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Observador de Invierno de 2021 del Bretton Wood Project
Un examen crítico trimestral de la evolución de la situación en el
Banco Mundial y el FMI

Publicado por el BRETTON WOODS PROJECT
Trabajando con ONG e investigadores para monitorear el Banco Mundial
y el FMI

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1. La muerte del Doing Business Report resulta exagerada al anunciar
el Banco Mundial planes para un relanzamiento con cambio de etiqueta
2. Nuevo acuerdo entre el FMI y Pakistán podría tener un impacto
adverso para las mujeres
3. La falta de financiamiento público y alivio de la deuda en la
COP26 socava los objetivos climáticos de los países
4. Día de Acción Mundial contra el FMI y el Banco Mundial rechaza
agenda de recuperación empresarial
5. El Banco Mundial acusado de “bajo rendimiento persistente” en la
COP26, mientras los principales accionistas del Banco se comprometen
a la eliminación gradual del financiamiento de combustibles fósiles
6. La Oficina de Evaluación Independiente minimiza la promoción de la
austeridad por parte del FMI, mientras que la sociedad civil advierte
sobre nuevos recortes
7. Alto Maipo: Los daños perduran debido a la falta de una diligencia
adecuada de los BMD
8. La sociedad civil frustrada por la falta de participación
sustantiva en el proceso de reposición de la AIF-20
9. Las tensiones entre Argentina y el FMI aumentan antes de la fecha
límite crucial para el reembolso del préstamo
10. Crisis de la deuda: ¿Qué pasará cuando expiren las iniciativas
del FMI y el G20?
11. Los recargos punitivos del FMI tensan los esfuerzos de respuesta
y recuperación de la Covid-19
12. El FMI toma medidas para controlar las políticas de criptomonedas
13. ¿Se alineará el asesoramiento del FMI en materia de políticas con
la nueva Declaración de la UNESCO sobre el financiamiento de la
educación?



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CONOCIMIENTO/análisis

La muerte del Doing Business Report resulta exagerada al anunciar el
Banco Mundial planes para un relanzamiento con cambio de etiqueta
Resumen
- En unos dos años se relanzará el Doing Business Report del Banco
Mundial
- A la sociedad civil le preocupa que los cambios no aborden los
problemas estructurales subyacentes expuestos por el escándalo
- El relanzamiento del informe ilustra la falta de voluntad de la
institución para considerar su sesgo hacia el sector privado

El 16 de septiembre las organizaciones de la sociedad civil tuvieron
ocasión de celebrar, ya que el Banco Mundial anunció la cancelación
del Doing Business Report (DBR) (véase el Observador de Otoño de
2021). La decisión fue el resultado de una investigación
independiente sobre las acusaciones de manipulación de datos, a
petición del comité de ética del Banco. El informe de los
investigadores alegó graves irregularidades éticas, incluido el
conflicto de intereses dentro de los servicios de asesoramiento del
Banco y la manipulación de datos de las clasificaciones del informe
para apaciguar a China y otros accionistas importantes, que
involucraban al ex presidente del Banco Jim Yong Kim y a la entonces
directora ejecutiva del Banco Mundial y actual directora gerente del
FMI, Kristalina Georgieva.
Estas conclusiones dieron lugar a intensos debates entre los
accionistas del Banco Mundial y el FMI y en los medios de
comunicación. También puso de relieve el grado en que el Banco y el
Fondo se ven afectados por la profundización de las tensiones entre
Estados Unidos (y el Norte Global en general) y China. Después de un
período de ardiente especulación sobre las implicaciones de la
investigación para la legitimidad del Banco y el Fondo, así como para
el mandato de Georgieva, el comité ejecutivo del FMI emitió una
declaración afirmando su apoyo a la directora gerente el 11 de
octubre.
Gran parte de la cobertura en los medios de comunicación se centró en
la responsabilidad personal del ex presidente del Banco, Kim, y de
Georgieva y en las relaciones supuestamente tensas entre Georgieva y
el actual presidente del Banco, David Malpass. Algunos presentaron el
episodio como evidencia de los esfuerzos de China para expandir su
influencia dentro de las organizaciones internacionales.
Desgraciadamente, muy pocos medios de comunicación del Norte Global,
al tiempo que lamentaban o advertían de los peligros inherentes del
aumento del peso de China en el Banco Mundial, se tomaron el tiempo
para hacer referencia al trabajo de Eric Toussaint del Comité para la
Abolición de la Deuda Ilegítima, y otros académicos, que han
documentado críticamente la hegemonía histórica de Estados Unidos
dentro del sistema multilateral.
Reconociendo que el escándalo del DBR fue solo la “punta del iceberg”
y abogando por una respuesta integral, una carta abierta del 12 de
octubre firmada por 143 organizaciones e individuos de la sociedad
civil, pidió al Banco que abordara urgentemente los problemas
estructurales revelados por el escándalo. La carta exigía la reforma
de las estructuras de gobierno de ambas instituciones, incluido el
acuerdo de caballeros. El documento pedía que se adoptaran medidas
para abordar el déficit interno de rendición de cuentas y el
conflicto de intereses percibido en los préstamos para políticas y la
asistencia técnica, el sesgo ideológico en el asesoramiento y la
condicionalidad en materia de políticas, y la falta de voluntad del
Banco Mundial para comprometerse de manera significativa con el marco
internacional en materia de derechos humanos.
¿Dijimos cancelación? Quisimos decir cambio de etiqueta
Las esperanzas de que el Banco Mundial y el FMI utilizaran el
escándalo de DBR como una oportunidad para abordar las deficiencias
estructurales descritas en la carta de las OSC duraron poco. El 10 de
noviembre, Reuters informó que “el Banco Mundial planea revelar en
aproximadamente dos años un reemplazo para su informe insignia ‘Doing
Business’”. El desarrollo del nuevo DBR se basará en los resultados
de una revisión externa del informe encargado por la economista jefe
del Banco Mundial, Carmen Reinhart, publicado el 20 de septiembre. El
panel hizo varias recomendaciones relacionadas con las críticas de
larga data de la sociedad civil al DBR, incluida la adopción de
indicadores que miden las funciones positivas del gobierno en la
promoción de un buen ambiente empresarial; eliminar las
clasificaciones de los países; poner fin al posible conflicto de
intereses creado por la venta de servicios de consultoría a los
gobiernos destinados a mejorar la puntuación de su país; establecer
un cortafuegos entre la unidad del DBR y otras operaciones del Banco;
y crear una junta externa de revisión permanente.
Según Reuters, Reinhart señaló que “los conceptos clave para el nuevo
producto ... [incluyen] un mandato para una mayor transparencia sobre
la metodología subyacente... y un enfoque menor en la clasificación
de los países”. Reinhart enfatizó que el Banco había instituido
“muchas salvaguardias” durante el año pasado y señaló que el detalle
de los aspectos prácticos será de dominio público”, confiando que “se
mantenga la credibilidad”. Con respecto a la credibilidad, un
artículo de Al Jazeera del 26 de octubre señaló que un segundo
informe de WilmerHale que investiga “posibles irregularidades por
parte del personal actual y anterior del banco, incluida Georgieva”,
se dará a conocer en aproximadamente dos meses al departamento de
recursos humanos del Banco y no a su junta directiva.
El anuncio de la rehabilitación de DBR confirmó los temores de los
grupos de justicia económica y los sindicatos, muchos de los cuales
habían anticipado que el informe se remodelaría sin comprometerse con
las preocupaciones estructurales planteadas por la sociedad civil. A
pesar de las recomendaciones sensatas del panel de expertos, el Banco
no ha abordado preguntas críticas sobre su gobernanza antidemocrática
o el sesgo de desarrollo liderado por el sector privado del DBR.
La falta de voluntad del Banco para abordar críticamente la premisa
del informe de que “lo que es beneficioso para las empresas es bueno
para el desarrollo” ni para evaluar el impacto negativo de las
reformas impulsadas por el DBR, ha sido criticada durante mucho
tiempo (véase el Observador de Invierno de 2019). Como era de
esperar, el anuncio de cancelación del DBR enfatizó: “El Grupo del
Banco Mundial sigue firmemente comprometido a promover el papel del
sector privado en el desarrollo y brindar apoyo a los gobiernos para
diseñar el entorno regulatorio que lo respalde”.
El Doing Business sigue profundamente arraigado en el ADN general del
Banco
Otra evidencia de la dirección del Banco se vio en los comentarios de
Malpass durante las Reuniones Anuales de 2021 con la sociedad civil,
donde destacó que el Banco continuaría analizando y asesorando sobre
las reformas empresariales en el ámbito nacional a través de su
Diagnóstico Sistemático de País. Del mismo modo, la retrospectiva del
Financiamiento de Políticas de Desarrollo (FPD) 2021 del Banco
señala: “Al fomentar un entorno más propicio para el desarrollo del
sector privado, los FPD desempeñan un papel esencial en la
movilización de capital privado y el apoyo al crecimiento liderado
por el sector privado en los países clientes, especialmente crítico
en un contexto de espacio fiscal ajustado”.
La sociedad civil, los sindicatos y los movimientos sociales temen
que el enfoque en el ajuste del espacio fiscal y las alusiones
relacionadas a la ola de austeridad esperada (véase el Observador de
Invierno de 2021) conduzcan a un nuevo impulso para la privatización
de los servicios sociales y el desarrollo en general, incluso
mientras persisten los impactos mundiales de la pandemia. La
continuación de la austeridad ordenada por el FMI fue fuertemente
rechazada por más de 500 organizaciones e individuos que firmaron una
carta abierta a Georgieva antes de las Reuniones Anuales de 2020
(véase el Dispatch Annuals 2020).
El escándalo de DBR plantea dudas sobre la capacidad del Banco para
el aprendizaje y la reforma institucional
La reactivación prevista por el Banco del DBR es consistente con una
tendencia más amplia: En lugar de abordar críticamente las críticas
estructurales fundamentales sobre su enfoque de soluciones de
mercado, simplemente lo está redistribuyendo bajo una encarnación más
financierizada (véase el Observador de Primavera de 2020). Este fue
también el caso con el enfoque “de cascada” del Banco (véase el
Observador de Verano de 2017), desde que pasó a llamarse Maximización
del Financiamiento para el Desarrollo (véase el Observador de
Primavera de 2020), ahora integrado en el enfoque de Desarrollo
Verde, Resiliente e Inclusivo (GRID, por su sigla en inglés) de la
institución (véase el Dispatch Annuals 2021).
El DBR y otros marcos diseñados por el Banco Mundial pueden
vincularse a un fenómeno identificado por la economista política
brasileña Lena Lavinas como la colateralización de la política
social. Observó que “el crédito y la deuda, junto con los nuevos
dispositivos financieros, se están convirtiendo en las piedras
angulares de lo que solían ser los sistemas de protección social”.
Estos erosionan la capacidad estatal, relegando su función a lo que
la economista Daniela Gabor, de Bristol, llama el “estado de
reducción de riesgos” (véase el Observador de Invierno de 2017-2018).
Según el artículo de 2018 de la profesora Linda Labao, de la
Universidad Estatal de Ohio, la reducción del Estado ha resultado en
la reestructuración del contrato social entre los gobiernos, los
ciudadanos y el sector privado, lo que ha “llevado a cambios en la
capacidad estatal y la orientación política que dejan a las
poblaciones desprovistas de los servicios públicos necesarios, el
aumento de la desigualdad entre las áreas geográficas y los grupos
sociodemográficos y efectos políticos como el crecimiento del
populismo de derecha”.
El sociólogo de la Universidad de Johannesburgo Patrick Bond comenta:
“Lo que en última instancia es más importante es que, una y otra vez,
el Banco no solo prepara el escenario para el mimo neoliberal de las
empresas a nivel de políticas, en el Doing Business. Igual de
importante es la práctica real del Banco y la Corporación Financiera
Internacional cuando ‘hacen negocios’... aquí en Sudáfrica, eso
incluye inversiones catastróficas como el préstamo más grande de la
historia del Banco: USD 3.750 millones para la central eléctrica de
carbón Medupi, plagada de sobornos, así como la mina de platino
Marikana y Net1. Estos han equivalido a crímenes impunes llenos de
víctimas, incitados por una mentalidad fomentada por el Doing
Business: desregulador, centrado en las ganancias, alto en carbono,
extractivista y eco-catastrófico, de esquema Ponzi y profundamente
anti-pobre” (véase el Observador de Primavera de 2019).
Las más de 360 organizaciones, sindicatos e individuos que firmaron
una carta abierta en marzo pidiendo al Banco que suspendiera el DBR
(véase el Observador de Otoño de 2020, el de Invierno de 2019; el
Update de Otoño de 2013) deben redoblar los esfuerzos durante los
próximos dos años para impulsar al Banco a enfrentar el iceberg
oculto por el escándalo del DBR. Tal como subrayó Frederic Mousseau,
del Instituto Oakland de Estados Unidos, reflexionando sobre la
declaración conjunta de 2014 de 280 organizaciones de la Our Land Our
Business Campaign, “la sociedad civil mundial está decidida a hacer
que el Banco mantenga el DBR en su tumba, donde ya no pueda hacer
daño”.
bit.ly/DBRScandal

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En este número

- Nuevo acuerdo entre el FMI y Pakistán podría tener un impacto
adverso para las mujeres
Bilquis Tahira
- La nueva estrategia para el clima del FMI busca expandir
radicalmente su trabajo climático, en medio de las preocupaciones
sobre su enfoque
- Alto Maipo: Los daños perduran debido a la falta de una diligencia
adecuada de los BMD
Juan Pablo Orrega
- Crisis de la deuda: ¿Qué pasará cuando expiren las iniciativas del
FMI y el G20?
- Los recargos punitivos del FMI tensan los esfuerzos de respuesta y
recuperación de covid-19

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GÉNERO/análisis

Nuevo acuerdo entre el FMI y Pakistán podría tener un impacto adverso
para las mujeres
Análisis externo de Bilquis Tahira, Shirakat Partnership for
Development

Resumen
- El FMI y Pakistán han llegado a un acuerdo para un nuevo desembolso
de préstamos y Pakistán ha acordado recortes significativos
- Activistas advierten sobre el impacto potencial de los recortes de
gastos en las mujeres y la desigualdad de género

La relación excepcionalmente larga de Pakistán con el FMI abarca casi
siete décadas, con 23 programas de préstamos valorados en USD 38.000
millones. A pesar de esta larga tradición y de que Pakistán sigue la
orientación de expertos y los principios macroeconómicos del FMI, los
objetivos declarados de los programas de impulsar el crecimiento
económico para reducir la pobreza, facilitar la reforma estructural o
contener una crisis económica interna aún están lejos de lograrse.
El actual acuerdo de 39 meses y USD 6.000 millones del Servicio
Ampliado del FMI (SAF), que comenzó en 2019, se suspendió en enero de
2020 porque Pakistán se resistió a las recomendaciones del FMI de
aumentar los precios de la electricidad e imponer impuestos
adicionales (véase el Observador de Invierno de 2020). En marzo el
directorio del FMI completó las revisiones combinadas segunda a
quinta del SAF y aprobó un desembolso de alrededor de USD 500
millones, lo que elevó el crédito emitido a USD 2.000 millones. Sin
embargo, las renegociaciones para un mayor desembolso fracasaron por
desacuerdos sobre las reformas del IVA y la autonomía del Banco
Central. El 21 de noviembre, finalmente, se llegó a un acuerdo para
el desembolso de otros USD 1.000 millones y Pakistán cedió a la
presión del FMI al acordar recortes significativos en el gasto para
los próximos meses.
Tal como pasó con los préstamos anteriores, el acuerdo actual sigue
la agenda neoliberal del FMI. Las condicionalidades impuestas por el
FMI incluyen una amplia gama de medidas de consolidación fiscal,
basadas en la privatización, la desregulación, la reducción de los
subsidios, la limitación del gasto del sector social, así como las
reformas tributarias. En marzo el Gobierno acordó varias medidas de
consolidación fiscal, entre ellas el aumento de los precios de la
electricidad y la mejora de la regulación del sector eléctrico; la
imposición de PKR 140.000 millones (unos USD 791 millones) en
impuestos adicionales y la reforma de la tributación de las empresas,
la autonomía del Banco Central (véase el Observador de Verano de
2021) y una mejor gestión y la privatización de las empresas
públicas.
Las condicionalidades afectan gravemente a las personas vulnerables,
en particular a las mujeres
Seguir la agenda del FMI en el contexto de otros desafíos como el
Covid-19, los desastres naturales, las malas cosechas, los efectos
climáticos en el sector algodonero y la inflación alimentaria y
rural, ha tenido un impacto visible en la población desfavorecida de
Pakistán. La pobreza ha aumentado del 31,3% en 2018 al 39,3% en
2020-2021 según las estimaciones del Banco Mundial, con más de dos
millones de personas que cayeron por debajo del umbral de pobreza
solo en 2020. Del mismo modo, todos los artículos esenciales de
consumo doméstico han experimentado una tendencia al alza en los
precios, lo que ha vuelto a imponer una carga a los pobres y, en
particular, a las mujeres. Por ejemplo, el precio de la harina de
trigo ha aumentado un 39%; la gasolina un 79%; la garrafa de gas -
utilizadas para cocinar y calentar - un 92% y el carbón vegetal entre
un 14% y un 28%. Esto significa que las mujeres pasan más tiempo
recolectando leña y gastan una mayor parte de los ingresos en
artículos esenciales del hogar.
La situación de las mujeres se ha vuelto aún más insostenible.
Pakistán ya está rezagado en materia de igualdad de género a nivel
mundial: Ocupa el tercer peor lugar en el último Índice Global de
Brecha de Género (2021). La participación y las oportunidades
económicas, los logros educativos y la salud y la supervivencia de
las mujeres y las niñas son motivo de gran preocupación. La violencia
de género va en aumento y las condenas son raras. La participación
femenina en la fuerza laboral es una de las más bajas de Asia
Meridional, con un 22%. Aproximadamente el 70% de las mujeres se
encuentra en el sector informal sin protección social. Menos del 2%
de las mujeres adultas poseen una casa o un terreno y las mujeres
reciben sólo el 19% del financiamiento para empresas. Sólo el 11% de
las mujeres tienen cuentas bancarias, en comparación con el 21% de
los hombres. La representación de las mujeres en las pequeñas y
medianas empresas formales es baja: solo el 6% de las empresas son
propiedad de mujeres.
Las políticas del FMI exacerban la desigualdad de género en tiempos
de crisis mundial
Las condicionalidades neoliberales impuestas por el FMI –y aplicadas
por el Gobierno por falta de opciones– exacerban la discriminación
por género. Shirakat recientemente llevó a cabo 20 discusiones de
grupos focales con 118 mujeres en áreas de bajos ingresos de
Islamabad y Rawalpindi. Las mujeres indicaron que, debido al aumento
de los precios del carbón y el gas, deben caminar largas distancias
para recolectar leña. El acceso a la atención médica se ha vuelto
limitado, ya que el aumento del precio de la gasolina ha hecho que
los costos del transporte público sean prohibitivos. Los fuertes
aumentos en las facturas de electricidad han dificultado el uso de la
luz por la noche, por lo que la mayor parte del trabajo remunerado y
no remunerado debe realizarse durante el día. Las niñas están siendo
sacadas de la escuela para que se encarguen las tareas domésticas.
Incluso con un aumento en los salarios mínimos, el costo de vida se
ha vuelto inmanejable debido a la inflación. Según los informes, la
violencia dentro de los hogares ha aumentado a medida que toda la
familia se enfrenta a la presión de llegar a fin de mes.
El 18 de noviembre los parlamentarios aprobaron la Comisión de
Privatización (Proyecto de Ley de Enmienda, 2021) y el Proyecto de
Ley 2021 de la Corporación de Servicios Bancarios (Enmienda) del SBP
(Banco Estatal de Pakistán) en una sesión conjunta del Parlamento. El
impacto de los proyectos de ley se verá a medida que se concrete su
implementación. A la luz de las múltiples crisis que enfrenta
Pakistán, la severidad de las condicionalidades que se le imponen es
altamente inapropiada y ya es hora de que el FMI reconsidere su
enfoque neoliberal para evitar que sus políticas perjudiquen aún más
a los más vulnerables.
bit.ly/PakistanIMF

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MEDIO AMBIENTE/análisis

La falta de financiamiento público y alivio de la deuda en la COP26
socava los objetivos climáticos de los países

Resumen
- Los países ricos no logran alcanzar el objetivo de financiamiento
climático de USD 100 mil millones por año, incluyendo el
financiamiento desembolsado a través de los BMD
- El mecanismo de canjeo de clima por deuda propuesto por el FMI no
se materializa, ya que la crisis de la deuda obstaculiza la capacidad
de los países de financiar planes climáticos
- La condicionalidad climática se avecina para el nuevo Fondo
Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad del FMI, mientras
los críticos advierten sobre las políticas de ‘terapia de choque’
verde en el horizonte

En la 26ª Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Glasgow, en
noviembre, seguían faltando las finanzas públicas que se necesitaban
con urgencia para financiar la acción climática, una situación
agravada por la angustia de la deuda que afecta a muchos países de
ingreso bajo y medio (véase el Observador de invierno de 2020).
Además, los críticos han advertido que las soluciones propuestas por
el Banco Mundial y el FMI a la crisis climática, incluida la
atracción del sector privado, la fijación de precios del carbono y la
austeridad continua, amenazan con socavar aún más la capacidad de los
gobiernos para abordar la crisis.
En la COP26, los países ricos no cumplieron la promesa de 2009 de
movilizar USD 100 mil millones por año en financiamiento climático
para 2020, incluso a través del Banco Mundial y otros bancos
multilaterales de desarrollo (BMD), con una nueva hoja de ruta
publicada por la presidencia de la COP26 del Reino Unido que sugiere
que el objetivo no se cumpliría hasta 2023.
“Todo el marco del [Acuerdo] de París... es potencial y
fundamentalmente defectuoso al basarse en promesas nacionales ... sin
ningún plan de financiamiento”, dijo Avinash Persaud, asesor de la
primera ministra de Barbados, Mia Mottley, al medio de noticias en
línea Climate Home en noviembre. “Tenemos un problema de una escala
de USD 50 billones y estamos utilizando un presupuesto de
ayuntamiento para tratar de abordarlo. Eso no va a funcionar”.
El alivio de la deuda para facilitar la acción climática no se ve por
ninguna parte
La falta de financiamiento climático disponible se está viendo
exacerbada por las crisis de deuda en curso en muchos países, que a
menudo se ven agravadas por los impactos climáticos.
Una nueva investigación realizada por la organización de la sociedad
civil (OSC) británica Jubilee Debt Campaign constató que 34 países de
ingreso bajo gastaron cinco veces más en el pago de la deuda que en
la acción climática en los últimos cinco años, lo que ilustra el
costo de oportunidad de las cargas de la deuda. Los activistas de la
sociedad civil han expresado su preocupación de que los flujos de
financiamiento climático en sí mismos estén aumentando la carga de la
deuda: Según Oxfam, en 2017-2018 solo USD 12.500 millones de los USD
59.500 millones en financiamiento climático proporcionados por los
países ricos fueron en donaciones, en comparación con USD 24.500
millones en préstamos no concesionales.
En abril la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, anunció
que el FMI trabajaría con el Banco Mundial para establecer un
mecanismo de canje de clima por deuda que se lanzaría en la COP26
para mejorar este problema. Sin embargo, Reuters informó a fines de
octubre que el FMI había “abandonado los planes de lanzar una
propuesta conjunta con el Banco Mundial” y estaba “reduciendo su
impulso para que los canjes de deuda por clima se centren en países
sin problemas de deuda importantes”. Esto coincidió con el fracaso
del G20 en el abordaje de la crisis de deuda más amplia en la cumbre
de sus líderes en Roma en octubre (véase el Observador de Invierno de
2021).
Con la falta de liderazgo del Banco, el Fondo y el G20, se dejó a
otros el planteo del tema. A finales de octubre el Grupo de los
Veinte Vulnerables (V20), un bloque de 48 países, pidió que se creara
una opción de reestructuración de la deuda para los países
vulnerables al clima. En una declaración emitida durante la COP26,
243 OSC, incluida la Red Focus on the Global South y Third World,
pidieron la cancelación de la deuda en reconocimiento de la mayor
“deuda climática” que el Norte Global tiene con el Sur Global. Esto
fue repetido por 43 miembros del Parlamento del Reino Unido en una
carta interpartidista enviada a la secretaria de Estado del Reino
Unido para la Foreign Commonwealth and Development Office, Liz Truss,
durante la COP26, que exigió el apoyo del Reino Unido y “esfuerzos
para cancelar la deuda de los países del Sur Global y permitirles
priorizar su respuesta al colapso climático”.
Los críticos advierten sobre la ‘terapia de choque’ verde incluida en
la comercialización de la acción climática
Dado que los países ricos no están dispuestos a movilizar las
finanzas públicas a la escala requerida para abordar la crisis
climática, los críticos desconfían de lo que viene después. Las
discusiones sobre la atracción de inversores privados para la acción
climática dominaron las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI
en octubre (véase el Dispatch Annuals 2021) y esto continuó en la
COP26, a pesar de la enorme desconexión entre la sed de ganancias del
sector privado y la creciente necesidad de alivio de la deuda,
donaciones y formas altamente concesionales de financiamiento
climático.
En una nota para el Financial Times, las profesoras Daniela Gabor de
UWE Bristol e Isabella Weber de la Universidad de Massachusetts
Amherst advirtieron que el incipiente enfoque del FMI sobre el clima
(véase el Observador de Otoño de 2021) podría desempeñar un papel
perjudicial en este sentido. Sobre una nueva estrategia climática del
FMI publicada en julio, señalaron: “En 42 páginas, menciona la
fijación de precios del carbono 23 veces, la política industrial
verde una vez y las inversiones públicas verdes nunca”. Las
profesoras argumentaron que este enfoque, encarnado, entre otras
cosas, por la propuesta del FMI de un piso internacional de fijación
de precios del carbono entre los grandes emisores, recuerda a la
terapia de choque ofrecida por el Fondo en las economías
postsoviéticas en la década de 1990, cuando los inversores privados
disfrutaban del botín, a menudo con consecuencias sociales y
ambientales devastadoras. “La narrativa de los precios suena
inquietantemente familiar: los aumentos del precio del carbono
asignarán recursos, reales y financieros, a los sectores correctos”,
escribieron. “La austeridad macro puede no estar en el discurso, pero
está en el menú: después de casi dos años de expansión monetaria y
fiscal relacionada con la pandemia, hemos vuelto a los llamados a
reducir los fondos públicos”.
La condicionalidad relacionada con el clima del FMI puede formar
parte de esta agenda. Georgieva señaló en la COP26 que el nuevo Fondo
Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS) del FMI
“proporcionará financiamiento a largo plazo en condiciones favorables
a los países vulnerables... para que puedan tener los recursos
financieros necesarios para ser fuertes frente a los choques
climáticos por venir”. El FFRS se financiará mediante la
‘recanalización’ de los derechos especiales de giro del FMI de los
países ricos (véase el Observador de Otoño de 2021; Al interior de
las instituciones, ¿qué son los derechos especiales de giro?), de
acuerdo a lo que Georgieva dijo al Foro de París sobre la Paz, el 11
de noviembre, de que el objetivo “es comenzar con alrededor de USD 30
mil millones, para aumentarlo hasta USD 50 mil millones y más allá”.
Estas cifras empequeñecen los recursos disponibles para el Fondo
Verde del Clima de la CMNUCC (véase el Observador de Primavera de
2019), aunque no está claro cuánta financiación de FFRS estará
relacionada con el clima.
La directora ejecutiva del FMI en el Reino Unido, Shona Riach,
confirmó en un evento el 18 de noviembre que, aunque el diseño del
FFRS todavía se está discutiendo, es casi seguro que desembolsará
préstamos a bajo interés (en lugar de donaciones) y es probable que
se exijan condicionalidades para acceder al financiamiento (véase el
Dispatch Annuals 2021).
En este contexto, la sociedad civil presionará para que el trabajo
climático del Banco y el Fondo se alinee con los imperativos de
justicia económica y climática.
bit.ly/COP26FinanceGoals

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SERVICIOS SOCIALES/noticias

Día de Acción Mundial contra el FMI y el Banco Mundial rechaza agenda
de recuperación empresarial

Sesenta grupos de la sociedad civil de 24 países unieron fuerzas el
15 de octubre para un Día Mundial de Acción contra el FMI y el Banco
Mundial durante las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI de
2021 (véase el Dispatch Annuals 2021). Protestaron contra la agenda
de recuperación de las Instituciones de Bretton Woods (IBW), por
preocupaciones de lavado verde y captura empresarial a través, entre
otras cosas, del marco de Desarrollo Verde, Resiliente e Inclusivo
(GRID, por su sigla en inglés) del Banco Mundial.
El coorganizador IBON International, una red global de la sociedad
civil que trabaja en democracia y desarrollo, escribió que “el GRID
recorre el mismo camino de las asociaciones público-privadas, los
informes Doing Business descontinuados y la Maximización del
Financiamiento para el Desarrollo: todos defienden la captura
empresarial del desarrollo” (véase el Observador de Invierno de 2021,
el de Primavera de 2020, el de Verano de 2019; y el informe The World
Bank's Privatization Push). En el mismo artículo, Beverly Longid,
coordinadora del Movimiento de pueblos indígenas para la
autodeterminación y la liberación, pidió “cambios sistémicos para el
desarrollo centrado en las personas”. El evento también generó
preocupaciones en torno a la creciente carga de la deuda en los
países en desarrollo (véase el Observador de Invierno de 2021), las
condicionalidades de los préstamos, la emergencia climática y la
oposición del Banco a la exención de la propiedad intelectual para
las vacunas contra el Covid-19 (véase el Observador de Primavera de
2021). IBON condenó “la continua promoción por parte del FMI y el GBM
de la monopolización empresarial de vacunas y tecnologías”.
La declaración adjunta del Día de Acción Global destacó el continuo
refuerzo de las IBW de un “régimen neoliberal” que afianza la
explotación, la desigualdad y el despojo en favor de las empresas
multinacionales y sus ganancias. Además, destacó cómo las
condicionalidades de los préstamos imponen una carga indebida a los
países del Sur Global que luchan contra la pandemia, obligándolos a
priorizar los pagos de la deuda y las continuas inversiones
extractivas sobre las prioridades nacionales de desarrollo y el gasto
en salud (véase el Dispatch Springs 2021).
En cambio, IBON y otros organizadores pidieron la cancelación de la
deuda, una vacuna popular de libre disponibilidad y el fin del
“régimen de políticas de privatización, desregulación, liberalización
y desnacionalización”. Los participantes destacaron que una agenda de
desarrollo transformadora y centrada en las personas debe incluir “la
apropiación democrática de las trayectorias económicas actuales y
futuras” y la solidaridad mundial continua con los movimientos de
trabajadores, mujeres, indígenas y pobres.
bit.ly/IBONStatement

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MEDIO AMBIENTE/noticias

El Banco Mundial acusado de “bajo rendimiento persistente” en la
COP26, mientras que los principales accionistas del Banco se
comprometen a la eliminación gradual del financiamiento de
combustibles fósiles

Resumen
- Funcionarios de la ONU y la sociedad civil critican al Banco
Mundial y a otros BMD por falta de ambición en la COP26
- Un grupo de países, que representan el 45% de las acciones con
derecho a voto del BIRF, firman la declaración COP26 en la que se
comprometen a poner fin al financiamiento público de los combustibles
fósiles para fines de 2022

Si bien el Banco Mundial no tomó medidas concretas para introducir
nuevas restricciones a su apoyo a los combustibles fósiles en su Plan
de Acción sobre el Cambio Climático para 2021-25 publicado en junio
(véase el Observador de Verano de 2021), varios de los principales
accionistas del Banco han señalado su intención de impulsar un mayor
progreso en el Banco y otros bancos multilaterales de desarrollo
(BMD) en 2022.
Treinta y nueve países e instituciones financieras firmaron una
declaración sobre el apoyo internacional a la transición hacia una
energía limpia en la 26ª Conferencia de las Partes (COP26) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en
Glasgow en noviembre. La declaración señala: “Pondremos fin al nuevo
apoyo público directo para el sector internacional de la energía de
combustibles fósiles para fines de 2022, excepto en circunstancias
limitadas y claramente definidas que sean consistentes con un límite
de calentamiento de 1,5°C y los objetivos del Acuerdo de París”. El
compromiso se aplica al financiamiento bilateral proporcionado por
los gobiernos signatarios y “además guiará [su] enfoque en las juntas
directivas de los bancos multilaterales de desarrollo”.
Aunque el propio Banco Mundial no firmó la declaración, varios de sus
grandes accionistas, incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia, el
Reino Unido, Canadá e Italia, lo hicieron, así como una serie de
países prestatarios, incluidos Sri Lanka, Zambia, Malí y otros. En
total, los signatarios representan el 45% de las acciones con derecho
a voto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el
brazo de préstamos para países de ingreso medio del Banco, lo que
significa que una proporción significativa de los accionistas del
Banco Mundial ahora apoya el fin del financiamiento público para los
combustibles fósiles, salvo circunstancias excepcionales.
El Banco Mundial se convierte en el abanderado de la inacción
climática de los BMD en la COP26
La declaración de transición hacia la energía limpia siguió a una
decepcionante ‘declaración de ambición’ conjunta de los BMD que se
publicó silenciosamente al comienzo de la COP26, el 1 de noviembre, y
consistió en gran medida en que los multilaterales simplemente
esbozaran los compromisos anunciados anteriormente. En el período
previo a la publicación de la declaración, Nick Mabey, ejecutivo del
grupo de expertos E3G, con sede en el Reino Unido, cuestionó si el
presidente del Banco Mundial, David Malpass, fue directamente
responsable de diluirlo, señalando que “el rumor es que Malpass está
bloqueando personalmente las posiciones más avanzadas de los BMD
sobre el clima” en la COP26.
En una reacción de la sociedad civil a la declaración de los BMD,
publicada el 2 de noviembre, Bronwen Tucker, de la organización
mundial de la sociedad civil Oil Change International, comentó: “Si
bien su compromiso de alineamiento con París fue prometedor en 2017,
después de años de estancamiento, los BMD ahora se interponen en el
camino del Acuerdo de París en lugar de alinearse con él. Pueden
cambiar esto uniéndose a otros países e instituciones para poner fin
a todo el financiamiento a los combustibles fósiles, aumentar mucho
el apoyo al acceso a la energía liderada por la comunidad y la
transición justa y volver a centrar su financiamiento climático para
servir a las comunidades más vulnerables en lugar de a las ganancias
del sector privado”.
La frustración por el fracaso de los BMD para mostrar mucha
apariencia de ambición unida en la COP26 fue expresada por Selwin
Hart, asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas
sobre Acción Climática, quien dijo al Financial Times el 4 de
noviembre que los bancos multilaterales de desarrollo no podían
“continuar haciendo remiendos mientras el mundo en desarrollo arde” y
agregó: “Estoy obligado a señalar al Banco Mundial como un actor de
bajo rendimiento persistente”. Los comentarios de Hart obtuvieron una
reacción considerable y, aparentemente, resultaron en una llamada
entre Malpass y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el
6 de noviembre. Aun así, mientras un candidato de Donald Trump con
una historia de escepticismo climático esté al mando, es difícil
imaginar que el Banco sea algo más que un rezagado climático.
bit.ly/COP26FossilFuels


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GOBERNANZA DE LAS IFI/Noticias

La Oficina de Evaluación Independiente minimiza la promoción de la
austeridad por parte del FMI, mientras que la sociedad civil advierte
sobre nuevos recortes

Resumen
- El nuevo informe de la OEI critica el impacto de los recortes
impuestos por el FMI, pero no considera excesivas las recomendaciones
de austeridad
- La sociedad civil destaca el impacto de la austeridad en la
desigualdad y alerta sobre la inminente ola de recortes

En septiembre la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI
publicó su evaluación Crecimiento y ajuste en los programas
respaldados por el FMI. En el informe, la OEI, cuya función es
realizar evaluaciones de cuestiones relevantes para el Fondo, evaluó
en qué medida los programas del FMI de 2008 a 2019 han apoyado el
crecimiento en los países y consideró si el FMI había ejercido la
mano dura al prescribir políticas de austeridad. Partes del informe
presentaron conclusiones condenatorias.
El FMI presta a través de dos sistemas: la Cuenta General de Recursos
(CGR), que otorga préstamos no concesionales a los países miembros
del FMI, y el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra
la Pobreza (FFCLP), que otorga préstamos en condiciones favorables a
los países de bajo ingreso. La OEI escribió que, “los programas de la
CGR dependían en gran medida de los recortes de gastos para lograr el
ajuste; los esfuerzos por proteger a los grupos vulnerables y de
bajos ingresos a menudo no alcanzan sus objetivos; el gasto en salud
y educación no aumentó significativamente ni en los programas del
FFCLP ni de la CGR”. Pero a pesar de tales evaluaciones, la OEI
finalmente concluyó que “no encuentra evidencia de un sesgo
consistente hacia la austeridad excesiva”, porque consideró que las
medidas de austeridad impuestas no habían tenido efectos negativos en
el crecimiento.
En el informe de la OEI se formularon tres recomendaciones: 1) la
atención a las consecuencias para el crecimiento de los programas del
FMI debería ser más exhaustiva, sistemática y sensible a las
consecuencias sociales y distributivas; 2) los programas deberían
prestar mayor atención al apoyo de las reformas estructurales
orientadas al crecimiento; 3) el Fondo debería crear instrumentos
para analizar la relación entre el ajuste y el crecimiento.
En su respuesta formal, la directora gerente del FMI, Kristalina
Georgieva, declaró que apoyaba las recomendaciones segunda y tercera,
pero restó importancia a la atención que el FMI debería prestar al
crecimiento y a los efectos social-distributivos de sus préstamos,
argumentando que “el crecimiento no puede colocarse por encima ni a
la par con el objetivo central de los préstamos del FMI de ayudar a
los países miembros a resolver sus problemas de balanza de pagos”.
Además, cuestionó la capacidad del Fondo para monitorear las
consecuencias sociales y distributivas, debido a las “posibles
implicaciones presupuestarias” para la institución.
Austeridad excesiva pasada y futura
En una reunión entre la OEI, las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) y el mundo académico, organizada por el Bretton Woods Project,
quedó claro que esta visión ambivalente de la austeridad no era
compartida por la comunidad de justicia económica, que enfatizó
constantemente que si la austeridad es “excesiva”, o no lo es, no
depende solo de su efecto sobre el crecimiento. Rebecca Ray, de la
Universidad de Boston, presentó una investigación que muestra que la
austeridad impuesta por el FMI exacerba la desigualdad y concluyó que
“incluso si los resultados del crecimiento están comenzando a
mejorar, esto no se está reflejando en los niveles de vida y el
bienestar”.
La sociedad civil y el mundo académico están planteando serias
preocupaciones de que la pandemia resulte en una ola de austeridad
promovida por el FMI en los países de ingreso bajo y medio. Un
documento de Isabel Ortiz y Matthew Cummins a principios de este año
advirtió sobre un “shock de austeridad fiscal post-pandemia ... mucho
más prematuro y grave que el que siguió a la crisis financiera
mundial”, y pidió al FMI que “deje de tomar decisiones que afectan la
vida de millones de personas sin la consulta adecuada”. En octubre de
2020 Oxfam demostró que el 84% de los préstamos del FMI durante la
pandemia “alientan y, en algunos casos, exige a países pobres
duramente afectados por las consecuencias económicas de la pandemia
que adopten medidas de austeridad más duras después de la crisis
sanitaria”. Estas evaluaciones llevaron a más de 500 OSC y académicos
a publicar una carta pidiendo al FMI que deje de promover la
austeridad.
Tales advertencias parecen haber caído en oídos sordos. En su Informe
Perspectivas Económicas Regionales de África subsahariana en octubre,
el FMI argumentó que “a pesar de las necesidades de gasto asociadas
con la pandemia, la mayoría de los países tendrán que emprender una
consolidación fiscal para contener las crecientes vulnerabilidades de
la deuda”. En noviembre el FMI declaró su apoyo a las ambiciones del
gobierno de Jamaica de reducir la deuda del 109% al 60% del PIB para
2027-2028, para mejorar “la confianza de los inversores y la
preservación de la estabilidad macroeconómica”.
bit.ly/IEOReport2021

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RENDICIÓN DE CUENTAS/análisis

Alto Maipo: Los daños perduran debido a la falta de una diligencia
adecuada de los BMD
Comentario externo de Juan Pablo Orrega, Ecosistemas

Resumen
- El proyecto Alto Maipo continúa causando daño a comunidades y medio
ambiente
- El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo fracasaron
en su cumplimiento de la diligencia debida
- Los mecanismos de rendición de cuentas independientes no pueden
proporcionar reparación a los daños causados ni sustituir la
diligencia debida adecuada

En 2008, la autoridad ambiental chilena aceptó en su cartera de
evaluación un descabellado proyecto hidroeléctrico de 531 MW, Alto
Maipo (AM), propuesto por subsidiarias de la empresa estadounidense
AES Corp. La evaluación de impacto ambiental (EIA) fue una de las más
deficientes e incompletas que hemos visto en décadas de trabajo de
defensa ambiental.
El proyecto de ‘hilo de agua’ despliega instalaciones en las
cabeceras de las tres subcuencas principales -Colorado, Yeso y
Volcán- de la cuenca del río Maipo, para capturar las aguas de estos
afluentes, conduciéndolas a través de una red de túneles de 75 km
hasta dos centrales eléctricas subterráneas.
Se ignoraron el principio de precaución internacional y el principio
preventivo de la legislación ambiental de Chile. Nos resulta
imposible entender cómo el gobierno autorizó un proyecto que degrada
las cabeceras del río Maipo, poniendo en riesgo el ciclo hidrológico
en toda la cuenca, considerando que abastece de agua potable a 8
millones de personas y riego a 136.000 hectáreas y que la región está
desertificada.
Tan pronto como AM fue anunciado, comenzó una campaña de oposición
(véase el Observador de Otoño de 2013). Los impulsores de AM afirman
que los opositores no pueden demostrar que el proyecto ponga en
riesgo el suministro de agua a la Región Metropolitana de Chile.
Tampoco AES puede probar lo contrario. De ahí la necesidad de aplicar
los principios de precaución y prevención.
Las instituciones financieras internacionales (IFI) son responsables
de financiar proyectos defectuosos
Curiosamente, y a pesar de las llamadas  en contra de su
participación, en octubre de 2013 el brazo del sector privado del
Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI), aprobó
un préstamo de USD 150 millones para el proyecto. La CFI se unió al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la State Overseas
Private Investment Corporation (OPIC, ahora International Development
Corporation) de Estados Unidos, que otorgaron préstamos por USD 200
millones y USD 250 millones, respectivamente. En última instancia, la
CFI y el banco alemán KfW retiraron sus inversiones en el proyecto,
transfiriendo sus participaciones a los bancos comerciales.
En 2017 Ecosistemas, la Coordinadora No Alto Maipo y otros habitantes
de la cuenca, con el apoyo del Center for International Environmental
Law de Estados Unidos, presentaron quejas ante los mecanismos de
reclamaciones del BID y la CFI, el Mecanismo Independiente de
Consulta e Investigación (MICI) y el Defensor del Pueblo (CAO, por
sus siglas en inglés), respectivamente. Sus respuestas tardías fueron
inútiles desde el punto de vista de los afectados por la AM.
Además de estar dominados por el sesgo de la administración hacia los
proyectos ya aprobados por ellos, los mecanismos de reclamaciones de
los BMD son “reactivos”: Aceptan quejas una vez que los daños o
impactos han comenzado a ocurrir (véase el Observador de Verano de
2017). Tanto el CAO como el MICI tardaron 4 años y medio en completar
sus informes, mientras que la AM se estaba construyendo a un ritmo
febril. Esto es inaceptable.
Las comunidades afectadas y el medio ambiente necesitan urgentemente
instituciones proactivas que puedan prevenir daños y garantizar que
los proyectos considerados para su financiación sean sólidos. Deben
tratar de ‘prevenir en lugar de curar’.
El desastroso impacto de Alto Maipo evidencia la falta de diligencia
debida
En este sentido, la respuesta de la gerencia de la CFI al informe del
CAO es sintomática. Un gran error, desde nuestro punto de vista, ya
que afirman que su ‘diligencia debida’ previa a la aprobación del
crédito fue impecable y mencionan reiteradamente a “expertos” que
fueron contratados (a altos costos, sin duda), para este fin. Si este
fuera el caso, ¿cómo se explica la letanía de problemas graves e
imprevistos que enfrenta el proyecto desde el primer día?
AM ha tenido huelgas de trabajadores, conflictos agudos con
contratistas (incluida la renuncia de un contratista europeo
principal que demandó a AM en tribunales internacionales) y un
período crítico de incumplimiento técnico. Ha sido objeto de
constantes reestructuraciones financieras y numerosas exigencias
legales y administrativas. AM proyectó un precio de venta de la
electricidad de USD 120 por MW/h; hoy el precio está en menos de USD
50 por MW/h.
El costo estimado declarado del proyecto se ha más que triplicado de
USD 700 millones a USD 2.500 millones y el tiempo de construcción se
ha más que duplicado, pasando de 5 a 12 años. AM ya está costando el
equivalente a cinco centrales térmicas de ciclo combinado de gas
natural, con menos capacidad que una de ellas.
La afluencia de trabajadores a la región también ha tenido graves
consecuencias. AM declaró que emplearía a 2.050 trabajadores, pero el
número ha llegado a 5.500. El MICI reconoció que no hubo una
evaluación con perspectiva de género del impacto de esta fuerza
laboral mayoritariamente masculina que invadía el campo. Según la
autorización de AM, se suponía que los trabajadores debían permanecer
confinados en campamentos, pero en su lugar se dispersaron por las
ciudades y pueblos locales.
El agua de los acuíferos fracturados, mezclada con sedimentos,
salieron de los túneles en construcción y contaminaron los cursos de
agua. Esto ocurrió a pesar de los argumentos técnicos del EIA de que
esto no iba a suceder. La diligencia debida del EIA y las IFI tampoco
tuvo en cuenta los impactos de la AM en los “usos recreativos,
turísticos y paisajísticos”, el principal activo económico de la zona
en la actualidad. Esto también fue reconocido por el MICI en su
informe.
A pesar de las preocupaciones expresadas por los opositores desde el
principio, no se consideraron los impactos del cambio climático en la
viabilidad del proyecto. El cambio climático está afectando
gravemente a Chile. Los glaciares están desapareciendo y los flujos
de los ríos han estado disminuyendo desde hace décadas.
Ahora AM está buscando la protección del Procedimiento de Bancarrota
del Capítulo 11 en Estados Unidos, declarando una deuda de USD 2 mil
millones, mientras culpa a los cambios en el mercado eléctrico de
Chile y al impacto del cambio climático en los glaciares y los flujos
de los ríos que disminuirán la capacidad de generación de AM.
Se requiere un cambio radical para que el Banco Mundial y otras IFI
cumplan con sus mandatos de desarrollo. En lugar de depender de
mecanismos de rendición de cuentas débiles, deben desarrollar
procesos sólidos de diligencia debida que garanticen que los daños,
como los que actualmente sufren las comunidades y los ecosistemas en
la cuenca del río Maipo, no ocurran nunca.
bit.ly/AltoMaipoMDBs

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FINANZAS/noticias

La sociedad civil frustrada por la falta de participación sustantiva
en el proceso de reposición de la AIF-20

La actual reposición de la Asociación Internacional de Fomento (AIF),
el brazo de préstamos de bajos ingresos del Banco Mundial, será
esencial para el apoyo del Banco a la respuesta a la pandemia en los
países de ingreso bajo. La sociedad civil ha formulado importantes
recomendaciones para la reposición, incluso mediante una declaración
conjunta del 6 de octubre de Eurodad, con sede en Bélgica, Afrodad,
con sede en Zimbabwe, y el Bretton Woods Project. Los sindicatos,
Oxfam y otros también han hecho recomendaciones, incluida la
participación de la sociedad civil (véase el Observador de Verano de
2021).
El 13 de noviembre el Banco Mundial publicó el proyecto de Informe de
los Diputados para el 20º proceso de reposición de la AIF (IDA20) e
invitó a la opinión pública a formular observaciones antes del 26 de
noviembre. El informe final se presentará para su aprobación en la
última reunión de la AIF-20, programada para los días 14 y 15 de
diciembre.
La sociedad civil expresó su frustración por el hecho de que, a pesar
de las importantes sugerencias, pocas de sus propuestas se integraran
en el Informe de los Diputados de la AIF-20. Los ejemplos abundan:
ningún compromiso de la AIF-20 con la atención social universal, un
pequeño enfoque en la desigualdad, la falta de voluntad para
garantizar que el Banco no apoye la privatización de los servicios
esenciales de salud y educación y el posible aumento en el tamaño de
la controvertida Ventana del Sector Privado (véase el Observador de
Otoño de 2021).
La frustración se ha hecho explícita en una próxima declaración de
las OSC que subraya que la adopción de algún lenguaje de la sociedad
civil en ausencia de políticas transformadoras de apoyo es
insuficiente para legitimar el proceso de consulta. Nadia Daar, de
Oxfam International, subrayó: “Abrir el período formal de comentarios
cuando la mayoría de las cosas ya están horneadas no tiene sentido.
Es esencial que la sociedad civil, tanto en los países donantes como
en los países receptores de la AIF, pueda contribuir de manera
significativa al proceso” (véase el Observador de Otoño de 2019).
bit.ly/IDA20PSW

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FINANZAS/noticias

Las tensiones entre Argentina y el FMI aumentan antes de la fecha
límite crucial para el reembolso del préstamo

Las negociaciones entre el FMI y Argentina han entrado en una fase
crucial, ya que el gobierno argentino pidió flexibilidad antes de un
reembolso de USD 2.800 millones en marzo de 2022, parte de un total
de USD 19.000 millones que debe al Fondo el próximo año. El
expresidente Mauricio Macri firmó un acuerdo de USD 57.000 millones
con el FMI en 2018, el más grande en la historia del Fondo (véase el
Observador de Otoño de 2019).
Los obstáculos de la negociación son los recargos (véase el
Observador de Invierno de 2021), la duración del período de reembolso
y el ritmo de los recortes de gastos propuestos. Para aplacar las
tensiones, Argentina está buscando la bendición del FMI para una
nueva estrategia económica nacional antes de llevar el plan al
Senado, controlado por la oposición, en diciembre. Según fuentes
gubernamentales, Argentina tiene esperanzas sobre la aprobación del
FMI si presenta estrategias para mejorar la administración tributaria
y buscar financiamiento de otros prestamistas, como el Banco Mundial.
Sin embargo, el Fondo probablemente esperará recortes sustanciales en
el gasto público, a lo que el gobierno se opone.
Adrian Falco y Lionel Stiglitz, de la organización argentina
Fundación SES, afirman que “Argentina no puede pagar su deuda con el
FMI en 2022. De hecho, el presupuesto enviado al Senado [en
septiembre de 2021] establece que no será posible desarrollar
políticas públicas esenciales si Argentina debe gastar el 4% del PIB
en pagos al FMI”. Agregaron que el FMI “debe pensar en las
necesidades de un país de cuya crisis macroeconómica son parcialmente
responsables”. Voces como la del Financial Times se han hecho eco de
las críticas sobre el “controvertido” préstamo del FMI, señalando que
“se dejaron de lado las preocupaciones sobre hacer un préstamo tan
grande a un país que ya había sido rescatado por el Fondo 21 veces en
seis décadas”.
bit.ly/ArgentinaLoanRepay

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FINANZAS/noticias

Crisis de la deuda: ¿Qué pasará cuando expiren las iniciativas del
FMI y el G20?

Resumen
- El Marco Común para los Tratamientos de la Deuda del G20 será el
único mecanismo multilateral para el alivio de la deuda que quede en
2022
- La participación de los acreedores privados en el alivio de la
deuda ha sido hasta ahora insignificante

En los próximos meses se pondrá fin a dos de los principales
mecanismos multilaterales de alivio de la deuda: La Iniciativa de
Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) del G20, que expira en
diciembre de 2021, y el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de
Catástrofes (FFACC) del FMI, que expirará el 10 de enero de 2022,
aunque el FMI considerará su posible extensión para “un tramo final
del alivio de la deuda” hasta el 13 de abril de 2022, “sujeto a la
disponibilidad de recursos suficientes en el FFACC”.
El ISSD y el FFACC sirven para apoyar a los países con problemas de
pago de la deuda de diferentes maneras. El ISSD suspende el pago de
la deuda pública bilateral con los países del G20. Los países tienen
una pausa en sus pagos de deuda, pero aún deben la misma cantidad que
tendrán que pagar más adelante. El FFACC proporciona a los países
donaciones para ayudarlos a realizar pagos de deuda al FMI
específicamente.
El ISSD, establecido en abril de 2020, ha sido criticado por no
cumplir con las expectativas. Un estudio realizado en octubre por la
organización de la sociedad civil (OSC) británica Jubilee Debt
Campaign (JDC) constató que solo se entregó una cuarta parte de los
USD 35 mil millones de suspensión de deuda anunciada por el G20.
Mientras tanto, se pagaron USD 14.900 millones a los prestamistas
privados, mientras que éstos suspendieron solo el 0,2% de los pagos.
El FFACC proporcionó USD 850,7 millones en alivio del servicio de la
deuda a 29 países elegibles en cuatro tramos, según la última
actualización del FMI, dejando fuera a la mayor parte de América
Latina, donde solo Haití recibió dicho alivio. Nadia Daar, de Oxfam
International, dijo que el FFACC “fue prácticamente el único
mecanismo que efectivamente ‘canceló’ algunos pagos de la deuda de
algunos países. Sin embargo, era muy limitado en tamaño y alcance ...
y, en última instancia, el FMI también se benefició de este esquema,
ya que las donaciones del FFACC solo pueden utilizarse para pagar al
FMI”.
El G20 recurre a un Marco Común profundamente defectuoso
La próxima eliminación del ISSD y el FFACC significa que solo habrá
un mecanismo multilateral activo para el apoyo a la deuda, el Marco
Común para los Tratamientos de la Deuda del G20 (véase el Dispatch
Annuals 2020). Sobre el papel, este marco se creó para abordar la
cuestión más compleja de la reestructuración y la reducción de la
carga de la deuda. Sin embargo, un artículo del Atlantic Council, un
grupo estadounidense de expertos, lo ha calificado de “fracaso
abyecto”, destacando que “tres países, Chad, Etiopía y Zambia, han
buscado alivio de la deuda a través del programa, pero se ha avanzado
poco”. En la mayoría de los casos, simplemente se alentó a los
acreedores a cambiar los términos de pago, lo que la JDC destacó como
“similar al esquema de suspensión actual” y agregó: “Principalmente
patea la pelota hacia adelante, lo que crea un problema de deuda
futuro” (véase el Observador de Invierno de 2020). Un estudio
reciente del PNUD identificó que 72 países con un alto grado de
vulnerabilidad de la deuda, de los cuales 23 tienen alrededor del 65%
del servicio total de la deuda en riesgo, no reúnen las condiciones
para acogerse al Marco Común ni a la ISSD.
Reconociendo algunas de estas preocupaciones en un blog reciente, la
directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y la directora del
Departamento de Estrategia, Políticas y Revisión, Ceyla
Pazarbasioglu, declararon: “Con el endurecimiento del espacio de
políticas para los países altamente endeudados, el [Marco Común]
puede y debe funcionar más rápidamente”, y agregaron que “también es
fundamental que los acreedores del sector privado implementen el
alivio de la deuda en términos comparables”.
El papel de los acreedores privados será sumamente importante para
resolver las crisis. Las OSC exigen que “cancelen la deuda de los
países de ingreso bajo y medio que lo soliciten, para ayudarlos a
responder y recuperarse de la pandemia, y para que participen
plenamente en los procesos internacionales, incluido el Marco Común
del G20, otorgando solicitudes de alivio de la deuda a través de este
proceso” (véase el Dispatch Annuals 2021).
Daar destacó: “La situación es extremadamente grave con la pandemia
que continúa haciendo estragos y la persistente inequidad de las
vacunas. Los países que enfrentan dificultades económicas reanudarán
los pagos de la deuda a los acreedores bilaterales en 2022 y
continuarán pagando a los acreedores privados, que han rehuido
cualquier responsabilidad, y probablemente se verán obligados a una
austeridad severa en los próximos años”.
bit.ly/DebtCrisis2022

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FINANZAS/noticias

Los recargos punitivos del FMI tensan los esfuerzos de respuesta y
recuperación de la Covid-19

Resumen
- La sociedad civil y los economistas piden al FMI que elimine los
recargos poco éticos y perjudiciales para los países en dificultades
de endeudamiento
- Los recargos agotan los fondos que se necesitan con urgencia para
la recuperación de la Covid-19 en 16 países

Con una fecha límite para el pago de USD 2.800 millones que se
avecina en marzo de 2022, la tensa relación entre el FMI y Argentina
ha vuelto a ser el centro de atención, según lo informado por el
Financial Times (véase el Observador de Invierno de 2021). Una de las
cuestiones centrales de desacuerdo son los recargos: tasas de interés
adicionales que el FMI ha estado cobrando desde 1997 por programas de
préstamos que exceden un cierto tamaño o duración del plazo de
reembolso. Un documento reciente del Center for Economic and Policy
Research (CEPR) los calificó de “poco éticos” y “opacos”, estimando
que los pagos de excedentes de Argentina por sí solos suman USD 3.300
millones en el periodo 2018-2023. Una nueva herramienta de datos y
guía de la organización de la sociedad civil (OSC) Eurodad, con sede
en Bélgica, estima que los recargos aumentan los costos de
endeudamiento en un 64% en los países afectados, a los que califica
como “desmesurados”.
Desde 2016 los recargos basados en tamaño de la deuda agregan un 2% a
las tasas de interés sobre el crédito pendiente por encima del 187,5%
de la cuota asignada al FMI de cada país, mientras que los recargos
basados en el tiempo de reembolso agregan un 1% sobre el crédito
pendiente durante 51 meses. Esto significa que se aplican recargos a
los países que están más y más endeudados y durante más tiempo. En
teoría, están destinados a desincentivar a los países a endeudarse
más allá de sus cuotas asignadas al FMI y alentarlos a pagar los
préstamos antes de tiempo, al tiempo que ayudan al FMI a construir
“saldos preventivos”. Sin embargo, el documento del CEPR destaca que
los gobiernos ya tienen muchos otros incentivos para evitar recurrir
al FMI: el estigma asociado y la señalización negativa para los
mercados financieros, la pérdida de soberanía y los posibles impactos
en el bienestar a través de condicionalidades, así como las protestas
de la sociedad civil y sus electorados.
Según un informe de octubre del Global Development Policy Center (GDP
Center) de la Universidad de Boston, los recargos representan
principalmente tarifas de penalización para reforzar los flujos de
efectivo del FMI, mientras los países de ingreso medio (MIC, por su
sigla en inglés) –que carecen de una representación adecuada en la
estructura de gobernanza antidemocrática del FMI– subsidian los
costos operativos del FMI. Los recargos funcionan de manera
procíclica y erosionan la sostenibilidad de la deuda al drenar los
fondos públicos cuando más se necesitan, aumentando la probabilidad
de incumplimiento y socavando el propio mandato del Fondo de
garantizar la estabilidad financiera (véase el Dispatch Annuals
2021). Esto parece particularmente inapropiado dado el colapso
económico sin precedentes provocado por la pandemia de Covid-19, que
el propio FMI ha llamado “una crisis como ninguna otra”, cuando
muchos MIC se encuentran en dificultades imprevistas de deuda y
necesitan urgentemente espacio fiscal para sus respuestas a la
pandemia. El CEPR calculó que Argentina podría vacunar a toda su
población nueve veces con el pago de los recargos, Egipto dos veces y
Ecuador siete veces.
Economistas, la sociedad civil y expertos de la ONU se unen en
llamadas a abolir los recargos
Si bien la difícil situación actual de Argentina está recibiendo la
mayor atención de la prensa, los recargos afectan a unos 16 países y
representan un tercio de los ingresos operativos del Fondo. Se espera
que Egipto pague USD 1.800 millones para 2026 y Ecuador alrededor de
USD 1.000 millones para 2029. Muchos países no son conscientes de que
están pagando estas tarifas, ya que los datos no se publican de
manera transparente. La guía de diciembre de Eurodad presenta por
primera vez los datos sobre los recargos de 14 países.
“Estas políticas son completamente contradictorias y socavan los
propios esfuerzos del FMI en torno a la recuperación de la Covid-19”,
subrayó Shereen Talaat, de la CSO Arab Watch Coalition, preocupada
por las economías tensas de Oriente Medio. “Lo que esperamos en este
momento de crisis mundial es un alivio de la deuda y una reforma para
aliviar la carga sobre los países de ingreso medio, no cargos
adicionales”.
Los llamamientos de las OSC, los gobiernos y los expertos para abolir
los recargos hasta ahora no han sido escuchados. En una carta abierta
de mayo, los expertos independientes actuales y anteriores de la ONU,
junto con las OSC, señalaron que los recargos violan los derechos
humanos internacionales, ya que su “principal impacto es el castigo a
los países pobres” (véase el Observador de Verano de 2021). El
comunicado del G24 en las Reuniones Anuales de este año instó al
Fondo a “corregir el carácter regresivo y procíclico de la Política
de Recargos” (véase el Dispatch Annuals 2021). En el informe del GDP
Center, Joseph Stiglitz y Kevin Gallagher enfatizaron que “el FMI no
debería estar en el negocio de obtener ganancias de los países en una
situación desesperada” y sugirieron que el Fondo debería
conceptualizarse como una “cooperativa” donde los costos operativos
son asumidos por los países que tienen un desempeño relativamente
mejor. Daniel Munevar, de Eurodad, argumentó: “este sistema de
tarifas punitivas debe suspenderse de inmediato y eventualmente
eliminarse”.
bit.ly/Surcharges2021

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FINANZAS/noticias

El FMI toma medidas para controlar las políticas de criptomonedas

El FMI, que no es ajeno a las críticas, se está encontrando con
nuevos adversarios: los defensores de las criptomonedas. En su
reciente Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial (GFSR, por
su sigla en inglés), publicado en octubre, el FMI citó las
criptomonedas como uno de los tres principales desafíos para la
estabilidad financiera mundial (junto con el Covid-19 y el cambio
climático), proponiendo una serie de políticas para mitigar la
amenaza. Los blogs del FMI en octubre y julio también enfatizaron las
preocupaciones de la institución por las criptomonedas.
El Salvador llegó a los titulares a principios de este año cuando se
convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda
nacional. En respuesta, el FMI advirtió que “dada la alta volatilidad
de los precios del Bitcoin, su uso como moneda de curso legal implica
un riesgo significativo para la protección del consumidor, la
integridad y la estabilidad financiera”.
Los defensores de las criptomonedas, incluida la Human Rights
Foundation, ven la tecnología como una herramienta con el potencial
de descentralizar el poder lejos de los centros financieros mundiales
y los gobiernos corruptos y algunos se han opuesto a las llamadas del
FMI al control. Un artículo publicado por Nasdaq en octubre argumentó
que “el FMI odia al Bitcoin porque su protocolo descentralizado y su
política monetaria programática desafían el control que el Fondo
quiere implementar”.
Ya sea que los críticos del Fondo tengan razón o no, las
criptomonedas serán un espacio de creciente intervención del FMI en
las economías nacionales en los próximos años. Los expertos han
argumentado, por ejemplo, que el enfoque de El Salvador hacia las
criptomonedas podría afectar sus posibilidades de obtener un préstamo
del FMI. También existe la preocupación de que las intervenciones del
FMI en criptomonedas se utilicen para promover sus políticas
tradicionales. En el GFSR, por ejemplo, el FMI advirtió que para
evitar la “criptoización” de las economías, los países deben
“fortalecer la credibilidad de la política monetaria, salvaguardar la
independencia de los bancos centrales y mantener una posición fiscal
sólida”.
bit.ly/CryptoSalvador

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CONDICIONALIDAD/noticias

¿Se alineará el asesoramiento del FMI en materia de políticas con la
nueva Declaración de la UNESCO sobre el financiamiento de la
educación?

Una nueva declaración de la UNESCO acordada en noviembre pidió a los
países que “recauden más ingresos para aumentar los presupuestos de
educación, en particular a través de medidas que fortalezcan el
diseño y la equidad del sistema tributario”. También presionó a los
gobiernos para que implementen compromisos previos para “asignar al
menos el 4%-6% del PIB y/o al menos el 15%-20% del gasto público
total a la educación”.
Es probable que tales esfuerzos se vean frustrados por las
condiciones del FMI que requerirían que los ministros de finanzas
vuelvan a imponer la austeridad (véase el Dispatch Springs 2021). Tal
como argumentaron Isabel Ortiz y Mathew Cummins en la Global
Austerity Alert de abril, ahora se prevé un rápido retorno a la
austeridad, incluidas las restricciones de la masa salarial del
sector público, para el 85% por ciento de la población mundial, que
afecta a 159 países (véase el Observador de Otoño de 2020).
Al analizar los préstamos del FMI de los últimos cinco años en 15
países, el informe de octubre de ActionAid International demostró que
el asesoramiento a medio plazo del FMI dio como resultado que estos
países cayeran por debajo del promedio mundial del gasto en masa
salarial del sector público (véase el Observador de Otoño de 2021). A
pesar de las afirmaciones del FMI de que los recortes deberían ir
acompañados de acciones para expandir los ingresos fiscales, incluso
a los pocos países que lo hicieron se les aconsejó que redujeran el
gasto en masa salarial del sector público.
David Archer, de ActionAid International, dijo: “Para hacer una
diferencia real, los activistas de la educación tendrán que llamar la
atención sobre las graves contradicciones entre su aspiración de
gastar más y las políticas de austeridad del FMI ... Necesitan
entablar un diálogo sistemático con el FMI sobre cómo sus políticas
generales tienen consecuencias no deseadas en el gasto en educación y
ese diálogo debe replicarse con los ministerios de finanzas de todos
los países”.
bit.ly/EduFinance

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El Bretton Woods Project es un proyecto organizado por ActionAid,
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una
red de ONG del Reino Unido, la c.S. Mott Foundation, la William and
Flora
Hewlett Foundation y el The Rockefeller Brothers Fund.

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ISSN 2053-7522
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