+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Observador de Bretton Woods Invierno 2022
Un examen crítico trimestral de la evolución de la situación en el
Banco Mundial y el FMI

Publicado por BRETTON WOODS PROJECT
Trabajando con ONG e investigadores para monitorear al Banco Mundial
y al FMI

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1. La influencia del Banco Mundial y el FMI ensombrece la Alianza
para la Transición Energética Justa de Sudáfrica
2. Chad logra la reprogramación de la deuda, no el alivio, quedando
dependiente de los ingresos del petróleo
3. Revisión de las cuotas del FMI: Poner el clima en el centro de la
reforma de la gobernanza del FMI
Análisis externo de Andrés Arauz e Ivana Vasic-Lalovic, Center for
Economic and Policy Research
4. El sobreendeudamiento amenaza con otra década perdida y podría
estropear los avances en la reducción de la pobreza y los ODS
5. La austeridad y la problemática pérdida de foco socavan el
potencial de la nueva estrategia de género del FMI para catalizar el
cambio
6. Egipto llega a un acuerdo para el programa del FMI, pero aún
faltan propuestas para el alivio de la deuda
7. Estímulo financiero desequilibrado seguido de austeridad fiscal:
¿Cuándo aprenderá el FMI de sus errores?
8. La Iniciativa Bridgetown pide un nuevo Fondo Mundial para la
Mitigación del Clima financiado a través de Derechos Especiales de
Giro
Comentario externo de Avinash Persaud, Enviado Especial sobre
Financiamiento Climático de la primera ministra de Barbados Mia
Mottley.
9. La actualización del Banco Mundial sobre el posicionamiento
respecto a París fracasa en la COP27, mientras los países exigen que
los BMD evolucionen para enfrentar la emergencia climática
10. La definición de protección social ‘universal’ del Banco Mundial:
¿otra palabra de moda?
11. Nueva asignación de DEG: Combatir la profundización de las
preocupaciones sobre la fragilidad
12. La Oficina de Evaluación Independiente del FMI nombra nuevo
director y publica el plan de trabajo para 2023
13. Una carta de alegato de la ONU expresa preocupación por el
impacto de la política de recargos del FMI en los derechos humanos

=====================================================================
INFRAESTRUCTURA/análisis

La influencia del Banco Mundial y el FMI ensombrece la Alianza para
la Transición Energética Justa de Sudáfrica

RESUMEN
- La JETP para Sudáfrica adopta el enfoque del Banco y el Fondo para
la privatización del sector eléctrico y planea grandes inversiones en
gas fósil
-El apoyo a la problemática central eléctrica de carbón de Medupi
hace pedazos la reputación del banco Mundial ante la sociedad civil
sudafricana
- El FMI publica un documento que aboga por debilitar las
protecciones laborales para mejorar la ‘eficiencia’ de la transición
verde

El 4 de noviembre Sudáfrica lanzó un muy esperado plan de inversión
(PI) para su nueva Alianza para la Transición Energética Justa (JETP,
por su sigla en inglés). El plan exige más de USD 86 mil millones
(ZAR 1,5 billones) de inversión en la transición energética del país
durante los próximos cinco años, dos tercios de ellos destinados al
sector eléctrico, para comenzar a reemplazar las centrales eléctricas
de carbón con otras fuentes de energía.
Las reformas políticas emprendidas como parte de la JETP – que buscan
separar Eskom, la muy criticada empresa estatal de energía de
Sudáfrica (véase el Update 70), y crear un sector eléctrico más
privatizado y basado en el mercado – llevan la huella clara del
controvertido enfoque del Banco Mundial y el FMI para el ajuste
estructural en el sector eléctrico en todo el Sur Global en las
últimas décadas, lo que hace crecer los temores de que la JETP
conduzca a una mayor desigualdad.
Durante la última década el Banco Mundial ha estado muy involucrado
en el sector energético de Sudáfrica, a través de un préstamo de USD
3.750 millones a Eskom en 2010 que se destinó principalmente a la
construcción de la central eléctrica de carbón Medupi de 4800
megavatios (MW) (véase el Observador de Primavera de 2019), un
proyecto plagado de problemas que las organizaciones de la sociedad
civil sudafricana (OSC) repudiaron como “deuda odiosa” y exigieron
que el Banco cancelara.
El PI de la JETP surgió después de negociaciones de un año con un
grupo de asociación internacional (IPG, por su sigla en inglés) - que
incluye al Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y la UE -
que ofreció a Sudáfrica USD 8.500 millones en financiamiento para la
iniciativa en la 26ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP26)
en Glasgow, en noviembre de 2021 (véase el Observador de Invierno de
2021). Sin embargo, el PI reveló que sólo el 4% de este
financiamiento (USD 330 millones) será proporcionado por el IPG en
donaciones, mientras que gran parte del resto se proporcionará en
forma de préstamos o garantías. Sudáfrica fue la primera economía
emergente en completar un PI de la JETP, pero otros ya están en
proceso en Indonesia y Vietnam, lo que indica que el modelo de
financiamiento y las reformas políticas de la JETP de Sudáfrica
pueden ser replicados en otros entornos.
La agenda de privatización del sector eléctrico de las Instituciones
de Bretton Woods integrada en la JETP de Sudáfrica genera dudas en
materia de equidad
Las reformas propuestas por la JETP se ajustan a una agenda de
reestructuración del sector eléctrico que tanto el Banco como el
Fondo han promovido en el Sur Global desde la década de 1990, aunque
con un éxito desigual. De hecho, una publicación de investigación del
Banco Mundial de 2020, “Rethinking Power Sector Reform in the
Developing World”, resaltó la necesidad de enfoques más pluralistas,
señalando que si bien el “plan de reforma del sector eléctrico del
Banco ha demostrado su capacidad para cumplir en ciertos contextos
nacionales, los resultados han sido bastante decepcionantes en otros
entornos”, lo que genera dudas sobre su idoneidad para la transición
baja en carbono de Sudáfrica.
El PI del JETP señala que se avecina un nuevo proyecto de ley del
sector eléctrico, que establecerá “una compañía de transmisión
independiente que actuará como operador del sistema y del mercado. La
reforma legislativa ... permitirá la aparición de un mercado
eléctrico competitivo”. Una reforma de política incluida en un
préstamo de financiamiento de políticas de desarrollo del Banco
Mundial de USD 750 millones a Sudáfrica aprobado en enero de 2022
aumentó “el límite de 1 MW a 100 MW para la exención de licencia para
la nueva generación integrada (GI)”, una reforma diseñada para
facilitar la entrada de actores privados en el sector energético de
Sudáfrica, incluso para proyectos de energía renovable (véase
Background, What is World Bank Development Policy Financing?).
En una reunión con el ministro de Finanzas de Sudáfrica el 5 de
noviembre, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, continuó
la presión del Banco para que se realicen reformas estructurales,
“con el objetivo de promover la transparencia y la competencia en el
mercado de la energía, alentar la inversión privada en la generación
de energía y mejorar la viabilidad financiera de Eskom”.
Se teme que tales reformas aumenten aún más los costos para los
consumidores de energía sudafricanos. El profesor Patrick Bond, de la
Universidad de Johannesburgo, señaló que “para pagar Medupi y otras
dos plantas [de carbón], Eskom ha aumentado el precio real de la
electricidad en más del 620% desde 2007. Además, Eskom está en
proceso de privatización y... su liderazgo tiene como objetivo poner
fin a los subsidios cruzados que ayudan a los usuarios de bajos
ingresos”.
Mientras tanto, en un documento temático de enero, el FMI abogó por
debilitar las protecciones laborales para facilitar la transición
baja en carbono del país con el siguiente argumento: “Las reformas
audaces de las instituciones del mercado laboral en las áreas de
negociación colectiva, legislación de protección del empleo y
fijación de salarios mínimos darían a las empresas una mayor
capacidad de gestión de la fuerza laboral e impulsarían las
oportunidades de empleo para los inexpertos y los jóvenes”. Dado que
el concepto de “transición justa” fue desarrollado originalmente por
los sindicatos, este consejo va en contra de las dimensiones “justas”
del JETP.
El legado dañino del apoyo a los combustibles fósiles del Banco en
Sudáfrica: de Medupi a Richards Bay
Paralelamente a la finalización del PI del JETP, el Banco Mundial
aprobó USD 497 millones en financiamiento a fines de octubre para la
reutilización de la planta de energía de carbón Komati de Sudáfrica,
que incluirá 150 MW de energía solar, 70 MW de energía eólica y 150
MW de almacenamiento de baterías. Sin embargo, el 14 de octubre, en
vísperas de su inversión en Komati, la oficina del Banco en
Johannesburgo enfrentó protestas como parte de un día mundial de
acción contra las inversiones en combustibles fósiles del Banco,
durante las cuales las OSC sudafricanas exigieron que se cancele el
préstamo Medupi del Banco.
Bond argumentó después de las protestas que cancelar el préstamo
Medupi del Banco a Eskom “reduciría drásticamente la presión de pago
sobre la deuda de USD 22.000 millones de la empresa de servicios
públicos”. Sin embargo, según el Financial Times, en octubre el
gobierno sudafricano anunció planes para transferir dos tercios de la
deuda de Eskom a su propio balance.
El Banco aprobó el financiamiento para Medupi en parte debido a una
grave crisis energética en Sudáfrica, pero el proyecto se vio
afectado por serios problemas desde el principio, lo que incluyó las
acusaciones de corrupción (más tarde corroboradas) por parte del
contratista japonés Hitachi y fallos crónicos de diseño, que han
provocado repetidos retrasos, sobrecostos del 45% y pérdida frecuente
de capacidad de generación (véase el Observador de Primavera de 201
9). La planta, que inicialmente debía completarse en 2015 aunque
recién lo hizo en 2021, no está entre los programados a ser retirados
en virtud de la JETP. Un nuevo Informe sobre clima y desarrollo de
país para Sudáfrica del Banco Mundial, publicado el 8 de noviembre,
guarda un llamativo silencio sobre los problemas de Medupi.
David Hallowes, de la OSC sudafricana groundWork, dijo sobre la
inversión del Banco en Medupi: “En aquel momento les dijimos que
estaba mal: mal en la elección de las tecnologías de generación de
electricidad, mal en sus suposiciones sobre para qué y para quién es
la electricidad, mal debido a las externalidades sociales y
ambientales masivas y mal porque la gente pagaría el precio de las
decisiones tomadas sin que se la consultara”.
En 2019 la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de
inversión privada del Banco, proporcionó USD 2 millones para
cofinanciar un estudio de factibilidad para una terminal de gas
natural licuado en Richards Bay, Sudáfrica. El 12 de noviembre, en
reacción a la JETP, Bond escribió: “Tanto en Richards Bay como en
Komati, el director ejecutivo de Eskom, Andre de Ruyter, dijo
repetidamente al Banco y a otros socios de la JETP que idealmente
encontraría ZAR 85.000 millones para dos nuevos ... generadores de
gas con capacidad de 4000MW ... Ahora, la entrada de la JETP libera
los ingresos de De Ruyter para perseguir esos planes".
De hecho, el PI de Sudáfrica incluye una central eléctrica de gas de
3000 MW en Richards Bay en la cartera de proyectos de Eskom, aunque
sigue sin estar clara la fuente de financiamiento. Si bien el IPG
dejó en claro que su financiamiento no debería usarse para
combustibles fósiles, todos los ojos estarán puestos en el Banco
Mundial, ya que aún no ha aclarado su política sobre futuras
inversiones en gas (véase el Observador de Invierno de 2021).
bit.ly/SouthAfricaJETP

=====================================================================
En este número

- Revisión de las cuotas del FMI: Poner el clima en el centro de la
reforma de la gobernanza del FMI, Andrés Arauz e Ivana Vasic-Lalovic
-La austeridad y la problemática pérdida de foco socavan el potencial
de la nueva estrategia de género del FMI para catalizar el cambio
-La Iniciativa Bridgetown pide un nuevo Fondo Mundial para la
Mitigación del Clima financiado a través de Derechos Especiales de
Giro, Avinash Persaud
- La actualización del Banco Mundial sobre la alineación de París
fracasa en la COP27 a medida que los países exigen que los BMD
evolucionen para enfrentar la emergencia climática

=====================================================================
FINANZAS/noticias

Chad logra la reprogramación de la deuda, no el alivio, quedando
dependiente de los ingresos del petróleo

El 11 de noviembre Chad llegó a un acuerdo para desbloquear el
financiamiento del FMI para reestructurar su deuda. Sin embargo, el
acuerdo ha sido criticado por no reducir la carga general de la deuda
del país y aumentar su dependencia de los ingresos del petróleo. Es
el primer acuerdo al que se llega bajo el muy criticado Marco Común
para los Tratamientos de la Deuda (véase el Observador de Invierno de
2021 y el de Invierno de 2020) creado por el G20 en 2020, que
reprogramará los pagos de la deuda con vencimiento en 2024, lo que
garantiza que la deuda de Chad permanecerá por debajo del nivel de
“riesgo moderado de problemas de endeudamiento”. En 2021 se llegó a
un acuerdo inicial con los acreedores bilaterales, pero el
comerciante suizo de materias primas Glencore Plc, que posee
aproximadamente un tercio de la deuda externa de Chad, de casi USD 3.
000 millones, retrasó el acuerdo final. Tim Jones, de la organización
de la sociedad civil británica Debt Justice, señaló en Twitter:
“Glencore ha sido recompensado por bloquear el alivio de la deuda de
Chad en los últimos dos años”.
Si bien el FMI dio la bienvenida al acuerdo, el presidente del Banco
Mundial, David Malpass, expresó su preocupación y dijo: “El acuerdo
alcanzado por los acreedores no proporciona una reducción inmediata
de la deuda. Como resultado, la carga del servicio de la deuda de
Chad sigue siendo pesada y está desplazando los gastos prioritarios
en alimentación, salud, educación y clima”. Sin embargo, el Banco no
ha apoyado los llamamientos generales para un mecanismo de
reestructuración de la deuda de la ONU, ni ha ofrecido cancelar sus
propias deudas.
Glencore y los acreedores bilaterales acordaron que Chad no
necesitaba alivio de la deuda porque los altos precios del petróleo
estaban impulsando sus ingresos. Los acreedores bilaterales dijeron
que, si los precios del petróleo caen, podrían volver a reunirse y
ofrecer ayuda. El acuerdo también incentiva la maximización de los
ingresos del petróleo cuando el mundo debería estar en una transición
para alejarse de los combustibles con alto contenido de carbón, en un
momento en que el mundo y los países del Sur Global como Chad son
especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático y sufren
cada vez más.
bit.ly/ChadDebt

=====================================================================
GOBERNANZA DE LAS IFI/análisis

Revisión de las cuotas del FMI: Poner el clima en el centro de la
reforma de la gobernanza del FMI
Análisis externo de Andrés Arauz e Ivana Vasic-Lalovic, Center for
Economic and Policy Research

RESUMEN
- La inclusión de un indicador acumulativo de emisiones de carbono en
la fórmula de cuotas del FMI daría a los países vulnerables al clima
una mayor voz en el FMI
- Los poderes de toma de decisiones en el Fondo actualmente se
inclinan hacia los países ricos, que son los mayores emisores
históricos de carbono.
- Es esencial la reforma equitativa de las cuotas del FMI con el fin
de adaptar la arquitectura financiera mundial para hacer frente a la
crisis climática

La crisis climática exige una movilización sustancial de recursos
financieros internacionales. Sin embargo, el poder de un país en el
sistema financiero mundial no está ligado a su parte de
responsabilidad en la crisis climática y, de hecho, está inversamente
relacionado con ella. Con el objetivo de aumentar el poder de
decisión de los países más afectados por el cambio climático e
incentivar a todos los países a reducir las emisiones, proponemos una
necesaria actualización de la fórmula de cuotas del Fondo Monetario
Internacional (FMI) agregando una variable que represente la
participación de los Estados miembros en las emisiones acumuladas (es
decir, históricas) de dióxido de carbono (CO2). El FMI se encuentra
actualmente en su 16ª Revisión General de Cuotas, un proceso que está
programado para concluir el 15 de diciembre de 2023 (véase el
Observador de Otoño de 2022).
Los mayores emisores acumulados mundiales de CO2 son también los
países más poderosos, en cuanto a su derecho a voto dentro del FMI.
Las economías avanzadas (36 países de ingreso alto según la
clasificación del FMI) son responsables de aproximadamente el 44% de
las emisiones mundiales acumuladas de CO2 desde 1944 (el año en que
se fundó el FMI), según datos del Potsdam Institute for Global
Climate (PIK). Estos países tienen aproximadamente el 59% de los
votos en el FMI. La fórmula de cuotas, también utilizada para
determinar el poder de voto de un país en el FMI, recompensa el
tamaño económico, la apertura comercial y la acumulación de reservas
(véase Al interior de las instituciones, IMF and World Bank decision-
making and governance), pero ignora las contribuciones de los países
a la emergencia climática. Para que el FMI proporcione soluciones
adecuadas de financiamiento climático, su estructura de gobernanza
debe considerar la responsabilidad diferenciada de los países
miembros y su vulnerabilidad ante la crisis climática. Este es un
aspecto que falta en la estrategia climática del personal técnico del
FMI (véase el Observador de Otoño de 2021).
Tal como deja claro la Iniciativa Bridgetown propuesta por la primera
ministra de Barbados, Mia Mottley en septiembre, una de las fuentes
más importantes y concretas de financiamiento climático que no genere
deuda ni impuestos es una nueva emisión de Derechos Especiales de
Giro (véase Antecedentes, ¿Qué son los Derechos Especiales de Giro
(DEG)?). Los llamamientos para una nueva asignación de DEG de USD 65
0.000 millones han sido respaldados por más de 150 organizaciones de
la sociedad civil (véase el Observador de Otoño de 2022). La emisión
es una decisión que toma la Junta de Gobernadores del FMI. Además,
los DEG vinculados al clima beneficiarían más a los países
vulnerables del Sur Global, pero el poder de voto necesario para
llegar a esa decisión recae en las economías avanzadas del Norte
Global. Más precisamente, Estados Unidos ejerció su poder de veto
para bloquear, durante más de un año después de la pandemia, la
última emisión de DEG (véase el Observador de Otoño de 2021).
Las condiciones de los préstamos afectan directamente la capacidad
fiscal de los países de ingreso bajo y medio para combatir el cambio
climático, y su escaso poder de voto les impide influir en la forma
en que el FMI incorporará los riesgos relacionados con el clima en
sus operaciones. Desde una perspectiva fiscal, el aumento de las
cuotas aumentaría el financiamiento a través de DEG sin crear deuda
de los países en desarrollo en una nueva asignación y aumentaría su
acceso a préstamos rápidos de emergencia sin condicionalidad.
La integración de la responsabilidad climática en la revisión de las
cuotas del FMI
La distribución del poder de voto en el FMI comienza con una “cuota
parte calculada” (CQS, por su sigla en inglés) determinada por la
fórmula del FMI. Sin embargo, la “cuota parte real” (AQS, por su
sigla en inglés) se determina mediante complejas negociaciones
durante una Revisión General de las Cuotas. Las negociaciones de la 1
4º Revisión dieron como resultado que la participación de Estados
Unidos siguiera estando por encima del umbral de veto del 15% y una
dilución significativa de la participación de China.
En un documento reciente presentado en el Foro de Políticas Relativas
a la Sociedad Civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el
FMI de 2022 (véase el Dispatch Annuals 2022), realizamos una
simulación del recálculo de la participación con derecho a voto del
FMI con la adición de una variable climática, que representa las
emisiones acumuladas de CO222 por país desde 1944 hasta 2019.
La inclusión de esta variable climática reduciría significativamente
la proporción de votos de los mayores emisores de CO2 y aumentaría la
del Sur Global. Si asumimos que los países adoptan plenamente nuestra
propuesta de fórmula (es decir, sin negociaciones opacas posteriores
), los principales ganadores serían 36 Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (PEID): Su porcentaje de votos crecería del actual
aproximadamente el 2,5% a casi el 21%, lo que refleja la necesidad de
aumentar su poder de decisión en el FMI dada su vulnerabilidad al
cambio climático, en especial al aumento del nivel del mar. La
participación de Estados Unidos disminuiría del 16,5% al 5,64% y la
de China del 6,1% al 5,36%. A cuanto a las regiones, 141 países del
Sur Global aumentarían su porcentaje de votos del 37,0% al 56,4% y,
en particular, los porcentajes de voto de 48 países del África
subsahariana aumentarían del 4,9% al 9,0%. El 12% de los votos de las
36 economías avanzadas se redistribuiría entre 154 economías
emergentes y en desarrollo.
Nuestra propuesta de reforma de la estructura de gobernanza del FMI
necesitaría del improbable escenario en el que las partes interesadas
dominantes cedan gran parte de su actual poder de voto. Sin embargo,
creemos que las reformas de “responsabilidad común pero diferenciada”
son críticas en nuestra emergencia climática.
En las Reuniones Anuales de 2020 de la Junta de Gobernadores del FMI,
la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, hizo un llamado a
la acción: “En la actualidad nos enfrentamos a un nuevo ‘momento’ de
Bretton Woods. Así como la pandemia ha demostrado que ya no podemos
ignorar las precauciones necesarias en materia de salud, tampoco
podemos permitirnos ignorar el cambio climático, el tercer
imperativo. Nos centramos en el cambio climático porque es una
cuestión crítica en términos macroeconómicos que plantea graves
amenazas para el crecimiento y la prosperidad. También es una
cuestión crítica para las personas y para el planeta”.
Así como las estructuras de gobernanza de las instituciones de
Bretton Woods fueron necesarias para la reconstrucción de la
posguerra, una prioridad urgente de las instituciones financieras y
monetarias internacionales de hoy debe permitir nuevas
configuraciones de toma de decisiones organizadas en torno a una
acción climática equitativa. Si la emergencia climática debe tomarse
en serio como un riesgo crítico en términos macroeconómicos para la
economía mundial, se necesita urgentemente un cambio importante en la
gobernanza económica mundial. El FMI es el lugar para comenzar.
bit.ly/IMFQuotaClimate

=====================================================================
FINANZAS/noticias

El sobreendeudamiento amenaza con otra década perdida y podría
estropear los avances en la reducción de la pobreza y los ODS

RESUMEN
- Informe del Banco Mundial señala que la pandemia ha ayudado al
retraso de dos décadas en los avances hacia la reducción de la
pobreza
- Más del 60% de los países de ingreso bajo y el 25% de las economías
de ingreso medio tienen problemas de endeudamiento o corren el riesgo
de sufrirlos.

Los avances en la erradicación de la pobreza extrema en el Sur
Global, que ya está disminuyendo desde 2015 y se ve muy retrasado
debido a la pandemia de Covid-19, corre ahora aún más peligro por los
problemas de endeudamiento generalizados. Tanto la ONU como el Banco
Mundial están dando la alarma de que es poco probable que los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se cumplan si no se toman
medidas sobre la creciente crisis de la deuda.
El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2022 de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicado
en octubre argumentó que las difíciles condiciones económicas
mundiales, un importante sobreendeudamiento y la falta de un
mecanismo efectivo para el alivio de la deuda podrían hacer de esta
otra década perdida en materia de objetivos de desarrollo.
Según el informe La pobreza y la prosperidad compartida 2022 del
Banco Mundial, titulado Correcting Course, la pandemia marca un punto
de inflexión sombrío, con una era de convergencia mundial del ingreso
que da paso a una divergencia significativa. El informe sostiene que
la pandemia produjo la primera reversión de la reducción de la
pobreza mundial en más de dos décadas, y señaló que el mundo ahora
está muy atrasado en el ODS 1.1 de erradicar la pobreza extrema para
2030.
Corregir el rumbo, pero ¿en qué dirección?
Las secuelas de los shocks masivos y asimétricos de la pandemia sobre
la oferta y la demanda se han visto agravados por la guerra en
Ucrania. Además, el FMI está apoyando un amplio giro hacia la
austeridad, que reducirá los presupuestos estatales para el 85% de la
población mundial en 2023 (véase el Observador de Invierno de 2022,
el de Otoño de 2022, el de Verano de 2022 y el Dispatch Annuals 202
2), lo que probablemente obstaculizará todavía más la recuperación y
hará que los ODS sean aún más difíciles de lograr.
Más del 60% de los países de ingreso bajo y más del 25% de las
economías de ingreso medio tienen problemas de endeudamiento (o
corren el riesgo de sufrirlos) y peligra su capacidad para cumplir
con sus obligaciones fiscales. La UNCTAD advirtió que esto podría
poner fin a cualquier perspectiva de que los ODS se cumplan antes de
la fecha límite de 2030.
Si bien la pandemia ciertamente ha empeorado las perspectivas sobre
los resultados de erradicación de la pobreza, las tendencias actuales
son anteriores a la Covid-19, lo que pone en tela de juicio el
enfoque del Banco con respecto al financiamiento para el desarrollo
liderado por el sector privado. El Banco ha reconocido que la tasa de
reducción de la pobreza extrema alcanzada entre 2000 y 2015 ya se
había desacelerado en los cinco años anteriores a la pandemia y ha
pedido una “corrección significativa del rumbo”.
Desafortunadamente, la actual crisis de deuda que aflige al Sur
Global es más que un mal funcionamiento del sistema. Representa una
característica recurrente de la arquitectura financiera internacional
en las últimas cuatro décadas: Una carta de octubre de 2020 firmada
por más de 550 organizaciones de la sociedad civil en la que se pedía
una reforma urgente de la arquitectura de la deuda internacional
describía el ‘endeudamiento’ de estos países como “ambas una
consecuencia de así como una herramienta para la dominación”, con
graves impactos en el desarrollo.
No faltan alternativas
En su informe, la UNCTAD argumentó que los ODS son alcanzables, pero
solo mediante una acción sistémica para abordar una crisis sistémica.
Muchas propuestas abordan aspectos particulares del sistema
financiero internacional que están impulsando resultados negativos en
materia de desarrollo. El Global Action for Debt Cancellation
Movement pide la cancelación incondicional de todos los reembolsos de
la deuda externa, lo que incluye la deuda contraída con el Banco
Mundial y el FMI, auditorías nacionales de la deuda y un marco justo
y transparente de las Naciones Unidas para la resolución de la crisis
de la deuda. Un informe de septiembre de Matthew Cummings e Isabel
Ortiz estableció una serie de alternativas al paradigma de austeridad
que los países pueden seguir para ampliar su espacio fiscal y
priorizar las inversiones sociales (véase el Observador de Invierno
de 2022).
Las propuestas de la UNCTAD son de mayor alcance, ya que incluyen
abordar los problemas subyacentes del lado de la oferta mundial como
alternativa al endurecimiento de la política monetaria para frenar la
inflación, la regulación antimonopolio y del mercado para
contrarrestar la especulación, nuevas reglas para gestionar las
crisis de deuda soberana y un nuevo Bretton Woods para apoyar el
crecimiento mundial equitativo (véase el Observador de Verano de 202
2). Richard Kozul-Wright, de la UNCTAD, y Kevin P. Gallagher, de la
Boston University, también han propuesto los Principios de Ginebra
para un Nuevo Acuerdo Verde Global, centrado en un nuevo
multilateralismo impulsado por valores.
bit.ly/DebtAusterity

=====================================================================
GÉNERO/análisis

La austeridad y la problemática pérdida de foco socavan el potencial
de la nueva estrategia de género del FMI para catalizar el cambio

RESUMEN
- El FMI adoptó en julio la primera estrategia para incorporar la
perspectiva de género en la supervisión, el préstamo y el
fortalecimiento de las capacidades
- Si bien se reconoce que la política económica puede causar daños,
la estrategia carece de un compromiso creíble para alejarse de la
propia historia del FMI de exacerbar la desigualdad de género
- Más de 300 grupos y activistas por los derechos de las mujeres y la
justicia económica rechazan la estrategia como “lavado rosa” y una
ilegítima “pérdida de foco”

En julio, a medida que las perspectivas económicas mundiales seguían
empeorando y se desvanecían las posibilidades de una “recuperación
inclusiva” para construir una economía postpandémica más equitativa,
el FMI publicó su tan esperada estrategia para la incorporación de la
perspectiva de género (véase el Observador de Primavera de 2022 y el
de Verano de 2021). Tras una consulta en línea en la primavera y un
prolongado período de redacción, la nueva estrategia establece la
visión del FMI de “cerrar las brechas de género” para fomentar el
crecimiento económico y la estabilidad en su labor de supervisión,
préstamo y fortalecimiento de capacidades. Si bien se hicieron
esfuerzos para atender las demandas de las organizaciones de la
sociedad civil (OSC), articuladas en una declaración conjunta entre
otras aportaciones, la estrategia carece de un compromiso para
garantizar que sus políticas no perjudiquen a las mujeres y hace al
Fondo asumir una influencia sin precedentes sobre las políticas de
igualdad de género de los países a través de condicionalidades de los
préstamos. Como resultado, en una carta de octubre, más de 300 grupos
y activistas por los derechos de las mujeres y la justicia económica
rechazaron abiertamente el documento.
Reunir agendas tan diferentes no ha sido una tarea fácil
El comunicado de prensa del FMI y las conversaciones con el personal
técnico del FMI indican que la estrategia navegó por un terreno
polémico en su intento de conciliar perspectivas muy diferentes sobre
si el FMI debería comprometerse con el género y de qué manera. Las
fuerzas conservadoras dentro y fuera de la institución preferirían
que se apegara a su limitado mandato monetario y fiscal y ven como
sospechosa una mayor colaboración externa. Fuertes voces de la
sociedad civil denunciaron de manera similar la legitimidad y la
experiencia del FMI para participar en temas de género, al tiempo que
proporcionaron extensos comentarios a la consulta, enfatizando que el
enfoque debe estar en la evaluación de los impactos de género de las
reformas económicas promovidas por el FMI y buscar políticas
alternativas que “no hagan daño”, en línea con los Principios
Rectores de las Naciones Unidas y las obligaciones de los Estados en
materia de derechos humanos (véase el Observador de Primavera de 2022
y el de Primavera de 2019).
En un evento del Foro de Políticas relativas a la Sociedad Civil en
las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en octubre, la
asesora superior de género del FMI, Ratna Sahay, enfatizó que su
equipo trabajó arduamente para tener en cuenta las preguntas clave de
la sociedad civil, como la incorporación de la perspectiva de género
en lugar de encasillar el tema, reconociendo que las políticas
económicas pueden exacerbar la desigualdad de género y que se debe
prestar mayor atención a las consecuencias sociales y distributivas
de las políticas de ajuste y la “calidad” del crecimiento. La
estrategia incluyó, además, un pilar independiente sobre la
colaboración con expertos externos, incluidos el mundo académico, ONU
Mujeres y las OSC, basándose directamente en las demandas de la
sociedad civil. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la falta de
consultas más profundas con grupos críticos de derechos de las
mujeres y el hecho de no reflejar los daños históricos causados por
las políticas del FMI no fueron bien recibidos por el personal del
FMI en el evento, lo que indica una persistente falta de voluntad
para reconocer estos daños y una brecha de expectativas sobre la
naturaleza de los procesos de consulta significativos.
Cuestionar el marco de austeridad sigue siendo una idea imposible,
los esfuerzos de mitigación propuestos son bandas adhesivas
Para frustración de las OSC, la estrategia no reconoce ni aborda
explícitamente la magnitud del impacto del asesoramiento
macroeconómico básico del FMI sobre el género, especialmente cuando
se trata de una austeridad cada vez mayor, que permanece “fuera de la
mesa” en las conversaciones con el FMI a pesar de la abrumadora
evidencia de que perjudica a las mujeres (véase el Informe, El FMI y
la igualdad de género: Un compendio de críticas macroeconómicas
feministas). El enfoque constante en las “brechas de género” con el
propósito de crecimiento en lugar de enfoques transformadores
dirigidos a una economía que fomente la igualdad y el bienestar y la
sugerencia de medidas de mitigación estrechamente enfocadas en
amortiguar los impactos negativos universales, arrojan dudas
considerables sobre la voluntad del FMI de investigar seriamente y
rectificar su propia exacerbación histórica de la desigualdad de
género (véase el Informe, El FMI y la igualdad de género: Poner en
práctica el cambio).
“En lugar de evitar los impactos negativos sobre el género siguiendo
políticas alternativas, tal como recomendó la nota de orientación del
FMI de 2018 sobre el manejo del género, ahora se centra directamente
en las medidas compensatorias”, escribió Roos Saalbrink de ActionAid
International en The Care Contradiction: The IMF, Gender and
Austerity, publicado en octubre. “Los esquemas de protección social
focalizados están en contradicción con los compromisos con los pisos
de protección social asumidos por los países, las Naciones Unidas y
los ODS”. Si bien el FMI, a pesar de ser una agencia especializada de
la ONU, ha rechazado durante mucho tiempo que los marcos de derechos
humanos se apliquen directamente a su mandato, sería necesario
posicionar al Fondo en relación con estos marcos para desarrollar
“puntos de referencia creíbles para comprender o tomar medidas sobre
las importantes brechas de género”, argumentó Saalbrink.
El cuidado es un buen ejemplo. Aunque la estrategia menciona el
trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres como un impulsor de
la desigualdad, no logra establecer la conexión con las mujeres que
absorben el impacto de la reducción de los servicios públicos y la
inversión social de las últimas décadas. Está claro que “la
estabilidad y el crecimiento” tienen prioridad sobre la salvaguardia
de los derechos de las mujeres en el asesoramiento y la
condicionalidad del FMI en materia de políticas, sin una reflexión
más profunda sobre cómo el propio modelo económico globalizado y
basado en el crecimiento ha afianzado la desigualdad de género y la
crisis climática. “Es altamente problemático instrumentalizar la
participación de las mujeres en la fuerza laboral y las brechas de
género como un asunto crítico en términos macroeconómicos, en el
contexto de las décadas de historia del FMI de paradigmas de
políticas que han generado desigualdades estructurales de género,
tales como la consolidación fiscal, la flexibilización laboral, la
liberalización financiera y la privatización de empresas estatales”,
enfatizó Bhumika Muchhala, de la OSC Red del Tercer Mundo con sede en
Malasia.
La sociedad civil denuncia la falta de legitimidad y experiencia del
FMI en materia de género
Otro punto polémico es la inclusión de la condicionalidad de género
en la estrategia, en la que el personal del FMI planea imponer
objetivos relacionados con el género en los programas de préstamos,
cuyas negociaciones son muy opacas y a menudo carecen de escrutinio
democrático y de participación de las organizaciones de derechos de
las mujeres. Esto no solo se basa en una historia neocolonial de
ajuste estructural impuesto por el FMI, que ha tenido impactos
devastadores en los derechos de las mujeres en el Sur Global, sino
que también amenaza con usurpar el espacio normativo de los órganos
intergubernamentales de expertos con un mandato sobre género, como el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) de las Naciones Unidas, así como eclipsar las demandas de los
propios movimientos por los derechos de las mujeres de los países.
Más de 300 OSC e individuos rechazaron públicamente la estrategia
como una ilegítima “pérdida de foco” y “mercantilización de la agenda
de igualdad de género”. En el comunicado de prensa adjunto, Verónica
Serafini, de la OSC Latindadd con sede en Perú, la calificó como “un
programa de lavado rosa que promueve una invasión cada vez mayor [por
parte del FMI] del espacio de políticas y la soberanía económica de
los países en desarrollo”. En el mismo comunicado, la activista
feminista Emilia Reyes, de la OSC Equidad con sede en México, agregó:
“Cuestionamos la experiencia [del FMI], [y su] técnica y... posición
ética para asesorar en materia de igualdad de género y derechos
humanos de mujeres y niñas”.
Si bien la estrategia de género abre claramente las puertas para que
el FMI comprenda mejor los impactos de sus políticas económicas en
las mujeres y dirija a la institución hacia una toma de decisiones
más informada, la sociedad civil y los expertos independientes de la
ONU –tanto en informes como en cartas– han dejado claro que los
cambios resultantes solo contribuirán al trabajo digno, la agencia y
el empoderamiento económico de las mujeres si van acompañados de la
voluntad de desafiar el propio sesgo institucional tradicional del
FMI hacia la consolidación fiscal y su fijación en el crecimiento, y
de un giro hacia la construcción de un entorno propicio para una
economía basada en el cuidado y el bienestar.
bit.ly/IMFMissionCreep

=====================================================================
FINANZAS/noticias

Egipto llega a un acuerdo para el programa del FMI, pero aún faltan
propuestas para el alivio de la deuda

El 27 de octubre el FMI llegó a un acuerdo a nivel de personal
técnico con Egipto para la firma de un Servicio Ampliado del FMI (SAF
) de USD 3.000 millones de 46 meses. Egipto también ha solicitado USD
1.000 millones adicionales al Fondo Fiduciario para la Resiliencia y
la Sostenibilidad del FMI. Si bien el programa del SAF señala que los
objetivos del acuerdo están dirigidos a salvaguardar la estabilidad
macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda, las soluciones a
largo plazo a los problemas de deuda del país no aparecen. El acuerdo
aún está pendiente de la aprobación del directorio del FMI, que se
discutirá en la reunión del directorio el 16 de diciembre, según su
calendario oficial.
Desde 2016 Egipto ha tenido que regresar repetidamente al FMI en
busca de apoyo financiero, lo que genera dudas sobre la efectividad
de las recetas de políticas del Fondo. Un informe de 2019 de Oxfam
Internacional constató que los programas del FMI en el país han
“contribuido a una disminución del gasto social y un aumento de la
pobreza” (véase el Observador de Invierno de 2019 y de Verano de 201
8; y el At Issue de Febrero de 2017).
Desde que el presidente Abdel Fattah El-Sisi asumió el cargo en 2014,
la deuda externa de Egipto ha aumentado rápidamente, especialmente
debido a la dependencia del Estado de los grandes préstamos. En
junio, su deuda externa ascendía a USD 155.000 millones, de los
cuales USD 52.000 millones se adeudaban a instituciones
multilaterales (el 44,7% de ellos al FMI, según el Banco Central de
Egipto).
Tim Jones, de la organización de la sociedad civil con sede en el
Reino Unido Debt Justice, dijo: “El préstamo del FMI solo se
utilizará para pagar a los prestamistas anteriores, mientras mantiene
a Egipto atrapado en una crisis de deuda. El FMI está cometiendo los
mismos errores que en las décadas de 1980 y 1990, rescatando a
prestamistas imprudentes como los tenedores de bonos privados. Esto
asegura la continuidad de la crisis de deuda, al tiempo que incentiva
a los prestamistas a seguir actuando imprudentemente en el futuro”.
Otros países de ingreso medio y bajo muy endeudados, como Mauritania,
Túnez y Chad (véase el Observador de Invierno de 2022), están
negociando actualmente programas de préstamos con el FMI.
bit.ly/EgyptEFF

=====================================================================
CONDICIONALIDAD/noticias

Estímulo financiero desequilibrado seguido de austeridad fiscal:
¿Cuándo aprenderá el FMI de sus errores?

RESUMEN
- Para el próximo año, el 85% de la población mundial vivirá bajo
medidas de austeridad.
- Como resultado de la respuesta inadecuada a la crisis, se espera
que entre 75 millones y 95 millones de personas más caigan en la
pobreza en comparación con los niveles anteriores a la Covid-19

Tras una década de austeridad después de la crisis financiera
mundial, el mundo se dirige a una nueva recesión económica. Desde 200
8, tanto la crisis financiera como la pandemia de Covid-19 han dado
lugar a breves períodos de expansión fiscal, seguidos de largos
períodos de austeridad fiscal socialmente dolorosa promovida, en
especial, por el FMI a través de sus programas de préstamos
condicionales. Un informe de Isabel Ortiz y Mathew Cummins publicado
en septiembre advertía que, esta vez, los peligros del shock de
austeridad posterior a la pandemia son mucho más graves. Su análisis
indica que en 2021, 134 países contrajeron sus presupuestos en un 3,5
% del PIB, en comparación con el 2,4% del período posterior a la
crisis financiera de 2008.
Esta contracción del gasto público se suma al gasto desigual de
estímulo para la Covid-19 en todo el mundo. Un informe de la
Financial Transparency Coalition publicado en septiembre, destacó que
los países del Sur Global proporcionaron medidas de estímulo
equivalentes al 2,4% de su PIB durante el periodo 2020-2021 en
comparación con un promedio del 28,4% del PIB en los países de
ingreso alto. El informe constató, además, que los paquetes de
estímulo beneficiaron principalmente al sector empresarial, con
aproximadamente el 40% de los fondos de recuperación dirigidos a
grandes empresas. Como resultado de esta respuesta inadecuada a la
crisis, tanto en tamaño como en composición del gasto fiscal, se
espera que entre 75 millones y 95 millones de personas más caigan en
la pobreza en comparación con los niveles anteriores a la Covid-19.
La crisis, que amenaza con más dificultades futuras, está lejos de
terminar
El informe de Ortiz y Cummins, publicado como parte de una campaña de
#EndAusterity recientemente lanzada compuesta por 500 organizaciones
de la sociedad civil (OSC), destacó que para el próximo año, el 85%
de la población mundial vivirá bajo medidas de austeridad. La
intensificación del impulso hacia la austeridad es preocupante a
medida que se implementan medidas durante los nuevos aumentos
repentinos de Covid-19, las presiones inflacionarias y la inseguridad
alimentaria exacerbada por la guerra en Ucrania (véase el Dispatch
Annuals 2022 y el Observador de Verano de 2022). Las políticas más
comunes que promueve el FMI incluyen la racionalización de los
programas de protección social; la reducción de los salarios del
sector público y la reforma de las leyes laborales; la reducción de
los subsidios a los productos básicos a medida que los precios
alcanzan niveles récord; la privatización de los servicios públicos,
que provoca despidos. El hecho de que el Fondo no haya apoyado una
recuperación genuina contradice las declaraciones hechas por el
director gerente del FMI en abril sobre que la crisis es una
oportunidad para “forjar juntos un futuro diferente y mejor”.
Los impactos sociales y económicos negativos de la austeridad están
bien documentados, incluso por el propio FMI.  Los académicos y las
OSC también han registrado sus impactos adversos sobre la pobreza, la
desigualdad, los derechos humanos, así como sobre el empleo y la
actividad económica (véase el Observador de Otoño de 2020). A corto
plazo, la austeridad deprime los ingresos y la demanda interna. A
largo plazo, el desempleo y el exceso de capacidad perjudican la
actividad económica, lo que socava los esfuerzos de recuperación.
Entonces, ¿por qué el FMI sigue promoviendo la consolidación fiscal?
La intención es garantizar la sostenibilidad de la deuda para que los
países con programas del FMI puedan llevar a cabo reembolsos
oportunos de préstamos a sus acreedores, incluso en detrimento del
bienestar de los ciudadanos. Se trata de una compensación creada
artificialmente.
Aunque el FMI argumenta a menudo que los recortes de austeridad son
inevitables, Ortiz y Cummins enfatizan que existen alternativas a la
austeridad. El aumento de los ingresos fiscales puede lograrse
mediante el gravamen de las ganancias empresariales, las actividades
financieras y la riqueza. Si la legitimidad de la deuda es
cuestionable o si el costo de oportunidad en términos de
empeoramiento de las privaciones de la población es alto, debería ser
posible la reestructuración de la deuda. Erradicar los flujos
financieros ilícitos y reasignar el gasto público de inversiones de
alto costo y bajo impacto, como la defensa, a aquellas con mayores
impactos sociales son alternativas para combatir la corrupción y la
mala gestión de los fondos públicos.
En una época de austeridad y crisis, la necesidad de crear espacio
fiscal nunca ha sido mayor. Ortiz y Cummins destacan que “las crisis
obligan a los países a repensar las políticas, y la pandemia de
Covid-19 es una oportunidad para crear un nuevo contrato social, que
priorice los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la
estabilidad política con el fin de lograr la prosperidad a largo
plazo para todos”.
bit.ly/FiscalAusterityIMF

=====================================================================
MEDIO AMBIENTE/comentario

La Iniciativa Bridgetown pide un nuevo Fondo Mundial para la
Mitigación del Clima financiado a través de Derechos Especiales de
Giro
Comentario externo de Avinash Persaud, Enviado Especial sobre
Financiamiento Climático de la primera ministra de Barbados Mia
Mottley.
RESUMEN
- Los miembros del FMI tienen USD 12,7 billones en reservas del Banco
Central y DEG por un valor de USD 943.000 millones, la mitad de los
cuales están en manos de países desarrollados que no los necesitan
- La Iniciativa Bridgetown propone un Fondo Mundial para la
Mitigación del Clima respaldado por USD 500.000 millones en DEG para
el clima y el desarrollo

Isaiah Berlin dividió el mundo en erizos y zorros, en el cual “el
zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe mucho de una sola cosa”.
En el debate sobre el clima hay muchos zorros tratando de ser erizos.
La “atribución” más común es la idea de que los grandes emisores de
países en desarrollo como China e India no entienden de ciencia ni
les importa; o no entienden de economía, o deben estar al acecho de
poderosos intereses locales de carbón o de intereses extranjeros de
petróleo y gas, o una multitud de otros imperdonables. Según dicen
los zorros que intentan ser erizos, la 27ª Conferencia de las Partes
de la CMNUCC (COP27) en Egipto no tuvo éxito porque los países en
desarrollo industrializados no aumentaron su compromiso de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los compromisos más ambiciosos pero sin financiamiento (véase el
Observador de Invierno de 2021) no nos llevarán a ninguna parte
rápidamente. El cambio a las energías renovables requiere mucho
capital y el costo del capital en los países de ingreso bajo y medio
(LMIC, por su sigla en inglés) es prohibitivo. Antes de que la
Reserva Federal de Estados Unidos comenzara a elevar las tasas de
interés, el costo promedio de capital para un proyecto solar
fotovoltaico era del 3% en Europa, según la Agencia Internacional de
Energía, y del 12,5% en Brasil. Hoy, esa brecha es más amplia. Según
un informe de noviembre de 2022 del Grupo de Expertos Independientes
de Alto Nivel sobre Financiamiento Climático, necesitamos más de USD
1 billón en proyectos de transición al año para los LMIC, excluyendo
a China. Pocos serían comercialmente viables con ese costo de
capital. Podemos vender ‘mitigación de riesgos’, gritan los
financieros zorros, pero el erizo replica que no pueden mitigar los
riesgos que se derivan de la forma en que funciona el sistema
financiero internacional.
Durante una crisis, crece la demanda de monedas de reserva
internacionales, como dólares estadounidenses, euros y yenes. Esto
permite a los países emisores responder a la crisis con políticas
fiscales y monetarias activistas, que limitan los riesgos sociales y
económicos. Es por eso que Japón, Italia y Grecia, que tienen ratios
de deuda a PIB mucho más altos que la mayoría de los LMIC, gastaron
mucho más en el alivio de la Covid-19 e igualmente tienen costos de
endeudamiento más bajos que todos ellos (véase el Observador de Otoño
de 2022). En otros lugares, la crisis ha reducido la demanda de
monedas, lo que obligó a los gobiernos a recortar el gasto y elevar
las tasas de interés, alimentando así la perturbación social y
económica (véase el Observador de Invierno de 2022). Las ofertas de
algunas subvenciones y el seguro de riesgo del proyecto no compensan
ese riesgo para los inversores privados. Pero si los gobiernos de los
LMIC tienen que financiar la transición ellos mismos, se hundirán en
océanos de deuda mucho antes de que los mares se los traguen (véase
el Observador de Verano de 2022).
Abordar la magnitud del desafío de la transición
La “Iniciativa Bridgetown” propuesta por la primera ministra de
Barbados, Mia Mottley, busca romper el estancamiento sobre el
financiamiento climático utilizando el poder de las monedas de
reserva internacionales en forma de Derechos Especiales de Giro (DEG)
del FMI para impulsar la inversión privada en proyectos de transición
en LMIC sin costo directo para los contribuyentes de países ricos o
pobres (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son los Derechos
Especiales de Giro (DEG)?). Existe una alta teología en torno a los
DEG, sin embargo, el FMI simplemente emite DEG a los países miembros
en relación con el tamaño de sus economías (es decir, su cuota dentro
del FMI; véase el Observador de Invierno de 2022 y el de Otoño de 202
2). Los DEG otorgan a los tenedores el derecho a obtener préstamos de
otros miembros del FMI a través de la canasta de monedas del DEG a
tasas bajas (actualmente del 2,7%).
Junto con los fideicomisos existentes del FMI financiados por DEG,
como el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la
Pobreza y el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad
(véase el Observador de Verano de 2022), ‘Bridgetown’ propone un
Fondo Mundial para la Mitigación del Clima que puede contener USD 50
0.000 millones de DEG nuevos o no utilizados. Mediante el uso de los
DEG como garantía, el Fondo Fiduciario toma prestadas las monedas
subyacentes de la canasta de DEG y vuelve a prestar este efectivo a
proyectos en LMIC a cambio de acciones en los proyectos. Prestar
directamente a proyectos en lugar de a Estados sería la principal
diferencia con respecto a otros fideicomisos existentes del FMI.
Estos préstamos se convertirían en un activo del Fideicomiso de
Mitigación y un pasivo del proyecto, lo que saca efectivamente la
mitigación climática de los balances de los LMIC e involucra mucho al
sector privado, un componente esencial si se considera la falta de
espacio fiscal y el alto costo del capital en los LMIC. Los proyectos
tendrían que ser precalificados mediante el uso de tecnologías
probadas, altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza, y
serían elegidos por gestores de inversiones expertos en función de
cuánto y qué tan rápido reduzcan de manera creíble el calentamiento
global. Además, el fondo fiduciario trabajaría en estrecha
coordinación con los gobiernos nacionales para garantizar que los
proyectos que recibieran financiamiento estuvieran firmemente
integrados en los planes climáticos nacionales y las estrategias
industriales verdes, con miras a fomentar los flujos privados de
financiamiento climático ‘para el desarrollo’ (véase el Observador de
Otoño de 2022). Se estima que el capital del fideicomiso atraería
entre USD 3 billones y USD 4 billones de ahorros privados a estos
proyectos. Tras un examen inicial, el fondo fiduciario podría
ampliarse con asignaciones futuras pequeñas pero periódicas de DEG.
Según el FMI, lograr la transición energética creará una ganancia
neta global de USD 78 billones. Parte de este valor será capturado
por las inversiones del fondo fiduciario, lo que le permitirá
devolver DEG a lo largo del tiempo. Los riesgos pueden gestionarse,
preservando el estado de los activos de reserva de los DEG. La
financiación en una cesta de divisas reduce los riesgos del tipo de
cambio; cobrar una tarifa inicial proporciona capital que absorbe las
pérdidas, las que podrían distribuirse entre otros inversores de
capital. Debido a que los DEG están respaldados por una cartera
diversificada de inversiones con rendimientos, a menudo, basados en
fuertes acuerdos de compra de energía, esto no es más inflacionario
que el uso de cualquier otro instrumento de financiamiento. El plan
apuesta por el éxito de una transición que no nos queda más remedio
que completar. Actualmente, este es el único plan que está cerca de
abordar la magnitud del problema. ¿Qué sentido tienen las reservas si
no las usamos en una crisis?
bit.ly/BridgetownInitiative

=====================================================================

MEDIO AMBIENTE/noticias

La actualización del Banco Mundial sobre el posicionamiento respecto
a París fracasa en la COP27, mientras los países exigen que los BMD
evolucionen para enfrentar la emergencia climática

RESUMEN
- El enfoque del Banco para alinear el financiamiento de las
políticas de desarrollo y los préstamos indirectos de la CFI sigue
siendo opaco
- A pesar de la promesa de publicar todos los aspectos de su enfoque
de alineamiento con París para las Reuniones de Primavera de 2023, el
Banco aún no se ha comprometido a la consulta pública

El enfoque del Banco Mundial para alinearse con el Acuerdo de París
sigue cubierto de incertidumbre, después de que el Banco y otros
bancos multilaterales de desarrollo (BMD) proporcionaran una
actualización de primera línea sobre su enfoque conjunto para el
alineamiento con París en la 27ª Conferencia de las Partes (COP27) de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) en Sharm El-Sheikh, Egipto, el 9 de noviembre.
El evento ofreció nuevos detalles sobre dos tramos del alineamiento
con París de los BMD, sobre lo que, hasta ahora, se ha hecho pública
poca información: el alineamiento de los préstamos basados en
políticas – o financiamiento de políticas de desarrollo [FPD], como
se le conoce en el Banco Mundial (véase Antecedentes, ¿Qué es el
financiamiento de políticas de desarrollo?) – y de préstamos a través
de contrapartes, o intermediarios financieros, que constituye
aproximadamente la mitad de la cartera de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el brazo de inversión privada del Banco.
Es preocupante que queden importantes preguntas pendientes de
respuesta sobre ambos enfoques. La presentación sugirió que las
reformas políticas vinculadas al FPD se considerarían ‘alineadas’ si
no presentan “barreras persistentes” a los esfuerzos para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, un principio que parece
dejar la puerta abierta para el apoyo a corto y mediano plazo para
actividades intensivas en carbono, a pesar de la necesidad urgente de
reducir las emisiones. Para los préstamos a través de intermediarios
financieros, en los casos en que los BMD realicen inversiones de
capital, se requerirá que los clientes tengan un ‘plan de
descarbonización creíble’, aunque resta por ver cuán robustos serán.
Según una investigación realizada por la organización de la sociedad
civil Recourse, con sede en los Países Bajos, actualmente, el Enfoque
de Equidad Verde de la CFI solo requiere que los clientes
desinviertan en carbón para 2030 y no incluye restricciones al
financiamiento para petróleo y gas (véase el Observador de Invierno
de 2020).
“La actualización del alineamiento de los BMD con el Acuerdo de París
... demostró que el proceso es demasiado lento para la escala de
cambio necesaria para detener el catastrófico cambio climático”, dijo
Fran Witt de Recourse, en un comunicado de prensa de la coalición Big
Shift Global el 9 de noviembre. “Parece que para el financiamiento de
políticas de desarrollo y el financiamiento intermediado, el proceso
recién ha comenzado a despegar”.
En un evento paralelo a la COP27 del Banco Mundial el 11 de
noviembre, el Banco aclaró que publicaría todos los aspectos de su
enfoque de alineamiento con París antes de las Reuniones de Primavera
del Banco Mundial de 2023. El Banco debe poner en práctica su enfoque
a partir del 1 de julio de 2023, con la excepción del 15% de las
carteras de la CFI y del Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (OMGI), el brazo de seguros del Banco, al que se
considera ‘difícil de descarbonizar’ (véase el Observador de Verano
de 2021).
A pesar de que el proceso ha sido anunciado por el personal del Banco
como fundamental para los esfuerzos de la institución por garantizar
que el clima se incorpore en toda su labor (véase el Dispatch Annuals
2022), el Banco aún no se ha comprometido a celebrar un período de
consulta pública sobre su enfoque de alineamiento con París.
El Banco enfrenta crecientes llamadas a la reforma para abordar el
clima y otras crisis
El lento progreso de alineamiento con París del Banco se produjo
junto a crecientes llamamientos para que evolucione a fin de abordar
los actuales desafíos mundiales.
En su discurso en la COP27 el 7 de noviembre, la primera ministra de
Barbados, Mia Mottley criticó al Banco preguntando, “¿se llama Banco
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo sólo para el
siglo XX?” Mientras tanto, el texto de decisión final de la COP27
pidió a “los bancos multilaterales de desarrollo que definan una
nueva visión y un modelo operativo acorde ... adecuado para el
propósito de abordar de forma apropiada la emergencia climática
mundial, que incluya el despliegue de un conjunto completo de
instrumentos, desde subvenciones hasta garantías ..., que tenga en
cuenta la carga de la deuda”.
Según un informe de Devex del 14 de noviembre, el Banco y su asediado
presidente, David Malpass, quien ha negado repetidamente que sea un
negador del clima (después de enfrentar llamados a renunciar cuando
se negó a confirmar que aceptaba la ciencia del clima en un evento en
septiembre) (véase el Dispatch Annuals 2022), deben responder a una
solicitud de los accionistas del Banco Mundial, incluidos los países
del G7, para un borrador de ‘hoja de ruta de evolución’ antes de fin
de año. Se espera que uno de los focos centrales de la hoja de ruta
sea la forma en la que el Banco aumentará su trabajo, luego de que,
según Reuters, el director gerente de operaciones del Banco, Axel van
Trotsenburg, anunciara claramente en la COP27 que esto podría incluir
la solicitud de un aumento de capital ‘verde’ por parte de los
accionistas.
bit.ly/WBGParisAlignment

=====================================================================
DERECHOS/noticias

La definición de protección social ‘universal’ del Banco Mundial:
¿otra palabra de moda?

RESUMEN
- La nota orientativa sobre la brújula de la protección social y el
empleo recientemente publicada por el Banco Mundial crea confusión
sobre la definición del Banco de protección social ‘universal’ (PSU)
- Los expertos destacan una vez más la incompatibilidad de los
enfoques focalizados con la PSU

La pandemia de Covid-19 y sus conmociones relacionadas han revelado
el valor de los servicios públicos y los pisos de protección social.
Las instituciones encargadas de poner fin a la pobreza, como el Banco
Mundial, soportan una presión cada vez mayor de respaldar los
servicios públicos vitales y desempeñar un papel clave en las
discusiones más generales sobre la protección social universal (PSU).
Recientemente, el Banco Mundial publicó su último compromiso con la
protección social: una brújula de la protección social y empleo para
“trazar un rumbo hacia la PSU”, que proporciona orientación al
personal del Banco sobre cuestiones de empleo y protección social.
Tras un proceso de consulta limitado, la sociedad civil estaba
ansiosa por responder a la brújula. Lena Simet, de Human Rights
Watch, concluyó que la nota orientativa de la brújula “se compromete
mucho con la PSU. Sin embargo, su orientación sobre cómo pueden
alcanzarla los países es problemática”.
Las Instituciones de Bretton Woods (IBW) han sido cuestionadas
durante mucho tiempo por sus afirmaciones de estar a favor de los
pobres en su enfoque de la protección social. Una gran cantidad de
evidencia ha puesto de relieve los fallos en los enfoques de
protección social focalizados preferidos por las IBW, como las
transferencias monetarias condicionadas (TMC), que han demostrado ser
ineficaces para llegar a los más pobres, tal como el propio Banco
reconoció, propensas a la corrupción y menos propensas a proteger los
derechos humanos que los planes universales.
El Congreso de la Confederación Sindical Internacional emitió una
declaración citando “considerables reservas” sobre la brújula, ya que
“prioriza la extensión de la asistencia social focalizada y no
contributiva a expensas de la seguridad social, especialmente las
pensiones”. La Coalición Mundial para los Pisos de Protección Social
(GCSPF, por su sigla en inglés) también respondió, haciéndose eco de
las preocupaciones sobre el enfoque ‘universal’ del Banco, citando la
incompatibilidad con el enfoque del Banco en esquemas privatizados y
voluntarios y una “falta de referencias y alineamiento con los
derechos humanos y las normas laborales internacionales”, como las
normas mínimas de seguridad social del Convenio 102 y la
Recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La GCSPF destacó, además, que tanto el financiamiento privado como
los planes privados voluntarios, que dependen de los ahorros de los
individuos y a menudo son inaccesibles para los trabajadores
informales, son considerados por el Banco como alternativas a la
seguridad social pública. En un informe de septiembre, las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) Action Against Hunger,
Development Pathways y Act Church of Sweden titulado “Can a leopard
change it’s spots?” indicaron que la preferencia del Banco por los
esquemas privados y los sistemas focalizados, que son métodos para
definir la elegibilidad para los programas entre los pobres, no solo
“no cubren a la mayoría de la población, sino que tampoco llegan a
las personas que viven en situaciones extremas, impide además que los
Estados desarrollen sus propios sistemas de protección social”.
Laura Alfers, de la red mundial Women in Informal Employment:
Globalizing and Organizing (WIEGO) comentó: “Recibimos con
satisfacción el compromiso del Banco Mundial con la protección social
universal. Dado que los trabajadores informales siguen estando en
gran medida excluidos de la protección social, es alentador que los
esfuerzos para ampliar la cobertura a la ‘mayoría restante’ sean
fundamentales en la nueva estrategia del Banco Mundial. Sin embargo,
no estamos de acuerdo con la promoción de planes de ahorro
voluntario, que se presentan como herramientas centrales para ampliar
la cobertura a los trabajadores informales, y como ‘alternativas’ en
lugar de complementos a la seguridad social pública. En lugar de
simplemente descartar el seguro social público y potencialmente crear
costosas estructuras paralelas, pedimos al Banco Mundial que apoye a
los países en la adaptación de sus sistemas de seguridad social para
que sean más inclusivos”.
Apoyo ‘universal’ con un toque de austeridad
Es muy importante la influencia del Banco Mundial sobre los espacios
de protección social de los países. El Banco se describe a sí mismo
como el mayor financiador de la protección social, citando una
cartera de USD 29.500 millones en 71 países. El Banco se compromete
con la Alianza Mundial por la Protección Social Universal para
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (USP2030), una misión
para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1.3”. Además
de esto, el Banco se sumó a una asociación mundial con la OIT para
lograr la protección social universal en 2016.
La USP2030 define la PSU como “sistema[s] definido[s] nacional[es] de
políticas y programas que brindan acceso equitativo a todas las
personas y las protegen a lo largo de sus vidas contra la pobreza y
los riesgos para sus medios de subsistencia y bienestar”, que pueden
consistir en “beneficios en efectivo o en especie, esquemas
contributivos o no contributivos y programas para mejorar el capital
humano, los activos productivos y el acceso al empleo ...
prestaciones/apoyo para personas en edad de trabajar en caso de
maternidad, discapacidad, accidente de trabajo o para aquellos sin
empleo y pensiones para todas las personas mayores”. La USP2030
define, además, la protección social universal como un derecho
humano.
La OSC Development Pathways, con sede en el Reino Unido, descubrió
que las IBW no solo hacen daño al priorizar la focalización de la
pobreza, sino que han abogado activamente por eliminar los sistemas
universales creados por los gobiernos (véase el Observador de
Primavera de 2018). Ambas instituciones tienden a imponer
condicionalidades de préstamos impulsadas por la austeridad que se
centran en reducir el espacio fiscal y recortar las facturas
salariales del sector público (véase el Observador de Invierno de 201
9) y, a menudo, los sistemas nacionales de protección social son el
objetivo de tales recortes.
bit.ly/WBSocialProtection

=====================================================================

DERECHOS/noticias

Nueva asignación de DEG: Combatir la profundización de las
preocupaciones sobre la fragilidad

RESUMEN
- Aumentan los disturbios políticos, la fragilidad, los conflictos y
la violencia en medio del empeoramiento de las perspectivas
económicas y la crisis climática
- La nueva asignación de DEG apoyaría las estrategias de fragilidad
del FMI y el Banco Mundial y el compromiso del G7 de abordar el
vínculo entre la crisis climática y la seguridad

Si bien más de 150 organizaciones de la sociedad civil se han unido a
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y a
la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, para pedir una nueva
asignación general de USD 650.000 millones en Derechos Especiales de
Giro (DEG) (véase Al interior de las instituciones, ¿Qué son los
derechos especiales de giro (DEG)?) para apoyar la acción climática y
la recuperación de la pandemia, se ha prestado poca atención a la
posible contribución de la propuesta a la prevención de conflictos
violentos. Debido a los costos del malestar social y la inestabilidad
política, particularmente en los países de ingreso medio
económicamente importantes, una nueva asignación de DEG contribuiría
en gran medida a los esfuerzos mundiales de prevención de conflictos
y al mandato del FMI de garantizar la estabilidad financiera mundial,
ya que permitiría a los Estados con problemas de endeudamiento y
restricciones fiscales actuar para prevenir el creciente descontento
con, entre otras cosas, el agravamiento de las crisis alimentarias y
energéticas mediante el aumento o el mantenimiento del gasto en
protección social.
En febrero el FMI publicó su tan esperada Estrategia para los Estados
Frágiles y Afectados por Conflictos (véase el Observador de Otoño de
2022 y el de Verano de 2018). La estrategia destaca que “el apoyo a
los Estados frágiles y afectados por conflictos (EFAC) es una
prioridad importante en la agenda política internacional” y destaca
que “el impacto económico de la pandemia de Covid-19 ha sido más
grave en los EFAC ... La deuda y las presiones inflacionarias también
han aumentado. Los EFAC corren un riesgo significativo de quedarse
atrás en su recuperación posterior a la pandemia [y] en el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Reflejando la importancia de
este tema en la agenda internacional, el lanzamiento de la estrategia
para los EFAC del FMI siguió a la publicación en febrero de 2020 de
la estrategia del Banco Mundial 2020-2025 sobre Fragilidad, Conflicto
y Violencia (FCV), que se basó en el informe conjunto de las Naciones
Unidas y el Banco Mundial 2018 Pathways to Peace.
Los tres informes subrayan la limitada capacidad y legitimidad del
Estado como posibles causas profundas de la fragilidad y la
violencia. Tanto las estrategias del Banco Mundial como las del FMI
enfatizan, además, los vínculos entre el cambio climático y la
fragilidad, mientras que el Fondo subrayó que “la mayoría de los 35
países más pobres clasificados según su vulnerabilidad al cambio
climático y su disposición para mejorar la resiliencia son EFAC”. La
estrategia del FMI añade que “las mujeres y las niñas enfrentan
vulnerabilidades específicas y mayores en contextos de EFAC, lo que
profundiza la fragilidad”. Teniendo en cuenta estos factores diversos
e interrelacionados, el documento refleja el acuerdo del Directorio
Ejecutivo del FMI con la afirmación de la estrategia de que “las
implicaciones de la fragilidad y el conflicto son críticas en
términos macroeconómicos y relevantes para el mandato del FMI, tanto
en términos del impacto económico a largo plazo en los países
miembros, como de los efectos de contagio originados en los EFAC que
pueden socavar la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de
crecimiento en los países y regiones vecinos”.
El empeoramiento de las perspectivas económicas y la crisis de
desigualdad exacerban los riesgos de fragilidad e inestabilidad
En mayo una evaluación del FMI sobre las tendencias mundiales de
disturbios sociales dejó claro que el aumento de las protestas y las
tendencias a la inestabilidad social se han acelerado una vez más
después de una disminución durante la pandemia, impulsadas por las
restricciones a la movilidad y las reuniones masivas. La evaluación
señaló que, si bien las causas del malestar social son complejas,
“los fuertes aumentos de precios de los alimentos y el combustible se
han asociado con protestas más frecuentes en el pasado” y agregó que
“cualquier crecimiento del malestar social podría representar un
riesgo para la recuperación de la economía mundial, ya que puede
tener un impacto duradero en el desempeño económico”.
Las preocupaciones del FMI son compartidas por la consultora de
riesgo político Verisk Maplecroft, cuyo informe de junio destacó que
“los países de ingreso medio serán los más afectados por el
descontento social” derivado de las actuales condiciones económicas.
Además, un documento de 2018 de Patricia Justino y Bruno Martorano
constató que “el gasto social condujo a reducciones en el conflicto
en América Latina entre 1970 y 2010” y que “aumentar la capacidad del
Estado para ofrecer programas de bienestar social puede mejorar la
estabilidad política”.
Un blog de noviembre de Oxfam fue claro sobre las consecuencias de la
crisis de la deuda en la capacidad de los Estados para satisfacer las
necesidades y expectativas de sus ciudadanos. El blog destaca que
“tres cuartas partes de todos los países del mundo están planeando
nuevos recortes [del gasto social] por un total de USD 7,8 billones”.
A la luz de las tendencias actuales, una nueva asignación de DEG
apoyaría las estrategias y los objetivos de prevención de conflictos
de los principales accionistas del FMI, como Estados Unidos y la
Unión Europea. Una nueva asignación de DEG apoyaría, además, la
Aspiración 4 de la Agenda 2063 de la Unión Africana, una África
pacífica y segura, y los esfuerzos del G7 para mitigar la “amenaza
que plantean las crisis del cambio climático y la biodiversidad ... a
la paz y la estabilidad internacionales”.
bit.ly/FragilitySDRs

=====================================================================
GOBERNANZA DE LAS IFI/noticias

La Oficina de Evaluación Independiente del FMI nombra nuevo director
y publica el plan de trabajo para 2023

El 18 de octubre de 2022 la junta del Fondo Monetario Internacional
(FMI) anunció el nombramiento de un nuevo director de la Oficina de
Evaluación Independiente (OEI), Pablo Moreno, que sucederá a Charles
Collyns cuando expire su mandato el 30 de abril de 2023. Moreno es un
ciudadano español que actualmente ejerce como director ejecutivo del
FMI representando a Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México y España, cargo que ocupa desde noviembre de 2020.
También se ha anunciado un cambio en el liderazgo en el Grupo de
Evaluación Independiente (GEI) del Banco Mundial, con Alison Evans
dejando el cargo de directora general después de cuatro años, aunque
aún no se ha anunciado ningún sucesor.
Además, la OEI del FMI publicó su plan de trabajo para 2023 en el que
se presentan dos nuevas evaluaciones junto con su examen en curso de
la respuesta de emergencia del FMI a la pandemia de Covid-19: Una
evaluación completa de la Política de Acceso Excepcional (PAE) y una
evaluación más breve de la Aplicación del Mandato del FMI.
La evaluación de la PAE —un marco en virtud del cual el FMI puede
proporcionar apoyo financiero a gran escala a sus países miembros— se
enfocará en revisar los criterios del AE y evaluar los procesos de
mitigación de riesgos asociados con los grandes préstamos del FMI. La
evaluación del mandato del FMI se produce en un contexto en el que la
agenda del FMI se ha ampliado sustancialmente en la última década,
incluyendo temas que anteriormente se consideraban críticos desde el
punto de vista macroeconómico pero que quedaban fuera del núcleo de
conocimientos especializados existentes del FMI, como el género
(véase el Observador de Primavera de 2022) y el clima (véase el
Observador de Otoño de 2021). En la evaluación se examinará la
estructura de gobernanza que rodea el proceso de ampliación del
programa de trabajo del FMI, el papel de las partes interesadas, las
compensaciones entre la labor nueva y la existente y la suficiencia
de recursos para emprender actividades que van más allá de los
conocimientos básicos del FMI.
bit.ly/IEOChanges

=====================================================================
FINANZAS/noticias

Una carta de alegato de la ONU expresa preocupación por el impacto de
la política de recargos del FMI en los derechos humanos

El 26 de agosto nueve expertos independientes y relatores especiales
de la ONU enviaron una carta al director gerente del FMI expresando
su preocupación “por el impacto de la política de recargos en el
respeto de los derechos humanos en los países afectados”. La carta
fue enviada bajo los Procedimientos Especiales del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU.
Hasta la fecha, el FMI ha considerado que la comunicación no merece
respuesta. Un grupo de 350 organizaciones de la sociedad civil (OSC)
y expertos enviaron una carta de seguimiento el 22 de noviembre
pidiendo al directorio del FMI que garantice una respuesta y aborde
la contradicción entre “su apoyo declarado a una transición justa y
sus acciones”.
Esta carta formaba parte de una campaña más amplia de las OSC
destinada a poner fin a la política de recargos del FMI, que, en
línea con lo que se afirma en el comunicado del G24 de las Reuniones
Anuales 2022 del FMI y el Banco Mundial (véase el Dispatch Annuals 20
22), ha demostrado ser contraproducente, injusta, innecesaria y
contraria a la legislación internacional en materia de derechos
humanos (véase el Observador de Primavera de 2022). Esto es
especialmente cierto en el contexto actual, donde un número creciente
de países vulnerables al clima pueden recurrir al Fondo en busca de
ayuda para recuperarse de los desastres climáticos.
El ex Experto Independiente de la ONU sobre Deuda y Derechos Humanos,
Juan Pablo Bohoslavsky, señaló que “el FMI tiene la obligación de
responder a los requisitos de los titulares de mandatos, ya que es
parte del sistema de las Naciones Unidas ... No puede permitirse no
responder si las preguntas que se le hacen son difíciles de
responder, como lo sería la solicitud de justificar los recargos”.
Argentina y Barbados ya están pidiendo una revisión de la política,
mientras que la declaración de Indonesia del G20 de noviembre también
expresó su apoyo a continuar “la discusión de la política de recargos
del FMI”.
bit.ly/SurchargesUN

====================================================================
The Observer está disponible en pdf, en la web y por correo
electrónico.
Observer
www.brettonwoodsproject.org/observer/
Castellano:
www.brettonwoodsproject.org/es/observador
Suscripciones:
www.brettonwoodsproject.org/subs

El Proyecto Bretton Woods es un proyecto organizado por ActionAid,
Reino Unido
organización benéfica registrada No. 274467, organización benéfica de
Inglaterra y Gales No. 274467,
Scottish charity no. SC045476. Esta publicación está respaldada por
una
red de ONG del Reino Unido, la Fundación c.S. Mott, William y Flora
Fundación Hewlett y The Rockefeller Brothers Fund.

No se necesita permiso para reproducir
ISSN 2053-7522
Diseño: Base Eleven