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Observador de Primavera de 2022 de Bretton Woods
Un examen crítico trimestral de la evolución de la situación en el
Banco Mundial y el FMI

Publicado por el BRETTON WOODS PROJECT
Trabajando con ONG e investigadores para monitorear el Banco Mundial
y el FMI

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1. La estrategia de género del FMI: ¿Producirá un cambio real en los
derechos de las mujeres?
2. El Bretton Woods Project da la bienvenida al nuevo personal del
proyecto de género
3. Nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad
(FFRS) del FMI: cómo hacer que funcione para el Sur Global
4. Examen del control de capital del FMI: Una oportunidad perdida
para apoyar una recuperación y estabilidad justas
5. El proyecto del Banco Mundial, de vuelta bajo la etiqueta de
programa de Mejora del Ambiente de Negocios, hace poco para abordar
las fallas sustanciales del Informe Doing Business
6. El Banco Mundial anuncia su apoyo a CCUS en Nigeria a pesar de las
críticas de que refuerza la dependencia de los combustibles fósiles
7. El programa del FMI en Pakistán socava el desarrollo de la energía
renovable
8. Crecen los llamamientos para el alivio de la deuda de Ucrania a
medida que el FMI y el Banco Mundial otorgan nuevos préstamos en
medio de la crisis
9. La sociedad civil elogia la desinversión de la CFI en el proveedor
de educación con fines de lucro Bridge International Academies
10. Finaliza la ineficaz Iniciativa de Suspensión del Servicio de la
Deuda del G20 mientras el mundo enfrenta la peor crisis de deuda en
décadas
11. Sociedad civil argentina denuncia que el nuevo acuerdo con el FMI
es ilegítimo
12. Informe vincula inversiones de la CFI con abusos contra los
derechos humanos de los uigures y otras minorías en China
13. Campaña de la sociedad civil insta al FMI a dejar de usar
recargos punitivos

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GÉNERO/análisis

La estrategia de género del FMI: ¿Producirá un cambio real en los
derechos de las mujeres?

RESUMEN
- La nueva estrategia de género del FMI esboza la visión de
incorporar la perspectiva de género a los préstamos, la supervisión y
la asistencia técnica
- La declaración de las OSC pide un análisis más profundo de los
efectos de las políticas respaldadas por el FMI en los derechos de
las mujeres y un compromiso de buscar alternativas.

La sociedad civil y los expertos de la ONU insisten en alejarse
urgentemente de la consolidación fiscal que no tiene en cuenta el
género a medida que se avecina una ola de austeridad
Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del Covid-19 han
revertido los avances en los derechos de las mujeres durante varias
décadas, según lo informado por la ONU, la sociedad civil y los
medios de comunicación, mientras que el Foro Económico Mundial
declaró que “otra generación de mujeres tendrá que esperar la paridad
de género”, ya que cerrar la brecha mundial de género se ha alejado
otros 35 años. Mientras tanto, una nueva ola de políticas de
austeridad respaldadas por el FMI amenaza con desarmar aun más los
avances, ya que el poder y la influencia del FMI han aumentado
durante la crisis.
En este contexto, el FMI está desarrollando su primera estrategia de
género, bajo el liderazgo de la recientemente nombrada asesora
superior en cuestiones de género, Ratna Sahay (véase el Observador de
Verano de 2021), con la ambición de integrar una perspectiva de
género en las operaciones básicas de préstamo, supervisión y
asistencia técnica del FMI. Una declaración conjunta del 23 de marzo
de la sociedad civil y las organizaciones de derechos de las mujeres
expuso las principales demandas políticas para la estrategia,
pidiendo al Fondo que evalúe críticamente el impacto de género de su
asesoramiento convencional en materia de política fiscal, monetaria,
estructural y del mercado laboral y que revise su paradigma
macroeconómico.
La igualdad de género es buena para la economía, sin embargo, ¿lo
contrario también es cierto?
Tras una carta abierta firmada por casi 100 organizaciones de la
sociedad civil (OSC) en la que se pedía al directorio ejecutivo del
FMI que apoyara una consulta significativa sobre el desarrollo de la
estrategia, el FMI abrió una consulta pública en línea el 10 de
febrero y publicó una nota conceptual resumiendo sus aspiraciones. La
nota reflejaba algunas demandas pasadas de la sociedad civil, aunque
seguían existiendo brechas críticas. Por ejemplo, los impactos de la
austeridad fiscal, los impuestos regresivos y la flexibilización
laboral en la feminización de la pobreza han sido destacados por el
movimiento por los derechos de las mujeres y las economistas
feministas durante décadas. Muchos piden evaluaciones sistemáticas
del impacto de género de las reformas macroeconómicas promovidas por
el FMI, en línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas
de 2019 (véase el Observador de Primavera de 2019) y las obligaciones
en materia de derechos humanos de los países. El FMI comenzó a
considerar el género como una condición macrocrítica hace una década,
concentrando sus proyectos de investigación y políticas en los
beneficios económicos de la equidad de género, al tiempo que
rechazaba un mandato en materia de derechos humanos.
La nota conceptual reconoce que “el FMI llega tarde al campo del
género” y enfatiza la necesidad urgente de que el FMI aborde
consistentemente las disparidades de género y evalúe “cómo los shocks
y las políticas macroeconómicas y financieras afectan a hombres y
mujeres de manera diferente”. Se perfeccionarán los modelos
analíticos, que antes carecían de complejidad, para predecir los
efectos específicos de género de las reformas macroeconómicas, y se
ampliará la colaboración con expertos, incluidos el mundo académico y
la sociedad civil, en consonancia con las recomendaciones de la
Oficina de Evaluación Independiente del FMI. Lo que es más
importante, la nota conceptual se hace eco de una nota de orientación
del personal técnico del FMI de 2018 sobre la operacionalización del
género, en la que se destacó que, como mínimo, el asesoramiento en
materia de políticas del FMI no debería exacerbar las disparidades de
género (véase el Observador de Verano de 2021; Informe, El FMI y la
igualdad de género: Poner en práctica el cambio).
A pesar de estas afirmaciones, se arrojó poca luz sobre los efectos
de las políticas macroeconómicas respaldadas por el FMI sobre la
desigualdad de género, las tasas de pobreza de las mujeres, la carga
de los cuidados y la capacidad de acceder a un trabajo digno, o sobre
las intenciones del FMI de medirlos y abordarlos. Sin este análisis,
el FMI corre el riesgo de socavar incluso sus propios objetivos
estrechos de promover el crecimiento a través del empoderamiento
económico de las mujeres, ya que las reformas destinadas a reforzar
la productividad de las mujeres pueden verse contrarrestadas por
otras políticas insensibles al género.
En cambio, la nota afirmó la ambición del FMI de ampliar su
asesoramiento en materia de políticas a nivel de país y las
condicionalidades de los préstamos, lo que empuja a los países
miembros a cerrar las brechas de género, las que se considera afectan
el entorno macroeconómico. Esto podría significar que el FMI asuma un
nuevo papel como órgano mundial de expertos en cuestiones de género
en la política macroeconómica, un hecho altamente problemático sin un
examen mucho más serio de los efectos de género de otras políticas
promovidas por el FMI, como su enfoque continuo en la consolidación
fiscal, el crecimiento impulsado por las exportaciones, los flujos de
capital liberalizados, la independencia del banco central y la
profundización financiera. La austeridad afectará a 6.600 millones de
personas en 154 países en 2022 (véase el Observador de Otoño 2020),
mientras que “la suposición implícita de estas políticas insensibles
al género es que las mujeres absorberán el impacto de los recortes
fiscales”, según Bhumika Muchhala de la OSC malasia Red del Tercer
Mundo. Una carta del 2 de marzo de cuatro relatores especiales y
expertos independientes de la ONU sobre la deuda, el desarrollo y los
derechos humanos destacó que “agregar una estrategia de género a una
serie de otras estrategias y un sistema operativo insensibles al
género no ayudará a abordar las necesidades de las mujeres y las
niñas ni pondrá fin a los impulsores sistémicos de su desventaja y
explotación”.
Lo que significa en la práctica un compromiso de ‘no hacer daño’
Las declaraciones tanto de los expertos de la ONU como de la sociedad
civil pidieron al FMI que establezca un marco institucional
comprometido a buscar una “combinación de políticas alternativas” que
defienda los derechos económicos y sociales de las mujeres desde el
principio. La profesora Diane Elson, de la Universidad de Essex,
destacó que “debería ser obligatorio que todas las condiciones de los
préstamos estén sujetas a una evaluación de impacto de género ex
ante. Cuando esto revele un probable impacto adverso en la igualdad
de género, las condiciones del préstamo deben revisarse”. En última
instancia, esto debería dar lugar a un examen más fundamental del
marco de políticas del FMI para promover sistemáticamente políticas
alternativas que mantengan las condiciones propicias y el espacio
fiscal necesarios para abordar la desigualdad estructural. “El gasto
público no debe verse como ‘consumo’ sino como ‘inversión’ en los
bienes públicos necesarios para los derechos humanos de las mujeres,
como la salud, la educación y la protección social”, explicó
Muchhala.
La continua falta de recursos comprometidos en el presupuesto
operacional del FMI para ampliar significativamente su análisis
interseccional de género y la necesaria capacidad de personal siguen
siendo un cuello de botella clave. El género fue claramente no
prioritario en el programa de trabajo más reciente del FMI, el
presupuesto de mediano plazo para 2022-2024 y el Revisión Integral de
la Supervisión para 2021 (véase el Observador de Verano de 2021).
Dadas estas limitaciones, será crucial un compromiso significativo y
proactivo con el vasto cuerpo de conocimientos especializados
existentes y la experiencia vivida de los grupos de derechos de las
mujeres y de la sociedad civil, así como con el conocimiento
académico de las economistas feministas. “Dado que el FMI está
llegando ‘tarde al juego’ por su propia admisión, es aun más crítico
que se pongan al día con los extensos análisis de las economistas
feministas que ya han hecho el trabajo”, enfatizó Pryanthi Fernando,
directora ejecutiva de International Women's Rights Action Watch
(IWRAW) Asia Pacific. Deben formalizarse las asociaciones con otras
organizaciones de expertos, para documentar los objetivos compartidos
y la delimitación de los mandatos, y el FMI debe desarrollar de
manera participativa una política de compromiso con la sociedad
civil.
Si bien la estrategia se publicará en la primavera de 2022, la
sociedad civil seguirá de cerca su implementación y continuará
pidiendo cuentas al FMI sobre los derechos de las mujeres.
bit.ly/IMFGender

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En este número

- Nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad
(FFRS) del FMI: cómo hacer que funcione para el Sur Global -
Tirivangani Mutazu
- El proyecto del Banco Mundial, de vuelta bajo la etiqueta de
programa de Mejora del Ambiente de Negocios, hace poco para abordar
las fallas sustanciales del Informe Doing Business
- El Banco Mundial anuncia su apoyo a CCUS en Nigeria a pesar de las
críticas de que refuerza la dependencia de los combustibles fósiles
- El programa del FMI en Pakistán socava el desarrollo de la energía
renovable - Zain Moulvi

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GÉNERO/noticias

El Bretton Woods Project da la bienvenida al nuevo personal del
proyecto de género

El BWP se complace en dar la bienvenida a Friederike Strub como
nuestra líder de igualdad de género y macroeconomía y a Amy McShane
como oficial de proyectos de género.
Trabajando juntas en el proyecto de Igualdad de Género y
Macroeconomía (GEM) del BWP, Friederike y Amy liderarán la carga para
desafiar las formas en que las políticas macroeconómicas que
actualmente promueven el Banco Mundial y el FMI socavan la igualdad
de género.
Friederike anteriormente dirigió la investigación y el diseño de
estrategias sobre el empoderamiento económico de las mujeres, la
violencia de género y las normas sociales como especialista experta
en género en la consultora MarketShare Associates, además de servir
como analista legal para La mujer, la empresa y el derecho, en el
Banco Mundial. Como consultora de Oxfam America, desarrolló una
estrategia de programación mundial sobre el empoderamiento económico
de las mujeres y asesoró, sobre la estrategia de cabildeo, a la
Coalition on Women’s Economic Empowerment and Equality de Estados
Unidos. Friederike tiene una maestría en Políticas Públicas de la
Harvard Kennedy School y una licenciatura en ciencias políticas de la
Universidad de Konstanz.
Antes de unirse al BWP, Amy administró una cartera de financiamiento
de organizaciones de base de Violencia contra Mujeres y Niñas (VCMN),
además de liderar iniciativas de Monitoreo y Evaluación (MEL, por su
sigla en inglés) para dos cohortes especializados como asociada
experta en Comic Relief, una organización benéfica internacional
británica. Como periodista a tiempo parcial durante varios años, Amy
es una hábil narradora y comunicadora. Amy tiene una maestría en
Globalización y Desarrollo de la School of Oriental & African Studies
(SOAS), donde se centró en la crítica poscolonial del discurso del
desarrollo hegemónico, y una maestría en Política y Sociología de la
Universidad de Glasgow.
bit.ly/BWPStaff

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FINANZAS/análisis

Nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS)
del FMI: cómo hacer que funcione para el Sur Global
Análisis externo de Tirivangani Mutazu, AFRODAD

Resumen
- Se da la bienvenida a la creación de un nuevo Fondo Fiduciario para
la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS) administrado por el FMI,
sin embargo, deben resolverse sus deficiencias de diseño
- El propósito del FFRS debe ser apoyar a los países de ingreso bajo
y medio vulnerables para que se recuperen de la pandemia y aborden
los desafíos estructurales económicos y relacionados con el clima.
- El diseño de FFRS debe estar alineado con los principios de las OSC
para una canalización justa y transparente de los DEG

En agosto de 2021 el FMI emitió la mayor asignación de Derechos
Especiales de Giro (DEG) de la historia: alrededor de 456.000
millones de DEG, el equivalente a USD 650.000 millones. Los DEG son
un activo de reserva internacional, creado por el FMI en 1969 para
complementar las reservas oficiales de sus países miembros (véase Al
interior de las instituciones, ¿Qué son los derechos especiales de
giro?). Estos sirven como unidad de cuenta del FMI (véase el
Observador de Otoño de 2021).
Aunque los USD 650.000 millones no alcanzaron la asignación de USD 3
billones por los que abogaron las redes mundiales de deuda en febrero
de 2021, los DEG han ayudado en gran medida a los países de ingreso
bajo y medio a financiar su recuperación económica de los impactos
económicos, sanitarios y sociales producidos por la Covid-19. Muchos
países de África, como Ghana, Malawi y Senegal, han podido utilizar
sus asignaciones de DEG para financiar programas para enfrentar el
Covid-19, adquirir vacunas, abastecer sus reservas de divisas y
apoyar a sus sectores económicos productivos.
Sin embargo, los DEG se distribuyen en proporción a la participación
de los países miembros en las cuotas del FMI (véase Al interior de
las instituciones, La toma de decisiones y la gobernanza del FMI y el
Banco Mundial). Utilizando este sistema desigual, los países del G20
recibieron el 70% de los DEG, mientras que los países en desarrollo,
que necesitaban urgentemente liquidez, recibieron sólo el 30%. La
región de África recibió solo USD 32.300 millones de la asignación de
USD 650.000 millones. Esta situación grotesca es la razón por la que
el Sur Global continúa pidiendo una reforma del FMI, especialmente
del sistema de cuotas y las reglas de reparto de DEG desiguales
(Dispatch Annuals 2021).
Las propuestas de ‘canalización’ de los DEG requieren un enfoque
equitativo
En octubre de 2021 el G20 se comprometió a ‘canalizar’ USD 100.000
millones de sus DEG a países de ingreso bajo, pequeños estados
insulares en desarrollo y países de ingreso medio vulnerables al
clima. Las propuestas actuales de canalización incluyen el Fondo
Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP)
del FMI, su nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la
Sostenibilidad (FFRS) propuesto, los bancos multilaterales de
desarrollo (BMD) y los acuerdos bilaterales, en los que los países
ricos prestarán sus DEG directamente a otros países.
La creación del nuevo FFRS administrado por el FMI es recibida con
beneplácito, pero sus deficiencias de diseño socavan su propósito
principal. El FMI ha hecho público que se espera que el FFRS esté
operativo antes de finales de 2022, con un capital inicial propuesto
de USD 50.000 millones, aunque el hecho de que Estados Unidos no
apruebe la reasignación de sus DEG en un proyecto de ley de gastos
para este ejercicio fiscal genera dudas sobre el cumplimiento de este
objetivo. A pesar del apoyo de muchos países ricos, el FFRS no es una
solución adecuada para la canalización de DEG y sus características
propuestas son problemáticas para los ciudadanos del Sur Global.
Los actuales debates opacos sobre el diseño y la puesta en práctica
entre los países contribuyentes al FFRS y el FMI, que se han
caracterizado por la falta de consultas con la sociedad civil, no
inspiran confianza de que los países necesitados se beneficien de los
DEG canalizados. Los países más ricos están buscando un mecanismo que
preserve el valor de los activos de sus DEG prestados.
El diseño del FFRS socava el principio de apropiación nacional debido
a su enfoque en las reformas estructurales, la condicionalidad y el
cambio climático, interfiriendo en la formulación de políticas de los
países. Las condiciones de elegibilidad propuestas del FFRS para
calificar para el apoyo también son problemáticas. Estas incluyen un
paquete de políticas que refleje los objetivos del FFRS, un programa
existente del FMI y un perfil de deuda sostenible que sea adecuado
para pagar al Fondo. Las características de diseño propuestas del
FFRS son incompatibles con el apoyo a una recuperación sostenible y
equitativa y no se alinean con los principios de las organizaciones
de la sociedad civil (OSC) para una canalización justa y transparente
de los DEG.
Para un nuevo FFRS efectivo e impactante, la sociedad civil y los
grupos ambientalistas hacen las siguientes demandas:
* El propósito del FFRS debe ser apoyar a los países de ingreso bajo
y medio vulnerables para que se recuperen de la pandemia y aborden
los desafíos estructurales económicos y relacionados con el clima.
* El diseño del FFRS debe priorizar y equilibrar las necesidades de
los países prestatarios y los contribuyentes de los DEG. Las demandas
y las voces de los países de ingreso bajo y medio vulnerables deben
informar el diseño final del FFRS.
* El diseño del FFRS debe alinearse con las propias prioridades de
los países prestatarios, en lugar de crear nuevos tipos de
condicionalidad liderada por el Norte.
* El diseño del FFRS debe basarse en consultas inclusivas y profundas
con la sociedad civil mundial.
* El FFRS no debería ser un instrumento para aplicar duras políticas
de austeridad a expensas de los servicios sociales en los países
prestatarios.
* La financiación del FFRS no debe poner en peligro la sostenibilidad
de la deuda y debe proporcionar financiamiento libre de deuda, sin
condicionalidad política.
* El FFRS debe ser accesible para los países de ingreso medio, contar
con salvaguardias de transparencia y rendición de cuentas, garantizar
que las contribuciones de los DEG sean adicionales a los compromisos
existentes en materia de AOD y financiamiento climático y
proporcionar subvenciones que promuevan la justicia climática y
aborden la desigualdad económica y de género.
* Todos los países vulnerables deberían recibir apoyo en el marco del
FFRS y esto no debe depender de contar con otro programa respaldado
por el FMI.
El FFRS debe ser parte de reformas más amplias de la arquitectura
financiera internacional
El debate sobre la canalización de los DEG refleja mecanismos
financieros mundiales injustos, especialmente en tiempos de crisis.
Ningún nuevo instrumento financiero tendrá éxito hasta que se reforme
la actual arquitectura financiera y la deuda mundial. Los países
africanos se enfrentan a riesgos de crisis de deuda recurrentes en
medio de una fuerte resistencia de los acreedores, especialmente de
los acreedores privados, a un nuevo mecanismo independiente de
reestructuración de la deuda. La comunidad internacional debe abordar
los flujos financieros ilícitos y apoyar iniciativas que estimulen la
movilización de recursos nacionales para permitir una lucha exitosa
contra la pandemia.
La declaración de resultados inaugural de la Conferencia Africana
sobre la Deuda y el Desarrollo de AFRODAD 2021, conocida como la
Declaración de Harare, pidió “reformar la arquitectura de la deuda
mundial de una manera que iguale los procesos de contracción de los
préstamos, incluida la reforma de los marcos de sostenibilidad de la
deuda y la evaluación de las calificaciones crediticias, y el
establecimiento de un Mecanismo Africano de Rendición de Cuentas que
actuará como base para una mejora en la transparencia, la rendición
de cuentas y la gobernanza de la arquitectura de la deuda de África”.
Por lo tanto, el diseño y la operativa del FFRS debe centrarse en las
personas, lo que requerirá un abandono de otros instrumentos de
financiamiento del FMI existentes.
bit.ly/RSTGlobalSouth

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FINANZAS/noticias

Examen del control de capital del FMI: Una oportunidad perdida para
apoyar una recuperación y estabilidad justas

Resumen
- El directorio ejecutivo del FMI lleva a cabo un examen de la visión
institucional del FMI sobre los controles de capital
- El examen es criticado por ser tímido en reconocer el control de
las entradas y salidas de capital como componente clave del conjunto
de herramientas macroeconómicas para aumentar la autonomía de las
políticas

El 30 de marzo, el FMI publicó los resultados del examen del
directorio ejecutivo de su Visión Institucional (VI) sobre la
Liberalización y Gestión de los Flujos de Capital. El examen era
esperado con impaciencia por los responsables de la formulación de
políticas, los académicos y la sociedad civil, ya que se esperaba que
reflejara la evidencia disponible y reconociera que la regulación de
los flujos de capital debería ser una parte esencial y permanente del
conjunto de herramientas de política macroeconómica de los Estados y,
por lo tanto, un cambio de ruta importante respecto de sus
predecesores (véase el Observador de Invierno de 2021). El examen
revisó la visión institucional de 2012, que en ese momento fue
inmediatamente criticada por el ministro de Finanzas brasileño, Guido
Mantega, quien se quejó de que “la experiencia ha demostrado que el
libre flujo de capital no es necesariamente la opción preferible en
todas las circunstancias” (véanse los Update 83 y 80). Una evaluación
realizada en septiembre de 2020 por la Oficina de Evaluación
Independiente (OEI) del FMI, IMF Advice on Capital Controls se hizo
eco de algunas de estas preocupaciones (véase el Observador de
Primavera de 2021). Si bien tomó nota de algunos avances, destacó que
el asesoramiento del FMI sobre los flujos de capital seguía siendo
excesivamente restrictivo. De manera crucial, la OEI sugirió que una
visión institucional revisada debería permitir un uso preventivo y
más duradero de las medidas sobre el flujo de capital (MFC).
El examen decepciona, ya que conserva la mayor parte del marco de
políticas anterior
El profesor Kevin Gallagher, de la Universidad de Boston, si bien
acogió con beneplácito el reconocimiento de la nueva visión de que
las regulaciones de entrada deberían estar en vigor y ser
preventivas, lamentó que mantuviera muchas de las deficiencias de su
predecesor. Hizo hincapié en que la nueva visión no dice nada sobre
la necesidad de regular los flujos de capital “para evitar que la
fuga masiva de capitales sigue siendo preocupante” (véase el
Observador de Primavera de 2022). Del mismo modo, señaló que el
examen no abordó “los aspectos multilaterales de los MFC, como la
necesidad de regular los flujos de capital en ‘ambos extremos’, es
decir, también en los países de origen, ni la necesidad de conciliar
el asesoramiento del FMI con los miles de acuerdos comerciales y de
inversión que no solo hacen que los MFC sean procesables, sino que
pueden desencadenar pagos masivos a los inversores privados”.
Finalmente, advirtió que sigue habiendo una “necesidad real de
mejorar la implementación de la visión institucional existente y
nueva. La evidencia muestra que se le dio un tratamiento desigual en
los primeros 10 años”.
La opinión actual no respondió al llamado a un cambio en la visión
institucional del FMI hecho conjuntamente por el profesor Gallagher y
el profesor de la Universidad de Columbia Joseph Stiglitz en un
artículo del 7 de marzo en Project Syndicate, en el que recomendaron
que el directorio ejecutivo del FMI impulsara cuatro reformas a la
política de cuentas de capital del Fondo: Asesorar a los países para
que promulguen regulaciones permanentes que permitan el desarrollo
rápido de MFC durante oleadas y paradas repentinas; recomendar que
los MFC formen parte de un enfoque múltiple; apoyar las reformas de
los tratados de comercio e inversión para otorgar a los países de
mercados emergentes y en desarrollo más autonomía para utilizar MFC;
garantizar que el personal esté capacitado para aplicar nuevas
políticas.
Daniela Prates, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, estuvo de acuerdo con Gallagher y calificó el
examen de “tímido”, señalando que el Fondo declaró que las
recomendaciones generales permanecen sin cambios. Prates dijo que
considerar los MFC preventivos y las medidas macro prudenciales
únicamente en casos de riesgos sistémicos cuando otras medidas son
inadecuadas sigue siendo muy restrictivo y enfatizó que “los MFC en
general son importantes para aumentar la autonomía política de los
países de ingreso medio y bajo y permitirles mantener un tipo de
cambio competitivo” (véase el Observador de Invierno de 2021). Señaló
además que el examen no tiene en cuenta el hecho de que los descalces
de divisas también pueden producirse en el sector público ni la
especificidad del contexto de los países de ingreso medio y bajo que
da lugar a riesgos sistémicos asociados con los descalces de divisas.
Kavaljit Singh, director de la organización sin fines de lucro
Madhyam, con sede en la India, se hizo eco de Prates y Gallagher
enfatizando que: “Una lectura más detallada de la revisión de 98
páginas del examen institucional revela que no propone ninguna nueva
reflexión ni ningún nuevo marco macroeconómico sobre la gestión de
los flujos de capital transfronterizos y, por lo tanto, no puede
considerarse como un cambio importante respecto de la VI de 2012. Más
bien, reafirma los principios básicos y los fundamentos intelectuales
de la VI de 2012. Excepto por permitir medidas de gestión de flujos
de capital (a las de controles de capital) de forma preventiva sobre
las entradas y enumerar algunas excepciones (como la seguridad
nacional y los asuntos relacionados con los impuestos), el examen
conserva la mayor parte del marco de políticas esbozado en la VI de 2
012 y, por lo tanto, es una real decepción”.
bit.ly/CapitalFlowsReview

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CONOCIMIENTO/noticias

El proyecto del Banco Mundial, de vuelta bajo la etiqueta de programa
de Mejora del Ambiente de Negocios, hace poco para abordar las fallas
sustanciales del Informe Doing Business

Resumen
- El Banco Mundial anuncia un movimiento hacia el renombrado programa
de Mejora del Ambiente de Negocios, que no aborda los problemas
subyacentes planteados anteriormente por la sociedad civil
- La sociedad civil pide una evaluación urgente de los impactos de
Doing Business y un replanteamiento de la estrategia del sector
privado en el Banco

Cuando el Doing Business Report (DBR) del Banco Mundial fue cancelado
a fines del año pasado, las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
celebraron lo que se percibió como un éxito (véase el Observador de
Otoño de 2021). Aquellos preocupados por las intenciones del Banco al
pasar de la investigación condenatoria vieron la cancelación del DBR
como una oportunidad para pedir una revisión completa del Banco
Mundial en una carta abierta firmada por 143 OSC y académicos el 12
de octubre. La euforia duró poco, ya que el Banco Mundial anunció en
febrero la creación de un nuevo programa de Mejora del Ambiente de
Negocios (BEEP, por su sigla en inglés) (véase el Observador de
Invierno de 2021) y publicó una nota preconceptual poco después. La
coalición ‘Rights not Rankings’, un grupo de OSC que había estado
siguiendo de cerca el proceso de DBR y ahora sigue el BEEP, respondió
con una presentación conjunta instando al Banco a detener el proyecto
a menos que se aborden varios temas clave.
La carta inicial de la coalición del 12 de octubre había afirmado la
necesidad de cambios estructurales en el paradigma neoliberal del
Banco Mundial y su “sesgo ideológico... a favor de la austeridad, la
desregulación y la privatización que reducen sistemáticamente el
espacio fiscal y de políticas de los países y vacían el Estado”.
También abogaba por el fin de la gobernanza antidemocrática del FMI y
el Banco Mundial, como el acuerdo de caballeros (véase Antecedentes,
Que es el acuerdo de caballeros?). En cuanto a la consulta del BEEP,
la coalición señaló que hay poca diferencia significativa entre el
DBR y el BEEP. Siete miembros de la coalición contribuyeron a la
presentación más reciente en marzo, como parte del período de
consultas. La presentación resumió que el BEEP propuesto “replica un
modelo de desarrollo empresarial y del sector privado que promueve un
aumento del poder y de la concentración de las empresas, la
acumulación de cantidades obscenas de riqueza, la proliferación de la
evasión fiscal y los paraísos fiscales, y la profundización de una
división desigual del trabajo mundial a través de cadenas de valor
mundiales ambientalmente insostenibles”.
Alex Cobham, de la Tax Justice Network, cuestionó la falta de
evidencia sustantiva del BEEP para apoyar la necesidad de un ‘clima
propicio para los negocios’ en una publicación de blog reciente,
señalando que la nota de preconcepto insinúa resultados como el
‘crecimiento’, la ‘igualdad de oportunidades’ y la ‘sostenibilidad’
que están vinculados al ‘desarrollo del sector privado’, pero no
demuestra la existencia de relaciones causales entre estos factores.
La propia evaluación del Banco Mundial apunta a la falta de evidencia
para el éxito de las reformas
Esta falta de evidencia ha sido señalada por el propio Grupo de
Evaluación Independiente del Banco Mundial, que publicó una revisión
2010-2020 del DBR el 15 de marzo, en la que destacó que los puntajes
del DBR se basaban en indicadores estrechos que no tenían en cuenta
las condiciones específicas de cada país, como la fragilidad y el
conflicto, la diferencia cultural en las costumbres empresariales y
las prioridades de desarrollo alternativo, por lo que, no podía
proporcionar evaluaciones precisas de los efectos que tuvieron las
reformas. El informe recomendó que el Banco debería, por lo tanto,
“evitar el uso de indicadores del DBR como objetivos explícitos de
reforma o indicadores de monitoreo”, y cuestionó la “objetividad y
precisión” del recurso, afirmando que “los DBR han hecho muchas
afirmaciones sobre los beneficios de las reformas medidas que van más
allá de la evidencia rigurosa o replicada”.
Más positivamente, el BEEP está considerando eliminar el proceso de
clasificación. Esto es significativo ya que, en una declaración de la
sociedad civil del 21 de septiembre, las clasificaciones del DBR se
consideraron un sistema “regresivo” que promovió “una carrera a la
baja en la desregulación empresarial que erosionó los sistemas
fiscales y de seguridad social y eliminó las protecciones clave de
los trabajadores” (véase el Observador de Invierno de 2019). Además,
el BEEP considerará los cambios de facto en el entorno empresarial de
un país mediante la incorporación de encuestas con las empresas, en
lugar de simplemente reconocer los cambios de jure que pueden no
implementarse realmente, como lo hacía el DBR.
De cara al futuro, la coalición pide al Banco que evalúe el impacto
en la pobreza, la desigualdad y los derechos humanos de la
implementación de 18 años de reformas de políticas inspiradas en el
DBR, reconsidere su comprensión de la privatización (particularmente
en el contexto de la recuperación de la Covid-19, la desigualdad y
las crisis climáticas) y aborde las profundas disparidades
estructurales descubiertas por la sociedad civil. Hablando en nombre
de la coalición, Flora Sonkin, de la Society for International
Development (SID), declaró: “En lugar de cambiar el nombre del DBR,
el Banco Mundial debería analizar detenidamente los impactos dañinos
que su asesoramiento normativo defectuoso ha causado durante los
últimos 18 años y trabajar con vistas a las reparaciones y la
rendición de cuentas”.
bit.ly/BEEP2023

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INFRAESTRUCTURA/análisis

El Banco Mundial anuncia su apoyo a CCUS en Nigeria a pesar de las
críticas de que refuerza la dependencia de los combustibles fósiles

Resumen
- Fondo fiduciario del Banco Mundial ESMAP para proporcionar apoyo al
desarrollo del mercado nacional de captura, utilización y
almacenamiento de carbono
- La CFI busca atraer al sector privado a la CCUS en Nigeria
Los proyectos de CCUS han sido ampliamente promovidos por las
compañías de combustibles fósiles, a pesar de la falta de evidencia
de que brinden una mitigación significativa del cambio climático.

El Banco Mundial anunció el 10 de febrero que trabajará para
desarrollar un mercado interno para la captura, utilización y
almacenamiento de carbono (CCUS, por su sigla en inglés) en Nigeria
en su última adopción de la controvertida tecnología, que ha sido
criticada por la sociedad civil como una ‘solución tecnológica’
ineficaz a la crisis climática.
Un comunicado de prensa de febrero de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el brazo de inversión privada del Banco Mundial,
declaró: “La CFI trabajará con el gobierno [nigeriano] para
identificar los sectores y empresas privadas más prometedores que
pueden probar nuevas tecnologías para capturar, usar y almacenar
carbono...Paralelamente, el Banco Mundial colaborará con el gobierno
de Nigeria para delinear políticas y regulaciones que puedan acelerar
la adopción de las tecnologías al tiempo que ayudan a la industria
local de CCUS a cumplir con los estándares internacionales”.
El comunicado agregó que “el proyecto está financiado por el Fondo
Fiduciario CCS [Captura y Almacenamiento de Carbono] del Banco
Mundial bajo el Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de
Energía (ESMAP, por su sigla en inglés)”, que cuenta con el apoyo del
Reino Unido y Noruega.
Según el Center for International Environmental Law (CIEL), con sede
en Estados Unidos, las tecnologías CCUS “se refieren a los procesos
que recolectan o ‘capturan’ dióxido de carbono generado por
actividades de alta emisión, como la producción de energía a carbón y
gas o la fabricación de plásticos, y luego transportan esas emisiones
capturadas a sitios donde se utilizan para procesos industriales o se
almacenan bajo tierra”.
El CIEL señaló en un informe de julio de 2021 que, “la escalabilidad
no probada de las tecnologías de CCS y sus costos prohibitivos
significan que no pueden desempeñar ningún papel significativo en la
rápida reducción de las emisiones mundiales necesarias para limitar
el calentamiento a 1,5°C. ...Las 28 instalaciones de CCS que
actualmente operan a nivel mundial tienen la capacidad de capturar
solo el 0,1% de las emisiones de los combustibles fósiles”. El
informe también señala que una proporción significativa de las
operaciones de CCUS hasta la fecha se centran en ‘utilizar’ productos
de desecho de combustibles fósiles inyectándolos en depósitos
subterráneos de petróleo, en un esfuerzo por aumentar la producción
de petróleo. El informe lamenta que “los productos de desecho de una
actividad de quema de combustibles fósiles se utilizan para generar
más combustibles fósiles, apuntalando el sistema energético
insostenible de los combustibles fósiles”.
El Banco Mundial y sus pares de los BMD mantienen la fe en las falsas
soluciones de la CCUS
El anuncio del Banco Mundial se produce cuando la CCUS continúa
siendo ampliamente promovida por la industria de los combustibles
fósiles como una forma de alinear sus actividades con los objetivos
climáticos mundiales, con los bancos multilaterales de desarrollo
(BMD) y los gobiernos ricos, incluido el Reino Unido, que apoyan
estos esfuerzos.
A pesar de las afirmaciones de que la CCUS refuerza en gran medida el
status quo de la energía de los combustibles fósiles, la metodología
conjunta actualizada de los BMD para el seguimiento del
financiamiento para la mitigación del cambio climático, publicada en
octubre de 2021, continúa clasificando a la CCUS como financiamiento
climático, señalando: “Además de la captura posterior a la
combustión, el financiamiento proporcionado específicamente para
permitir la captura previa a la combustión o la separación del
oxígeno del aire para combustible oxigenado es elegible [para ser
clasificado como financiamiento de mitigación climática de los BMD]”.
Esto plantea la posibilidad de que la CCUS pueda conformar un pilar
de los esfuerzos de los BMD para alinear sus actividades con el
Acuerdo de París en el futuro, a pesar de la falta de evidencia
creíble de que la CCUS representa una solución duradera para evitar
un cambio climático catastrófico. El Banco Mundial se ha comprometido
a alinear la mayor parte de su financiamiento y otras actividades con
el Acuerdo de París para el 1 de julio de 2023 (véase el Observador
de Verano de 2021), mientras que el comunicado de prensa de la CFI
para el proyecto de CCUS de Nigeria afirma que la iniciativa “podría
acelerar la transición energética y ayudar a Nigeria a alcanzar sus
objetivos en materia de emisiones”.
Mientras tanto, el Reino Unido, que, como anfitrión de la 26ª
Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow en noviembre de
2021 (véase el Observador de Invierno de 2021), ha estado dispuesto a
proyectar una imagen de líder mundial en temas climáticos, es el
mayor financiador de la agenda multilateral de CCUS. El Reino Unido
financia esfuerzos tanto en el Banco Mundial como en el Banco
Asiático de Desarrollo, a través del programa internacional CCUS de
GBP 70 millones del Department for Business, Energy and Industrial
Strategy (BEIS) del Reino Unido y cuenta este programa como parte de
sus compromisos internacionales de financiamiento para el clima.
Sin embargo, una revisión de 2021 del programa de CCUS del Reino
Unido, que se ha centrado en China, Indonesia, México y Sudáfrica
desde 2012, encontró que “no representa una buena relación calidad-
precio”, debido a los contratiempos en curso con los proyectos piloto
de CCUS.
Como se establece en la revisión de BEIS, las luchas del programa son
indicativas de una tendencia mundial más amplia y la CCUS no cumple
con las grandes esperanzas que sus defensores han depositado en él.
La revisión señala: “El avance mundial en CCUS está bien encaminado
para alcanzar las expectativas establecidas en el Escenario de
Desarrollo Sostenible de la Agencia Internacional de Energía (AIE),
que describe la historia de CCUS como ‘una de expectativas
incumplidas’”.
Los activistas de la sociedad civil argumentan que esto demuestra la
necesidad de cambiar rápidamente más allá de la CCUS a alternativas a
los combustibles fósiles. “Ninguna cantidad de inversión en CCS puede
acelerar la transición necesaria hacia un futuro libre de fósiles”,
dijo Nikki Reisch de CIEL. “La CCS fija las industrias contaminantes
y agrava sus daños a las comunidades, prolongando el uso de
combustibles fósiles precisamente cuando necesitamos reemplazarlos
con energías renovables”.
bit.ly/CCUSNigeria

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MEDIO AMBIENTE/comentario

El programa del FMI en Pakistán socava el desarrollo de la energía
renovable
Comentario externo de Zain Moulvi, Alliance for Climate Justice and
Clean Energy (Pakistan)

Resumen
- La sociedad civil advierte que el programa del FMI socava los
planes nacionales de Pakistán sobre clima
- Se recortan las exenciones tributarias a las energías renovables y
los vehículos eléctricos del mini-presupuesto ordenado por el FMI

El 13 de enero, el gobierno de Pakistán introdujo un controvertido
conjunto de reformas tributarias para revivir el Servicio Ampliado
del FMI (SAF) de USD 6.000 millones del Fondo Monetario Internacional
(FMI) para el país, aprobado originalmente en 2019. Estas reformas
incluyen un devastador régimen de nuevos impuestos a paneles solares,
turbinas eólicas, vehículos eléctricos y tecnologías relacionadas,
que probablemente paralicen el naciente mercado de energía renovable
de Pakistán, lo que detiene la transición energética del país y pone
en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en
materia de clima.
Pakistán se vio obligado a adoptar estas medidas a los efectos de
cumplir con las condiciones del FMI para la liberación del próximo
tramo de USD 1.000 millones en el marco del estancado programa de
SAF, según lo acordado por el directorio ejecutivo del FMI el 2 de
febrero. Instituidas a través de un proyecto de ley de finanzas
suplementarias preparado apresuradamente e impuesto a través de la
Asamblea Nacional, estas reformas han anulado la política anterior de
exenciones tributadas a las tecnologías renovables, que tiene como
resultado un impuesto del 20% a las tecnologías solares y eólicas,
así como un aumento del 12% del impuesto a las ventas de vehículos
eléctricos importados. Este cambio de política se produce a pesar del
alentador crecimiento del sector de las energías renovables bajo el
régimen tributario anterior.
El aumento sin precedentes de las instalaciones solares fotovoltaicas
en las regiones de Pakistán con poca o ninguna conexión a la red ha
sido, en los últimos años, una mejora inesperada para las comunidades
vulnerables. Alentado por la decisión del gobierno de renunciar a los
impuestos a los productos solares en 2014, el crecimiento refleja la
idoneidad de la energía solar para alimentar pozos tubulares, bombas
de agua y sistemas de purificación para agua potable y riego en áreas
remotas y con estrés hídrico. Los principales beneficiarios de este
auge han sido las comunidades agrícolas pobres, especialmente las
mujeres, que históricamente han luchado por el acceso a la
electricidad y el agua. La tecnología solar, sin embargo, sigue
siendo un mercado basado en gran medida en las importaciones y es
probable que el crecimiento se desacelere con usuarios incapaces de
pagar precios más altos.
Las nuevas reformas tributarias también interrumpirán las estrategias
de Pakistán para descarbonizar sus sectores de energía y transporte,
tal como se establece en su Política de Energía Alternativa y
Renovable (ARE, por su sigla en inglés) y en su Política Nacional de
Vehículos Eléctricos (NEV, por su sigla en inglés), ambas publicadas
en 2019. La hoja de ruta de Pakistán para desplazar las fuentes de
combustible arraigadas depende en gran medida de la integración de
energías renovables baratas en soluciones dentro y fuera de la red,
contratos privados y servicios de energía rural. La ARE establece un
objetivo mínimo del 30% de generación de energía basada en energía
renovable en la red nacional para 2030, lo que requiere “compras” a
gran escala de los actuales productores que usan combustible y los
consumidores agrícolas e industriales que se autogeneran,
incentivados, por ejemplo, por tarifas más bajas para los actuales
servicios públicos de energía solar/eólica a escala. Sin embargo, el
impuesto del 20% sobre las energías renovables también afectará a
inversores, baterías y otros equipos y maquinaria de instalación
relacionados con las energías renovables. Esto aumentará
significativamente el gasto de capital inicial para tales proyectos,
lo que aumentará los costos generales de generación y reducirá su
ventaja competitiva.
El aumento del impuesto a los vehículos eléctricos también pone en
peligro el objetivo del 30% de las ventas de vehículos eléctricos
para 2030 prescrito por la NEV. De acuerdo con la política, son
esenciales incentivos tributarios sólidos para desarrollar el
incipiente mercado basado en la importación y para alentar la masiva
adopción de vehículos eléctricos. Bajo el nuevo régimen tributario,
es poco probable que los usuarios de los sectores de la energía y el
transporte opten por no participar en los acuerdos existentes basados
en combustibles, dejando de lado un mecanismo clave para reducir las
emisiones.
A pesar de la nueva estrategia en materia de clima, el FMI no logra
hacer coincidir la retórica con la acción
El hecho de que tales resultados de política perjudiciales para el
medio ambiente y contradictorios estén directamente vinculados a un
programa del FMI que se muestra elocuente sobre la “intensificación
del cambio climático”, refleja la naturaleza contraproducente de los
programas de ajuste estructural del FMI y los efectos
distorsionadores de sus prácticas crediticias. También plantea
preocupaciones sobre la sinceridad del compromiso del Fondo con los
objetivos mundiales en materia de clima, después de que lanzara una
nueva estrategia sobre clima en julio que busca incorporar el clima
en todas las áreas de su mandato (véase el Observador de Otoño de 202
1).
Existe una evidente desalineación entre el asesoramiento en materia
de políticas y las condiciones de los préstamos del FMI y su retórica
pública sobre el apoyo a las transiciones con bajas emisiones de
carbono. La nueva estrategia del Fondo, por ejemplo, hace hincapié en
la necesidad de “regímenes tributarios" favorables y “políticas
estructurales y de gasto” para los países vulnerables al clima. La
declaración del personal sobre el programa SAF de Pakistán identifica
explícitamente como una preocupación apremiante su vulnerabilidad
particular como uno de los “diez países con los mayores daños por
desastres relacionados con el clima y de los 20 principales países
con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero”. Recomienda
medidas de política como el “uso más amplio de las energías
renovables”, “medidas de implementación para cumplir los objetivos de
la COP 26 de Pakistán” y la obtención de “financiamiento suficiente”
para la transición energética como áreas prioritarias “críticas”. Sin
embargo, son estos mismos objetivos y medidas los que son saboteados
por las condicionalidades de préstamos del SAF con consecuencias
ambientales que se extienden al frente internacional.
El FMI debe garantizar que estos impuestos perjudiciales sean
eliminados. También debe adoptar mecanismos concretos para armonizar
su asesoramiento sobre políticas con los objetivos nacionales de los
gobiernos receptores en materia de clima, así como con los acuerdos
mundiales sobre el clima. Parte de la solución radica en corregir su
enfoque insular para el desarrollo del programa de préstamos. Es
imperativa una política de consulta significativa con la sociedad
civil, especialmente con los grupos vulnerables, junto con revisiones
independientes y ex ante de las consecuencias de los ajustes fiscales
propuestos para que avancen, más allá de la retórica vacía, los
objetivos declarados del FMI de contrarrestar el “cambio climático” y
fomentar el “crecimiento sostenible”. Esto, junto con las soluciones
de financiamiento verde, como los canjes de deuda por naturaleza y la
condonación de la deuda, es la necesidad del momento para países como
Pakistán, que se han encontrado atrapados en un círculo vicioso de
deuda durante años de intervenciones fallidas del FMI.
bit.ly/PakistanRenewables

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FINANZAS/noticias

Crecen los llamamientos para el alivio de la deuda de Ucrania a
medida que el FMI y el Banco Mundial otorgan nuevos préstamos en
medio de la crisis

En medio del empeoramiento del conflicto en Ucrania, activistas
ucranianos y aliados internacionales han pedido que se cancelen las
deudas insostenibles del país, incluidas las que se deben a
instituciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial.
Según el FMI, la deuda externa de Ucrania se situó en USD 56.700
millones a finales de 2020. El director ejecutivo de Jubilee USA,
Eric LeCompte, señaló en un artículo del 8 de marzo en la revista
Barron, que Ucrania debía USD 22.000 millones a las instituciones
financieras internacionales (IFI): “El FMI tiene más de la mitad de
esa...deuda con USD 13.400 millones con USD 2.000 millones en pagos
de deuda para este año. Dado que lo más probable es que Ucrania
incumpla con estos pagos, el FMI debería actuar rápidamente para
reestructurarlos”.
Posteriormente, el directorio ejecutivo del FMI aprobó un préstamo de
USS 1.400 millones a Ucrania el 9 de marzo a través de su Instrumento
de Financiamiento Rápido, mientras que el Banco Mundial también
publicó un paquete de financiamiento de USD 723 millones el 7 de
marzo, incluyendo USD 589 millones en nuevos préstamos. Si bien este
financiamiento proporciona un apoyo de emergencia muy necesario,
aumenta aún más la carga sustancial de la deuda de Ucrania.
El FMI también está cobrando a Ucrania recargos importantes sobre sus
préstamos, como resultado de que su endeudamiento excede la
asignación de su cuota del FMI (véase el Observador de Primavera de 2
022 y el de Invierno de 2021). Según la red de la sociedad civil
Eurodad, con sede en Bélgica, se proyecta que Ucrania pagará USD 178
millones en recargos solo en 2022.
“Simplemente no tiene sentido que países como Ucrania envíen decenas
de millones de dólares cada mes para financiar al FMI en Washington
mientras enfrentan la guerra, la pandemia y la crisis económica”,
dijo el congresista estadounidense Jesús “Chuy” García, en un
comunicado de prensa de marzo que anunciaba un nuevo proyecto de ley
destinado a lograr que el Tesoro de Estados Unidos apoye una
suspensión de los recargos del FMI, pendiente de revisión.
bit.ly/UkraineDebt

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SERVICIOS SOCIALES/noticias

La sociedad civil elogia la desinversión de la CFI en el proveedor de
educación con fines de lucro Bridge International Academies

Después de una larga campaña de la sociedad civil, la Corporación
Financiera Internacional (CFI), el brazo de inversión privada del
Banco Mundial, anunció, el 9 de marzo, que desinvertía en las New
Global Schools, anteriormente conocidas como Bridge International
Academies (BIA). BIA, un proveedor de educación con fines de lucro,
había recibido USD 13,5 millones de la CFI desde 2014 para apoyar sus
operaciones en Kenia, Liberia, Uganda, Nigeria e India.
La desinversión sigue a una congelación de 2020 en las nuevas
inversiones directas e indirectas de la CFI en proveedores de
educación con fines de lucro, que fue una condición del apoyo del
Congreso de Estados Unidos para un nuevo aumento de capital de la CFI
(véase el Observador de Verano de 2020 y el de Invierno de 2019).
“El modelo BIA y su implementación socavaron el derecho a la
educación y el estado de derecho en Uganda”, dijo Salima Namusobya,
de la organización de la sociedad civil (OSC) Initiative for Economic
and Social Rights, con sede en Uganda, en un comunicado de prensa del
16 de marzo. “La desinversión de la CFI llega en un momento en que la
mayoría de las escuelas de BIA han cerrado, ya que su modelo con
fines de lucro era insostenible, particularmente a raíz del Covid-19.
Esperamos que otros inversores sigan su ejemplo”.
El modelo con fines de lucro de BIA ha generado una condena sostenida
en los últimos años. En 2016 el apoyo de la CFI a BIA en Liberia fue
criticado por el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la
Educación, Kishore Singh, quien argumentó: “la provisión de educación
pública de buena calidad es una función central del Estado. Abandonar
esto en beneficio comercial de una empresa privada constituye una
grave violación del derecho a la educación” (véase el Observador de
Verano de 2016).
En una carta abierta, 88 OSC pidieron en 2018 a la CFI que
desinvirtiera en las BIA y destacaron una serie de problemas con sus
operaciones, que incluyen “costos más altos que los anunciados por la
empresa, falta de registro de escuelas, uso de currículo no aprobado,
incumplimiento de los requisitos de certificación de maestros e
impactos discriminatorios” (véase el Observador de Primavera de 201
8).
Un informe de 2019 del Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en
inglés), el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la
CFI, tras una queja de 2018 contra BIA en Kenia, destacó las
preocupaciones sobre la falta de “cumplimiento de los requisitos
relevantes de salud y seguridad” de BIA y los posibles “impactos
adversos para maestros, padres y estudiantes planteados en los
reclamos” (véase el Observador de Invierno de 2019).
bit.ly/IFCBridgeAcademies

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DEUDA/noticias

Finaliza la ineficaz Iniciativa de Suspensión del Servicio de la
Deuda del G20 mientras el mundo enfrenta la peor crisis de deuda en
décadas

Resumen
- Los países reanudarán pagos de deuda en medio de una recuperación
desigual de la pandemia
- Las OSC piden la cancelación de la deuda y un mecanismo
multilateral de renegociación de la deuda

Dado que aún no se han alcanzado soluciones a la actual crisis de la
deuda, se necesitan avances urgentes. El fin de la Iniciativa de
Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) del G20 en diciembre de 20
21 significa que los países deben reanudar los pagos de sus
obligaciones de deuda a pesar del deterioro del contexto mundial,
particularmente para los países de ingreso medio y bajo (MIC y LIC,
por sus respectivas siglas en inglés).
De los 73 LIC elegibles para la ISSD, solo 43 solicitaron un total de
USD 13 mil millones de suspensión del servicio de la deuda, lo que
representa una cuarta parte de la cantidad que el G20 anunció que
concedería la ISSD en abril de 2020 (véase el Observador de Invierno
de 2021). El hecho de que la ISSD sólo suspendiera temporalmente los
pagos bilaterales de la deuda, junto con la falta de participación
del sector privado en el plan, contribuyó a que el mecanismo fuera
ineficaz. Esto sucedió a pesar de las advertencias de la sociedad
civil (véase el Dispatch Annuals 2021) y los directivos del FMI
reconociendo que “también es fundamental que los acreedores del
sector privado implementen el alivio de la deuda en términos
comparables”.
Un análisis de enero realizado por Jubilee Debt Campaign (JDC), con
sede en el Reino Unido, constató que “54 países en todo el mundo
están en crisis de deuda, lo que significa que los pagos de la deuda
están socavando la capacidad de los gobiernos para proteger los
derechos económicos y sociales básicos de sus ciudadanos”. Según un
artículo del grupo de expertos estadounidense Atlantic Council,
“estos LIC se enfrentan a pagos del servicio de la deuda por valor de
USD 11.000 millones más este año... lo que amenaza con desplazar el
gasto público que se necesita con urgencia en salud, servicios
sociales y otras necesidades de desarrollo”.
El 18 de enero el presidente del Banco Mundial, David Malpass,
tuiteó: “Con demasiados países en desarrollo que enfrentan niveles
récord de deuda externa e interna, no podemos darnos el lujo de
esperar más. Los más pobres del mundo necesitan urgentemente un
alivio profundo de la deuda, una mayor transparencia de la deuda y un
reequilibrio de los poderes de los acreedores y deudores”.
Profundización de la recuperación divergente
La ISSD no hizo nada para abordar las obligaciones de deuda a largo
plazo de los países, que se vieron exacerbadas por la pandemia.
Además de esto, la crisis de Ucrania empeorará las perspectivas para
muchos países que ya se encuentran en dificultades de deuda (incluida
África Subsahariana) a medida que aumenta el costo de importar
productos básicos clave, lo que exacerba sus dificultades de balanza
de pagos, incluida su capacidad para pagar las deudas (véase el
Observador de Primavera de 2022). Mientras tanto, países en
dificultades de deuda como Zambia se ven obligados a hacer pagos a
acreedores privados, como BlackRock, a expensas del bienestar de su
propia población.
La recuperación ya divergente de la pandemia de Covid-19
probablemente se verá exacerbada por los ajustes de los países de
ingreso alto (HIC, por su sigla en inglés) en sus políticas
monetarias a medida que sus economías comiencen a recuperarse. Tal
como señaló el FMI en un blog de abril de 2021, los MIC y los LIC se
verán afectados negativamente por las tasas de interés más altas en
los HIC, ya que estos extraen capital de los MIC y LIC, lo que da
lugar a una depreciación de sus monedas y, por lo tanto, a un aumento
de sus obligaciones de deuda emitidas en moneda extranjera. La
situación en Ucrania ha empeorado esta tendencia, ya que en tiempos
de crisis los inversores buscan seguridad en activos como el dólar
estadounidense. Esto fortalece al dólar frente a otras monedas y
exacerba las tendencias anteriores.
Las medidas adoptadas hasta ahora para abordar la situación de la
deuda causada por la pandemia han sido insuficientes, ya que no
lograron cancelar la deuda como lo han exigido los académicos y la
sociedad civil (véase el Observador de Invierno de 2021). Numerosos
llamados de OSC, académicos y expertos en deuda para un mecanismo de
renegociación de la deuda con sede en las Naciones Unidas que, como
señaló Patricia Miranda de la red de OSC de América del Sur y
Central, Latindadd, “garantice un futuro de préstamos y endeudamiento
responsables junto con una regulación basada en los derechos humanos
y la justicia de género”, no se han materializado (véase el Dispatch
Annuals 2020).
Además, otras cuestiones estructurales que contribuyen a una
exacerbación de la crisis de la deuda y a la recuperación desigual de
la pandemia, como la política de recargos del FMI (véase al interior
de las instituciones ¿Qué son los recargos del FMI? ; Dispatch
Springs 2021) y la visión institucional restrictiva del FMI sobre los
controles de capital (véase el Observador de Primavera de 2022)
también deben abordarse si el mundo quiere resolver la actual crisis
de la deuda, que seguirá afectando más duramente a los más pobres y
vulnerables.
bit.ly/DSSIDebt

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Sociedad civil argentina denuncia que el nuevo acuerdo con el FMI es
ilegítimo

Resumen
- FMI y Argentina acuerdan el 22º programa del FMI del país
- Las protestas callejeras estallan en medio de llamados al rechazo
del acuerdo, ya que la sociedad civil enfatiza que la deuda es
ilegítima

Según lo informado por Al Jazeera, el Senado argentino votó el 18 de
marzo para proceder con un acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF)
de 30 meses de USD 45.000 millones (el 1000% de la cuota del país).
El programa se acordó días antes de un pago de USD 2.800 millones al
FMI como parte de un préstamo récord de USD 57.100 millones acordado
en 2018 (véase el Observador de Invierno de 2018 y el de Verano de 20
18). El directorio ejecutivo del Fondo aprobó el programa el 25 de
marzo, lo que allanó el camino para el desembolso inicial de USD 9.70
0 millones. Sin embargo, haciéndose eco de las preocupaciones sobre
el programa de 2018, un comunicado de prensa del FMI del 25 de marzo
destacó que “los riesgos para el programa son excepcionalmente altos
y los efectos de contagio de la guerra en Ucrania ya se están
materializando...la recalibración temprana del programa, incluida la
identificación y adopción de medidas apropiadas...será fundamental
para lograr los objetivos del programa”. El acuerdo permite a
Argentina pagar el anterior Acuerdo Stand-by-By (SBA) de 2018, que
tiene reembolsos de USD 39.000 millones con vencimiento en 2022-2023,
y fortalecer sus reservas internacionales.
Una demanda legal alega que préstamo del FMI violó la ley argentina y
los derechos humanos
El 10 de marzo un grupo de más de 120 personas presentó una demanda
colectiva para impugnar la validez y constitucionalidad del SBA en un
Tribunal Federal, argumentando que la falta de aprobación legislativa
“tal como lo establece la Constitución...[IA1]viola el derecho [a la
participación] reconocido en la Declaración Universal de Derechos
Humanos en su art. 21, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en su art. 25 y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en su art. 23”. El 29 de marzo los senadores del Frente de
Todos propusieron una legislación para crear un fondo nacional,
proyectado para ascender a hasta USD 20.000 millones, para pagar al
FMI con fondos recuperados de aquellos que tienen activos no
declarados en el extranjero y contribuyeron a la fuga de capitales
durante el SBA de 2018.
La sociedad civil califica de odiosa la deuda del FMI y exige su
cancelación
Un blog del 11 de marzo del movimiento para la suspensión e
investigación de la deuda informó sobre las protestas de decenas de
miles de personas en todo el país contra el nuevo acuerdo. El
movimiento sostiene que la deuda de 2018 con el Fondo no debe
pagarse, ya que es ilegítima. Enfatiza que la evaluación del Fondo
sobre el cumplimiento del acuerdo por parte del país cada tres meses
implica “aumentos de impuestos e inflación, precarización laboral,
aumento y daño de las actividades extractivas, pérdida de
soberanía... y empeoramiento... del acceso a los derechos humanos
básicos”.
El 14 de marzo, hablando en una audiencia pública organizada por la
bancada parlamentaria del Frente de Izquierda, Nora Cortiñas, una de
las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, describió el
acuerdo como “fraudulento y odioso, contraído contra el interés de la
nación y sus ciudadanos”. Llamó a los legisladores a “votar en contra
del nuevo préstamo para no traicionar al pueblo”.
Una nueva investigación afirma que el programa violó el Convenio
Constitutivo del FMI
En un artículo del 7 de marzo publicado en Social Science Research
Network, Karina Patricio Ferreira Lima, de la Universidad de Leeds
(Reino Unido), y Chris Marsh, de Exante Data, argumentaron que “el
SBA de 2018 violó los propósitos centrales del FMI según su Convenio
Constitutivo y, por lo tanto, constituye un acto ultra vires”, lo que
lo vuelve inválido y nulo. Entre las violaciones figuraban la falta
de salvaguardias adecuadas para el suministro de los recursos
generales del Fondo a la luz de la deuda insostenible y la inacción
en materia de controles de capital, por ejemplo, para garantizar que
el programa no contribuyera a una extensión y gravedad de la crisis
de la balanza de pagos de Argentina. El análisis está respaldado por
un artículo del Congreso de américa del Norte sobre América Latina,
de diciembre de 2021, que describe las numerosas irregularidades y
motivaciones políticas del programa.
Cuestionada la neutralidad política del programa de 2018
El propio análisis del FMI en su Evaluación Ex Post (EPE, por su
sigla en inglés) del SBA 2018 señala que “El programa fue bien
entendido como de alto riesgo: desde el principio, la deuda pública
se evaluó como ‘sostenible pero no con alta probabilidad’ ... [la]
reintroducción de medidas de gestión de flujos de capital, podría
haber entregado un programa más robusto”. La respuesta oficial del
gobierno argentino a la EPE destacó que “la discrepancia entre las
opiniones técnicas del personal y las decisiones tomadas por el FMI
refuerzan la visión de que el programa constituyó... un préstamo que
significaba apoyar las posibilidades electorales de la administración
en funciones”. Esta interpretación está respaldada por un artículo de
Forbes de diciembre de 2021 que hace referencia a los comentarios del
exdirector ejecutivo del FMI de Estados Unidos, Mauricio Claver-
Carone, de que “Argentina, bajo Macri, fue vista como un aliado clave
de Estados Unidos...Un retorno del peronismo...conduciría a una
erosión del apoyo a los intereses de Estados Unidos en la región”.
En respuesta a la aprobación en el Congreso el 11 de marzo, varios
diputados de la coalición de gobierno que votaron en contra de la
moción produjeron un documento que detalla el legado perjudicial del
Fondo en el país, en el que señalan las tendencias positivas en el
empleo, la pobreza y la desigualdad durante la ausencia del Fondo en
el período posterior al incumplimiento de Argentina en 2001. En el
documento se critica al FMI por “desarrollar un programa [en 2018]
plagado de ‘irregularidades’”, que “no solo se debieron al exceso de
la cuota que determina el monto máximo de financiamiento que el país
puede obtener del FMI (alrededor de USD 18.000 millones) sino también
al hecho de que este crédito se utilizó para financiar la fuga de
capitales al exterior”. Los autores del documento subrayaron que el
Acuerdo “no” garantiza “la sostenibilidad de la deuda después de 202
5, cuando... el reembolso...comienza”. Agregaron que el país necesita
un plazo de pago más largo y denunciaron el hecho de que el programa
no abordara el tema del pago de recargos, que dos ex expertos
independientes de la ONU sobre Deuda Externa han argumentado que son
contrarios al derecho internacional y son ampliamente considerados
contraproducentes y procíclicos (véase el Observador de Primavera de
2022 y el de Invierno de 2021).
bit.ly/ArgentinaLoan

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DERECHOS/noticias

Informe vincula inversiones de la CFI con abusos contra los derechos
humanos de los uigures y otras minorías en China

El 16 de febrero el grupo de expertos estadounidense Atlantic
Council, junto con DFRLab, la universidad Sheffield Hallam, el Helena
Kennedy Center for International Justice y NomoGaia, publicó un
informe en el que se alegaba que las inversiones de la Corporación
Financiera Internacional (CFI), el brazo de préstamos del sector
privado del Banco Mundial, han contribuido a graves violaciones de
los derechos humanos de los uigures y otras minorías en China.
El informe señala que la “evidencia significativa sugiere que varios
de los clientes de la CFI son participantes activos en la
implementación de la campaña de represión de la República Popular de
China contra los uigures, incluso a través del trabajo forzado, el
desplazamiento forzado, el borrado cultural y la destrucción del
medio ambiente”. La investigación realizada por los autores indica
que la CFI tiene actualmente unos USD 486 millones en préstamos
directos e inversiones de capital en cuatro empresas que operan en la
región uigur.
En el informe se formulan varias recomendaciones basadas en estas
conclusiones. Pidió a la CFI y a otras instituciones financieras de
desarrollo (IFD) que desinvirtieran en todas las inversiones
empresariales en la región uigur; recomendó que la CFI y otras IFD
presumieran que todas las empresas que operan en la región están
involucradas en trabajos forzosos y corren el riesgo de ser cómplices
en el genocidio en curso; dijo que la CFI y otras IFD deberían
revisar y ajustar sus carteras de inversión directa e indirecta para
trasladar las subinversiones, los subcontratos y las cadenas de
suministro fuera de la región uigur. El informe también señaló que la
CFI debería llevar a cabo una revisión completa de su cartera,
incluidas las inversiones en intermediarios financieros, utilizando
los métodos empleados en el informe.
Al comentar sobre las interacciones de los autores del informe con la
CFI, Kendyl Salcito, de la organización sin fines de lucro NomoGaia,
con sede en Estados Unidos, se lamentó diciendo que: “Alertamos al
personal de la CFI sobre los graves riesgos para los derechos humanos
asociados con estas inversiones, en noviembre de 2020, y les
proporcionamos evidencia de transferencias confirmadas de trabajo
forzoso y otros daños a principios de febrero de este año. La CFI no
ha proporcionado ninguna indicación de que vaya a actuar para detener
estos abusos”. Agregó que “La CFI no está respondiendo a la prensa,
ni a los gobiernos miembros ni a nosotros sobre cómo planean actuar
sobre estas constataciones. El Banco no ha hecho declaraciones
públicas sobre nuestro informe ni, mucho menos, sobre el genocidio en
curso en la región. La falta de rendición de cuentas es asombrosa”.
bit.ly/IFCChina

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DEUDA/noticias

Campaña de la sociedad civil insta al FMI a dejar de usar recargos
punitivos

Con la creciente alarma por los niveles de deuda insostenibles
generalizados y las trayectorias divergentes de recuperación de la
pandemia, un grupo de más de 250 organizaciones de la sociedad civil
(OSC) y expertos ha pedido al directorio ejecutivo del FMI, en una
carta pública, que elimine los dañinos recargos antes de las
Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI de 2022. Los
signatarios expresaron su seria preocupación de que “el FMI continúe
cobrando tarifas punitivas a los países que enfrentan problemas de
deuda mientras luchan contra los efectos de la pandemia” y exigieron
“la suspensión inmediata o la eliminación total de esta política”, en
línea con los llamados anteriores de expertos en desarrollo,
economistas, OSC y gobiernos de que “los recargos deben desaparecer”.
Los recargos son gravámenes que el FMI agrega a préstamos
particularmente grandes y de largo plazo, que costarán a los países
en dificultades de deuda un estimado de USD 7.900 millones en los
próximos seis años (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son
los recargos del FMI?). La iniciativa de las OSC se ve reforzada por
una serie de artículos e informes recientes que han señalado que los
recargos son “contraproducentes e injustos” y socavan la
sostenibilidad de la deuda (véase el Observador de Invierno de 2021,
el de Verano de 2021 y el Dispatch Annuals 2021). La carta destaca
que los recargos “ponen en peligro la recuperación de los países que
enfrentan graves dificultades económicas”, al tiempo que “convierten
la pandemia en una oportunidad de obtener ganancias para el FMI”.
Una discusión del directorio del FMI de diciembre de 2021 reveló
opiniones divididas: La mayoría de los directores ejecutivos
señalaron su apertura a una revisión holística de la política,
mientras que otros solo apoyaron el alivio temporal, mientras que un
pequeño grupo se negó a considerar cualquier revisión de la política.
Con Ucrania devastada por la guerra como uno de los principales
pagadores de recargos, la postura de bloqueo de Estados Unidos está
recibiendo el rechazo interno de los legisladores estadounidenses
instando a su gobierno a abolir los recargos e introduciendo un
proyecto de ley con ese fin el 8 de marzo (véase el Observador de
Primavera de 2022).
bit.ly/SurchargesCampaign

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Flora
Hewlett Foundation y el The Rockefeller Brothers Fund.

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ISSN 2053-7522
Diseño: Base Eleven