de camiones de carga con sede en Lagos.
La CFI ha promocionado las plataformas de transporte como una
oportunidad para el empoderamiento económico de las mujeres, citando
las barreras adicionales que enfrentan las mujeres para acceder a la
economía formal. Destacadas economistas feministas han argumentado
que sucede lo contrario: la economía gig promueve la desregulación
del mercado laboral, lo que coloca a las mujeres en posiciones más
precarias y aumenta la pobreza. En un artículo de 2016, las
investigadoras Radhika Balakrishnan, Lisa McGowan y Cassandra Waters
escribieron que la economía gig “asigna automáticamente a las mujeres
una mayor carga de trabajo de cuidado no remunerado, y asume que la
forma preferencial de abordar este problema son horarios flexibles,
no mejores salarios, mejor acceso al cuidado infantil y otros
servicios de apoyo, o repensar los estereotipos sociales”.
Sally Roever, de la organización de la sociedad civil Women in
Informal Employment, con sede en el Reino Unido: Globalizing and
Organizing dijo: “Nos preocupa que el enfoque en la economía gig
corre el riesgo de sesgar el análisis de la economía informal. El
aumento del trabajo a través de plataformas en algunos sectores y
algunos países no debería ocultar el hecho de que la mayoría de los
empleos del mundo no son formales ni parte de la economía gig. Las
políticas eficaces para la reducción de la pobreza deben abordar la
realidad de dos mil millones de trabajadores del mundo cuyos medios
de vida son marginales y están desprotegidos porque trabajan en la
economía informal de baja tecnología”.
El Banco Mundial tiene una larga historia de promoción de la
flexibilización laboral, sobre todo a través de su polémico Informe
Doing Business y el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019 (véase
el Observador de Invierno de 2019 y el Invierno de 2018). En un White
Paper on Social Protection de 2019, el Banco sostuvo que los
gobiernos deberían aumentar la flexibilización laboral limitando los
aumentos del salario mínimo y facilitando a los empleadores la
contratación y el despidió de trabajadores.
bit.ly/IFCgigeconomy

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MEDIO AMBIENTE/noticias

Las perspectivas de ingresos petroleros del Banco Mundial para Guyana
están en desacuerdo con la acción climática

Resumen
- El Diagnóstico Sistemático del País del Banco predice enormes
ingresos del desarrollo de petróleo en alta mar para Guyana
- Preocupa que las estimaciones de crecimiento basadas en el petróleo
del Banco sean demasiado optimistas y estén en desacuerdo con los
objetivos climáticos

La sociedad civil guyanesa ha reaccionado con incredulidad al primer
Diagnóstico Sistemático del País (DSP) del Banco Mundial para Guyana,
que ha sugerido que, a pesar de la necesidad urgente de hacer la
transición a una economía mundial baja en carbono, el país
experimentará una ganancia sustancial de su nuevo desarrollo de
petróleo en alta mar. Según el documento, el desarrollo podría
aumentar el PIB per cápita de Guyana a USD 16.900 para 2030, más de
2,5 veces su tamaño actual.
Esto se produce después de que una investigación publicada en
septiembre mostrara que el Banco Mundial y el FMI han sobreestimado
rutinariamente los ingresos futuros de los nuevos descubrimientos de
petróleo y gas en las últimas dos décadas, lo que resulta en una
“maldición de recursos” en muchos países, caracterizada por un grave
desajuste entre las políticas y los ingresos reales.
La proyección del Banco, que enmarcará su compromiso con Guyana
durante los próximos cinco años, va en contra de los objetivos
climáticos mundiales, que aparentemente el Banco está apoyando a
todos los países para que alcancen a través de su recientemente
publicado Plan de Acción sobre el Cambio Climático para 2021-25
(véase el Observador de Verano de 2021). Anteriormente, el Banco
respaldó el desarrollo de petróleo en alta mar de Guyana a través de
una combinación de financiamiento de políticas de desarrollo
(véseBackground, What is World Bank Development Policy Finance) y
asistencia técnica, con la sociedad civil nacional e internacional
muy crítica al respecto (véase el Observador de Otoño de 2020).
El apoyo del Banco ignora los crecientes llamados a abandonar nuevos
proyectos de extracción de petróleo y gas. En su Informe Net Zero
publicado en mayo, incluso la históricamente conservadora Agencia
Internacional de Energía señaló que limitar el aumento promedio de la
temperatura global a 1,5 °C en comparación con el período
preindustrial requeriría “que no se aprueben nuevos petróleo y gas
para el desarrollo”.
La proyección del Banco también está en desacuerdo con el análisis de
las perspectivas petroleras de Guyana producido por el Institute for
Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), con sede en Estados
Unidos, publicado en octubre de 2020. En contraste con el Banco, el
IEEFA constató “que los ingresos petroleros no cubrirán el déficit
presupuestario anual de Guyana durante los próximos tres años ni
cumplirán con su promesa de construir un Fondo soberano de riqueza.
Esto llevará a un déficit de USD 482 millones en los primeros tres
años”. Incluso con una mejora prevista en los próximos dos años,
señala el IEEFA, “aun es probable que el déficit de caja anual
agregado de cinco años sea de USD 160 millones”, con el siguiente
período apareciendo como altamente incierto: “las perspectivas para
la industria del petróleo y el gas son en gran medida negativas. Las
nuevas fuerzas políticas y del mercado mundial a largo plazo han
creado una sobreoferta permanente de petróleo y gas, precios bajos y
nuevos competidores que mantendrán los mercados inestables”.
Ignorar los riesgos climáticos para seguir como hasta ahora
El firme apoyo del Banco Mundial al crecimiento basado en el petróleo
en Guyana también es contraproducente a la luz de la grave
vulnerabilidad del país a los riesgos físicos que plantea el cambio
climático, aun cuando la vía de desarrollo que respalda significa que
estos impactos serán más graves. Irónicamente, el DSP reconoce
plenamente estos riesgos, señalando que “los riesgos fiscales que
emanan del clima y los desastres naturales podrían descarrilar ...
los esfuerzos de crecimiento y desarrollo; la necesidad de una
inversión pública específica para crear resiliencia. Las inundaciones
costeras son un riesgo especialmente grave, ya que gran parte de la
población y la actividad económica de Guyana, especialmente la
agricultura, se concentran en zonas bajas a lo largo de la costa
atlántica”.
Melinda Janki, una abogada guyanesa, señaló: “Joseph Stiglitz y Lord
Stern, dos ex economistas del Banco Mundial, dicen que la energía
renovable ofrece mejores rendimientos económicos. La Agencia
Internacional de la Energía dice que no hay nuevos proyectos de
combustibles fósiles. Sin embargo, el director del país, Tahseen
Sayed, y el equipo del Banco Mundial están presionando a Guyana para
que haga la transición al petróleo y pase de ser un sumidero de
carbono a una bomba de carbono de 3,87 gigatones. Los Directores
Ejecutivos deben poner fin a esta locura antes de que el equipo en el
país destruya Guyana y todo el planeta”.
De hecho, en respuesta a las amenazas planteadas por el cambio
climático, los ciudadanos guyaneses demandaron a su gobierno en un
caso innovador presentado en mayo, alegando que su búsqueda del
desarrollo de petróleo en alta mar es inconstitucional, “con el
argumento de que exacerba el calentamiento global y amenaza los
derechos humanos”. El caso, el primero de su tipo en el Caribe, fue
presentado ante la Corte Constitucional de Guyana y está en curso.
bit.ly/Guyanaoilrevenue

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MEDIO AMBIENTE/análisis

El nuevo Plan de Acción del Banco Mundial sobre Cambio Climático no
cumple con la tan necesaria agenda transformadora

Resumen
- El plan carece de detalles en áreas clave, incluidos los
compromisos concretos para poner fin al apoyo a los combustibles
fósiles
- Esfuerzos para reunir inversores privados en potencial conflicto
con la transición energética justa

El Grupo Banco Mundial (GBM) publicó su Plan de Acción sobre el
Cambio Climático (CCAP, por su sigla en inglés) actualizado para
2021-25 el 22 de junio, que sirve como su estrategia empresarial
sobre el cambio climático. A pesar de que el CCAP señala que
“Nuestras respuestas colectivas al cambio climático, la pobreza y la
desigualdad están definiendo las opciones de nuestra era”, las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) expresaron su decepción por
la falta de detalles del plan en áreas clave.
Sobre el papel, el CCAP busca ayudar a los países y a los clientes
del sector privado a transformar sectores clave en línea con los
objetivos climáticos mundiaales, incluso a través de informes
nacionales sobre el clima y el desarrollo (CCDR, por su sigla en
inglés), que “se utilizarán para informar, priorizar y secuenciar la
acción climática a través del proceso de participación del país y,
por lo tanto, implementar el Plan de Acción”. El Banco tiene como
objetivo llevar a cabo 25 CCDR en el próximo año, pero no está claro
cómo influirán en sus decisiones de inversión.
Además, el plan señala que “toda la inversión en nueva
infraestructura de gas se evaluará para determinar su coherencia” con
los planes climáticos nacionales de los países, pero no proporciona
ninguna explicación sobre este proceso de selección. Esta falta de
divulgación es preocupante, ya que un informe de junio del Institute
for Sustainable Development (IISD) constató que el Banco proporcionó
el 12% de todas las finanzas públicas relacionadas con el G20 y los
bancos multilaterales de desarrollo para proyectos de gas en países
en desarrollo entre 2017 y 2019. En marzo más de 150 OSC y académicos
pidieron al Banco que eliminara gradualmente su apoyo a los
combustibles fósiles y aumentara el apoyo a una transición energética
justa.
“El Plan de Acción sobre el Cambio Climático permite al GBM continuar
exponiendo a los países y comunidades a los que tiene el mandato de
apoyar a los riesgos y daños del desarrollo de combustibles fósiles,
incluidos los precios de la energía cada vez más caros y volátiles,
el bloqueo de infraestructura obsoleta, los activos varados, las
enfermedades, el desplazamiento y una transición retrasada e
injusta”, dijo Luísa Galvão, de Amigos de la Tierra Estados Unidos.
El CCAP incluye un objetivo de que, en promedio, el 35% de las
inversiones del Banco entre 2021 y 2025 estén “relacionadas con el
clima”, un compromiso atenuado por la falta de transparencia sobre
cómo contabiliza el Banco el financiamiento climático en sus
proyectos (véase el Observador de Primavera de 2021). Afirma que el
Banco alineará la mayor parte de su financiación con el Acuerdo de
París para el 1 de julio de 2023 , con más detalles próximamente en
la COP26 en Glasgow en noviembre, poniendo un plazo a un proceso
anunciado inicialmente en 2018 en la COP24 en Katowice, Polonia
(véase el Observador de Primavera de 2019). Sin embargo, la
Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de inversión del
sector privado del Banco, y el Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (OMGI), el brazo de seguros de riesgo político del Banco,
están trabajando en un cronograma retrasado, con el 100% de
sus·operaciones del sector real” a estar alineado para el 1 de julio
de 2025. El CCAP no ofrece una fecha límite para la alineación de las
carteras de intermediarios financieros (IF) de la CFI y el OMGI a
París, a pesar de que los clientes IF de la CFI con frecuencia están
vinculados a nuevas inversiones en carbón (véase el Observador de
Invierno de 2020).
El CCAP profundiza la devoción del Banco por el 'Consenso Climático
de Wall Street'
El CCAP hace hincapié en la participación del sector privado en el
trabajo climático del Banco, en línea con su agenda general de
Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo (MfD), que privilegia
al sector privado y expone a los Estados a pasivos fiscales a largo
plazo (véase el Observador de Verano de 2017). Señala que “las
intervenciones del sector público pueden centrarse en ayudar a los
países a implementar las reformas normativas y regulatorias
necesarias para crear los incentivos adecuados para la participación
de participantes del sector privado, incluso a través de reformas
preliminares, y para catalizar la inversión del sector privado,
utilizando nuestro menú de instrumentos financieros y de
asesoramiento”.
Existe una tensión entre estos esfuerzos y el logro de una agenda
climática centrada en las personas que se base en un enfoque
consultivo para transformar los sistemas clave, en línea con una
transición justa a un futuro con bajas emisiones de carbono. Como
señaló la economista Daniela Gabor en un artículo de opinión de junio
en el periódico británico The Guardian, los esfuerzos climáticos
liderados por el sector privado “a menudo colocan la carga de la
descarbonización en los pobres”, y agregó que bajo el MfD, “el gasto
pública está ... dirigido a 'burlar' la infraestructura privada, para
cubrir la brecha entre las tarifas pagadas por los usuarios de
servicios públicos esenciales y las tasas comerciales de rendimiento
esperadas por los inversores privados”.
bit.ly/CCAPlaunch.

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RENDICIÓN DE CUENTAS/noticias

El FMI se enfrenta a una ola de llamamientos para suspender los
desembolsos de préstamos en África

Durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI en
abril, el FMI se enfrentó a una tormenta en las redes sociales en
Kenia que criticba a la institución por aprobar un préstamo de USD
2,340 millones al país de África oriental en medio de acusaciones de
corrupción generalizada y preocupaciones sobre sus altos niveles de
deuda. Los eventos virtuales oficiales de las reuniones se
interrumpieron y más de 230.000 “cansados contribuyentes kenianos”
firmaron una petición para suspender el desembolso del préstamo hasta
que entre en funciones una nueva administración keniana más
responsable. La petición lamentaba que “los kenianos no tienen nada
que mostrar por los préstamos anteriores del FMI, mientras que los
precios de los productos básicos, como el combustible, se están
disparando”.
Wangari Kinoti, una activista feminista keniana y asesora de
políticas internacionales de ActionAid, tuiteó en ese momento: “Toda
la actividad keniana contra el FMI en los últimos días es alentadora,
pero me gustaría que incluyera una crítica más amplia de lo que viene
con los préstamos del FMI”. En el paquete de financiamiento de tres
años en cuestión, el personal técnico del FMI pide nuevas reducciones
en la masa salarial pública y la eliminación de las exenciones del
impuesto sobre el consumo, incluido el de los combustibles.
En junio se pusieron en marcha iniciativas ciudadanas similares en
Nigeria y Uganda en las que se pedía la suspensión de los desembolsos
de préstamos del FMI. En Camerún 20 mujeres líderes enviaron una
carta al FMI pidiendo que se suspenda un préstamo pendiente hasta que
se hayan contabilizado plenamente dos préstamos del FMI por un total
de USD 382 millones desembolsados al país. El nuevo préstamo llega en
un momento en el que Camerún ya ha solicitado un alivio de la deuda
de emergencia que probablemente estará condicionado a su compromiso
de “volver a la senda de consolidación fiscal” en la recuperación. En
junio el director de Comunicaciones del FMI, Gerry Rice, señaló que
el Fondo había acordado medidas de lucha contra la corrupción con
Camerún. Sarah Saadoun, de Human Rights Watch de  Nueva York, quien
investigó la implementación de estas medidas y encontró que los
esfuerzos del FMI eran insuficientes, comentó que “el escándalo de
corrupción de la Covid-19 que sacude a Camerún muestra el alto costo
de que el FMI trate la lucha contra la corrupción y la transparencia
como si fuera un ejercicio multiple opción en lugar de un medio para
garantizar la supervisión pública sobre el gasto público”.
bit.ly/IMFaccountability

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MEDIO AMBIENTE/noticias

El gobierno holandés demandado ante un tribunal del Banco Mundial por
un plan de eliminación gradual de combustibles fósiles

En febrero el sitio de noticias en línea Clean Energy Wire informó
que la compañía energética alemana RWE ha demandado al gobierno
holandés “por pagos de compensación en relación con los planes de
eliminación gradual del carbón del país” en el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (véase Al
interior de las instituciones, CIADI). El artículo señala que, “en
contraste con la salida planificada del carbón de Alemania, la ley
holandesa de eliminación gradual para la fuente de energía fósil no
estipula una 'compensación adecuada' para los operadores de la
planta”. Según un informe de marzo del Centro de Investigación sobre
Empresas Multinacionales (SOMO, por su sigla en holandés), con sede
en los Países Bajos,
RWE “quiere EUR 1.400 millones en compensación por daños resultantes
de una nueva ley, adoptada en diciembre de 2019, que prohíbe el uso
de carbón para la producción de energía a partir de 2030”.
En un informe separado, que se centró en el uso por parte de la
compañía anglo-holandesa de petróleo y gas Royal Dutch Shell del
mecanismos de arbitraje de diferencias inversionistas-estados (ISDS,
por sus sigla en inglés) para frustrar los esfuerzos estatales por
trabajar hacia una transición energética verde y justa, SOMO destacó
que “casi una quinta parte de los más de 1.000 casos del ISDS
registrados están relacionados con inversiones en combustibles
fósiles”, incluyendo la extracción y el transporte de petróleo y gas,
el suministro y combustión de gas, la refinación de petróleo y la
extracción de carbón. Estos informes agregan evidencia adicional del
poder del enfriamiento regulatorio producido por la amenaza de acción
en tribunales de arbitraje internacionales como el CIADI, que amenaza
la acción climática y socava las respuestas estatales a la pandemia
de Covid-19 (véase el Observador de Verano de 2020 y el de Invierno
de 2020).
bit.ly/ICSIDNLcoal

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FINANZAS/noticias

Ex experto independiente de la ONU pide que se ponga fin a los
recargos del FMI

Resumen:
- Carta abierta pide al FMI que termine con el uso de recargos
- Carta afirma que los recargos pueden violar la legislación
internacional sobre derechos humanos

En mayo el ex experto independiente de la ONU sobre deuda externa y
derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, escribió una carta abierta
pidiendo que se ponga fin al uso de recargos por parte del FMI, ya
que estos cargos adicionales limitan la capacidad de los países del
Sur Global para responder a la pandemia de Covid-19 y cumplir con sus
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos durante
una crisis de deuda que empeora (ver el Dispatch de Primavera de
2021). Desde la crisis financiera asiática de 1997, el FMI ha tratado
de “generar ingresos para permitir que el Fondo acumule saldos
preventivos” y desincentivar a los países de tener una dependencia
excesiva de la financiación del FMI. Lo hace penalizándolos por pedir
préstamos más allá de su cuota asignada del FMI (véase el Observador
de Invierno de 2019) y por mantener los préstamos durante períodos
prolongados cobrando una prima sobre los costos de los préstamos.
Estos recargos basados en cuotas y plazos se han convertido en una
importante fuente de ingresos para el FMI. Como señaló el profesor
Kevin Gallagher en un artículo de marzo en el periódico del Reino
Unido, The Financial Times, “el FMI estima que los recargos se han
convertido en la mayor fuente de ingresos del Fondo, representando
casi la mitad de los ingresos” y contribuyendo con más de USD 1.000
millones en ingresos para el año fiscal 2020. Advirtió que: “estos
recargos a menudo pueden llevar a la trilicación de los costos de
deuda”, una grave preocupación a medida que los países luchan por
responder a la pandemia de Covid-19 en medio de altos niveles de
deuda (véase el Dispatch de Primavera de 2021).
Haciéndose eco de las preocupaciones del profesor Gallagher, la carta
abierta, firmada conjuntamente por el actual EI de la ONU sobre deuda
y derechos humanos y la Confederación Sindical Internacional, destacó
que “los mismos países más necesitados de asistencia financiera
tendrán que pagar más de USD 4.000 millones en recargos adicionales
además de los pagos de intereses y otros honorarios desde el comienzo
de la crisis hasta finales de 2022”. En la carta se señalaba que los
recargos son procíclicos, discriminan entre países en función de su
fortaleza económica y, por lo tanto, pueden contradecir el derecho
internacional.
En la carta se argumentaba que los recargos también podían
contravenir otro principio básico del derecho internacional de los
derechos humanos, porque impedían a los Estados generar, asignar
adecuadamente y hacer uso máximo de los recursos de que disponían
para avanzar lo más rápidamente posible hacia el logro de la plena
realización de los derechos humanos. En consecuencia, pide a “los
países del Norte Global que garanticen, a través de sus propias
contribuciones, que el FMI cuente con una financiación adecuada y
equitativa para llevar a cabo la función que le han sido
encomendadas”.
El comunicado de abril del Grupo de los 24 principales países en
desarrollo también pidió al FMI que “corrija el carácter regresivo y
procíclico” de la política (véase el Dispatch de Primavera de 2021).
En mayo Bloomberg citó al presidente de Argentina, Alberto Fernández,
cundo declaró: “Espero su suspensión [de los recargos] durante la
pandemia. Espero que la junta directiva del FMI discuta esto en su
reunión de octubre y, de una vez por todas, los elimine”. La
Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, respondió en mayo
que ella, “tomó nota de la petición del presidente Fernández y...
consultará con los miembros sobre este tema”. En mayo el director de
Comunicaciones del FMI, Gerry Rice, subrayó que “cualquier revisión
es prerrogativa de la Junta Ejecutiva”, y añadió que “los recargos
son una parte importante de lo que llamamos nuestro marco de gestión
de riesgos”.
bit.ly/IEsurcharges

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GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias

La sociedad civil pide que la CFI y el OMGI se basen en la reforma
del CAO

El 1 de julio, la junta directiva de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el brazo de préstamos del sector privado del
Banco Mundial y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
(OMGI), el brazo de seguros de riesgo político del Banco Mundial,
anunciaron que habían finalizado el desarrollo de una nueva política
para el defensor del pueblo (CAO, por sus sigla en inglés), el
mecanismo independiente de rendición de cuentas de la CFI y el OMGI.
En respuesta a la nueva política, Carla García Zendejas, de la
organización de la sociedad civil (OSC) Center for International
Environmental, con sede en Estados Unidos, destacó que, “si bien los
cambios en las operaciones en la CAO son bien recibidos, un objetivo
central de este proceso de reforma debe ser transformar el compromiso
de la CFI de proporcionar remedio en una realidad para las
comunidades que han sido perjudicadas por los proyectos de desarrollo
financiados por la CFI”. Margaux Day, de la CSO Accountability
Counsel con sede en Estados Unidos, estuvo de acuerdo: “El CAO
facilita el acceso a la reparación, pero la CFI y, en última
instancia, el OMGI debe proporcionarlo”. A pesar de la fortaleza
general de la política, a las organizaciones de la sociedad civil les
preocupaba que, no obstante, diluyera partes del mandato del CAO,
incluso a través de una restricción a la decisión del director
general del CAO de investigar; los proyectos pendientes de aprobación
de la junta ya no son elegibles para la revisión del CAO y los
reclamos elegibles no se publicarán hasta la conclusión de la fase de
evaluación y los reclamos no elegibles no se publicarán en absoluto.
La nueva política se desarrolló después de una revisión externa del
marco de rendición de cuentas ambiental y social de la CFI y el OMGI.
La revisión, publicada en agosto de 2020, incluyó una evaluación del
papel y la eficacia del CAO (véase el Observador de Invierno de
2019). En mayo 24 organizaciones de la sociedad civil que han
trabajado con comunidades que buscan reparación por los daños
causados por ila CFI y el OMGI presentaron comentarios a un proyecto
de política del CAO publicado en abril. En la comunicación se
planteaba preocupación por la mencionada dilución del mandato del CAO
adoptada en la política final.
bit.ly/NewCAOpolicy

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GÉNERO/noticias

El mecanismo de violencia de género del Banco Mundial plantea “serias
preocupaciones”

En noviembre el Banco Mundial actualizó su política de adquisiciones
para incluir un mecanismo de inhabilitación que inhabilite a los
contratistas durante dos años si se determina que violan sus normas
sobre violencia de género (VG). El mecanismo, que se aplica a los
grandes contratos de obras aprobados después del 1 de enero de 2021,
tiene como objetivo abordar la violencia de género y la explotación y
el abuso sexuales que tienen lugar en proyectos financiados por el
Banco Mundial, después de que un proyecto de carreteras de Uganda
financiado por el Banco fuera cancelado debido a las denuncias de
abuso por parte de trabajadores de la construcción de proyectos
contra mujeres y niñas en 2017 (véase el Observador de Primavera de
2017).
El mecanismo fue recomendado por el Grupo de Trabajo sobre violencia
de género del Banco, lanzado en octubre de 2016 en respuesta a las
acusaciones planteadas en el proyecto de carreteras (véase el
Observador de Otoño de 2017).
Sin embargo, existe la preocupación de que el mecanismo podría
disuadir a las comunidades de denunciar la VG. Elana Berger, del Bank
Information Center de Estados Unidos, dijo: “Hay serias
preocupaciones con este mecanismo. Las comunidades son fundamentales
para plantear cuestiones de explotación sexual en torno a los
proyectos y deben participar en todas las reformas”.
Destacó las preocupaciones con el acceso a la junta que supervisa el
cumplimiento de la política, afirmando: “El hecho de que las
comunidades no puedan conectarse con la Junta Independiente o
participar en investigaciones significa que este mecanismo rinde
cuentas a los más afectados por sus decisiones”.
También se teme que, debido a que la política solo se aplica a
proyectos que se consideran de alto riesgo, el Banco podría
desincentivarse de categorizar los proyectos como tales. Los
contratistas y prestatarios del proyecto también están estrechamente
involucrados en la selección de la junta, lo que plantea más
preocupaciones sobre su independencia.
bit.ly/GBVprocurement

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SERVICIOS SOCIALES/noticias

Malpass convierte al Banco Mundial en un paria con su oposición a la
exención del Acuerdo sobre los ADPIC

El 8 de junio el presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo
que el Banco Mundial se opone a la propuesta hecha por India y
Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio (OMC) de renunciar
temporalmente a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas
contra el Covid-19 para combatir la pandemia.
En respuesta a una pregunta sobre la postura del Banco sobre la
exención durante una llamada con periodistas, Malpass declaró: “No
apoyamos eso, por la razón de que correría el riesgo de reducir la
innovación y la investigación y el desarrollo (IyD) en este sector”.
Sin embargo, la investigación muestra que la mayoría de los costos en
IyD para las vacunas contra el Covid-19 han sido financiados con
fondos públicos, no por empresas farmacéuticas.
Sus comentarios se produjeron después de que emitiera una declaración
conjunta con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, al
G7 antes de su cumbre de junio, en la que pidió que se tomaran
medidas sobre el acceso a la vacuna contra el Covid-19 a través de un
plan de USD 50.000 millones propuesto por el FMI, que tampoco
respaldó la exención.
En mayo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su apoyo
a la exención de algunos aspectos del Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), que han exigido 100 países en desarrollo, con el fin de
aumentar el acceso a vacunas, medicamentos y otras tecnologías
médicas contra el Covid-19.
El Banco Mundial ha sido criticado por su falta de acción sobre el
acceso a las vacunas, en particular a través de su dependencia de la
iniciativa COVAX, que solo ha entregado 81 millones de dosis de
vacunas, quedando muy por detrás de su objetivo de hacer que dos mil
millones de dosis de vacunas estén disponibles en todo el mundo en
2021 (véase el Observador de Primavera de 2021; Antecedentes). En un
video de junio el ministro de vacunas de Malasia, Khairy Jamaluddin,
dijo que COVAX ha sido un “fracaso abismal” y que el “Banco Mundial
le debe a los países en desarrollo ser una voz fuerte para la equidad
de las vacunas en el escenario mundial”.
bit.ly/MalpassIP.


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El Observador está disponible en pdf, en la web y por correo
electrónico.
Observer
www.brettonwoodsproject.org/observer/
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El Bretton Woods Project es un proyecto organizado por ActionAid, no.
274467, England and Wales charity no. 274467, Scottish charity no.
SC045476. Esta publicación cuenta con el apoyo de una red de ONG del
Reino Unido, la C.S. Mott Foundation y la William y Flora Hewlett
Foundation.

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ISSN 2053-7522
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