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Observador de Verano de 2022 de Bretton Woods
Un examen crítico trimestral de la evolución de la situaciónA en el
Banco Mundial y el FMI

Publicado por el BRETTON WOODS PROJECT
Trabajando con ONG e investigadores para monitorear el Banco Mundial
y el FMI

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1. Fracasa la respuesta del Banco Mundial y el FMI a la crisis
alimentaria mundial, mientras la especulación financiera lleva los
precios de los alimentos a máximos históricos
2. Por qué la CFI no puede darse el lujo de desperdiciar esta
oportunidad de lograr reparaciones correctas
Robi Chacha Mosenda y Megan Pearson, Accountability Counsel
3. Nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad
(FFRS) del FMI: cómo hacer que
funcione para el Sur Global
4. El compromiso del Banco Mundial con el desarrollo liderado por el
sector privado arroja dudas sobre la efectividad del nuevo Fondo de
Preparación para Pandemias
5. ¿Un nuevo Bretton Woods para quién? La sociedad civil pide la
democratización de la gobernanza mundial
6. La CFI del Banco Mundial pone fin al financiamiento de escuelas
primarias y secundarias privadas
7. Los países altamente endeudados se enfrentan a nuevos recortes en
el gasto público para
servir las deudas, mientras son acosados por la austeridad del FMI
8. El FMI está cambiando y necesita un defensor del pueblo
independiente
Danny Bradlow, American University Washington College of Law
9. Avanza el préstamo del FMI a Mozambique en medio de graves
preocupaciones sobre sostenibilidad y transparencia
10. Informe sobre la privatización de la atención médica de Kenia
destaca el impacto humano del sesgo del sector privado del Banco
Mundial
11. Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad:
¿Traerán las “reformas de las calificaciones” el tan esperado cambio
institucional?
12. Nueva estrategia de género del Banco Mundial: Persiste la
preocupación por el enfoque sobre la protección social y las reformas
macroeconómicas que ignoran las cuestiones de género
13. Colapsa el reinicio del acuerdo de préstamo del FMI a Pakistán
con el cambio de gobierno, ya que los crecientes costos del GNL
respaldado por la CFI se suman a la carga fiscal
14. La CFI aprueba préstamo a productor agrícola industrial en Brasil
a pesar de las peticiones de protección del sensible bioma de
pastizales

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TIERRA/análisis

Fracasa la respuesta del Banco Mundial y el FMI a la crisis
alimentaria mundial, mientras la especulación financiera lleva los
precios de los alimentos a máximos históricos

RESUMEN
- Según los expertos, el aumento de los precios de los alimentos está
vinculado a la especulación desenfrenada en los futuros de los
alimentos en lugar de a los “fundamentos del mercado”
- El énfasis del Banco Mundial y el FMI en fomentar el comercio
abierto de bienes agrícolas y aumentar la producción diagnostica
erróneamente las causas profundas de la crisis.
- A pesar del hambre que se avecina en muchos países africanos, el
Banco Mundial advierte a los países contra la introducción de
subsidios alimentarios

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), el mundo se enfrenta a una aguda crisis
alimentaria, con los precios de los alimentos alcanzando máximos
históricos en marzo, antes de bajar en los últimos meses.
La invasión rusa de Ucrania ha puesto el tema bajo la lupa, ya que
ambos países son productores y exportadores clave de granos y
fertilizantes agrícolas.
Los expertos en alimentos argumentan que, si bien la pandemia de
Covid-19 y el conflicto en Ucrania han exacerbado los problemas en
las cadenas de suministro agrícolas de todo el mundo, la crisis no
tiene sus raíces en una escasez de alimentos (cuya producción actual
es 1,5 veces mayor a la necesaria para alimentar a la población
mundial), sino más bien en un sistema alimentario mundial cada vez
más desigual y financierizado.
Tal como argumentó la profesora Jennifer Clapp, vicepresidenta del
Panel de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición, en mayo,
en la plataforma en línea Civil Eats, “Los excesivos aumentos y
fluctuaciones de precios [actuales] ... no se basan en los
fundamentos del mercado. En solo nueve días, en marzo de 2022, el
precio del trigo en los mercados de futuros subió un 54%. La
evidencia sugiere que los especuladores financieros están saltando a
las inversiones en materias primas y apostando por el aumento de los
precios de los alimentos”.
Según el profesor Sergio Leite, de la Universidad Federal Rural de
Río de Janeiro en Brasil, “el movimiento al alza de los precios
comenzó a mediados de 2020 y no solo está relacionado con la pandemia
y la guerra en Ucrania, sino también con cuestiones ya relacionadas
con el aumento de los costos de producción, con el debate sobre la
transición del modelo de producción [es decir, la iniciativa ‘de la
granja a la mesa’ de la UE]”, y con la especulación en las materias
primas. Leite agregó que la cantidad de fondos de inversión que están
respaldados por la agricultura creció en todo el mundo, de menos de 5
0 en 2005 a más de 600 en 2020.
A pesar de esto, un plan de acción para abordar la inseguridad
alimentaria publicado por el Banco Mundial, el FMI y otras
instituciones financieras internacionales (IFI) en mayo ni siquiera
menciona la especulación financiera. El documento se centró, más
bien, en promover el comercio abierto, mitigar la escasez de
fertilizantes y apoyar el aumento de la producción de alimentos,
entre otras cosas. La falta de reconocimiento por parte de las IFI
del papel de la corporativización de la agricultura en la crisis
actual es preocupante, ya que las instituciones de Bretton Woods han
desempeñado un papel importante en la facilitación de la
financierización del sector en las últimas décadas (véase el
Observador de Primavera de 2020 y el de Primavera de 2018).
El lanzamiento del plan de acción fue posterior a una declaración
firmada por más de 280 organizaciones de la sociedad civil en
octubre, antes de la Cumbre Finanzas en Común de 2021, que pidió “el
fin inmediato del financiamiento de las operaciones de agronegocios
empresariales y las inversiones especulativas de los bancos públicos
de desarrollo”, así como un enfoque renovado de apoyo a “los
esfuerzos de los pueblos para lograr la soberanía alimentaria, hacer
realidad el derecho humano a la alimentación, proteger y restaurar
los ecosistemas y abordar la emergencia climática”.
Crisis en tiempos de abundancia: El Banco y el Fondo apoyan las
soluciones de libre comercio
Tal como señaló Frederic Mousseau, del Oakland Institute de Estados
Unidos, en un artículo de opinión del 30 de mayo para Inter Press
Service, “No hay escasez de alimentos. Según un informe del 6 de mayo
de 2022 de la FAO, el mundo disfruta de ‘un nivel de suministro
relativamente cómodo’ de cereales”.
Lo que refleja la crisis actual es, más bien, asimetrías de poder en
el sistema alimentario mundial. Clapp sostiene que “la producción de
los cultivos básicos del mundo destinados a la exportación se
concentra en un pequeño número de países y es enviada a todo el mundo
por un puñado de empresas comerciales ... A esto se suman los
mercados financieros, que pueden agravar aún más los efectos de los
shocks de precios”. De hecho, a pesar del aumento de la producción
mundial de alimentos, el número de personas desnutridas, según la
Organización Mundial de la Salud, ha crecido constantemente desde 201
5 después de años de disminución, hasta llegar a los 811 millones en
2020.
Sin embargo, en lugar de denunciar los intereses financierizados,
tanto el Banco Mundial como el FMI se han opuesto abiertamente a los
países que introducen restricciones comerciales. Por ejemplo, en las
Perspectivas de los mercados de productos básicos de abril de 2022
del Banco Mundial se sostiene que, “Recientemente... las respuestas
de política han tendido a favorecer las restricciones comerciales,
los controles de precios y los subsidios, que probablemente
exacerbarán la escasez”.
El plan de acción de las IFI publicado en mayo también señaló que “el
FMI está involucrando a sus miembros y está trabajando con el Banco
Mundial, la OMC y otros para promover el comercio abierto. El
rastreador de políticas comerciales del FMI está monitoreando las
restricciones comerciales a los insumos alimenticios y agrícolas y
ha... identificado... 20 países que han recurrido a este tipo de
prácticas desde principios de 2022”.
Mousseau señaló el ejemplo de India, donde tanto Estados Unidos como
el FMI han tratado de convencer al país de que levante la suspensión
de las exportaciones de trigo. El economista sostiene: “La
preocupación de ambos es que las restricciones a la exportación
exacerben la escasez de alimentos ... Pero el argumento no se
sostiene ni técnica ni moralmente”. Y agrega:  “Estados Unidos
produce aproximadamente 400 millones de toneladas de maíz, pero más
del 40% de esta cantidad, 160 millones de toneladas, se destina a la
producción de etanol, otro 40% se destina a la alimentación animal,
solo el 10% se utiliza como alimento, mientras que el otro 10% se
exporta. No se esperaba que India exportara más de 10 millones de
toneladas de trigo en 2022-2023”.
Las políticas de las instituciones de Bretton Woods han contribuido
activamente al status quo actual de los sistemas alimentarios
Tal como señaló Flora Sorkin, de la Society for International
Development en un informe At Issue en abril de 2020, “El Banco
Mundial y el FMI han desempeñado un papel fundamental para facilitar
la tendencia de la financierización [en la agricultura] a través de
su apoyo a las reformas agrarias dirigidas por el mercado y las
desregulaciones del sector financiero, que permitieron el acceso de
los inversores privados a acuerdos de tierras a gran escala en los
países en desarrollo y una mayor especulación sobre los futuros de
los productos básicos” (véase también Al interior de las
instituciones, El Banco Mundial y la agricultura).
Según una investigación de 2019 realizada por el Oakland Institute,
las clasificaciones del Enabling the Business of Agriculture del
Banco, que se suspendieron como parte del escándalo general del
Informe Doing Business en 2021 (véase el Observador de Otoño de 202
1), incluyeron un indicador de tierras destinado a promover
adquisiciones de tierras a gran escala por parte de inversores
extranjeros. Un informe de 2020 también del Oakland Institute incluyó
seis estudios de caso en los que el Banco Mundial fue un actor clave
en el despojo a gran escala de tierras rurales. Esto incluyó a
Ucrania, donde “el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
aprovecharon las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19
para obligar al ‘carrito de Europa’ a poner sus tierras agrícolas a
la venta en un mercado de tierras” (véase el Observador de Invierno
de 2019).
Mientras tanto, el Banco Mundial está instando actualmente a los
países a resistirse a la introducción de subsidios alimentarios
universales en una aparente continuación de las intervenciones
anteriores y desafortunadas del Banco durante el período de ‘ajuste
estructural’, cuando los subsidios a los alimentos y la agricultura
se redujeron en virtud de las reformas del Banco Mundial (véase el
Update 62). El director de financiamiento para el desarrollo del
Banco Mundial, Samuel Maibo, dijo en el sitio web East African en
mayo que “la posición del Banco Mundial es que los subsidios son
efectivos si son temporales o específicos. Si no se cuidan estas dos
características, el riesgo de administrar mal los subsidios es alto”.
La respuesta de la CFI amenaza con consolidar aún más el poder de los
operadores de materias primas
Podría decirse que existe un vínculo directo entre tales políticas y
la continua concentración de poder por parte de un puñado de
comerciantes mundiales de productos agrícolas. Clapp señaló que solo
cuatro compañías, Archer-Daniels Midland, Bunge, Cargill y Dreyfus,
controlan “la mayor parte del comercio mundial de granos ... Estas
empresas mundiales tienen grandes reservas de granos, pero no las
informan públicamente, ni hay una exigencia de que lo hagan. Esta
falta de transparencia hace que sea imposible obtener una visión
clara de las reservas mundiales de granos, lo que contribuye a una
mayor volatilidad”.
Tal como se señala en el informe de Oxfam de mayo de 2022 Profiting
from Pain, en los últimos años se ha visto un auge sin precedentes de
las ganancias de los comerciantes agrícolas. En 2021 Cargill tuvo un
“ingreso neto de USD 5.000 millones y obtuvo la mayor ganancia en su
historia ... Se espera que la empresa vuelva a tener ganancias récord
en 2022”.
Como parte de sus acciones para impulsar la producción, la CFI, el
brazo de inversión privada del Banco, está considerando financiar a
estos mismos actores, incluyendo un préstamo recientemente aprobado
de USD 200 millones a la filial brasileña de Dreyfus, que generó la
oposición de la sociedad civil por preocupaciones ambientales y de
derechos humanos, así como afirmaciones de que la producción agrícola
apoyada se utilizará principalmente para la alimentación animal
(véase el Observador de Verano de 2022). Dicho apoyo parece parte de
la estrategia general de la CFI y el plan de acción de las IFI señala
que la CFI “se enfocará en facilitar el financiamiento para mantener
los flujos comerciales de productos básicos de orígenes alternativos
y satisfacer las crecientes necesidades de capital de trabajo de sus
clientes del sector privado a lo largo de la cadena de suministro ...
a través de intermediarios financieros, así como mediante préstamos
directos a empresas agroindustriales”.
Mousseau señaló: “Mientras cientos de millones luchan por comprar
alimentos, es difícil decir qué es lo más impactante: Las ganancias
récord obtenidas por un puñado de empresas multinacionales que
dominan el comercio mundial de alimentos o el mantra de ‘mantener el
comercio abierto’ repetido hasta el cansancio por las instituciones
financieras internacionales para sostener el negocio de empresas y
especuladores que se atragantan con el hambre en el mundo”.
bit.ly/FoodCrisisBWIs

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En este número

Por qué la CFI no puede darse el lujo de desperdiciar esta
oportunidad de lograr reparaciones correctas
Robi Chacha Mosenda y Megan Pearson
- ¿Un nuevo Bretton Woods para quién? La sociedad civil pide la
democratización de la gobernanza mundial
- El FMI está cambiando y necesita un defensor del pueblo
independiente
Danny Bradlow
Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad: ¿Traerán
las “reformas de las calificaciones” el tan esperado cambio
institucional?

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RENDICIÓN DE CUENTAS/análisis

Por qué la CFI no puede darse el lujo de desperdiciar esta
oportunidad de lograr reparaciones correctas
Robi Chacha Mosenda y Megan Pearson, Accountability Counsel

RESUMEN
- En respuesta a las viejas críticas, la CFI está desarrollando un
marco de reparaciones
- La necesidad de un mecanismo de reparación es urgente debido el
legado de daños producidos por los proyectos de la CFI
- La sociedad civil hace hincapié en la necesidad de un marco basado
en los derechos que aborde los proyectos con incumplimiento
verificado

Las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo y sus
activistas saben desde hace mucho tiempo que las instituciones
financieras de desarrollo (IFD) no reparan adecuadamente los daños
que causan sus proyectos (véase el Observador de Invierno de 2021, el
de Otoño de 2020 y el de Verano de 2020). En respuesta a una
directiva de su junta en 2020, la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial,
anunció en abril que está desarrollando un marco de reparaciones y
que organizará una consulta pública sobre el plan a finales de este
año. Es fundamental que la CFI diseñe un marco correctivo basado en
los derechos y que otras IFD sigan rápidamente su ejemplo.
La responsabilidad de las IFD de proporcionar una reparación efectiva
de los proyectos perjudiciales es una obligación de derechos humanos
esencial para su mandato de desarrollo de “no hacer daño”. Sin
embargo, para las comunidades que buscan justicia por los abusos
financiados por la IFC, el Banco Mundial y otras DFI, la reparación
se ha retrasado mucho. En 2013, por ejemplo, trabajadores del té en
Assam, India, plantearon cuestiones al defensor del pueblo (CAO, por
su sigla en inglés) el mecanismo independiente de rendición de
cuentas de la CFI, alegando condiciones de vida y trabajo peligrosas
en las plantaciones de té copropiedad de la CFI (véase el Observador
de Invierno de 2017). Una investigación sobre el cumplimiento de 2016
verificó que la CFI había violado sus Normas de Desempeño sobre
Sostenibilidad Ambiental y Social, pero hasta el día de hoy, la CFI
no ha abordado los daños causados ni ha ofrecido reparaciones para
los trabajadores afectados y sus familias.
Mientras tanto, las comunidades en Kampala, Uganda, que sufren
desalojos para dar paso a un canal de drenaje respaldado por un
préstamo de USD 175 millones del Banco Mundial, piden una respuesta
más inmediata a los abusos que están sufriendo. Han buscado
reparación a través del nuevo Servicio de Resolución de Disputas
(DRS, por su sigla en inglés) del Mecanismo de Rendición de Cuentas
del Banco Mundial (véase el Observador de Otoño de 2021). Este es el
primer caso ante el DRS y es una oportunidad crítica para que el
Grupo Banco Mundial garantice una reparación significativa y
sostenible para las comunidades afectadas, que no fueron consultadas
adecuadamente sobre el despojo de sus hogares y tierras.
Oportunidad de la CFI de fijar la pauta en materia de reparaciones
La CFI, que se anuncia como líder en gobernanza empresarial, es la
única IFD hasta ahora que se ha comprometido a crear un marco de
reparaciones. ¿Cómo sabremos si la CFI alcanza una reparación
correcta? Los requisitos básicos de un marco de reparaciones basado
en los derechos son bien conocidos. Un informe de las Naciones Unidas
de febrero de 2022 sobre reparaciones en el financiamiento del
desarrollo recomendó que: Las IFD y sus clientes deben (1) permitir y
contribuir a la reparación por razones éticas y legales y porque la
reparación es esencial para sus mandatos de desarrollo; (2)
incorporar oportunidades para ofrecer reparación en cada etapa de
cada proyecto; (3) establecer mecanismos de financiamiento para
reparaciones; (4) dotar a los mecanismos de rendición de cuentas de
recursos suficientes e incluir específicamente en sus mandatos la
facilitación de la reparación.
El reflejo más importante de si la CFI logra reparaciones correctas
será la manera en la que aborda los proyectos existentes con
incumplimiento verificado, como Assam y los múltiples proyectos que,
de acuerdo al CAO, no cumplían con las Normas de Desempeño de la CFI
ni con los acuerdos logrados mediante procesos de resolución de
disputas. Un marco de reparaciones verdaderamente basado en los
derechos no solo debe mirar hacia el futuro, sino también
comprometerse a reparar por los daños confirmados que las comunidades
están experimentando hoy.
El informe de la ONU calificó de “cuestionables” algunos de los
argumentos que las IFD han usado para explicar por qué no permiten o
proporcionan reparación por el daño. Además, expuso las
preocupaciones sobre el riesgo moral y la exposición a las
consecuencias legales. La preocupación de que comprometerse a reparar
desincentive a los prestatarios de seguir las normas de desempeño de
las IFD no considera de manera crítica que el cumplimiento de estas
normas ya está desincentivado: cuando la implementación del proyecto
es defectuosa, los costos de los prestatarios ya están externalizados
a las comunidades locales. Y los argumentos sobre la responsabilidad
legal a menudo no consideran los formidables costos y obstáculos
procesales que enfrentan las comunidades que buscan iniciar acciones
legales contra las IFD. Además, responder adecuadamente a las
conclusiones y recomendaciones del mecanismo de rendición de cuentas
en primer lugar puede evitar la responsabilidad legal en el futuro.
Dado el énfasis de las IFD en un enfoque basado en el riesgo, es
impactante que no planifiquen lo inevitable: Que los daños ocurren a
pesar de los esfuerzos preventivos. Al no reservar fondos para
reparar desde el comienzo de cada proyecto, las IFD corren el riesgo
sustancial de que sus operaciones dejen a las comunidades en peor
situación que antes. Ahora que la CFI está en condiciones de
finalmente lograr una reparación correcta, se puede allanar el camino
para otras IFD y marcar el comienzo de un nuevo estándar para la
efectividad del desarrollo. Pero si el nuevo marco de la CFI no
cumple con un compromiso basado en los derechos para reparar por los
daños del proyecto, y si otras IFD, incluido el Banco Mundial, no se
comprometen rápidamente a establecer marcos de reparación, entonces
las comunidades locales continuarán pagando el precio y continuarán
careciendo de reparaciones por las violaciones de sus derechos
humanos.
bit.ly/IFCRemedy

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SERVICIOS SOCIALES/noticias

El compromiso del Banco Mundial con el desarrollo liderado por el
sector privado arroja dudas sobre la efectividad del nuevo Fondo de
Preparación para Pandemias

RESUMEN
- El BM seleccionado para ser fideicomisario de un nuevo fondo, a
pesar de las preocupaciones sobre su sesgo hacia el sector privado
- La sociedad civil pide que la junta directiva del fondo incluya a
representantes de todas las partes interesadas, incluso del Sur
Global

El apoyo del Banco Mundial a los intereses empresariales, incluso a
través de la oposición declarada del presidente del Grupo Banco
Mundial a la exención del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) durante
la pandemia (véase el Observador de Verano de 2021) plantea serias
dudas sobre su propuesta de un Fondo de Intermediarios Financieros
(FIF) para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias. El
FIF, anunciado en la conferencia de prensa de las Reuniones de
Primavera del G20 (véase el Dispatch Springs 2022), aprovechará una
gama de recursos privados y públicos para apoyar iniciativas
internacionales, con el Banco proporcionando servicios de
intermediación financiera como fideicomisario.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han sido muy críticas
con la iniciativa. “Los actores del desarrollo deben priorizar la
provisión pública sobre la privada, especialmente para la atención
primaria de la salud, tal como señaló recientemente la Lancet
Commission on Primary Healthcare”, dijo Marco Angelo, de la
Organización de la Sociedad Civil Wemos, con sede en Bélgica. Angelo
agregó: “La provisión privada afecta negativamente el acceso
equitativo si no está integrada al sistema de financiamiento de la
salud pública; cuando lo está, por otro lado, puede presentar muchos
desafíos”.
La organización belga Eurodad, haciéndose eco de los llamados de
expertos en las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI de 2021
(ver Dispatch Annuals 2021), también argumentó que no debería
priorizarse la atención médica privada sobre la provisión pública.
El FIF propuesto plantea varias preocupaciones, entre ellas las
relacionadas con el apoyo preferido del Banco al sector privado a
expensas de la provisión pública. Esto fue evidente incluso en la
respuesta a la pandemia de Covid-19, que demostró claramente la
importancia de los sistemas integrados de salud pública capaces de
proporcionar acceso universal a una atención médica de calidad.
La exención propuesta al Acuerdo sobre los ADPIC y la desigualdad en
la vacunación
Durante la pandemia, el presidente del Banco Mundial, David Malpass,
se opuso a la renuncia temporal al Acuerdo sobre los ADPIC para las
vacunas contra el Covid-19, lo que habría permitido a cualquier país
con capacidad de hacerlo producir vacunas contra el Covid-19. Esto
hubiera podido ampliar enormemente la oferta mundial y permitir a los
países en desarrollo acceder a muchas más dosis de vacunas a precios
más baratos (véase el Observador de Verano de 2021).
Sin la exención del Acuerdo sobre los ADPIC, que contó con el apoyo
de la gran mayoría de los propios accionistas del Banco, los países
de ingreso bajo se vieron obligados a depender en gran medida de un
sistema de apoyo internacional inadecuado en el que la caridad y la
solidaridad desempeñaron un papel desproporcionado, incluso a través
del servicio COVAX apoyado por el Banco Mundial. Como resultado
directo, a partir de marzo de 2022, los países desarrollados han
vacunado completamente al 79% de sus poblaciones, mientras que en los
países en desarrollo solo ha sido vacunado el 14% de las personas. El
reciente acuerdo sobre patentes de vacunas contra el Covid-19
acordado en la Organización Mundial del Comercio, y anunciado en
junio, estuvo muy por debajo de una exención completa de propiedad
intelectual e incluso puede dificultar el acceso de los países a las
vacunas en una futura pandemia. La desigualdad en la vacunación es
una gran parte de la razón por la cual el número de muertes en los
países en desarrollo fue cuatro veces mayor que en los países
desarrollados.
El apoyo del Banco a las compañías farmacéuticas no se detuvo en la
oposición de Malpass a la exención del Acuerdo sobre los ADPIC. El
año pasado, el Banco pagó más de USD 600 millones a los gigantes
farmacéuticos Pfizer y Moderna por sus vacunas contra el Covid-19,
mediante contratos adjudicados a través de COVAX: USD 352,8 millones
a Moderna y USD 284,6 millones a Pfizer. Pfizer duplicó sus ganancias
generales el año pasado gracias a sus ventas de vacunas, mientras que
Moderna, que vende solo su vacuna, obtuvo ganancias brutas de USD 13.
000 millones sobre ingresos de casi USD 18.000 millones.
Preguntas sobre la gobernanza y representación del FIF
El FIF propuesto también plantea preocupaciones sobre la gobernanza y
la representación. La estructura de gobernanza sugerida para este FIF
probablemente tendría una junta compuesta principalmente por grandes
donantes, es decir, países ricos del Norte Global. Es probable que
los países del Sur Global queden restringidos a observadores con poca
voz en los procesos clave de toma de decisiones, a pesar de que
soportaron desproporcionadamente la peor parte de la pandemia de
Covid-19 y es probable que también lo hagan con cualquier pandemia
futura. La estructura propuesta refleja los propios déficits de
gobernanza del Banco y contraviene los llamamientos a la
democratización del sistema multilateral en general y de las IBW en
particular (véase el Observador de Verano de 2022).
La respuesta de Oxfam al informe del Banco sobre el FIF pedía que el
consejo de administración incluyera a representantes clave de todas
las partes interesadas, con el mismo peso para los gobiernos
receptores y donantes, y que el FIF fuera acogido por la Organización
Mundial de la Salud, un experto reconocido en el campo de la salud
mundial, no por el Banco.
bit.ly/WBGAM

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FUNCIONES DEL BANCO MUNDIAL Y EL FMI/análisis

¿Un nuevo Bretton Woods para quién? La sociedad civil pide la
democratización de la gobernanza mundial

RESUMEN
- Las crecientes tensiones geopolíticas en medio del empeoramiento de
las perspectivas económicas amenazan el actual orden multilateral
actual
- Los llamamientos a un nuevo Bretton Woods para apoyar el status quo
y las políticas económicas fallidas se han convertido en la principal
tendencia
- La sociedad civil exige la democratización del orden económico
mundial

Mientras la recuperación desigual de la pandemia de Covid-19 y la
guerra en Ucrania exacerban los desafíos económicos, climáticos,
sociales y políticos preexistentes (véase el Dispatch Springs 2022),
el orden multilateral está una vez más en el centro de atención.
Abundan hoy los llamamientos para un nuevo momento Bretton Woods, en
alusión al establecimiento de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y
el FMI después de la Segunda Guerra Mundial.
Los llamamientos a un Nuevo Bretton Woods pasan por alto los orígenes
imperialistas del sistema
El 18 de abril el Financial Times publicó un artículo en apoyo a la
propuesta de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Janet Yellen,
de un nuevo acuerdo de Bretton Woods en una declaración del 13 de
abril. La secretaria Yellen señaló la necesidad de un sistema
multilateral en el que los países no puedan “utilizar su posición de
mercado en materias primas, tecnologías o productos clave para...
ejercer una influencia geopolítica no deseada”. El grupo de expertos
estadounidense Atlantic Council lanzó recientemente el proyecto
Bretton Woods 2.0. Una vez más, los debates sobre la necesidad de un
nuevo orden internacional han ido claramente más allá de los confines
de sus ‘críticos habituales’ (véase Bretton Woods at 75 conference;
Observador de Verano de 2019).
Los comentarios de la secretaria Yellen sobre la necesidad de un
nuevo momento Bretton Woods para responder a los desequilibrios en el
poder mundial y la “influencia geopolítica no deseada” son bastante
extraños cuando se consideran los orígenes del sistema de Bretton
Woods y los intereses que se pretendieron proteger con su diseño. Tal
como señala la profesora Celine Tan, de la Universidad de Warwick,
“las estructuras operativas y de gobernanza de las instituciones de
Bretton Woods continúan representando realidades geopolíticas y
económicas contemporáneas arraigadas en el colonialismo y el
imperialismo”.
Por lo tanto, en virtud de la obvia disparidad de la naturaleza de
los críticos, la cuestión apremiante es qué visión de un orden
internacional reformado prevalecerá: ¿Uno que perpetúe o profundice
los intereses de las élites internacionales y nacionales y el capital
financiero con raíces imperiales, o uno que democratice la gobernanza
mundial, redistribuya el poder entre los países del Sur y el Norte
Global, sea capaz de responder a la crisis climática, permita a todos
los ciudadanos disfrutar de sus derechos humanos y revierta la
creciente financierización de la economía mundial y la
mercantilización relacionada de los servicios públicos esenciales?
Los llamamientos a un nuevo orden internacional no son nuevos. En
febrero de 2014, en el 70º aniversario de las Instituciones de
Bretton Woods (IBW), es decir, el Banco Mundial y el FMI, y después
de la crisis financiera mundial de 2008, la entonces directora
gerente del FMI, Christine Lagarde, pronunció un discurso en el que
destacó la necesidad de un “nuevo multilateralismo para el siglo
XXI”. En él, pidió un multilateralismo más inclusivo, basado en los
“valores de una economía de mercado civil mundial” y subrayó que el
sistema debe apoyar “un sistema financiero que sirva a la economía
productiva en lugar de a sus propios propósitos”.
Tal como se ha documentado de forma sustancial, las afirmaciones de
la exdirectora gerente del FMI sobre los beneficios del sistema han
sido amplia y enérgicamente impugnadas (véase el Observador de
Invierno de 2020, el de Otoño de 2019 y el Briefing Bretton Woods at
75) tanto por las personas que han sufrido y siguen sufriendo sus
consecuencias, como por volúmenes de trabajo académico. A pesar de
los llamamientos de la secretaria Yellen a favor de un nuevo sistema
multilateral “basado en valores” que legitime el status quo, la
importancia de abordar sus críticas persistentes se ha vuelto aún más
apremiante después de la pandemia de Covid-19 y las crisis de la
seguridad alimentaria (véase el Observador de Verano de 2022) y de la
energía exacerbadas por la guerra en Ucrania.
En respuesta a múltiples crisis, los activistas piden una reforma del
sistema, no un nuevo Bretton Woods
Aparte de los persistentes llamamientos de la sociedad civil para que
las IBW acepten su responsabilidad en virtud de la legislación
internacional sobre derechos humanos y la documentación reciente de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD, por su sigla en inglés) de que la dependencia de los
productos básicos sigue siendo una trampa y ha aumentado desde 2009,
vale la pena señalar también que la supuesta reducción de la pobreza
reclamada por los impulsores del sistema actual es controvertida
(véase el Observador de Invierno de 2017-2018). Es decir, el sistema
actual no ha cumplido sus promesas de reducir la pobreza y lograr la
transformación económica que permitiría a los ciudadanos disfrutar de
sus derechos humanos y vivir dentro de los límites ecológicos.
Cualquier esfuerzo para desarrollar un nuevo Bretton Woods debe
abordar, por lo tanto, las estructuras de gobernanza inherentemente
antidemocráticas de las IBW poniendo fin al acuerdo de caballeros
(véase Antecedentes, ¿Qué es el acuerdo de caballeros?), ajustando
radicalmente sus estructuras de votación y junta directiva y
mejorando la capacidad de los países del Sur Global para influir en
sus políticas y programas. Un nuevo Bretton Woods también abordaría
la interpretación errónea del FMI y el Banco Mundial de su posición
dentro del sistema de las Naciones Unidas, donde se niegan a aceptar
su responsabilidad en virtud de la legislación internacional sobre
derechos humanos y les exigiría desarrollar un marco de derechos
humanos y políticas conexas.
Una Conferencia sobre el financiamiento para el desarrollo podría
brindar la oportunidad de avanzar en estas áreas. Tal como subrayó
Farwa Sial, de la organización de la sociedad civil Eurodad, con sede
en Bélgica, “el replanteamiento actual de las instituciones de
Bretton Woods está impulsado por sus miembros más poderosos sirviendo
a sus propios intereses. Un marco mucho más eficaz sería una cumbre
sobre financiamiento para el desarrollo en las Naciones Unidas, en el
que se dé a cada país la oportunidad de negociar el plan para nuevas
normas e instituciones que rijan las finanzas, la economía y el
comercio mundiales. Esta sería una oportunidad para salir de este
estancamiento de poder”.
En este contexto, para replantear la discusión y pedir un orden
económico mundial centrado en las personas, justo y ecológicamente
sostenible, siguen siendo esenciales las actividades de los
movimientos sociales mundiales y aliados como Ibon International, con
sede en Filipinas, y el Asian People’s Movement on Debt and
Development, y así como las organizaciones de derechos de las
mujeres, como Development Alternatives with Women for a New Era, con
sede en la India.
Tal como señaló Jason Braganza, del African Forum and Network on Debt
and Development, “un sistema basado en normas ya no puede ignorar la
voz de regiones de países en desarrollo como África. La pandemia, el
clima, los conflictos y otros desafíos sistémicos son evidencia del
papel cada vez más profundo de África en la política y la economía
mundial y en general. Por lo tanto, cualquier reforma debe tener a
los líderes africanos en la mesa creando, no aceptando las normas”.
De hecho, la profesora Tan destacó que “una arquitectura económica
internacional reformada explicaría el impacto que los países
industrializados y sus poderosos actores financieros han desempeñado
en la creación de problemas colectivos mundiales, desde el cambio
climático hasta la deuda soberana y desde las crisis financieras
hasta las guerras comerciales y los conflictos militares. La
responsabilidad de abordar estas crisis debe recaer en estos
poderosos actores, por lo que deben rendir cuentas de sus acciones y
otorgar las reparaciones apropiadas” (véase el Observador de Otoño de
2020).
FfD4: ¿Una rara oportunidad para un cambio estructural concreto?
Si bien los intercambios en la conferencia Eurodad 2022 en Bruselas,
en junio, variaron desde la desigualdad de las vacunas hasta
“garantizar la primacía de los derechos humanos en tiempos de crisis
sistémicas”, también se llevaron a cabo discusiones sobre la
importancia de apoyar los llamamientos sobre una potencial 4ª
Conferencia de finanzas para el desarrollo (FfD4 por su sigla en
inglés) de las Naciones Unidas durante 2023, para buscar reformas
estructurales urgentemente necesarias a la arquitectura
internacional.
Aunque reconocieron que el sistema de las Naciones Unidas no es
inmune a los desequilibrios de poder en los que se basa el orden
económico mundial actual, los participantes señalaron que una 4ª
conferencia podría proporcionar un mecanismo importante para los
cambios estructurales, tal como un organismo tributario de las
Naciones Unidas, un mecanismo de renegociación de la deuda de las
Naciones Unidas o un impuesto mundial sobre las transacciones
financieras. Destacaron que la estructura de gobernanza de la ONU
(que, a diferencia de las IBW, permite a todos los países contar con
una voz igualitaria y tiene una capacidad única para tomar decisiones
legalmente vinculantes que afectan la arquitectura financiera
internacional) convierte a la FfD4 en un foro importante para la
acción colectiva.
Los participantes en la discusión también reconocieron que, dados los
intereses alineados con los cambios estructurales significativos, tal
como se articulan en la agenda “Miles de millones a billones” (véase
el Observador de Otoño de 2017), el marco de Desarrollo Verde,
Resiliente e Inclusivo del Banco Mundial y una mayor dependencia de
las inversiones que tienen en cuenta cuestiones ambientales, sociales
y de gobernanza (ASG) como herramienta de desarrollo, será necesario
un esfuerzo verdaderamente concertado por parte de los movimientos
sociales, la sociedad civil, los sindicatos y los académicos
progresistas para contrarrestar los esfuerzos para utilizar el ‘nuevo
momento Bretton Woods’ para profundizar el actual modelo fallido y
dar pasos concretos hacia un sistema económico más justo.
bit.ly/NewBWMoment

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SECTOR PRIVADO/noticias

La CFI del Banco Mundial pone fin al financiamiento de escuelas
primarias y secundarias privadas

La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector
privado del Banco Mundial, anunció el 8 de junio que no reanudaría
sus inversiones en escuelas primarias y secundarias privadas con
fines de lucro, tras un informe crítico del Grupo de Evaluación
Independiente (GEI) del Banco Mundial publicado en enero.
Esto significa que la suspensión temporal por parte de la CFI de
todas las inversiones directas e indirectas en escuelas con fines de
lucro anunciada en 2020 es ahora permanente (véase el Observador de
Verano de 2020). La suspensión siguió a una campaña montada por
organizaciones de la sociedad civil (OSC), en particular en África, y
un anuncio en marzo de que la CFI estaba desinvirtiendo en el
proveedor de educación con fines de lucro New Global Schools,
anteriormente conocido como Bridge International Academies (BIA)
(véase el Observador de Primavera de 2022).
En respuesta a la evaluación del GEI, la CFI señaló en una
declaración del 8 de junio que “existe potencial” para que la
inversión en escuelas privadas exacerbe la desigualdad y tenga
consecuencias no deseadas para el sistema escolar del sector público.
La medida fue muy bien recibida por las OSC, que han criticado
durante mucho tiempo el financiamiento de la educación con fines de
lucro por parte de la CFI (véase el Observador de Primavera de 2018).
En una declaración de las OSC, Magdalena Sepúlveda, de la Global
Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, pidió al Grupo
Banco Mundial que brinde “un mayor respaldo a los gobiernos para
construir sistemas de educación pública más fuertes y equitativos, a
través de su apoyo al sector público”.
Hoy se reconocen ampliamente los impactos negativos de la inversión
de capital privado en proveedores de educación con fines de lucro,
como BIA. El derecho a una educación de calidad inclusiva y
equitativa está consagrado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
(ODS4) y, el año pasado, el Informe de Seguimiento de la Educación en
el Mundo (GEM, por su sigla en inglés) 2021-2022 de la UNESCO señaló
que “la obtención de beneficios es inconsistente con el compromiso de
garantizar la educación preescolar, primaria y secundaria gratuita”.
bit.ly/IFCPrivateSchools

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FINANZAS/noticias

Los países altamente endeudados se enfrentan a nuevos recortes en el
gasto público para
servir las deudas, mientras son acosados por la austeridad del FMI

RESUMEN
- Países muy endeudados obligados a priorizar los pagos de la deuda
- Necesidad de un mecanismo eficaz de alivio de la deuda más urgente
que nunca

En un informe de mayo de la organización de la sociedad civil
británica Debt Justice (DJ), anteriormente llamada Jubilee Debt
Campaign, se constató que el gasto público en los países más
endeudados está cayendo o estancado, “a pesar de la necesidad de que
los países aumenten su gasto en respuesta a los aumentos de los
precios de los alimentos y la energía” (véase el Observador de Verano
de 2022).
Utilizando datos del FMI de 41 países de ingreso bajo para los que
hay información disponible, el informe señala que “los países con los
pagos de deuda más altos, de más del 15% de la recaudación pública,
enfrentaron una caída en el gasto público del 3% entre 2019 y 2023,
en comparación con un aumento del 14% para los países con los pagos
de deuda más bajos”.
Actualmente, el único mecanismo internacional para el alivio de la
deuda al que los países tienen acceso es el Marco Común para los
Tratamientos de la Deuda del G20 (véase el Observador de Invierno de
2020). Esto ha demostrado ser ineficaz, ya que ninguno de los tres
países que han presentado la solicitud ha obtenido la cancelación de
ninguna deuda y la participación de prestamistas privados en este
esquema aún no está clara, a pesar de varios llamamientos por parte
de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y líderes tanto del FMI
como del Banco Mundial (véase el Observador de Invierno de 2021).
Tess Woolfenden, de DJ, destacó que dada la falta de un plan efectivo
de alivio de la deuda, “los países de ingreso bajo se ven obligados a
priorizar los pagos de la deuda sobre el gasto público en atención
médica o acceso a alimentos, justo en un momento en que el gasto se
necesita con tanta urgencia ... Los pagos de la deuda a los
prestamistas ricos no deben tener prioridad sobre las necesidades de
las personas en un momento de crisis múltiples”.
Se agrava la crisis de desigualdad ante la falta de soluciones al
aumento de la deuda
Los expertos en deuda y derechos humanos han expresado su
preocupación por la continua austeridad ordenada por el FMI,
advirtiendo que la crisis de desigualdad se verá exacerbada por los
aumentos en los precios de los alimentos y de la energía (véase el
Observador de Verano de 2022) y el alto nivel de pagos de la deuda
externa que, según DJ, es hoy el más alto desde 2001.
Un documento de 2021 de Isabel Ortiz y Matthew Cummins, que se centró
en las proyecciones del gasto futuro hasta 2025, advirtió sobre un
“shock de austeridad fiscal posterior a la pandemia ... mucho más
prematuro y grave que el que siguió a la crisis financiera mundial”.
En un blog de julio de 2021, la directora gerente del FMI, Kristalina
Georgieva, señaló las preocupaciones del FMI sobre “un agravamiento
de la recuperación dispar, impulsada por diferencias dramáticas en la
disponibilidad de vacunas, las tasas de infección y la capacidad de
proporcionar apoyo de políticas” y pidió “una acción urgente del G20
y los responsables de la formulación de políticas en todo el mundo”.
Sin embargo, la propia promoción del FMI de medidas de austeridad en
países muy endeudados (véase el Observador de Invierno de 2021) y
otras políticas como los sobrecargos del FMI (véase Al interior de
las instituciones, ¿Qué son los sobrecargos del FMI? y el Observador
de Primavera de 2022), están obligando a los países a priorizar el
pago de sus deudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos.
En julio el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó
la necesidad de aliviar inmediatamente la deuda en los países de
ingreso bajo. Además señaló que “también se necesitan esfuerzos para
crear mecanismos de renegociación de la deuda soberana que puedan
reducir significativamente la carga desproporcionada impuesta a los
países en desarrollo y que sienten a todos los acreedores a la mesa”.
Mecanismo de renegociación de la deuda bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, una solución clave
Siguen siendo apremiantes los viejos llamamientos a favor de un
mecanismo de renegociación de la deuda con sede en las Naciones
Unidas que garantice préstamos responsables en los que todos los
actores, incluido el sector privado, participen de conformidad con
las normas internacionales en materia de derechos humanos (véase el
Observador de Primavera de 2022). La posibilidad de una 4ª
Conferencia sobre el financiamiento para el desarrollo (FfD4, por su
sigla en inglés) podría brindar la oportunidad de establecer dicho
marco en las Naciones Unidas. Tal como destacó el Civil Society
Financing for Development Group, este mecanismo sería clave para
“abordar la deuda insostenible e ilegítima, incluso a través de una
cancelación extensiva de la misma” y avanzar hacia un sistema
económico que “funcione para las personas y el planeta”.
Recientemente, Sri Lanka sufrió el colapso de su economía, lo que
produjo la suspensión de manera unilateral del pago de USD 25.000
millones de su deuda externa. Las protestas masivas desde marzo
debido a los altos niveles de deuda, el impacto de la pandemia de
Covid-19 y el aumento de los costos de los productos básicos llevaron
a la renuncia del presidente en julio. Sin medidas urgentes para
hacer frente a la crisis de la deuda, Sri Lanka es ampliamente
considerada el presagio de más cesaciones de pagos futuras por parte
de otros países.
bit.ly/DebtCrisisReport

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RENDICIÓN DE CUENTAS/comentario

El FMI está cambiando y necesita un defensor del pueblo independiente
Danny Bradlow, American University Washington College of Law

RESUMEN
- El FMI ha ampliado sustancialmente el alcance de su trabajo para
incluir el cambio climático, el género, la pandemia y la desigualdad
- La ampliación de su trabajo aumenta los riesgos para las
comunidades y los individuos
- El FMI debe nombrar un defensor del pueblo para recibir e
investigar los reclamos sobre las consecuencias negativas de sus
programas

El hecho de que el FMI haya reconocido que cuestiones como las
pandemias, el cambio climático, la discriminación de género y la
desigualdad influyen en la estabilidad macroeconómica es bien
recibido. También lo es el hecho de que el Fondo haya comenzado a
incorporar estas cuestiones en su investigación y en sus consultas
periódicas con sus Estados Miembros y que proponga incluirlas en el
ámbito de los mecanismos de financiamiento, como el Fondo Fiduciario
para la Resiliencia y la Sostenibilidad (véase el Observador de
Primavera de 2022).
Sin embargo, es preocupante que el FMI aún no haya reconocido
plenamente cómo estas cuestiones son discordantes con su forma
habitual de hacer negocios.
Requieren que el FMI interactúe directa y sistemáticamente con los
actores no públicos en sus Estados Miembros para comprender cómo
estos problemas afectan a las comunidades, organizaciones e
individuos y cómo pueden responder a las propuestas de política
particulares del FMI. Esto aumenta el riesgo de que las propias
actividades del FMI afecten directa y negativamente a estos actores
no estatales. Los principios de la buena gobernanza exigen que el FMI
rinda cuentas de estos efectos.
Este artículo argumenta que el FMI debe nombrar un defensor del
pueblo que pueda recibir e investigar reclamos sobre la forma en que
ha ejercido su poder. Esto ayudará al FMI a abordar los desafíos
operacionales que plantean estas nuevas cuestiones.
Tres desafíos que enfrenta el FMI
En primer lugar, estas cuestiones desdibujan los límites entre los
impactos macro y micro de las políticas económicas, sociales y
ambientales. Por ejemplo, una comprensión completa de los impactos de
las políticas climáticas incluye la evaluación tanto de sus
implicaciones financieras y fiscales a nivel macro, como de sus
impactos diferenciales en los gobiernos subnacionales, las empresas,
las comunidades, las regiones y los grupos sociales. Tales impactos,
y la respuesta de estos grupos a ellos, pueden afectar al éxito de
las políticas en materia climática y tener consecuencias sobre la
desigualdad y la discriminación en el Estado Miembro. Por lo tanto,
el FMI sólo puede hacer una evaluación completa del éxito probable de
las políticas propuestas si consulta con todos estos grupos sobre la
política.
En segundo lugar, las políticas que abordan estas nuevas cuestiones
operan durante períodos de tiempo más largos que las operaciones
habituales del FMI. Por lo tanto, al desarrollarlas, el personal
técnico del FMI debe considerar más variables. Además deben consultar
directamente con una amplia gama de actores estatales y no estatales,
que ahora dispondrán de tiempo para ajustar su conducta a las
políticas, lo que tendrá influencia en su éxito o fracaso.
En tercer lugar, el personal técnico del FMI y el Estado Miembro no
pueden abordar todas estas cuestiones en una misión o un acuerdo de
financiamiento de un país en particular. Tendrá que decidir cuáles
priorizar. Por lo tanto, deberá decidir a quién consultar sobre estas
opciones y qué información debe facilitar en esas consultas. Es decir
que estas nuevas cuestiones exigen necesariamente que los
funcionarios del FMI tomen decisiones que pueden tener un impacto
sustancial en la vida y el bienestar de los residentes de sus Estados
Miembros.
El FMI ha respondido a tales desafíos solo de manera parcial. Por
ejemplo, sus actuales notas orientativas prevén que el personal pueda
celebrar consultas, pero no establecen procedimientos oficiales que
el personal deba seguir para decidir a quién consultar ni sobre qué
cuestiones. Tampoco ofrecen al personal una orientación clara sobre
el alcance de las evaluaciones de impacto que deben realizar (véase
el Observador de Verano de 2021).
El FMI necesita una orientación obligatoria para el personal técnico
y un defensor del pueblo
En primer lugar, la administración debe formular un conjunto de
políticas obligatorias y públicamente disponibles que expliquen cómo
debe gestionar el personal los aspectos ambientales y sociales de la
política macroeconómica. El personal debe tomar decisiones basadas en
datos fiables, consultas adecuadas con todas las partes interesadas y
no temer ni favorecer a ninguna parte interesada en particular. Las
políticas deberían dejar clara la visión del FMI sobre la divulgación
de la información. Deben estipular los criterios para evaluar la
idoneidad de las consultas con todas las partes interesadas
pertinentes y los impactos ambientales y sociales de la política
macroeconómica actual y propuesta.
En segundo lugar, el Directorio Ejecutivo del FMI debe nombrar a un
defensor del pueblo independiente de la administración del FMI que
informe al Directorio y exija cuentas al personal y a la
administración del FMI por su cumplimiento de las políticas.
Este funcionario debería tener la autoridad para recibir e investigar
reclamos de partes interesadas externas que afirmen que han sido
perjudicadas por el incumplimiento por parte del personal y la
administración del FMI de sus propias políticas y procedimientos
operacionales. Una vez concluida la investigación, el defensor del
pueblo debe presentar al Directorio un informe de acceso público en
el que se documenten sus conclusiones y se formulen recomendaciones
sobre la manera de hacer frente a cualquier daño causado por el
incumplimiento por parte del personal técnico del FMI de las
políticas y procedimientos aplicables. El defensor del pueblo
debería, además, publicar un informe anual que, cuando proceda,
analice las lecciones que ha aprendido sobre las operaciones del FMI
a partir de sus investigaciones.
Actualmente, el FMI es la única institución financiera internacional
que carece de un mecanismo de rendición de cuentas independiente. Es
hora de que corrija esta deficiencia y nombre un defensor del pueblo
independiente.
bit.ly/IMFOmbudsman

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MEDIOAMBIENTE/noticias

Avanza el préstamo del FMI a Mozambique

A pesar de las preocupaciones constantes sobre la inseguridad, los
altos niveles de deuda y la vulnerabilidad a los desastres naturales,
el 9 de mayo el FMI aprobó un préstamo del Servicio de Crédito
Ampliado (ECF, por su sigla en inglés) de US$456 millones para
Mozambique. Si bien los documentos de consulta del Artículo IV aún no
se han publicado dos meses después, el comunicado de prensa adjunto
indica que el análisis de sostenibilidad de la deuda probablemente se
basó una vez más en el supuesto de las perspectivas de crecimiento a
largo plazo de los principales proyectos de gas natural licuado (GNL)
de Mozambique.
Contrariamente a esta evaluación, un informe detallado del 16 de mayo
de la organización de la sociedad civil (OSC) Friends of the Earth
afirmó que el descubrimiento de gas ha estado estrechamente
relacionado con la desestabilización, el desplazamiento, la
desaparición de periodistas y otras violaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, debido a la fluctuación de los precios de los
productos básicos, las preocupaciones de seguridad (lo que llevó al
inversor francés Total a declarar force majeure en su proyecto de GNL
en alta mar en 2021) y las exenciones fiscales recomendadas por el
Banco Mundial para los desarrolladores de gas, ahora se proyecta la
"tremenda" ganancia económica que se esperaba para Mozambique será
mucho más pequeña de lo previsto (ver Observador de Otoño 2020).
La aceleración de la crisis climática y el cambio de política global
cambio de política global largamente esperado hacia la generación de
energía renovable, incluso en mercados importadores clave como la UE,
significan que los proyectos de exportación de GNL corren el riesgo
de convertirse en un activo varado en el futuro. Esto tendrá un serio
efecto dominó potencial en la sostenibilidad de la deuda y las
perspectivas de desarrollo de Mozambique, como se destaca en dos
análisis en profundidad separados realizados por el grupo de expertos
alemán Open Oil y el grupo de expertos E3G con sede en el Reino Unido
en 2021. “La modelización del FMI fue un factor clave para inflar la
burbuja de expectativas sobre el gas en Mozambique”, según E3G. Si
bien el Fondo ha moderado sus proyecciones de ingresos y la junta
admite que "los riesgos siguen siendo significativos", la ECF siguió
adelante, poniendo en duda el rigor de la evaluación de riesgos del
FMI. Los activistas ambientales Nnimmo Bassey y Anabela Lemos
enfatizaron en un artículo de febrero en Foreign Affairs que, “En
lugar de invertir más dinero en la producción de combustibles fósiles
y perpetuar las crisis que enfrentan muchos países africanos … las
inversiones en energía renovable producirían un modelo económico que
es más barato, más fiable y más democrático”.
bit.ly/MozambiqueIMFLoan

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SECTOR PRIVADO/noticias

Informe sobre la privatización de la atención médica de Kenia destaca
el impacto humano del sesgo del sector privado del Banco Mundial

Un informe de noviembre de 2021 del Center for Human Rights and
Global Justice de la New York University (NYU), titulado Wrong
Prescription: The Impact of Privatising Healthcare in Kenya
proporciona una imagen condenatoria del papel en rápida expansión de
la atención médica privada en Kenia promovido por el Banco Mundial
bajo su enfoque de Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo
(MFD) (véase el Observador de Primavera de 2022 y el de Verano de 201
7). En el informe se constata que la privatización puede comprometer
el acceso universal a la atención médica (un derecho humano tanto en
virtud de la Constitución de Kenia como de las leyes internacionales
de derechos humanos) al desviar recursos del sector público y
priorizar los servicios con fines de lucro. La sociedad civil ha
señalado la tendencia de la financierización, tanto en general como
de los servicios públicos esenciales en particular, como una
preocupación para los países que cumplen con sus obligaciones en
materia de derechos humanos (véase el Observador de Primavera de 202
2).
A pesar de las bien fundadas preocupaciones, los responsables de la
formulación de políticas de Kenia, instados por actores del
desarrollo como el Banco Mundial, han adoptado políticas para
aumentar la participación del sector privado en el sistema de salud
del país mediante la subvención de la atención privada, la búsqueda
de Asociaciones Público-Privadas (APP) (véase el Observador de Otoño
de 2015) y la oferta de incentivos fiscales a los inversores. El
informe de la NYU concluye que la privatización de la atención médica
en Kenia es un mal negocio para los contribuyentes y ha tenido graves
impactos negativos en los derechos humanos de los kenianos, ya que
resulta cara para las personas y el gobierno, al tiempo que empuja a
los kenianos a la pobreza y a una deuda abrumadora.
El informe se suma a las preocupaciones de la sociedad civil sobre la
promoción de soluciones privadas por parte de las instituciones
financieras internacionales. En el documento se afirma que los
actores privados están “aislados de las obligaciones y los procesos
democráticos asociados con el sector público”, mientras que los
actores internacionales que influyeron en Kenia para privatizar su
sistema de salud “posiblemente rinden incluso menos cuentas” que los
actores privados. El Banco Mundial y otros no respondieron a las
preguntas de los autores sobre si evalúan el impacto de su apoyo a la
atención médica del sector privado en los derechos humanos, los
riesgos sociales o el acceso a la atención médica.
La coautora Rebecca Riddell comentó: “El Banco Mundial ha presionado
agresivamente para una mayor participación del sector privado en la
atención médica en Kenia, a pesar de las preocupaciones generalizadas
sobre el aumento de los costos, la desigualdad en el acceso y la
calidad desigual de la atención. Estos no son solo problemas menores
que pueden ser minimizados o achacados a los reguladores, sino que
realmente evidencian la cuestión de fondo de si el enfoque de MFD es
adecuado para su propósito”.
bit.ly/WBGKenya

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MEDIO AMBIENTE/noticias

Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad: ¿Traerán
las “reformas calificativas” el tan esperado cambio institucional?

RESUMEN
- El FMI y el Banco Mundial definirán “reformas calificativas” para
acceder al financiamiento del nuevo FFRS durante el verano
- El cuestionable historial de las IBW en materia de clima y
financiación de combustibles fósiles pone en tela de juicio su
experiencia para determinar las políticas climáticas de los países

Después de una campaña de la sociedad civil de un año de duración
pidiendo a los países ricos que recanalicen sus Derechos Especiales
de Giro no utilizados (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué
son los Derechos Especiales de Giro (DEG)?) hacia los países pobres
que luchan con la respuesta a la pandemia de Covid-19, los choques
climáticos y la creciente carga de la deuda, en abril, el FMI
estableció el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la
Sostenibilidad (FFRS) (véase el Dispatch Springs 2022). Mientras el
FMI se aventura a otorgar préstamos para los problemas de la balanza
de pagos a largo plazo por primera vez, el diseño del FFRS sigue
siendo defectuoso: La elegibilidad está vinculada a los países que
tienen un programa existente del FMI; el desembolso se realiza a
través del financiamiento de préstamos con una estructura de
intereses escalonada, en lugar de subvenciones. Un límite de acceso
basado en cuotas significa que los países con cuotas pequeñas o altos
niveles de deuda existente difícilmente se beneficiarán (véase el
Observador de Primavera de 2022). Además, la aspiración de
financiamiento de USD 45.000 millones parece asombrosamente poco
ambiciosa en comparación con el mínimo de USD 6 billones de
financiamiento climático necesarios calculados por la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
teniendo en cuenta, especialmente, que los países del G7 tienen
actualmente USD 1 billón en DEG en sus balances.
El FFRS también requerirá que los países emprendan “reformas
calificativas” aún por definir relacionadas con el cambio climático o
la preparación frente a pandemias para acceder al financiamiento. El
FMI trabajará con el Banco Mundial para diseñar estas reformas. El
documento del directorio del FFRS de abril enfatizó que las reformas
serían identificadas por el personal del FMI y el Banco y que las
estrategias de las autoridades nacionales se considerarían solo
“cuando corresponda”, lo que pondría en duda un enfoque
verdaderamente dirigido por los países. Siguen sin mencionarse otras
fuentes de conocimiento experto especializado, como la CMNUCC o la
sociedad civil. El comunicado de prensa adjunto sugiere que “las
reformas respaldadas por el fondo fiduciario también tienen la
intención de catalizar un mayor financiamiento del sector privado”,
lo que indica un enfoque inquebrantable en una transición impulsada
por el mercado.
Dada la ubicuidad de las medidas de consolidación fiscal en casi
todos los programas de préstamos recientes del FMI (véase el Dispatch
Springs 2022), así como el enfoque contradictorio de ambas
instituciones sobre el clima y la inversión en combustibles fósiles
(véase el Observador de Invierno de 2021 y el de Otoño de 2021), las
implicaciones de que el FMI y el Banco asuman el poder en la toma de
decisiones sobre las políticas en materia de clima de los países y
las necesidades de gasto público relacionadas son problemáticas. De
hecho, en un informe de abril, Chiara Mariotti, de la organización de
la sociedad civil (OSC) Eurodad, con sede en Bruselas, destacó “los
graves riesgos de que el FFRS encierre a los países en múltiples
marcos de condicionalidad y socave su ya limitado espacio de
políticas”.
Sigue siendo cuestionable la capacidad del FMI para prescribir
políticas en materia de clima.
Reconociendo la “condición macrocrítica” de los riesgos de transición
de la transformación económica lejos de los combustibles fósiles, el
FMI desarrolló una estrategia climática en 2021 que incluía
propuestas para una expansión seria de la capacidad del personal
(véase el Observador de Otoño de 2021). Sin embargo, una
investigación de ActionAid USA y Bretton Woods Project publicada en
agosto de 2021 demostró que el Fondo aconsejó a más de la mitad de
sus miembros que continuaran invirtiendo en combustibles fósiles en
los seis años anteriores, incluyendo, entre otras cosas, la expansión
de la infraestructura fósil, la privatización de empresas de energía
y de servicios públicos. Mozambique es un ejemplo de ello (véase el
Observador de Verano de 2022 y el de Otoño de 2020), donde el Fondo
predijo un auge del carbón y el gas en alta mar y desarrolló un
régimen de exenciones fiscales para los inversores, solo para que la
principal mina de carbón se convirtiera en un activo varado y el
proyecto de gas insignia del país se detuviera por el aumento de la
inseguridad y la violencia. En parte como resultado de ello, la deuda
de Mozambique se ha disparado, una consecuencia que podría haber sido
tenida en cuenta en una evaluación seria de los riesgos de la
transición.
Si bien, en teoría, el FMI puede desempeñar un papel crucial en la
gestión de los impactos macroeconómicos del cambio climático y las
políticas de mitigación para apoyar una transición verde justa,
incluso a través del FFRS, esto requerirá un cambio institucional
profundo más allá de la ampliación del personal para temas climáticos
y la colaboración con el Banco Mundial. Lara Merling, del Centro de
Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston dijo: “El
enfoque actual es una continuación del tipo de políticas que el FMI y
el Banco Mundial han impuesto desde la era de los Programas de Ajuste
Estructural, que durante décadas no han logrado resultados
significativos en los objetivos de desarrollo. No está claro cómo se
espera que duplicar el mismo enfoque tenga un resultado diferente en
el logro de los objetivos en materia de clima, al tiempo que apoya
los resultados de desarrollo de los países".
bit.ly/RSTClimate

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GÉNERO/noticias

Nueva estrategia de género del Banco Mundial: Persiste la
preocupación por el enfoque sobre la protección social y las reformas
macroeconómicas que ignoran las cuestiones de género

RESUMEN
- El cuidado y la protección social pueden ser el foco potencial de
la nueva estrategia de género del Banco Mundial
- La sociedad civil advierte que existe el riesgo de que se repitan
los errores del pasado en el apoyo propuesto por el Banco al cuidado
infantil privatizado

Dado que la actual estrategia de género del Banco Mundial expirará el
próximo año, se esperan con entusiasmo indicios del enfoque de la
nueva estrategia. Si bien el Banco ha confirmado que el desarrollo de
la estrategia aún no ha comenzado, algunas pistas sobre el enfoque en
el cuidado y la protección social en su trabajo sobre género están
emergiendo. Uno de los desafíos que enfrenta el Banco es dejar de
socavar el trabajo específico del equipo de género con la
consolidación fiscal y las condiciones regresivas de préstamos
centrados en los impuestos en su Financiamiento de Políticas de
Desarrollo. La estrategia actual de género del Banco, para los años
fiscales 2016-2023, se centra en gran medida en temas como la mejora
de las dotaciones humanas, la eliminación de las restricciones para
más y mejores empleos y la eliminación de las barreras a la propiedad
y el control de los activos por parte de las mujeres. La sociedad
civil ha criticado el enfoque instrumentalista de la estrategia para
el empoderamiento de las mujeres, así como la falta de un sistema de
rendición de cuentas y la ausencia de una visión macroeconómica
(véase el Observador de Invierno de 2016).
La reposición de recursos de la AIF-20 proporciona información sobre
la dirección a la que apunta la labor del Banco en materia de género
La 20ª reposición de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el
brazo de países de ingreso bajo del Banco, en diciembre de 2021,
donde se asumieron una serie de compromisos de política en materia de
género, dan una idea de lo que puede venir. El tema especial de
Género y Desarrollo contiene el compromiso de apoyar a “al menos 15
países de la AIF para ampliar el acceso a un cuidado infantil
asequible y de calidad, especialmente para los padres con bajos
ingresos”, lo que ha resultado en la creación de un Fondo de
Incentivos para el Cuidado Infantil.
En una nota conceptual para el Fondo de Incentivos para el Cuidado
Infantil se deja en claro que buscará ampliar la provisión pública de
cuidado infantil, así como el apoyo a los actores “no estatales”,
incluidas las “cadenas de proveedores privados”. Sin embargo, los
recientes resultados negativos del apoyo del Banco a los proveedores
de educación con fines de lucro y la atención médica privatizada
(véase el Observador de Verano de 2022), plantean serias
preocupaciones de que el fondo sirva como vehículo para una mayor
privatización de los servicios sociales vitales promovida por el
Banco. Fiana Arbab, de Oxfam International, comentó: “Es sumamente
preocupante ver las expectativas del ‘sector no estatal de ampliar la
provisión’, incluyendo a las empresas con fines de lucro y las
‘cadenas de proveedores privados’ en el borrador actual de la nota
conceptual del Banco sobre el Fondo, sabiendo que hay evidencia
significativa de modelos con fines de lucro en el sector de la
educación K-12 que demuestran que cuando hay tarifas, no importa que
tan bajas sean, ciertos grupos de ingresos quedan excluidos. Por lo
tanto, deben evitarse por completo los modelos con fines de lucro
debido a la desigualdad económica y de género y la calidad de los
impactos de la provisión”.
El Banco debe garantizar que su política macroeconómica no socave la
igualdad de género
Además, si sus políticas macroeconómicas siguen sin tener en cuenta
el género, el Banco corre el riesgo de anular esfuerzos en materia de
género más específicos. El Banco continúa apoyando las políticas de
austeridad a través de acciones previas en su instrumento de
financiamiento de políticas de desarrollo (FPD) (véase Al interior de
las instituciones, ¿Qué es el Financiamiento de Políticas de
Desarrollo del Banco Mundial? y el Briefing, Learning lessons from
the Covid-19 pandemic: The World Bank’s macroeconomic policies and
women’s rights), que tienen un impacto particularmente negativo en
las mujeres y las niñas, ya que el peso de la sobrecarga de los
ingresos familiares y la reducción de los servicios públicos se
sienten principalmente en ellas. La continua adhesión a la
consolidación fiscal y la promoción de “alternativas” con fines de
lucro en medio de graves crisis contradice el compromiso del Banco
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y amenaza con socavar sus
propias metas de género.
En otros lugares, la sociedad civil ha criticado la implementación de
las actuales políticas de protección social del Banco. En un informe
de junio de 2020, la consultora Development Pathways, con sede en el
Reino Unido, destacó la contradicción entre el enfoque declarado del
Banco Mundial en materia de “protección social universal” y la
evidencia de su continua promoción de un enfoque específico para
ello. El Banco tiene un historial de impulsar la implementación de
sistemas de protección específicos y de verificación de ingresos, lo
que puede conducir a errores significativos de focalización, que a
menudo no llegan a quienes más apoyo necesitan (véase el Observador
de Primavera de 2018).
Sobre el trabajo del Banco Mundial en el futuro, Mareen Buschmann de
Care International UK señaló: “la Covid-19 ha hecho retroceder los
avances en materia de igualdad de género en una generación y, por
ejemplo, ha aumentado el tiempo que las mujeres y las niñas dedican
al cuidado no remunerado y al trabajo doméstico entre un 30% y un 40%
... Alentamos al Banco a ir más allá del cuidado infantil, ampliar la
cartera de países a 25-30 países de la AIF acelerando las acciones,
invertir en la creación de empleos de cuidado dignos e integrar una
perspectiva de género en la recuperación de la crisis, ya sea del
Covid, de los conflictos o de la emergencia climática”.
bit.ly/WBGCare

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FINANZAS/noticias

Colapsa el reinicio del acuerdo de préstamo del FMI a Pakistán con el
cambio de gobierno, ya que los crecientes costos del GNL respaldado
por la CFI se suman a la carga fiscal
Pakistán ha reabierto las negociaciones con el FMI para reanudar un
desembolso de USD 1.000 millones de su estancado Servicio Ampliado
del FMI de USD 6.000 millones, después de que el primer ministro
Imran Khan fuera destituido en abril tras una moción de censura, lo
que frustró un acuerdo para reiniciar el programa de préstamos (véase
el Observador de Primavera de 2022).
El reinicio anterior del préstamo del FMI a Pakistán había provocado
la ira de los grupos de la sociedad civil ambiental pakistaní, ya que
un mini presupuesto vinculado al programa había eliminado las
exenciones fiscales para los componentes de energía renovable
importados y los vehículos eléctricos, en un golpe a los objetivos
climáticos nacionales acordados en el país (véase el Observador de
Primavera de 2022).
Según un artículo del 3 de junio en el Financial Times, el gobierno
de Pakistán está ahora aumentando el costo de la energía para sus
ciudadanos, a pesar de la crisis mundial de alimentos y combustibles
(véase el Observador de Verano de 2022), en un esfuerzo por cumplir
con las condiciones del FMI. En el periódico se señalaba: “El
gobierno ... ha aumentado los precios del combustible en más de un
tercio en dos etapas diferentes este mes después de las solicitudes
del FMI para eliminar los subsidios”.
Entre los problemas que exacerban la crisis fiscal de Pakistán se
encuentra su creciente dependencia de la importación de gas natural
licuado (GNL). Un informe de junio del International Institute of
Energy Economics and Financial Analysis, con sede en Estados Unidos,
constató que “el aumento de la dependencia del GNL ha exacerbado la
inseguridad energética y las luchas financieras para el gobierno, los
hogares y las empresas, y los sectores económicos” y advirtió que
esto ha expuesto al país a los shocks de precios de las materias
primas.
Según una investigación publicada en abril por la organización de la
sociedad civil Recourse, con sede en los Países Bajos, la Corporación
Financiera Internacional (CFI), el brazo de inversión privada del
Banco Mundial, desempeñó un papel fundamental en la inversión en la
primera terminal de importación de GNL de Pakistán en 2015,
proporcionando USD 35 millones en préstamos y apoyo de capital al
proyecto.
bit.ly/IMFPakistanLoan

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TIERRA/noticias

La CFI aprueba préstamo a productor agrícola industrial en Brasil a
pesar de las peticiones de protección del sensible bioma de
pastizales
El 1 de julio, la publicación ambiental en línea Mongabay informó de
la aprobación de un préstamo de USD 200 millones por parte de la
Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de préstamos al
sector privado del Banco Mundial, al “productor agrícola industrial
Louis Dreyfus Company (LDC) para la producción de monocultivos de
soja y maíz en el Cerrado de Brasil, un bioma de pastizales que ha
perdido casi el 80% de su cobertura de hábitat”.
La decisión fue duramente criticada por las organizaciones locales de
derechos humanos y protección del medio ambiente. El préstamo fue
aprobado a pesar de una carta del 31 de mayo firmada por más de 200
organizaciones de la sociedad civil brasileñas, latinoamericanas e
internacionales, incluidas Amigos da Terra Brasil y Haki Nawiri
Afrika, en la que pedían a la junta ejecutiva que rechazara el
préstamo. La carta argumentaba que LDC usaría los ingresos del
préstamo de la CFI para comprar productos básicos del “fuertemente
amenazado bioma del Cerrado de Brasil, la sabana más biodiversa del
mundo que ya ha perdido aproximadamente la mitad de su vegetación
nativa debido a la agroindustria”.
La carta también destacó el riesgo de violaciones de derechos humanos
y conflictos por la tierra, deforestación y degradación ambiental en
el sensible Cerrado, y señaló que el maíz y la soja se utilizarían
principalmente para la alimentación animal en operaciones agrícolas
industriales dañinas. Es preocupante que la CFI haya optado por
apoyar la producción agrícola usada para la alimentación animal. Dada
la evolución de la crisis alimentaria, cuyos orígenes tienen sus
raíces en la financierización de los sistemas alimentarios y son
anteriores a la guerra en Ucrania (véase el Observador de Verano de 2
022 y el de Primavera de 2020), el uso de los recursos para la
alimentación animal es, sin embargo, una preocupación a la luz del
contexto actual. Además, la carta señaló que “LDC carece de un
sistema de trazabilidad completo y su política de deforestación cero
no se aplicará plenamente hasta finales de 2025”.
La carta citó investigaciones que alegan que LDC y sus subsidiarias
han contribuido a la deforestación y los conflictos por la tierra y
enfatizó que el préstamo es inconsistente con los compromisos en
materia de clima del Banco Mundial (véase el Observador de Verano de
2021).
bit.ly/IFCBrazil

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Scottish charity no. SC045476. Esta publicación está respaldada por
una
red de ONG del Reino Unido, la c.S. Mott Foundation, la William and
Flora
Hewlett Foundation y el The Rockefeller Brothers Fund.

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ISSN 2053-7522
Diseño: Base Eleven