+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Observador de Verano de 2025 de Bretton Woods
Un examen crítico trimestral de la evoluci√≥n de la situaci√≥n en el
Banco Mundial y el FMI

Publicado por el BRETTON WOODS PROJECT
Trabajando con ONG e investigadores para monitorear al Banco Mundial
y al FMI

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FINANZAS/Comentario

El FMI y Milei, socios en la autocracia neoliberal argentina
Comentario externo por Juan Pablo Bohoslavsky and Francisco
Cantamutto (CONICET)

SUMMARY
• El FMI aprueba nuevo préstamo de USD 20.000 millones para Argentina
en 2025, pese al desastroso programa de 2018
• Nuevo programa apoya el mayor ajuste fiscal de la historia del país
• El FMI es cómplice de los impactos en los derechos humanos de las
políticas neoliberales autocráticas del gobierno

Después de siete años, y 20 acuerdos desde 1956, en el marco de los
programas del FMI, Argentina sigue en crisis económica. Tras un breve
período de ausencia, el FMI regresó en 2018 en medio de una crisis
que ha durado desde entonces. La actual presidencia ortodoxa de
Javier Milei está implementando un plan de austeridad regresivo que
está en desacuerdo con la legislación internacional en materia de
derechos humanos, mientras el FMI refuerza su complicidad.

El gobierno de Milei asumió el cargo en diciembre de 2023,
prometiendo en campaña el mayor ajuste fiscal de la historia del
país. Esta propuesta de política económica choca directamente con el
Estado de Derecho. Con una pequeña minoría de legisladores en el
Parlamento, sin gobernadores ni alcaldes, Milei ha gobernado sobre la
base de decretos ejecutivos, sin mayor discusión ni aprobación
parlamentaria. De hecho, no hay un presupuesto nacional aprobado para
2025. La razón dada por el ministro de Economía para eludir la
Constitución es que el gobierno no acudió al Parlamento según la ley
de endeudamiento nacional porque no tenía los votos para aprobarla.

La política económica ortodoxa tiene efectos nocivos sobre la
capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones
internacionales jurídicamente vinculantes en materia de derechos
humanos. En 2024 el gasto público cayó un 25%, del cual un tercio
venía de los recortes en el sistema de pensiones, lo que provocó
persistentes protestas de los jubilados, que han sido duramente
reprimidas. La policía reprimió incluso a periodistas que cubrían los
hechos. El ajuste ha supuesto la interrupción de programas dirigidos
a la primera infancia, a las víctimas de violencia de género, al
sistema de alerta temprana de fenómenos meteorológicos extremos y a
la provisión de medicamentos para tratamientos prolongados, entre
otros ejemplos dramáticos. Los sistemas de educación, ciencia y
tecnología tienen los presupuestos más bajos en dos décadas.

El gobierno festeja el superávit fiscal obtenido porque oculta, en
las cuentas públicas, el crecimiento de los intereses devengados
asociados a la expansión de la deuda pública. El gobierno de Milei
está utilizando el ajuste fiscal como ancla para reducir la
inflación. Para lograrlo, también está utilizando otras dos anclas:
la caída de los salarios reales y el tipo de cambio. A pesar de la
evaluación del FMI sobre el éxito del programa, el ancla requiere un
flujo creciente de dólares entrantes. Y estos dólares se han agotado
debido a los persistentes pagos de intereses de la deuda. En ese
contexto, el FMI reaparece para sumar un flujo de dólares para
extender por algún tiempo el plan de austeridad de Milei.

El dañino (autopercibido) “rescate” del FMI

Argentina tiene una larga y nefasta historia con el FMI. Desde que
firmó un Acuerdo Stand By en 2018, el país se ha visto atrapado en
una espiral descendente de recesión e inflación (véase el Observador
de Verano de 2018). Tal como ha reconocido el entonces director
ejecutivo de Estados Unidos en el FMI, Mauricio Claver-Carone, el
acuerdo tenía como objetivo apoyar al entonces presidente Mauricio
Macri. El FMI prestó unos USD 44.500 millones, que financió una fuga
de capitales por una cantidad equivalente, hasta que el gobierno
perdió las elecciones. En medio de una crisis cambiaria y financiera,
Argentina entró en incumplimiento parcial en 2019.

En 2022 firmó un nuevo acuerdo de línea de crédito ampliado, para
financiar el reembolso del acuerdo de 2018 (véase el Observador de
Primavera de 2022), con el compromiso de realizar un ajuste fiscal,
reducir la emisión monetaria y acumular reservas. A pesar de la
crítica revisión de su propia Oficina de Evaluación Independiente, el
FMI no hizo nada al respecto. No concedió el alivio, por el
contrario, sobrecargó el país, a través de su política de
contraproducentes e ilegales recargos, por el monto prestado y los
plazos de pago. Después de siete años bajo la supervisión relacionada
con el programa del FMI, el país no recuperó el acceso a los mercados
de capital, lo que hace que la posibilidad de reembolso a la
organización no sea creíble.

En 2025 el FMI profundizó su apuesta con Argentina, al financiar el
ajuste de un gobierno ultraortodoxo con un préstamo de USD 20.000
millones. Convencido de que se trata de una tarea dolorosa pero
necesaria, el Fondo omite toda consideración y, de hecho, no mide los
efectos sociales de estas políticas. A propósito de la declaración
del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que el
FMI debe volver a concentrarse en sus misiones centrales, el fracaso
reiterado de la participación del FMI en Argentina y el fuerte apoyo
de Estados Unidos al programa actual ponen de relieve el impacto de
la distribución desigual del poder de la institución y el déficit
democrático en la capacidad del Fondo para promover la estabilidad
macroeconómica. El préstamo fue reforzado por las promesas de USD
22.000 millones adicionales del Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo.

La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llegó a expresar
la necesidad de apoyar al gobierno en las elecciones legislativas de
2025, aunque luego buscó retractarse de su declaración. Con estos
fondos viene la presión para avanzar en reformas laborales y en
materia de seguridad social regresivas, junto con la privatización de
empresas públicas. Ninguno de los requisitos está asociado a la
mejora de las condiciones de vida o el bienestar de la población.
Desafortunadamente, esto no es nada nuevo, ya que el FMI continúa
promoviendo ampliamente las políticas de austeridad, que debilitan
los derechos humanos a medida que avanzan.

Más allá de eso, y bajo los propios términos del Fondo, la pregunta
central es qué acreedor privado le prestará a la Argentina, si el FMI
es considerado como un acreedor privilegiado, y tiene un saldo de
casi USD 60.000 millones a su favor. El retorno al mercado de
capitales sólo parece posible en condiciones que serían desastrosas
para el país. Para superar estas dificultades, se espera que el
crecimiento de las exportaciones primarias (agricultura, minería e
hidrocarburos en yacimientos no convencionales) ayude al pago de la
deuda. Estos sectores generan pocos empleos dignos y tienen graves
impactos ambientales. No parece ser una salida que vaya a mejorar la
vida de los argentinos. Tal vez por esta razón, el gobierno de Milei
se ha vuelto cada vez más represivo. Sabiendo esto, el FMI decide
seguir adelante. Judicialmente, a esto se le llama complicidad.


=====================================================================

FINANZAS/Analisis

Sri Lanka y el FMI: Otro claro ejemplo de que se necesita una reforma
urgente de la reestructuración de la deuda

Analisis externo por Charith Gunawardena, Institute of Political
Economy, Sri Lanka


• El último programa del FMI en Sri Lanka exige una severa austeridad
social y económicamente perjudicial

• La situación de Sri Lanka pone de manifiesto las persistentes
deficiencias del análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI y su
sesgo hacia los acreedores

• Los fracasos de los 17 programas del FMI de Sri Lanka ponen de
manifiesto la necesidad urgente de un nuevo mecanismo independiente
de reestructuración de la deuda



La economía mundial se encuentra en una encrucijada crítica y Sri
Lanka no es la excepción. Es probable que las prioridades en materia
de políticas de la administración Trump, que van desde centrarse
estrictamente en los desequilibrios comerciales, minimizar la
urgencia de la crisis climática y mantener una profunda fe en las
soluciones basadas en el mercado para los problemas sociales, agraven
los desafíos que ya enfrenta Sri Lanka.

La desproporcionada influencia económica de Estados Unidos, junto con
su poder normativo dentro de instituciones mundiales como el FMI,
plantean un desafío significativo. Esto se ve agravado por la
persistente falta de legitimidad democrática en el FMI y en la
arquitectura financiera internacional en general, donde la toma de
decisiones sigue estando muy sesgada a favor de las economías
avanzadas y los acreedores.

La larga y fallida historia del FMI en Sri Lanka

En 2022 Sri Lanka incumplió por primera vez el pago de su deuda
externa, lo que desencadenó una grave crisis económica marcada por la
inflación, la escasez y la inquietud social. En respuesta, Sri Lanka
inició su 17º programa de préstamos con el FMI, una recurrencia que
no señala un camino hacia el desarrollo sostenible, sino un ciclo
cada vez más profundo de dependencia.

La experiencia de Sri Lanka ejemplifica la trampa de la deuda
soberana que enreda a muchos países en desarrollo dentro de un
sistema financiero mundial estructuralmente injusto. La crisis de la
deuda del país es el resultado de años de endeudamiento
irresponsable, en gran parte facilitado o alentado por el FMI y otros
prestamistas internacionales imprudentes, debido a la dependencia de
los mercados monetarios mundiales para financiarse. A principios de
la década de 2010 Sri Lanka comenzó a emitir bonos soberanos de alto
interés a acreedores extranjeros, una estrategia vista como
arriesgada incluso entonces.

El acuerdo actual, al igual que los anteriores, se basa en un
defectuoso Análisis de Sostenibilidad de la Deuda del FMI (véase el
Observador de Otoño de 2023) que se basa en supuestos demasiado
optimistas, manteniendo así la ilusión de capacidad para pagar las
deudas. Si no se introducen cambios fundamentales en este marco, el
acuerdo corre el riesgo de imitar a los anteriores y agravar la
desigualdad, socavar el desarrollo a largo plazo y encerrar al país
en otro ciclo de austeridad y dependencia.

Cada vez más, los economistas progresistas argumentan que el acuerdo
de Sri Lanka solo ofrece liquidez a corto plazo a costa de la
resiliencia a largo plazo, con proyecciones que sugieren la
posibilidad de otro incumplimiento ya en 2028. El patrón ilustra cómo
estos acuerdos de deuda a menudo sirven para estabilizar los
intereses de los acreedores en lugar de apoyar una recuperación
económica genuina o la soberanía democrática.

La estrategia actual del FMI y sus fracasos

Si bien el último programa del FMI fue planteado como un salvavidas
necesario, ha impuesto una dura austeridad y otras medidas, como la
devaluación de la moneda, los fuertes crecimientos de las tasas de
interés, los aumentos significativos de los impuestos indirectos, los
recortes de subsidios y la reducción del gasto público, que han
afectado desproporcionadamente a los pobres. Mientras tanto, a pesar
de estar en graves dificultades económicas, Sri Lanka continuó
pagando el servicio de su deuda hasta que sus reservas de divisas se
agotaron por completo.

En el corazón de la estrategia del FMI hay un fallo crítica: las
obligaciones de deuda de Sri Lanka son en gran medida en dólares
estadounidenses, pero su producción económica se mide en rupias de
Sri Lanka. Tal como afirmó la profesora Jayati Ghosh, de la
University of Massachusetts-Amherst de Estados Unidos, al anclar el
reembolso al crecimiento del PIB en términos de dólares, el programa
ignora la capacidad real del país para obtener las divisas necesarias
para pagar sus deudas.

Además, la fuerte influencia del FMI sobre la política económica de
Sri Lanka ha suscitado preocupación entre los grupos de la sociedad
civil y los economistas. Si bien son necesarias algunas reformas
estructurales, el énfasis del FMI en el endurecimiento fiscal, los
aumentos de las tasas de interés y la reducción del gasto público
restringe la capacidad del Estado para invertir en el desarrollo
centrado en las personas y en la mitigación y adaptación al cambio
climático que se necesita con urgencia. La persistente presión para
aumentar los ingresos en divisas – principalmente a través de las
exportaciones, el turismo, las remesas y la inversión extranjera
directa – a menudo es a expensas del bienestar de la población. Este
modelo de crecimiento impulsado desde el exterior afianza un ciclo de
dependencia, lo que deja al país vulnerable y mal preparado para
resistir futuros shocks exógenos.

Justicia y realidad: un camino a seguir

Para apoyar verdaderamente la recuperación de Sri Lanka, la
reestructuración de la deuda debe reflejar la capacidad real del país
para pagar. Aunque el FMI reconoció – en su contribución a la Cuarta
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo,
celebrada en Sevilla, España, en julio – que los países carecen de
espacio fiscal para invertir en desarrollo humano e infraestructura
esenciales que produzcan crecimiento, sigue considerando que su deuda
es sostenible. Lo que se requiere es negociar reducciones en la deuda
total, asegurar tasas de interés más bajas y extender los plazos de
pago. Estas medidas aliviarían la presión sobre las finanzas públicas
y permitirían al gobierno preservar servicios esenciales como la
atención médica, la educación y la protección social. Al mismo
tiempo, Sri Lanka debe aumentar sus ingresos en divisas mediante
inversiones estratégicas en exportaciones de valor añadido, turismo
sostenible y la reducción de los flujos financieros ilícitos. El FMI
tiene un papel fundamental que desempeñar en el apoyo a esta
transición, no en su limitación, yendo más allá de los estrechos
objetivos económicos y ayudando a construir una economía resiliente.

Una reestructuración de la deuda más inteligente y justa, alineada
con los ingresos en divisas y comprometida con el desarrollo social,
puede sentar las bases de una soberanía económica real.



=====================================================================

FINANZAS/Analisis

La sociedad civil exige un alivio incondicional de la deuda en el año
jubilar

SUMMARY
• En el crítico año jubilar, la sociedad civil pide un mecanismo de
renegociación de la deuda soberana liderado por la ONU en la FfD4
• Los principales accionistas de las IBW diluyen el documento final
para mantener su control sobre la arquitectura financiera
internacional
• Dado que el alivio de la deuda es cada vez más urgente, la sociedad
civil está explorando nuevos enfoques para alejar el poder de los
acreedores

En un año crítico para la campaña del jubileo, la Cuarta Conferencia
Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU (FfD4),
celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, intensificó la
preocupación por la concentración del poder de decisión en la
gobernanza de la deuda soberana (véase el Observador de Primavera de
2025). Grupos y bloques de la sociedad civil de los países en
desarrollo pidieron alejarse de los procesos de reestructuración
liderados por los acreedores y acercarse a un mecanismo de
renegociación de la deuda soberana liderado por las Naciones Unidas,
en el que todos los países participen en pie de igualdad.

Sin embargo, estas demandas fueron diluidas en el documento final del
17 de junio, el Compromiso de Sevilla, a raíz de la resistencia de
los principales acreedores, incluidos la UE y el Reino Unido. Incluso
con su lenguaje debilitado, el documento enfrentó una reacción
violenta: Estados Unidos se retiró de las negociaciones,
argumentando, según Devex, que la declaración “busca indebidamente
usurpar el papel de gobernanza existente de las instituciones
financieras internacionales”, mientras que otros accionistas clave de
las Instituciones de Bretton Woods (IBW), incluidos Canadá, Japón y
la UE, se disociaron de la declaración referida a un proceso
intergubernamental de la ONU sobre la deuda en el texto final.

El FfD4 tuvo lugar en medio de un aumento de los costos del servicio
de la deuda y la declaración de un año jubilar del difunto Papa
Francisco – ahora apoyado por su sucesor, el Papa León XIV – que
pedía no solo el alivio de la deuda, sino también un replanteamiento
más amplio del sistema económico mundial “para garantizar la dignidad
de la persona humana y el bien común”. En 2024 el Monitor Global de
la Deuda Soberana de la organización de la sociedad civil (OSC)
alemana Erlassjahr, descubrió que 130 de los 152 países del Sur
Global estaban en sobreendeudamiento, con el 55% de ellos
clasificados como críticamente o muy críticamente endeudados. De
acuerdo con el Informe de la Deuda Internacional del Banco Mundial,
los países en desarrollo gastaron USD 1,4 billones en el servicio de
la deuda externa en 2023, y solo los pagos de intereses aumentaron en
casi un tercio hasta los USD 406.000 millones, el nivel más alto en
dos décadas (véase el Observador de Invierno de 2023).

El Banco Mundial afirmó que estos pagos están exprimiendo los
presupuestos de muchos países en áreas críticas como la salud, la
educación y el medio ambiente”. El informe Un mundo de deudas
constató que, en la actualidad, los pagos de intereses superan el
gasto en servicios esenciales en muchos países, con 3.300 millones de
personas viviendo en Estados que destinan más a los intereses que a
la educación o la salud (véase el Observador de Verano de 2025).

Los llamamientos a favor de un mecanismo de renegociación de la deuda
liderado por la ONU siguen sin ser atendidos

En mayo la Unión Africana organizó su primera Conferencia Continental
sobre la Deuda en Lomé (Togo), que finalizó con una llamada a los
países africanos para que impulsen una convención marco de la ONU.
Esto se basó en los aportes del Grupo Africano para la FfD4, que
propuso establecer “un mecanismo multilateral de renegociación de la
deuda soberana” supervisado por una autoridad mundial de la deuda.
Aunque finalmente fue rechazada por el Parlamento, la Comisión de
Desarrollo del Parlamento Europeo también apoyó un enfoque
intergubernamental de la gobernanza de la deuda antes del FfD4. Del
mismo modo, la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS)
declaró en abril de 2024 que “debe haber mecanismos de renegociación
de la deuda para los que están más en riesgo”.

Sin embargo, si bien el párrafo 50(f) del compromiso hace referencia
a iniciar un proceso intergubernamental en la ONU, el lenguaje
elimina cualquier compromiso vinculante, reemplazándolos con
objetivos vagos sobre “hacer recomendaciones” y “explorar opciones
para abordar la sostenibilidad de la deuda”, llamando a un “diálogo”
que involucre a los Estados miembros de la ONU, el Club de París,
acreedores y deudores oficiales, el FMI, el Banco Mundial, otros
bancos multilaterales de desarrollo, acreedores privados y otros
actores relevantes.

Patricia Miranda, de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia
Económica, Social y Climática (Latindadd), destacó: “Los países del
Norte estaban decididos a reducir sus ambiciones en la FfD4,
demostrando que una reforma no solo es necesaria, sino urgente. Solo
una Convención Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana, con
un mecanismo multilateral de resolución de la deuda, puede ofrecer
soluciones sostenibles y justas en el marco de una gobernanza
democrática, en la que todas las voces cuentan”.

El control del G20 y el FMI sobre la gobernanza de la deuda

Estos llamamientos ponen en tela de juicio la actual gobernanza de la
deuda soberana, en la que los acreedores tienen poder de decisión y
mecanismos clave como el Club de París y el Marco Común del G20 no
logran llevar a cabo una reestructuración de la deuda oportuna y
equitativa (véase el Observador de Primavera de 2024, el de Primavera
de 2023 y el de Invierno de 2020).

Las instituciones de Bretton Woods, en particular el FMI, son actores
clave en este sistema. Los Análisis de la Sostenibilidad de la Deuda
(ASD) del FMI tienen un peso significativo en todo el sistema
financiero, ya que informan no solo las decisiones de préstamo del
FMI y el Banco Mundial y las evaluaciones de riesgo de los acreedores
privados, sino que también pueden desencadenar requisitos de
reestructuración como condición para los préstamos del FMI (véase el
Observador de Otoño de 2023 y el de Otoño de 2022). Tal como
Argumenta el profesor Ahilan Kadirgamar de la Universidad de Jaffna
en Sri Lanka, “existe un claro conflicto de intereses en el papel del
FMI como prestamista y árbitro”.

En consecuencia, las cuotas del Fondo muestran una tendencia a
proyecciones demasiado optimistas y medidas de consolidación fiscal
que reducen el margen de maniobra necesario para el financiamiento
del desarrollo, y más aún para la transformación económica (véase el
Observador de Primavera de 2023). En su contribución al FfD4, el FMI
reconoció que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
2030 “parece cada vez más improbable”, pero aun así considera que la
deuda de la mayoría de los países es “sostenible”, lo que representa
el creciente abismo entre su definición de sostenibilidad y las
necesidades reales de financiamiento para el desarrollo, lo que
refuerza el llamamiento de UNCTAD en favor de una arquitectura de la
deuda más orientada al desarrollo.

Una investigación reciente del Global Development Policy Centre
Center de la Boston University hizo un llamamiento urgente para el
alivio de la deuda que posibilite el cumplimiento de los objetivos
climáticos y de desarrollo, mostrando que si las evaluaciones de la
deuda del FMI incluyeran el gasto en clima y desarrollo, 41 de los 62
países estudiados superarían los límites de solvencia para 2028.
Incluso el economista jefe del Banco Mundial declaró: “Es hora de
enfrentar la realidad: los países más pobres que enfrentan problemas
sobreendeudamiento necesitan alivio de la deuda si quieren tener la
oportunidad de alcanzar una prosperidad duradera”.

¿Un momento de jubileo?

En medio del crítico año jubilar, la Comisión del Jubileo del difunto
papa Francisco, compuesta por más de 30 expertos y presidida por
Joseph Stiglitz, lanzó un informe el 20 de junio en el que se pedía
el alivio de la deuda y las reformas destinadas a hacer frente a la
crisis de la deuda y evitar que se repitiera. Si bien no llegó a
respaldar un mecanismo liderado por la ONU, instó a cambios en las
políticas del FMI y el Banco Mundial para apoyar recuperaciones
sostenibles, “sin rescates de hecho de acreedores privados ni
austeridad paralizante”. Sin embargo, con muchas propuestas del FfD4
centradas en el alivio ‘condicional’ de la deuda u otras iniciativas
de suspensión – como las cláusulas de pausa vinculadas al clima y el
impulso de España para establecer un centro mundial de canje de
deuda, que las OSC han criticado – la reforma sistémica de la
gobernanza de la deuda es difícil de alcanzar.

Fadhel Kaboub, del Instituto Global Institute for Sustainable
Prosperity, y Andrés Chiriboga-Tejada, investigador postdoctoral del
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quienes
recientemente analizaron los desafíos y las posibilidades para la
acción colectiva de los deudores, en un informe del Institute for
Economic Justice, con sede en Sudáfrica, argumentan: “Las reformas
estancadas y la necesidad de un alivio inmediato de la deuda instan a
una acción coordinada entre los países endeudados. El Sur Global
debería utilizar el tamaño de su mercado colectivo, su riqueza en
recursos naturales y su fuerza laboral como palanca para una “Oferta
del siglo” que exija transferencias de tecnología e inversión
industrial de los principales actores económicos. Este acuerdo podría
iniciar una nueva era de cooperación Sur-Sur y Sur-Norte basada en el
beneficio mutuo y no en dinámicas de poder asimétricas”.

=====================================================================

GOBERNANZA DE LAS IFI/Analisis

Próxima revisión de la supervisión del FMI: En un contexto mundial
cada vez más urgente, el FMI debe aprender lecciones de sus fracasos
en materia de reformas pasadas

SUMMARY
• La revisión de la supervisión por parte del FMI se lleva a cabo
este año en medio de la profundización de las múltiples crisis
mundiales
• Grupos de la sociedad civil instan al FMI a realizar evaluaciones
de impacto obligatorias de sus propias políticas
• La sociedad civil también exige la consulta nacional obligatoria
para que la supervisión responda a las necesidades de los países

La Revisión Integral de la Supervisión (CSR, por su sigla en inglés)
del FMI, que se realizará este año, ocurre en un contexto mundial en
el que es vital garantizar que los países tengan soberanía política,
incluida la capacidad de tomar medidas sobre cuestiones como el
cambio climático y el aumento de la desigualdad.

La supervisión es una de las tres actividades principales del FMI, un
chequeo anual de la salud macroeconómica que es necesario para todos
los miembros del FMI (ver Al interior de las instituciones, IMF
Surveillance). Los sindicatos, los académicos, los organismos de las
Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han
argumentado durante mucho tiempo que las políticas que promueve el
FMI a través de su supervisión socavan la capacidad de los Estados
para cumplir con sus obligaciones jurídicamente vinculantes en
materia de derechos humanos, exacerban las desigualdades dentro de
los países y entre ellos, contribuyen a la inestabilidad social y
política y perjudican desproporcionadamente a los pobres y marginados
(véase al interior de las instituciones, What are the main criticisms
of the World Bank and the IMF?).

Curiosamente, la Nota orientativa de 2022 y la evaluación de la
Oficina de Evaluación Independiente (OEI), sobre la evolución del
mandato del FMI presentan sorprendentes similitudes con las
recomendaciones de las OSC y revisiones previas en las áreas de
impactos sociales y climáticos. Esto sugiere que lo que ha faltado
hasta ahora no es un consenso sobre los cambios necesarios, sino la
voluntad política para implementarlos.

La sostenibilidad económica requiere una evaluación sistemática de
los impactos distributivos

La CSR de 2021 destacó la centralidad de la sostenibilidad económica,
cuya nota orientativa de 2022 incluyó: “distribución e inclusión,
salud y educación, medio ambiente y clima, preparación para pandemias
y factores sociopolíticos y geopolíticos”. Estos fenómenos son aún
más apremiantes a medida que las crecientes disparidades
socioeconómicas directamente relacionadas con la búsqueda del FMI de
una austeridad cada vez más profunda (véase el Observador de Verano
de 2025), ocasionan estragos en las políticas y la economía mundial.
En la revisión de 2021 del FMI, los directores “apoyaron la
incorporación de los impactos macrofinancieros y distributivos de las
políticas, cuando fuera macroeconómicamente relevante”.

A pesar de ello, la labor del FMI para abordar sistemáticamente los
impactos distributivos ha sido insuficiente y, cuando los impactos
sociales y de género de las políticas del FMI se abordan en los
informes de supervisión (es decir, en el Artículo IV), a menudo
estuvieron desconectados del asesoramiento político en su conjunto.
Esto plantea interrogantes como si el asesoramiento en materia de
políticas es unificado y coherente, el grado en que refleja la
dinámica local, si hay un debate adecuado sobre la combinación de
políticas, incluidos los enfoques anticíclicos, y si este enfoque es
imparcial, es decir, si trata a todos los países por igual.
Reconociendo esto, la revisión de 2021 pide un “asesoramiento más
unificado en materia de políticas, que analice la combinación de
políticas adecuada y las compensaciones asociadas”.

La sociedad civil ha pedido que esto se sistematice a través de
evaluaciones de impacto distributivo obligatorias que se hagan
públicas. Nabil Abdo, de Oxfam Internacional, afirma que “la
desigualdad no debería ser una mera preocupación retórica para el
Fondo. Las evaluaciones del impacto distributivo, obligatorias y
sistemáticas de sus recomendaciones en materia de política fiscal
brindarán a las autoridades y al público un panorama claro de los
impactos en la desigualdad del asesoramiento del FMI en materia de
políticas. Esto también permitiría al personal del FMI, a las
autoridades y a las partes interesadas debatir combinaciones de
políticas diferentes y alternativas que compartan la carga de las
reformas de manera equitativa, especialmente por parte de los más
ricos de la sociedad”.

La apropiación y la participación del FMI deben mejorarse con la
consulta obligatoria en el ámbito nacional

Los procesos actuales de consulta ad hoc del Fondo repercuten
negativamente en la solidez de la supervisión, lo que contribuye a la
falta de apropiación, la inflexibilidad y la adaptación inadecuada de
los enfoques de políticas a las necesidades de los países. En la
revisión de 2021 se afirmaba que existe “una necesidad cada vez mayor
de colaborar con una gama más amplia de organizaciones, incluidas
organizaciones especializadas y las ONG”, y que ese diálogo es
necesario a lo largo de todo el proceso de supervisión. Estos
llamamientos se reflejan una vez más en la Nota Orientativa 2022, en
la que se alienta al personal a “solicitar reuniones rutinarias con
líderes políticos (por ejemplo, parlamentarios), sindicatos,
representantes empresariales y organizaciones de la sociedad civil”,
en particular sobre cuestiones macrocríticas pero en las que el Fondo
no tiene experiencia.

Una vez más, no se ha avanzado lo suficiente en la mejora de las
prácticas de consulta en el Fondo. Abdo argumenta que “aunque el
Fondo ha mejorado a lo largo de los años en su compromiso con las
OSC, todavía queda un largo camino por recorrer. El Fondo no solo
debería tener en cuenta seriamente los aportes de las OSC, sino
también fomentar el diálogo entre las OSC y el gobierno, así como
tener un calendario claro y público sobre las visitas de las misiones
a los países, discusiones más estructuradas y profundas con las OSC
y, lo que es más importante, hacer que este compromiso sea
obligatorio y sistemático y no dependa de la buena voluntad del
personal”.

Temas emergentes versus mandato ‘central’

Se ha prestado mucha atención a la labor del FMI en ‘temas
emergentes’ (es decir, género, clima y desigualdad), en particular
con la decisión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott
Bessent, de pedir que el Fondo vuelva a su mandato ‘central’, es
decir, a las cuestiones de estabilidad macro. Sin embargo, son
precisamente las actividades ‘centrales’ del Fondo las que repercuten
en la capacidad de los países para defender los derechos humanos,
incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, de la
mayoría de sus poblaciones, y para promulgar políticas que hagan que
la vida en este planeta sea habitable para las generaciones futuras.
El trabajo del Fondo en estas áreas debe integrar y garantizar el
cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el clima, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la normativa internacional
en materia de derechos humanos. Federico Sibaja, de la organización
internacional de la sociedad civil Recourse, afirma: “En cuanto al
clima, esto significa que el FMI debe garantizar que su asesoramiento
en materia de política fiscal, financiera, monetaria y cambiaria
permita a los países cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Los
recortes de emisiones de GEI deben defender el desarrollo resiliente
al clima y cumplir con el principio de la CMNUCC de Responsabilidades
Comunes pero Diferenciadas (CBDR, por su sigla en inglés), según el
cual los emisores históricos deben tomar la iniciativa en la
descarbonización y el apoyo financiero”. En cuanto a los efectos
socioeconómicos y de género, el Fondo debería limitar sus
intervenciones a los efectos de sus propias políticas y abordar
sistemáticamente los efectos negativos proporcionando opciones de
políticas alternativas a los países.

=====================================================================

SECTOR PRIVADO/Noticias

El paquete de políticas de la AIF-21 decepciona a medida que las
perspectivas de los países de la AIF siguen oscureciéndose

SUMMARY
• La reposición de recursos de la AIF-21 de ‘hasta’ USD 100.000
millones está por debajo de las aspiraciones africanas y del Grupo de
Expertos Independientes del G20
• El paquete de políticas sigue siendo profundamente defectuoso, al
profundizar la agenda de “miles de millones a billones” y sin
centrarse en la transformación económica que se necesita con urgencia

En abril, la junta de gobernadores del Banco Mundial aprobó el
paquete de políticas para la 21ª reposición de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF), el brazo crediticio del Banco Mundial
para países de ingreso bajo. El paquete confirma las cinco áreas
prioritarias de la AIF-21: las personas, la prosperidad, el planeta,
la infraestructura y la transformación digital; y cuatro lentes:
género, empleo, inversión privada y fragilidad, conflicto y
violencia. Si bien las promesas de los donantes de Estados Unidos y
el Reino Unido están pendientes, se prevé que la reposición alcance
‘hasta’ USD 100.000 millones, significativamente por debajo de los
USD 120.000 millones buscados por los líderes africanos y muy lejos
de los llamamientos del informe del Grupo de Expertos Independientes
del G20, del 30 de junio de 2023, de triplicar los recursos de la AIF
a USD 279.000 millones para 2030.

El documento reconoce que la reposición tiene lugar en un momento
crucial para los países de la AIF, señalando que “entre 2020 y 2024,
los países de la AIF experimentaron la media década de crecimiento
más débil desde mediados de la década de 1990”, y haciendo hincapié
en que “los países de la AIF asignan colectivamente el 7,5% de su
producto interno bruto (PIB) al pago del servicio de la deuda. Esto
es más alto, en promedio, que su gasto público combinado en salud,
educación e infraestructura”.

Paquete de políticas: si bien los peores temores de una intervención
de Estados Unidos no se materializan, persisten preocupaciones
importantes

Si bien ha habido alivio por el hecho de que los esfuerzos
estadounidenses para reformar el paquete de políticas sobre el clima
y el género no hayan tenido éxito (véase el Dispatch Springs 2025),
el hecho es que las propuestas y los detallados aportes de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) durante el período de
consulta han sido, en general, ignorados (véase el Observador de
Primavera de 2024). En cambio, el nuevo paquete de políticas
profundiza el enfoque de la AIF-20 en la creación de un entorno
‘propicio’ para la inversión del sector privado, con sus probables
consecuencias negativas para, entre otras cosas, la soberanía
política, la movilización de recursos domésticos y los derechos de
los trabajadores. En relación con esto, el nuevo paquete amplía la
ventana de préstamos al sector privado para la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el brazo de inversión privada del Banco, es
decir, la contenciosa y muy criticada Ventanilla del Sector Privado
(PSW, por su sigla en inglés), de USD 2.500 millones a USD 3.200
millones (véase el Observador de Otoño de 2021). María José Romero,
de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, con sede en Bélgica,
comentó: “El paquete incluye un importante compromiso para aumentar
la transparencia en el uso de los fondos de la PSW y su impacto. Sin
embargo, el aumento de su tamaño amenaza con desviar aún más los
recursos de donde más se necesitan, como los servicios públicos
universales de alta calidad, y profundizar el problemático camino de
la privatización en los países más vulnerables”. Es significativo que
el paquete de políticas no se centre en la contribución de la AIF a
la transformación económica que se necesita desesperadamente (véase
el Dispatch Springs 2024).

El documento carece además de referencias a los derechos humanos,
incluido el trabajo digno, en su tema fundamental sobre el empleo
(véase el Observador de Verano de 2025). Shereen Talaat, de la
organización civil MENAfem, con sede en Marruecos, subrayó: “La
AIF-21 sigue ignorando los llamamientos de la sociedad civil,
especialmente de los movimientos feministas, para un desarrollo
centrado en la justicia. El paquete profundiza la dependencia del
financiamiento privado y descuida los compromisos vinculantes en
materia de derechos humanos, igualdad de género y transformación
económica. Sin inversión en servicios públicos, sistemas de cuidados
y redistribución, este enfoque solo ampliará la desigualdad y
reforzará la deuda estructural y las vulnerabilidades climáticas en
todo el Sur Global”.

Si bien el género se integra como una lente en el paquete, el enfoque
es insuficiente para satisfacer las demandas de las OSC, según se
describe en una carta conjunta de noviembre de 2024, para “garantizar
que la economía del cuidado, los derechos de las mujeres y el acceso
a servicios públicos universales de alta calidad sean prioridades
fundamentales de la AIF-21” (véase el Observador de Otoño de 2024), y
aliviar las preocupaciones sobre la reducción de los compromisos de
política específicos de cada país y las metas limitadas relacionadas
con el género, en relación con la AIF-20.

Jason Braganza, del African Forum and Network on Debt and
Development, concluyó: “La AIF-21 es una representación de la actual
apatía política mundial hacia el cumplimiento de compromisos de
financiamiento ambiciosos para la agenda mundial de desarrollo y,
específicamente, para los países en desarrollo que enfrentan una
crisis cuádruple debido a una carga de deuda cada vez más profunda,
altos costos de capital, amenazas climáticas existenciales y una
arquitectura financiera internacional inadecuada para hacer frente a
estos desafíos. Los USD 100.000 millones serán vistos como una
victoria para algunos, pero están muy lejos de los USD 279.000
millones que se esperaban. ¡Una vez más, los países ricos se han
quedado cortos!”

=====================================================================

FINANZAS/Noticias

De miles de millones a ninguna parte: El espejismo del desarrollo de
Ajay Banga

SUMMARY
• La presentación de Banga de un ‘nuevo’ enfoque de desarrollo
liderado por el sector privado recicla el desacreditado modelo de
“miles de millones a billones”
• Los grupos de la sociedad civil no logran detectar la diferencia
con respecto a los esfuerzos fallidos anteriores y advierten que el
enfoque sigue priorizando los rendimientos de los inversores sobre el
bien público

Al mismo tiempo que Estados Unidos revela una agenda de desarrollo
basada en el interés nacional y los compromisos transaccionales, el
presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, publicó un artículo de
opinión en el Financial Times, en abril, antes de las Reuniones de
Primavera, en el que posiciona al capital privado como un elemento
central del enfoque del Banco y lo enmarca como un giro reformista.
Sin embargo, esto reconfigura viejas suposiciones con poca evidencia,
al eludir las contradicciones en la agenda de finanzas privadas del
Banco y distanciarlo de compromisos climáticos y de género más
estrictos para apaciguar a su principal accionista.

La afirmación de Banga de una nueva era en la participación del
sector privado pasa por alto casi una década de objetivos incumplidos
en el marco de las agendas de “miles de millones a billones” y de
Maximización del Financiamiento para el Desarrollo (MFD) (véase el
Observador de Verano de 2023 y el de Primavera de 2022). Incluso
funcionarios del Banco, como el economista jefe Indermit Gill, han
llamado al modelo una “fantasía”, y han afirmado que, desde 2022, los
acreedores privados han extraído USD 141.000 millones más en pagos de
deuda de los países en desarrollo que lo que han prestado, lo que
socava las demandas de movilización a gran escala.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han pedido durante
mucho tiempo que el Banco fundamente sus afirmaciones proporcionando
datos desglosados sobre la movilización de capital privado,
incluyendo qué sectores e instrumentos funcionan mejor, y dónde es
más eficaz el financiamiento concesional. El propio análisis de la
OCDE mostró que el 87% del financiamiento privado movilizado entre
2018 y 2020 se destinó a países de ingreso medio, solo el 12% a los
de ingreso bajo y apenas el 7% a la infraestructura social. Además,
la inversión privada en salud y educación a menudo conlleva graves
riesgos, como lo demuestran los repetidos escándalos vinculados a la
CFI relacionados con la mala calidad de la atención, la especulación
y la débil supervisión en hospitales privados y escuelas privadas de
bajo costo (véase el Observador de Primavera de 2025 y el de
Primavera de 2024). Estos fracasos revelan cómo los modelos que
apuntan a las ganancias en los servicios esenciales pueden empeorar
la desigualdad y socavar la rendición de cuentas, lo que plantea
dudas fundamentales sobre el enfoque del Banco de priorizar el sector
privado.

Un cambio de etiqueta no es reforma

Banga señala que la inversión privada solo fluirá donde exista “una
infraestructura sólida y una regulación predecible”. Para crear estas
condiciones, el Banco utiliza cada vez más instrumentos financieros
como las garantías, la titulización y las reformas del financiamiento
de las políticas de desarrollo (véase el Briefing A just energy
transition deferred). Sin embargo, en la práctica, las garantías
ofrecen protección a los inversores frente a riesgos políticos o
crediticios, mientras que exponen a los gobiernos anfitriones a
pasivos contingentes que rara vez se divulgan públicamente. El
programa de titulización de la CFI, que transforma los préstamos para
el desarrollo en valores que se venden en los mercados secundarios,
crea un riesgo adicional al importar volatilidad y complejidad hacia
las economías frágiles. Estas herramientas se celebran como
“catalizadoras”, pero no hay evidencia pública disponible sobre qué
sectores o instrumentos han tenido el mayor impacto en el desarrollo.

La promesa de Banga de impulsar sectores como la energía, la
agroindustria, la salud y la manufactura en los países ricos en
recursos pasa por alto el papel del Banco Mundial en el
debilitamiento de la capacidad del Estado. A través del ajuste
estructural, la desregulación y la privatización, las políticas del
Banco han socavado la industria nacional y el crecimiento inclusivo,
creando dependencia de las materias primas sin transformación
económica (véase el Observador de Otoño de 2024 y Al interior de las
instituciones What are the main criticisms of the World Bank and the
IMF?). En las naciones ricas en minerales, esto ha fomentado
economías de enclave dominadas por empresas extranjeras con
beneficios locales limitados. Si bien Banga hace hincapié en la
creación de empleo, el impacto es cuestionable. De acuerdo con la
2023 World Investment Report de UNCTAD, las inversiones privadas en
sectores intensivos en capital a menudo crean pocos puestos de
trabajo a corto plazo, de bajos salarios y con poca protección, lo
que pone en duda su verdadero valor para el desarrollo (véase el
Observador de Verano de 2025).

“El firme apoyo a una agenda de desarrollo impulsada por el
financiamiento privado es un gran salto en la oscuridad. Atraer
capital privado a los países del Sur Global exige que se descargue el
riesgo sobre ellos. Lo que se necesita es una transformación
económica y una política industrial que permita a los Estados escapar
de la deuda y la dependencia, reduzca la exposición a los shocks
externos y aumente la capacidad para salvaguardar los derechos
humanos, al tiempo que apoya las aspiraciones de la gente del Sur
Global”, señala María José Romero, de la OSC belga Eurodad.

=====================================================================

FINANZAS/Noticias

A medida que el Norte Global bloquea las reformas progresistas en el
FfD4, el fallido enfoque del sector privado del Banco Mundial gana
terreno

SUMMARY
• Los países del Norte Global socavan activamente las reformas a la
arquitectura del Sur Global propuestas durante el proceso
• El enfoque de “miles de millones a billones” del Banco Mundial
sigue ganando protagonismo a pesar de las pruebas de fracaso desde la
FfD3

A pesar de la evidencia del fracaso de la agenda de “miles de
millones a billones”, la Cuarta Conferencia Internacional sobre
Financiación para el Desarrollo de la ONU (FfD4), finalizó con el
financiamiento privado como pilar clave. Si bien en el borrador del
documento final se señaló la necesidad de una mayor reforma de las
instituciones de Bretton Woods (IBW), es decir, el Banco Mundial y el
FMI, (véase el Observador de Primavera de 2025), las IBW han
fracasado en gran medida a la hora de apoyar los llamamientos a una
reforma de la arquitectura financiera internacional (IFA) en el seno
de la ONU. En su lugar, optaron por resaltar su autonomía como
instituciones y preservar los intereses de sus accionistas dominantes
a través del enfoque centrado en el Norte Global de “el
financiamiento privado primero”. Con los actuales altos niveles de
sobreendeudamiento y costos de capital, junto con la desaparición de
la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), los países
prestatarios sin duda verán el atractivo del financiamiento privado.

Propuestas que podrían crear resultados más equitativos y disminuir
el traslado de beneficios, como acordar un Convenio Marco sobre
Cooperación Tributaria Internacional de la ONU no fueron apoyadas por
los países del Norte Global y las IBW, más allá de la retórica sobre
la participación en los procesos, a pesar del apoyo de grupos como el
G20 en los últimos años (las negociaciones igual continuarán). En
cambio, las prioridades esbozadas en el documento se alinean
perfectamente con los esfuerzos del Banco Mundial para convertirse en
un movilizador de financiamiento privado, tal como se dio a conocer
en un revelador documento del mes de marzo que esbozaba su
contribución al FfD4.

El Banco sigue prefiriendo las soluciones impulsadas por el mercado,
mientras que la fallida agenda de “miles de millones a billones” –
lanzado junto con FfD3 y etiquetada desde entonces por el economista
jefe del Banco, Indermit Gill, como “una fantasía” – sigue sin ser
cuestionada, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil por
resaltar sus fallos. El Banco ha optado por dar una amplia cobertura
al “crecimiento impulsado por el sector privado y una mayor creación
de empleo” en el documento FfD4. No ha defendido propuestas para
abordar una situación de deuda exacerbada por acreedores privados,
incluida la Convención Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda
Soberana de la ONU, a pesar de que Gill también declaró, “Desde 2022
los acreedores privados extranjeros han extraído casi USD 141.000
millones más en pagos del servicio de la deuda de prestatarios del
sector público en las economías en desarrollo que lo que han
desembolsado en nuevo financiamiento”. No hay referencias en toda de
la contribución del Banco a los derechos humanos, sólo el capital
humano, en consonancia con la reciente crítica al Banco por centrarse
en la obtención de beneficios y no en los derechos (véase el
Observador de Otoño de 2023).

Entorno propicio para una mayor dependencia

En cambio, el documento de conclusiones pidió un “entorno propicio”
para “aumentar la inversión extranjera directa y la movilización de
capital privado”, a pesar de reconocer que la inversión financiera
privada “no ha colmado las expectativas, ni ha priorizado
adecuadamente el impacto del desarrollo sostenible”. A pesar de ello,
el texto del FfD4 sitúa a los actores públicos y privados en pie de
igualdad y se enfoca bastante en el crecimiento económico como
objetivo final, más que en la transformación económica. Esto toma en
cuenta las recientes críticas a la renovación del Cuadro de Mando
Corporativo del Banco (véase el Observador de Otoño de 2024), que no
ofrece ninguna medida de transformación económica. El Banco tampoco
reconoce el reciente enfoque del Pacto para el Futuro de la ONU en ir
más allá del Producto Interno Bruto como medida clave del éxito del
desarrollo.

En línea con la temática del foco temático del Banco en relación con
el empleo y la transformación económica, el texto de la FfD4 pide
“empleos dignos y productivos, para garantizar que todas las personas
se beneficien de un crecimiento económico inclusivo y sostenible”.
Recientemente, el Banco ha sido cuestionado por la sociedad civil
sobre si su iniciativa de empleo cumplirá con las normas reconocidas
internacionalmente en materia de trabajo digno, que eviten una
‘carrera a la baja’ de salarios, protecciones y derechos de los
trabajadores, que el modelo del entorno propicio para las empresas
del Banco ha fomentado anteriormente, lo que ha exacerbado la
desigualdad (véase el Observador de Primavera de 2024).

Una vez concluidas las negociaciones, el documento final entró en un
procedimiento silencioso. El Mecanismo de FfD de la Sociedad Civil
expresó frustración por la falta de aportes de las OSC, señalando que
“el borrador actual, si se adopta tal como está, representaría una
oportunidad histórica perdida para realinear la arquitectura
financiera internacional con los principios de equidad, inclusión y
rendición de cuentas”. A la semana siguiente, el martes 17 de junio,
se publicó el texto final de las conclusiones, con una respuesta muy
decepcionante (véase aquí, aquí y aquí).

=====================================================================

INFRAESTRUCTURA/Noticias

La deuda de gas de Ghana es una advertencia mientras el Banco Mundial
reconsidera el apoyo a los proyectos de exploración y producción de
gas

SUMMARY
• Después de seguir el modelo de reforma del Banco Mundial, el
gobierno enfrenta deudas agobiantes y altos costos de energía
• ActionAid Ghana pide la cancelación de la deuda de combustibles
fósiles, después de que el Banco comprometiera USD1.200 millones en
el problemático proyecto insignia de gas marino Sankofa

Un informe del mes de abril de ActionAid Ghana y la organización de
la sociedad civil SOMO, con sede en los Países Bajos, proporcionaron
una evaluación fulminante del descarrilado progreso del desarrollo de
Ghana, tras el descubrimiento de petróleo y gas en alta mar en 2007,
en medio del fuerte apoyo del Banco Mundial para el desarrollo de gas
del país.

El informe se publica en un momento en que el directorio del Banco
Mundial está supuestamente reconsiderando su decisión de 2017 de
eliminar progresivamente las inversiones en exploración y extracción
(upstream) de gas (véase el Observador de Verano de 2025y el de
Primavera de 2018).

El informe, Gaslighting Ghana: How World Bank-backed projects drive
crippling energy debt and fossil fuel dependency in Ghana, señaló:
“Para 2022 Ghana se vio incapaz de cumplir con las obligaciones de
pago de la deuda por tercera vez desde que se convirtió en un país
productor de combustibles fósiles”, a pesar de que el FMI
inicialmente elogió los ingresos del petróleo y el gas como clave
para el desarrollo económico del país, y el Banco Mundial invirtiera
fuertemente en el sector.

El documento señaló que el desarrollo de las reservas de gas mar
adentro de Ghana y el desarrollo simultáneo de nuevas centrales
eléctricas de gas propiedad de operadores independientes, ambos
respaldados por el Grupo del Banco Mundial, han significado que
“Ghana tiene actualmente un sector energético costoso y poco
confiable que requiere cientos de millones de subsidios públicos cada
año para mantenerse a flote, incluidos los pagos para cumplir con las
controvertidas obligaciones con empresas extranjeras”.

En 2015 el Grupo Banco Mundial respaldó el emblemático yacimiento de
gas marino de Ghana, Sankofa, con USD 1.200 millones en
financiamiento y garantías, y en las últimas décadas ha comprometido
casi USD 2.000 millones para el petróleo de Ghana (véase el
Observador de Primavera de 2020). En general, el desarrollo de gas de
Ghana se ha estructurado a través de asociaciones público-privadas
con cláusulas de ‘consume o paga’ que garantizan pagos regulares a
los inversores extranjeros, ya sea con o sin necesidad de energía,
“lo que drena colectivamente más de USD 1.000 millones de fondos
públicos de Ghana anualmente”, según el informe Gaslighting Ghana.

Los ciudadanos de Ghana pagan la factura del exceso de optimismo del
Banco Mundial, mientras los inversores extranjeros sacan provecho

Según un documento de 2024 del proyecto Programa por Resultados (P4R,
por su sigla en inglés) del Banco Mundial, “Ghana fue uno de los
primeros países del África subsahariana en desagregar su sector
eléctrico y acoger a productores independientes de energía (IPP, por
su sigla en inglés)”, siguiendo un modelo de reforma liderado por el
Banco Mundial que ha sido cada vez más criticado por los sindicatos y
las organizaciones de la sociedad civil (véase el Briefing, Gambling
with planet’s future?).

Este enfoque liderado por el sector privado sigue siendo ampliamente
promovido por el Banco, incluso a través de los objetivos de política
en el marco de la 21ª reposición de recursos de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) – su brazo para países de ingreso bajo
– destinados a hacer que los servicios públicos de energía sean más
‘fiscalmente sostenibles’, y a través de pactos energéticos
nacionales vinculados a su nueva iniciativa de acceso a la energía
Misión 300 en África subsahariana (véase el Observador de Verano de
2025, el Dispatch Springs 2025).

Los ciudadanos de Ghana han soportado la carga de las crecientes
deudas de su desarrollo de gas. En las Reuniones de Primavera de
2024, el entonces ministro de Energía de Ghana, el Dr. Mohamed Amin
Adam dijo que el país ha acordado aumentar los aranceles en un 70%,
como parte de la última ola de reformas exigidas por el Banco
Mundial, vinculadas a un acuerdo de financiamiento P4R de USD 260
millones firmado en mayo de 2024. Este ajuste refleja, en parte, el
costo cada vez más caro de la electricidad en Ghana, ya que los IPP
proporcionan electricidad a tarifas significativamente más altas que
en la vecina Nigeria, según el informe Gaslighting Ghana.

John Nkaw, director nacional de ActionAid Ghana, rechazó el enfoque
político del Banco en el prólogo del informe Gaslighting Ghana,
señalando: “El futuro energético de Ghana debe ser resiliente al
clima, gobernado democráticamente y libre de acuerdos explotadores
relacionados con los combustibles fósiles. Pedimos el fin de los
nuevos proyectos de carbón, petróleo y gas, la cancelación de la
deuda de los combustibles fósiles y un cambio audaz hacia la
inversión pública en sistemas de energía renovable que satisfagan las
necesidades de las personas”.

=====================================================================

DERECHOS/Noticias

Un nuevo informe de ActionAid International destaca los costos
humanos de la austeridad en salud y educación

SUMMARY
• Un nuevo análisis de ActionAid International sobre los sectores de
la salud y la educación en África insta al FMI, entre otros actores,
a tomar medidas inmediatas para abordar la grave situación de los
servicios públicos bajo la austeridad.

Un nuevo informe de ActionAid International, titulado The Human Cost
of Public Sector Cuts in Africa, analizó los impactos de la
austeridad en la salud y la educación en seis países del África
subsahariana. La investigación, realizada a través de entrevistas y
grupos focales con 616 personas en localidades rurales y urbanas,
puso de relieve que estos recortes están suponiendo una carga para
las personas, y que las mujeres y las niñas son las que más sufren.
El estudio reveló que los docentes de África han perdido hasta la
mitad de sus ingresos en los últimos cinco años, mientras que el 97%
de los trabajadores de la salud encuestados dijeron que sus salarios
no son suficientes para cubrir los gastos de alimentación,
electricidad y del hogar.

Junto con el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento
económico mundial, el aumento del costo del capital y las presiones
de la deuda (véase el Observador de Primavera de 2025), agravados por
los continuos recortes de la asistencia oficial para el desarrollo,
las instituciones financieras internacionales, incluido el FMI,
continúan empujando países a la austeridad (véase el Observador de
Otoño de 2024 y el de Verano de 2024), lo que disminuye la capacidad
de los países para cumplir con sus obligaciones en materia de
derechos humanos y responder a las necesidades básicas de sus
ciudadanos. La austeridad también está vinculada a una mayor
inestabilidad política y social, tal como ha reconocido el propio
FMI.

“La crisis de la deuda y la insistencia del FMI en recortar los
servicios públicos en favor del pago de la deuda han obstaculizado
gravemente las inversiones en salud y educación en toda África”, dijo
Andrew Mamedu, de ActionAid Nigeria. “En 2024, Nigeria asignó solo el
4% de los ingresos nacionales a la salud, mientras que un asombroso
20,1% se destinó al pago de la deuda. Esto no solo es absurdo, sino
insostenible a largo plazo, mientras que, una vez más, la carga de la
deuda recae sobre los más marginados. Esto tiene que terminar. La
vida de millones de personas depende de ello”, agregó.

=====================================================================

INFRAESTRUCTURA/Noticias

El polémico apoyo del Banco Mundial a la represa Inga 3 marca el
regreso a los grandes proyectos hidroeléctricos

SUMMARY
• Las OSC critican el regreso del Banco al financiamiento de ‘mega
represas impuestas sin consulta’ y cuestionan sus afirmaciones de que
el proyecto resolverá el déficit de acceso a la energía en la
República Democrática del Congo.

A pesar de las serias preocupaciones de las comunidades y las
organizaciones de la sociedad civil (OSC), la Junta Ejecutiva del
Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 250 millones a la República
Democrática del Congo (RDC) el 3 de junio para apoyar la primera fase
de la construcción de la represa Inga 3, largamente retrasada.

El proyecto, que se propuso por primera vez en 2014, tiene un costo
estimado de USD 10.000 millones, con el Banco potencialmente
proporcionando USD 1.000 millones en financiamiento total. Las OSC
han destacado los enormes riesgos sociales y ambientales del
megaproyecto, que podría desplazar a 30.000 personas, según un
comunicado de prensa del 3 de junio de la sociedad civil en respuesta
a la decisión de la Junta. El documento señaló que las credenciales
climáticas tampoco resisten el escrutinio, ya que “las mega represas
son cada vez más vulnerables al cambio climático y son propensas a
fallar en condiciones climáticas extremas”.

“El Banco está volviendo a las mega represas impuestas sin consulta
que amenazan a las comunidades y los ecosistemas, al tiempo que deja
de lado las alternativas renovables descentralizadas impulsadas por
la comunidad” dijo Josh Klemm, de la OSC mundial International
Rivers.

Si bien el Banco afirma que Inga 3 mejorará el acceso a la energía en
el país, el comunicado de la CSO señala que es probable que la
asociación público-privada que se está buscando para Inga 3 pase por
alto el acceso a la energía de las comunidades en favor de usos
comerciales más lucrativos y mercados regionales de exportación
(véase el Birefing, A just energy transition deferred).

“Inga 3 amenaza con profundizar la carga de la deuda de la RDC si no
cumple con el prometido acceso a la energía a los millones de
congoleños que la necesitan”, dijo Emmanuel Musuyu, de la OSC con
sede en la RDC Coalition des Organisations de la Société Civile pour
le Suivi des Réformes et de l'Action Publique (CORAP, por su sigla en
francés).

=====================================================================

INFRAESTRUCTURA/Noticias

La revisión de la estrategia energética del Banco Mundial considera
revertir la eliminación gradual del apoyo a la producción de gas

SUMMARY
• A medida que el Banco Mundial presiona para proporcionar
electricidad a 300 millones de personas en África subsahariana para
2030 en el marco de la Misión 300, considera levantar la prohibición
del apoyo a la producción de gas.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga lanzó una revisión del
financiamiento a las energías del Banco en las Reuniones de
Primavera. Tras las discusiones mantenidas por su junta ejecutiva en
junio, el Banco ha levantado su prohibición de la energía nuclear,
según informa Bloomberg (véase el Observador de Invierno de 2024), y
ahora está debatiendo el apoyo a los proyectos de exploración y
extracción de gas. En 2017 el Banco Mundial anunció que planeaba
eliminar gradualmente el apoyo a dichos proyectos (véase el
Observador de Primavera de 2018).

Tal como Informó Bloomberg, Banga justificó el cambio argumentando
que “uno de los desafíos de desarrollo más urgentes y complejos que
enfrentamos” es satisfacer la creciente demanda de energía en los
países de ingreso bajo y medio. Entre los esfuerzos del Banco en esta
área se encuentra la Misión 300, una iniciativa para brindar acceso a
la energía a 300 millones de personas en África subsahariana para
2030 (véase el Observador de Invierno de 2024). En una cumbre de
Mission 300 en Dar es Salaam en enero, algunos jefes de Estado de los
12 países se refirieron al gas como un ‘combustible de transición’.
Esto ha sido cuestionado por parte de la sociedad civil africana, que
ha expresado su preocupación por el retraso en la descarbonización y
los riesgos de activos varados. Este es el caso, en particular, de la
exploración y extracción de gas, que tiene una vida útil de décadas
(véase el Observador de Verano de 2025).

Para lograr el Financiamiento para Políticas de Desarrollo de la
Misión 300, se está utilizando el instrumento de préstamo basado en
políticas del Banco (véase Al interior de las instituciones, What is
World Bank Development Policy Financing?), para crear un ‘entorno
propicio’ para la inversión extranjera, a menudo vinculado a la
desagregación, la privatización y la liberalización de los sectores
energéticos. Sin embargo, estas políticas tienen un historial débil
en el suministro de energía asequible y confiable (véase el Informe,
Gambling with the planet’s future?). Un informe de junio del Proyecto
Bretton Woods también constató que el Banco ahora está contabilizando
la mayoría de estas reformas como financiamiento climático, lo que
efectivamente está maquillando de verde su agenda de privatización
(véase el Briefing, A just energy transition deferred).

=====================================================================

DERECHOS/Noticias

El Banco Mundial renovará su Estrategia sobre Fragilidad, Conflicto y
Violencia en 2025

SUMMARY
• Dado que la actual Estrategia sobre Fragilidad, Conflicto y
Violencia del Banco Mundial (2020-2025) expira este año, se espera
que pronto se celebre una consulta sobre la nueva estrategia.

Dado que la actual Estrategia sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia
(FCV) del Banco Mundial (2020-2025) expira este año, se espera que
pronto se celebre una consulta sobre la nueva estrategia. El tema se
discutió en las Reuniones de Primavera, pero aún no hay una fecha de
publicación disponible. Si bien algunos enfoques temáticos, como el
cambio climático y el género, se han vuelto polémicos en los últimos
meses (véase el Observador de Primavera de 2025), la FCV parece ser
un punto de enfoque creciente para el Banco.

En medio de las graves y profundas consecuencias humanitarias de
numerosas situaciones de fragilidad y conflicto que se están
produciendo en todo el mundo, la institución señaló que para 2030,
hasta dos tercios de las personas en situación de pobreza extrema del
mundo vivirán en países afectados por fragilidad, conflicto y
violencia. El Banco anunció recientemente, en su 21ª reposición de
funciones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF-21), el
brazo del Banco para países de ingreso bajo, que la FCV –un tema
especial– experimentaría un aumento del 27% en el financiamiento
(véase el Observador de Verano de 2025). La actual estrategia sobre
FCV, que el Grupo de Evaluación Independiente (GEI) analizó
recientemente, fue la primera estrategia del Banco sobre este tema y
fue consultada públicamente.

Es crucial que las OSC participen en el desarrollo de la nueva
estrategia, en particular en la integración del impacto de las
políticas del Banco en la economía política del conflicto y la
fragilidad (véase el Observador de Otoño de 2018) y la adhesión a las
normas en materia de derechos humanos, tal como aconsejó la ONU.
Hasta el momento, el Banco ha publicado investigaciones temáticas que
incluyen un reciente documento sobre la intersección entre el avance
de la igualdad de género y el abordaje de la FCV. Monica Erwér, de la
organización sueca de la sociedad civil Kvinna till Kvinna, que
defiende los derechos de las mujeres en zonas afectadas por
conflictos, señaló que “la estrategia actual reconoce la importancia
del género en la FCV y menciona la agenda para Mujeres, Paz y
Seguridad de la ONU. Sin embargo, falta una perspectiva
transformadora sobre la paz, que todavía se centra demasiado en la
protección y no en la prevención”.

====================================================================
The Observer está disponible en pdf, en la web y por correo
electrónico.
Observador
www.brettonwoodsproject.org/observer/
Español:
www.brettonwoodsproject.org/es/observador
Subscripciones:
www.brettonwoodsproject.org/subs

El Proyecto Bretton Woods es un proyecto auspiciado por ActionAid,
Reino Unido. Entidad benéfica registrada No. 274.467, England and
Wales charity
no. 274.467, Scottish charity no. SC045476. Esta publicación está
respaldada por
una red de ONG del Reino Unido, la C.S. Mott Foundation, la William
and Flora Hewlett Foundation y el Wellspring Philanthropic Fund.

No se necesita permiso para reproducir
ISSN 2053-7522
Diseño de Base Eleven